Desde el 16 de septiembre y casi a diario, han ocurrido manifestaciones en la capital de Haití, Puerto Príncipe, así como en otras ciudades del interior. Bajo el lema «lage pye’w» (renuncia), miles de personas exigen la dimisión del presidente Jovenel Moïse. En cambio, el mandatario haitiano se ha dirigido a la población en sólo una ocasión el 25 de septiembre por medio de un discurso que fue difundido a las 2 de la mañana.
Crisis
La raíz de la crisis actual está en la publicación de un informe con el que el Tribunal Superior de Cuentas acusó al presidente Moïse de “malversación de fondos”. El informe, de más de 600 páginas, reveló numerosos casos de manejo irregular de fondos y de corrupción en el marco de un programa de desarrollo patrocinado por Venezuela llamado Petrocaribe.
Entre otras cosas, el informe expuso que en el año de 2014 el Estado firmó dos contratos con dos compañías, Agritrans y Betex, para un proyecto de reparación de carreteras. El problema es que esas dos empresas, a pesar de llevar nombres distintos, comparten el mismo registro fiscal y el mismo personal técnico. Y resulta que en el año 2017, Jovenel Moïse estaba al frente de Agritrans y recibió más de 33 millones de gourdes (más de 700,000 de dólares al cambio de entonces) para el proyecto vial.
La crisis empeoró por el desabastecimiento de combustible que comenzó en agosto pasado, así como otros factores como el desempleo, la inflación y la creciente inseguridad en Puerto Príncipe.
“Hoy la oposición es toda la población: tiene hambre, no puede vivir, sus hijos no van a la escuela. Yo tengo para comer, pero no por eso voy a dejar de ver a quienes, al lado mío, no tienen nada”, declaró el rapero Izolan, originario de Arcahaie, Haití.
Desde que empezó la rebelión, barricadas son levantadas con frecuencia en las principales carreteras y las protestas han impedido el funcionamiento normal de las escuelas, los hospitales, los negocios y de la administración gubernamental.
Se intensifican las protestas, el gobierno responde con represión
Al empezar la quinta semana de movilizaciones, el descontento de la población empezó a manifestarse con más fuerza.
El domingo 10 de octubre, dos edificios fueron devastados por fuegos encendidos cerca del palacio presidencial y de la sede de la Policía. Mientras los manifestantes tiraban piedras y cócteles molotov hacia los policías, estos contestaban con gases lacrimógenos, pero también con armas de fuego, asesinando a varias personas.
“No podemos ser pacíficos. Mira: el poder nos mata cada vez que nos manifestamos, y no tenemos suficiente dinero para comer todos los días, así que todos morimos lentamente. Este presidente no tiene moral para gobernarnos”, dijo Bernard Camillien, un manifestante de 56 años, para el periódico alemán DW.
Según datos oficiales, al menos seis personas han sido asesinadas. En contraste, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos ha reportado una veintena de homicidios, así como 200 heridos producto de la represión gubernamental.
Rechazo a la injerencia internacional
Parte de los enfrentamientos violentos tuvieron lugar cuando las y los manifestantes quisieron acercarse a la sede local de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de exigir la renuncia del presidente, durante las protestas también se denuncia la influencia extranjera en la política del país.
La semana pasada, el llamado Grupo Central (“Core Group” en inglés, compuesto por representantes de la ONU, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, así como las embajadas de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, Estados Unidos Y España) ha organizado varias reuniones con líderes de partidos políticos, políticos de oposición y asesores del presidente para tratar de encontrar una salida a la crisis.
“Cuando se manifiestan los chalecos amarillos en Francia, ¿hay un Grupo Central que viene a hablar con ellos? No. Entonces, los haitianos no lo queremos tampoco. Simplemente les decimos que no queremos más a este señor Jovenel Moïse como presidente. No queremos esta interferencia internacional: queremos que nos dejen manejar la situación nosotros mismos”, denunció Antonin Davilus, de 31 años.
15 años de ocupación militar por parte de la ONU
La interferencia internacional en la vida del país caribeño no es nada nueva: no ha cesado desde que Haití declaró su independencia el 1 de enero de 1804, volviéndose así la primera república negra del mundo nacida tras una revolución de esclavos exitosa.
Más recientemente, durante los últimos 15 años, el país ha vivido bajo la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH, del francés Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti), la cual se estableció el 1 de junio de 2004 por la resolución S/RES/1542 del Consejo de Seguridad de la ONU después de un golpe de Estado que provocó el exilio del presidente Bertrand Aristide.
Con el terremoto del 12 de enero de 2010, el cual provocó la muerte de más de 220,000 personas según datos del gobierno de Haití, la ONU aumentó la presencia de la MINUSTAH “con el fin de apoyar la labor inmediata para la recuperación, reconstrucción y estabilidad del país”.
El 15 de octubre de 2017, la MINUSTAH cambió su nombre al de Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití (MINUJUSTH), y pasó a ser una “Misión de mantenimiento de la paz más pequeña”.
Para el activista y profesor universitario haitiano Camille Chalmers, entrevistado por la Agencia Subversiones, la presencia de los “cascos azules” de la ONU tiene poco que ver con una misión de paz. Para él, se trata más bien de una estrategia de control tanto militar, como político e ideológico.
Para el académico, los objetivos proclamados por la MINUSTAH jamás se han cumplido.
“La situación no ha mejorado en el país, incluso ha empeorado. Por ejemplo, en cuanto la cuestión de la seguridad ciudadana, hoy hay formas nuevas de inseguridad que no existían antes de la MINUSTAH. La inseguridad es una cuestión política. Los momentos de alza de la inseguridad corresponden siempre a momentos de conflictos políticos. La inseguridad también está ligada con el tráfico de drogas, con el transito de la cocaína por el territorio haitiano hacia Estados Unidos. Y a pesar de toda la infraestructura militar de control del territorio que tienen: helicópteros, satélites, todo eso, el tráfico de drogas ha aumentado desde el 2004 que llegó la MINUSTAH. Y también ha aumentado la presencia de armas ilegales en el país”, denunció el académico.
Camille Chalmers también explica que la MINUSTAH tiene que ver con la nueva doctrina de seguridad nacional de EEUU que dice que el peligro ahora son los pobladores de barrios populares en zonas urbanas. “La meta de la MINUSTAH siempre ha sido la represión directa contra los barrios populares”, afirma.
De hecho, para Chalmers, la MINUSTAH ha sido un laboratorio de experimentación en cuanto al control de barrios urbanos, en particular para la policía brasileña. “Los policías y militares brasileños que han servido en Haití son los mismos que se han usado para la represión en las favelas de Rio de Janeiro y São Paulo. Hay una conexión muy importante en un punto de vista estratégico de control militar. La presencia de la MINUSTAH no debe de observarse solo en Haití, hay que verla en un contexto geopolítico global”, expresó el académico.
Se acaba la “misión de paz”
Cabe señalar que la crisis actual corresponde con un momento de cambio para el país caribeño ya que el Consejo de Seguridad de la ONU finalizó este martes 15 de octubre los 15 años de operaciones en Haití.
Sin embargo, el retiro de los “cascos azules” no significa el retiro de la ONU en Haití: la misión militar será reemplazada con una misión política con la instalación de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh).
“En este difícil contexto, el cierre de la MINUJUSTH no significa que las Naciones Unidas abandonen Haití. Por el contrario, conducirá a la continuación del apoyo de la ONU en Haití de otra forma”, declaró el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock.
Haití, la “República de las Organizaciones No Gubernamentales”
Además de la presencia de las fuerzas armadas de la ONU, después del terremoto del 2010, se estima que no menos de 10,000 organizaciones de “ayuda humanitaria” arribaron a la isla caribeña. Dichas ONGS han recibido donaciones que superaron los 9,000 millones de dólares. Se trata de la mayor concentración de organizaciones humanitarias per cápita en el planeta, lo que la valió el apodo a Haití de “república de las ONGs”.
Aunque estas organizaciones hayan llegado con la meta de ayudar al país, los efectos de su presencia son criticados.
Nancy le Roc, periodista independiente canadiense de raíz haitiana, denuncia el gran negocio que representa la ayuda humanitaria para las ONGs mismas, sin realmente beneficiar a la población local.
“Cuando el Disaster Accountability Project de los EEUU realizó un estudio acerca del trabajo de las ONGs, el 80% de ellas rechazaron dar cuentas. Se acostumbra condenar al gobierno haitiano, pero sólo el 1% de la ayuda le fue destinado. Para cada dólar canadiense donado para Haití, sólo seis centavos llegaron a los haitianos. Aquí está la verdad que no les quieren contar”, denunció en el coloquio “Las ONGs en Haití: entre el bien y el mal”, organizado en Montreal.
Por su parte, la periodista independiente haitiana, Marjorie Valburn, explica que la ayuda humanitaria canalizada en Haití en el otoño de 2011 ilustra bien ese fenómeno: de 1,537 contratos con un valor de más de 204 millones de dólares, sólo 23 contratos han sido delegados a empresas haitianas por un monto de casi 5 millones de dólares.
Para la periodista, la presencia de las ONGs representa una forma de colonialismo. “En Haití, se ha desarrollado una forma de colonialismo humanitario. Desde 1986, Haití es el país que ha recibido más ayuda, pero se ha empobrecido. ¡Y quieren culpar a las víctimas! Por otro lado, las ONGs haitianas no reciben ayuda, aunque son ellas las que conocen el país y las necesidades de la situación”.
Esa realidad tiene como efecto de mantener al país en una situación de dependencia hacia la ayuda internacional, sin permitir cambios estructurales que mejoren las condiciones de vida de su población a largo plazo.
“No podemos rechazar la ayuda. La necesitamos. Pero también necesitamos que los actores extranjeros inviertan en el capital más importante que tiene el país: la gente”, dijo el activista haitiano Jocelyn McCalla para el medio británico BBC.
Crisis social, económica y política
El fracaso de la “ayuda” ofrecida tanto por la ONU como por las ONGs es expuesto por la grave crisis social y económica que está viviendo Haiti actualmente.
Según datos de la ONU, en el año de 2016 la isla contaba con una población de casi 11 millones de habitantes. De ellos, 62,600 desplazados todavía vivían en 36 campos provisionales desde el terremoto de 2010, el 60 por ciento de la población vivía en niveles de pobreza y 25,000 personas corrían el riesgo de contraer el cólera.
Hoy en día, es el país más empobrecido del continente americano. La inflación supera el 17 por ciento y la moneda local no para de devaluarse.
Ante ese panorama, el descontento de la población sigue más vivo que nunca. Para los días jueves 17 y viernes 18 de octubre ha sido convocado un “levantamiento general de las masas populares y campesinas” para reclamar la instauración de un sistema alternativo que considere las necesidades de la mayoría.