La Unidad Penal 1 de Corrientes tiene una altísima sobrepoblación (40%), ya que amontona 670 presos en pabellones con 440 plazas. Desde el inicio de la pandemia, los presos vienen pidiendo medidas elementales y básicas para protegerse, sin recibir respuesta alguna de las autoridades, salvo la represión. La situación se agravó la semana pasada, con la confirmación de al menos un caso positivo para Covid-19 en un empleado del servicio penitenciario, y decenas de otros agentes sospechados del contagio. Como venían planteando los presos, acompañados por organismos y organizaciones populares, ante la suspensión de las visitas, que ya lleva un mes, los penitenciarios serían responsables del ingreso del virus, si seguían sin cumplirse las medidas de higiene y desinfección desoídas.
Desde el 6 de marzo se apilan en el Juzgado de Ejecución los pedidos de libertades asistidas y de arrestos domiciliarios, según cada situación procesal. Tras un mes y medio sin respuestas, como relatábamos ayer, 400 presos iniciaron una huelga de hambre. La mañana del martes 21 de abril, funcionarios del Ministerio de Seguridad informaron a los delegados de los pabellones que el Superior Tribunal de Justicia, a partir de un planteo formal del Comité contra la Tortura, ordenó la habilitación de la feria judicial para que el Juzgado de Ejecución trate esos pedidos. Pero, como lo reseña un comunicado de la Red Corrientes de Derechos Humanos fechado ayer, “el tono soberbio y descalificante del subsecretario Bravo no permitió un canal fluido de diálogo; la reunión se frustró y la población determinó continuar con la medida de fuerza, hasta que se evidenciaran las actuaciones judiciales con hechos (libertades) y no palabras”.
A la hora de la siesta, continúa el comunicado, “…vino la brutalidad y la represión. Dos versiones absolutamente contradictorias. El relato penitenciario refiere (otra vez sopa) peleas entre internos, motines y situaciones incontrolables que resultaron en el deceso de José Mario Candia. Las filmaciones y testimonios de vecinos del penal, y de los propios presos, dicen otra cosa completamente diferente. A la siesta, estaba en recreo el pabellón 10, haciendo un picadito de futbol. La pelota esquiva, se sale del patio, y bajo la mirada de celadores, que rondaban por ahí, un preso se trepa a una reja (interna, que no da a la calle, sino a la zona de carpintería) para rescatarla. En ese momento el penitenciario garitero dispara tiros con su escopeta. Gritos, reclamos, protestas, claro está. Según algunos, el garitero se disculpó por la acción desmedida. Una pausa en la represión, fin del primer round. Luego todo es confusión. No se sabe cómo, de repente, surge un “conflicto” entre los pabellones, 9 y 10 (los que según la versión oficial, se enfrentaron), irrumpen violentamente todos los grupos especiales prestos a reprimir, en ese sector primero, y luego van, uno por uno, a los otros pabellones, algunos, distantes del lugar donde se jugaba al fútbol. Ingreso arrollador, a las patadas, a los gritos, a los golpes, con escopetas, con tonfas, con cuchillos. Y en esas incursiones, matan en el pabellón 6 a José Candia. Seis personas más fueron llevadas a los hospitales públicos con heridas contusas y perdigonazos de goma, uno con convulsiones. Otros 39 presos fueron atendidos en (in)sanidad del penal”.
José Candia tenía 22 años, y sus padres, su compañera y su hijito esperaban en breve su libertad, ya que tenía casi cumplida la condena a 6 años de prisión. Hoy, lo están enterrando.
Acompañamos a la familia de José y a la Red Corrientes de Derechos Humanos en su reclamo de investigación objetiva y a fondo, garantías para los compañeros de pabellón, para los testigos, preservación de cámaras de seguridad, videos y otros elementos probatorios y el apartamiento inmediato de los funcionarios que estuvieron a cargo del operativo.
El estado provincial es responsable de este nuevo crimen de su aparato represivo.
En otro penal, la Unidad 1 de Melchor Romero, cerca de La Plata, que aloja detenidos que están por terminar su condena, la grave situación sin respuestas oficiales también generó protestas. Un grupo de presos subieron a los techos del penal, con banderas que informaban que están en huelga de hambre, mientras filmaban con los celulares que se les autorizó tener para comunicarse con sus familias ante la suspensión de las visitas. El principal reclamo es que se revise la situación de muchos presos que ya estaban en condiciones de recibir libertades asistidas antes de la pandemia, cuyos trámites están bloqueados en los juzgados de ejecución, así como la situación de quienes gozaban de salidas transitorias, las que fueron suspendidas por la pandemia, en lugar de convertirlas en arrestos domiciliarios, seguido por la exigencia insumos y cuidados médicos. Poco después de las 14:30, la visibilización del reclamo con las banderas en el techo logró que se presentaran en el penal miembros de la Defensoría General de La Plata, de la Comisión Provincial por la Memoria, la plana mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense y el juez de Ejecución de la capital provincial, José Villafañe. Una vez más los presos elaboraron un pliego de demandas, en particular con el reclamo de que se conceda a quienes tenían otorgadas salidas transitorias el arresto domiciliario, y se otorguen libertades asistidas a quienes ya están en condiciones procesales de recibirlas.
Mientras no se tomen medidas concretas y perfectamente viables para descomprimir la superpoblación carcelaria, mejorar cualitativamente la provisión de alimentos e insumos de higiene y limpieza y garantizar que los empelados de los servicios penitenciarios respeten los protocolos de distancia segura y desinfección, la salud y vida de las personas privadas de su libertad seguirá en alto riesgo, y se multiplicarán los justos reclamos.
Por otra parte, la CTA Bahía Blanca nos hizo llegar el relato de lo sucedido a Matías, varón homosexual, en esa importante ciudad bonaerense. El lunes 20 de abril Matías se dirigía, junto a su pareja, a la casa de su madre. Uno de ellos iba a hacer compras para aprovisionar a la mujer, mientras el otro limpiaba y ordenaba la casa. Los dos muchachos fueron detenidos por personal de la comisaría 4ª de Villa Mitre. Trasladados a la dependencia, estuvieron retenidos varias horas, durante las cuales largamente interrogados y hostigados por ser pareja, hasta que finalmente los liberaron, no sin antes imputarlos penalmente. Mientras estaban en la comisaría, vieron dos hechos que los conmovieron y motivaron que se comunicaran con la CTA para denunciarlos. En un momento, fue ingresado un hombre morocho, artista callejero, que había sido detenido por hacer malabares para ganar unas monedas en las esquinas. Después de realizar los trámites en medio de maltratos verbales, el hombre fue liberado con su notificación del delito imputado. Evidentemente angustiado por la situación, el hombre, al salir, hizo un bollo con la notificación. Inmediatamente un oficial ordenó a otra “Traelo de vuelta, a ese le hace falta un buen bollo”. La oficial mujer lo fue a buscar y lo ingresó a una oficina al fondo de la comisaría, desde donde lo vieron salir, silencioso y encorvado, un rato después. Luego, vieron cómo otro joven, también detenido por circular sin permiso, fue golpeado sin siquiera molestarse en ocultarlo de su vista.
En la localidad de Los Juríes, provincia de Santiago del Estero, un joven fue fracturado por la policía, y amenazaron para callarlo al periodista que lo denunció públicamente. El grave hecho ocurrió el sábado pasado, cuando un muchacho que fue detenido por violar la cuarentena terminó golpeado y con una fractura expuesta. El locutor y propietario de FM Hu-Na de Los Juríes, Hugo Leguizamón, publicó lo sucedido en las redes sociales de la radio, lo que motivó que recibiera cuestionamientos de distintos funcionarios. “Me molesta enormemente que hables cagadas”, le dijo en un mensaje la titular de la oficina local de Derechos Humanos, Karina Bonano, a quien el trabajador de prensa había reclamado públicamente que interviniera en defensa de la víctima, que por miedo a mayores represalias no se anima a hacer una denuncia penal. En la radio, Leguizamón expuso lo sucedido y reclamó: “¿Cuál es? ¿Nos van a censurar? Me dijeron que las noticias no se pueden dar por las redes sociales, me dijeron que estaba comprometiendo el personal policial”, a la vez que instó a todos los que sufran hechos similares a no quedarse calladxs.
Y como en las calles, sigue la represión en las redes. El diario El Litoral de Santa Fe informó que el 30 de marzo a la noche, Santiago F. tuiteó: “Mi sueño es reventar un Coto. Walmart y ahora sumo un Alvear. Cuando haya que saquear que sea a esos hijos de yuta”, escribió Santiago F. en su cuenta de Twitter el lunes 30 de marzo a las 9.30 de la noche. Tuvo una respuesta de una chica -“Coto es la deuda del 2001”-, y 8 “me gusta”. El mismo día, el Centro de Reunión de Informaciones de Gendarmería Nacional, ciberpatrullaje mediante, identificó ambas cuentas. Junto a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad de la provincia, los domicilios de lxs jóvenes fueron allanados, y ellxs detenidxs. Si bien recuperaron la libertad, y se postergaron las audiencias imputativas hasta el fin de la feria judicial, deberán afrontar un proceso penal por el delito de instigación a cometer saqueos. Eso es “combatir la pandemia”.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-26-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/