Antes de ingresar al resumen de los hechos más destacados en materia represiva de las últimas horas, es necesario actualizar tres de los que reseñábamos ayer.
En primer lugar, tuvo enorme repercusión, el audio del Secretario de Seguridad de la Policía de la provincia de Chubut, Paulino Gómez, al jefe de la comisaría 1ª de Trelew, comisario Zabala, en el que el primero le reclamaba que metieran gente presa a pedido del ministro, “sugiriendo” que “quien busca, encuentra”. Ayer citábamos el hilo de Twitter en el que el propio Gómez informó que había sido ratificado en su cargo, pero, después de publicado nuestro reporte, fue el gobernador Mariano Arcioni el que públicamente defendió a su ministro de Seguridad Massoni (el que según Paulino Gómez “pregunta por qué no hay detenidos en la 1ª”) y, sobre el comisario general y director de seguridad d ela policía provincial Paulino Gómez, dijo textualmente: “Está cumpliendo su trabajo, no podemos nosotros juzgar por el léxico que se utiliza entre compañeros de trabajo (…) Gómez tiene el acompañamiento y el apoyo de este Gobernador y todo su equipo (…) que la sociedad se quede tranquila que el Crio. Gómez va a seguir cumpliendo sus funciones y de la manera intachable como lo hace”.
No es que sorprenda viniendo del gobernador al que una y otra vez hemos denunciado por los descomunales hechos represivos contra docentes y otrxs trabajadorxs, por cierto. Como diría la Dra. Bisman, “sobre las cartas, la mesa”.
La segunda actualización tiene que ver con el reconocimiento hecho por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en reunión virtual con diputadxs, de que se están desarrollando tareas de ciberpatrullaje para “evaluar el humor social”. La noticia posterior, que parece guionada por los Monty Python, son las declaraciones de Patricia Bullrich, que sentenció: “Lo que ha dicho la ministra es ilegal y es espionaje. Utilizar las fuerzas de seguridad federales para, en vez de perseguir delitos, analizar el humor social, no es ciberpatrullaje, es ciberespionaje. El humor social no es un delito, no está tipificado en ningún código”. O sea, la ministra macrista que instaló el ciber patrullaje –o ciber espionaje, es sólo una cuestión terminológica- como método para perseguir opositores y críticos de su gestión, la misma que impuso en la justicia federal el uso de esa herramienta contra las personas detenidas en las masivas movilizaciones de 2017 contra el ajuste impuesto por su gobierno, ahora nos viene a decir que es ilegal. Hay caras que son tan duras que habría que patentarlas.
En tercer lugar, respecto de la información que publicamos sobre la localidad cordobesa de San Marcos Sierra, debemos aclarar, a pedido de algunxs vecinxs y comerciantes que se comunicaron con CORREPI, que muchos negocios del pueblo hacen el esfuerzo de sostener su actividad para proveer a la comunidad, y que, por gestiones del intendente municipal, ya se ha habilitado la circulación habitual hacia Cruz del Eje, la ciudad más cercana para el abastecimiento de aquellos insumos no disponibles en San Marcos Sierra.
Entrando de lleno en las noticias del día, debemos insistir una vez más en la enorme gravedad de la situación de las personas privadas de su libertad en unidades carcelarias y comisarías. En la provincia de Córdoba, siguen la huelga de hambre y las protestas en la cárcel de Bower, reclamando atención médica para personas mayores de 60 años o enfermas y elementos de higiene y alimentos para la población general. Hemos recibido un video en el que se registra cómo un grupo de presos fueron forzados a salir desnudos al patio a las 7 de la mañana, como castigo por el reclamo.
Ayer se conoció la muerte de Emiliano Alarcón Amílcar, de 22 años, ocurrida el domingo pasado en la comisaría 1ª de San Justo. El muchacho estaba detenido en esa comisaría desde octubre de 2019. El 20 de marzo había presentado síntomas compatibles con el Covid-19, por lo que el 22 lo habían trasladado a la clínica “Sakamoto”, en Rafael Castillo, La Matanza. Lo devolvieron a su celda, y nuevamente lo hospitalizaron el 28 y el 31 de ese mes, en el Policlínico de San Justo, con un cuadro similar. Las dos veces lo regresaron a la comisaría. Finalmente, el domingo pasado, murió. El primer hisopado para establecer si estaba afectado por el corona virus se realizó sobre el cadáver.
En relación a la situación carcelaria, los defensores generales de 19 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires interpuesieron un recurso de habeas corpus colectivo en beneficio de 2.000 personas privadas de su libertad que integran grupos de riesgo, reclamando su excarcelación o domiciliaria. El pedido abarca personas de más de 60 o 65 años; de riesgo por su estado de salud (tuberculosis, HIV, diabetes, oncológicos, con Epoc y con insuficiencia renal); embarazadas y madres de hijos pequeños, en todos los casos con imputaciones por delitos leves (no se incluyen homicidas, autores de violaciones u otros delitos por violencia de género, por ejemplo). Si bien todo indica que habría una resolución favorable –tardía, pero favorable- del Tribunal de Casación Penal Bonaerense, no faltan las voces reaccionarias, como Carolina Píparo, legisladora del PRO, o el procurador Gerardo Conte Grand, del mismo palo, que instruyó a los fiscales bajo su mando para que se opongan. Veremos quiénes obedecen sin discutir, y quiénes se dignifican y se atreven a desconocer esa orden inhumana.
De regreso en Córdoba, el concejal suplente UCR-Pro de Capilla del Monte, Julio Carballo, fue entrevistado en una radio local, y aprovechó a desear que “esta pandemia haga la limpieza étnica que todos merecemos”. En el programa “El reino del revés”, estalló: “Creo que la gente entiende en este país a los palazos y no hay forma. Como gran parte de este país es ‘peroncho’ entiende a bala, a palo, a patada en el culo. (…) Que se queden en la matanza (del coronavirus) 5 o 6 millones de negros, peronistas menos, planes menos. Capaz que así, el país arranca”. La fiscal de Cosquín Paula Kelm inició una investigación de oficio, que esperemos no se quede en la imputación de un delito menor, sino que califique y sancione como corresponde semejante expresión de odio de clase.
En la ciudad de Mendoza, el martes 7 de abril un pibe de 17 años golpeó la puerta de una casa, y ofreció a la señora que lo atendió hacer algún trabajo de limpieza a cambio de un paquete de fideos o cualquier otra cosa para comer. La mujer, conmovida, le dijo que le barriera la vereda. En ese momento llegó un patrullero, del que bajaron dos policías que se abalanzaron sobre el chico, le retorcieron un brazo y lo redujeron contra el vehículo. En apenas unos instantes, siete móviles concurrieron al lugar para “neutralizar” al pobre pibe, a la vecina que intentó defenderlo, y a otra mujer que empezó a grabar la escena con su celular. Afortunadamente, muchxs vecinos que se dieron cuenta lo que pasaba salieron a la calle, filmaron y fotografiaron, a pesar de las amenazas policiales. A pesar de todo, la vecina que primero filmó fue detenida e imputada por “haber ofendido, injuriado e insultado a un funcionario público”, y el muchacho fue trasladado al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), con la imputación por violación de la cuarentena. Este hecho se suma a muchos más que se han denunciado en la provincia de personas que, en situación de calle o sin otra forma de supervivencia que hacer alguna changa, han sido detenidas por la policía.
Un hecho similar ocurrió en Villa Constitución, Santa Fe. Pablo Acosta, un joven discapacitado de 35 años, fue golpeado varios efectivos policiales, que luego lo detuvieron. La Izquierda Diario informa que la víctima se encuentra ya en su domicilio, y se pudieron hacer las denuncias pertinentes.
Nos referíamos en un reporte anterior a la absoluta indefensión de mujeres y niñxs frente a la violencia y abuso en tiempos de cuarentena. Desde Salta llega una noticia desgarradora. Si bien trascendió ahora, el hecho ocurrió el 23 de marzo. Aprovechando que la madre de una niña de 13 años había salido a buscar provisiones, un vecino con numerosos antecedentes de abuso infantil ingresó al domicilio y atacó a la nena. Apenas la madre se enteró, corrió a hacer la denuncia, pero la respuesta que recibió de la fiscal fue que “no se puede hacer nada por la cuarentena”. El violador sigue en su casa, con una mínima consigna policial, y la que corrió riesgo de ser detenida por su insistencia fue la mamá de la chiquita. Necesitamos ya la declaración de emergencia en violencia de género.
CORREPI sigue alerta para difundir todas las denuncias. Mandanos tu testimonio, audio, foto o video.
La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-16-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/