El Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino (OCSo-NEA) – dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste – manifestó su “preocupación” por lo que considera una “avanzada en la criminalización de la protesta en el Chaco”. El observatorio relevó que “en sólo dos meses de gestión del nuevo gobierno, encabezado por Jorge Capitanich, se han producido al menos seis hechos de represión policial directa contra organizaciones sociales, con personas heridas, detenidas e incluso órdenes de captura hacia sus dirigentes por parte de la justicia provincial”. Asimismo, sostiene: “lejos de ‘la paz social’ propuesta por los funcionarios de gobierno, el Estado chaqueño parece haber entrado en guerra con las organizaciones de trabajadores desocupados y pueblos originarios, principales víctimas de la violencia desplegada. Y la mayor parte de los medios de prensa actúan legitimando la versión estatal, replicando los comunicados oficiales del gobierno o la policía sin dar voz a los propios afectados y utilizando eufemismos como ‘disturbios’, ‘reclamos violentos’ y ‘agresiones a la policía’ para no hablar de represión”.
El relevamiento del Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino (OCSo-NEA) arrojó el resultado de un aumento significativo de la represión durante los pocos meses de gestión que lleva el gobierno del político justicialista: “en sólo dos meses de gestión del nuevo gobierno, encabezado por Jorge Capitanich, se han producido al menos seis hechos de represión policial directa contra organizaciones sociales, con personas heridas, detenidas e incluso órdenes de captura hacia sus dirigentes por parte de la justicia provincial”, sostiene el informe.
“La ‘criminalización de la protesta’ puede definirse como aquel proceso político, mediático y jurídico que intenta mostrar un reclamo por derechos como una acción criminal, para legitimar el uso de la fuerza pública en contra de quienes demandan atención de las autoridades – explica el observatorio – Si bien los hechos represivos recientes han tenido diversas modalidades, su característica definitoria es la recurrencia a la violencia policial (balas de goma, gases lacrimógenos, camión hidrante, escudos y cachiporras) como forma de solucionar los reclamos sociales”.
En ese sentido, el observatorio sostiene que “lejos de ‘la paz social’ propuesta por los funcionarios de gobierno, el Estado chaqueño parece haber entrado en guerra con las organizaciones de trabajadores desocupados y pueblos originarios, principales víctimas de la violencia desplegada”. Asimismo, el informe sostiene que “la mayor parte de los medios de prensa actúan legitimando la versión estatal, replicando los comunicados oficiales del gobierno o la policía sin dar voz a los propios afectados y utilizando eufemismos como ‘disturbios’, ‘reclamos violentos’ y ‘agresiones a la policía’ para no hablar de represión”.
El Observatorio de Conflictos Sociales finaliza el informe sosteniendo: “este proceso se enmarca dentro una estrategia general que el poder estatal pone en marcha para controlar mediante la violencia la conflictividad social que se expresa a través de los hechos de protesta. Hacemos un llamado de atención a las organizaciones sociales, sindicales y políticas en la provincia del Chaco ante el despliegue de una estrategia que, bajo la apariencia del dialogismo, solapa la violencia estatal de la represión policial y la persecución judicial”.
La criminalización de la protesta relevada en el informe del Observatorio de Conflictos Sociales, caso por caso:
1. El 12 de diciembre, cuando la policía provincial desalojó a distintas organizaciones provenientes de Quitilipi que intentaban instalar una carpa de protesta en la vereda de la Casa de Gobierno, fueron detenidos al menos tres personas, una de ellas menor de edad.
2. El 18 de diciembre, cuatro trabajadoras contratadas del Programa “Expertos” del Ministerio de Salud fueron golpeadas y detenidas cuando reclamaban su pase a planta en el octavo piso de la Casa de Gobierno.
3. El 19 de diciembre se produjo otra represión frente a la Casa de Gobierno. Esta vez, contra integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, organizaciones aliadas del gobierno provincial. Además de varios heridos con balas de goma, hubo cinco personas detenidas.
4. El 15 de enero la represión se trasladó a Quitilipi, donde integrantes del MTD 25 de mayo fue violentamente desalojado cuando se instalaron en los passillo del edificio municipal a modo de protesta.
5. El 29 de enero, manifestantes que reclamaban viviendas frente al Barrio Toba, fueron desalojados de la ruta 11 mediante la fuerza policial.
6. Finalmente, el 12 de febrero último hubo una nueva represión en Quitilipi contra el MTD 25 de mayo. Esta vez, la policía desalojó un acampe que la organización realizaba en la ruta 16 y la Justicia ordenó la captura de sus principales dirigentes. Este hecho evidencia el ensañamiento represivo contra una organización y resulta particularmente grave debido a la judicialización de la protesta. Hasta horas recientes se realizaban allanamientos en locales de la organización y dos personas permanecían desaparecidas después de la represión que se extendió desde la ruta hasta los campos aledaños.