La jueza Elena Liberatori falló a favor del amparo ambiental promovido por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) para exigir “la desabestización completa y definitiva del subte”.
La jueza Liberatori otorgó 10 días al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa Metrovías para que tome muestras de vagones e instalaciones sospechosas de contener asbesto en el subterráneo y premetro porteño.
La resolución de la magistrada dispuso “la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con asbesto”.
En un fallo fundamentado en 12 páginas la jueza extendió la toma de muestras a “los sectores de instalaciones fijas también sospechados de contener elementos con asbesto”, tales como la usina, escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías, “elementos que no solo atañen a los trabajadores sino también al colectivo de usuarios y de cualquier habitante”, según relevó la Agencia Télam.
Además, solicitó a Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) que “en 10 días hábiles administrativos informen al Tribunal el listado de trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda”.
En los fundamentos de la sentencia, la jueza recordó que la Resolución 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación prohíbe “el uso de fibra de asbesto, siendo ésta una sustancia cancerígena comprobada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer”.
Y resaltó que la Organización Mundial de la Salud estableció que “la aparición de los efectos a la exposición al amianto es independiente de la dosis de la exposición, siendo imposible establecer niveles de exposición seguros”.
La responsabilidad del Gobierno de la Ciudad quedó en manifiesto en las propias declaraciones del Presidente de SBASE, según las cuales “… no vieron en su momento los Manuales técnicos de las formaciones que la ciudad compró a España, dada su voluminosidad y asumiendo que el metro de Madrid no vendería vagones con material cancerígeno, siendo que rige en la Unión Europea la prohibición de uso de amianto desde el año 1999”.
Concluye la jueza que “las argumentaciones o justificaciones del funcionario evidencian la escasa o ninguna sensibilidad en materia ambiente y por cierto un absoluto desconocimiento técnico de las consecuencias que a la vista están”.
La demanda por el derecho a la salud contra el Gobierno de la Ciudad, SBASE y Metrovías, fue iniciada hace dos meses por la AGTSyP junto a usuarios del servicio de transportes de pasajeros.
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