Este viernes 26 de junio, en el día internacional de apoyo a las víctimas de torturas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanza, junto a organizaciones de familiares y ex detenidos/as, “Punto Denuncia Torturas”. El programa fortalece las capacidades de recepción de denuncias en el territorio y permitirá agilizar las presentaciones judiciales y otras intervenciones para dar respuesta a las demandas que estas organizaciones reciben por parte de víctimas de la violencia estatal o sus familiares. “En el último tiempo recibimos el triple de llamadas, porque la pandemia dejó en evidencia la crueldad cotidiana de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y el abandono del poder judicial”, reconoce Noemí Santana.
En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanza este viernes 26 de junio “Punto Denuncia Torturas”. Junto con organizaciones de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales, el programa que permitirá fortalecer la presencia en el territorio en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y ampliar la capacidad de recepción de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
La creación de este nuevo programa ocurre en un contexto muy particular marcado por la pandemia de coronavirus, que agravó aún más las condiciones de encierro y dejó en evidencia la profunda crisis sanitaria que padecen las personas privadas de libertad. En este sentido la sobrepoblación y hacinamiento extremo que imposibilitan el aislamiento social, la falta de elementos de higiene, de limpieza o agua potable, que impiden el lavado frecuente de manos, y la falta de asistencia sanitaria que agrava hasta la muerte enfermedades curables, incrementaron las demandas y reclamos de las personas detenidas.
“Desde que comenzó la pandemia, las llamadas de los y las privadas de la libertad se triplicaron dejando en evidencia la crueldad cotidiana de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y el abandono del poder judicial. Si antes era difícil estar frente a los jueces o conocer a un abogado defensor, en este contexto es imposible”, asegura Noemí Santana, referente de la cooperativa Esperanza, una de las organizaciones que integra “Punto Denuncia Tortura”.
Además de Cooperativa Esperanza, en esta primera etapa del programa, se sumarán otras siete organizaciones que trabajan en la provincia de Buenos Aires: Asociación de Familiares de Detenidos(ACIFAD), Familiares de detenidos y liberados(FADELI), Proyecto Mecha, Casa Joven Diana Sacayán, Red de familiares Camino al Siglo XXII, Colectivo Dignidad y Asociación Pocho Lepratti.
Estas organizaciones vienen trabajando desde hace años en la lucha contra la tortura, tienen experticia y un saber específico sobre el tema: son víctimas o familiares de personas que sufrieron las violencias del sistema penal. “Como organizaciones tenemos que garantizar que se cumpla la Constitución Nacional y los pactos internacionales. Sobre esa base empezamos a trabajar con el familiar y con las personas detenidas en penales, comisarías y con causas armadas en la justicia. Las organizaciones visibilizamos la violencia institucional, eso que el Estado no quiere ver cuando mira para el costado”, dice Gustavo Segovia de FADELI.
En el marco de este programa, la CPM brindará un asesoramiento profesional permanente para mejorar y agilizar las respuestas de las organizaciones ante las denuncias que reciben de familiares, víctimas de violencia institucional o personas privadas de libertad. Una vez que esas demandas son registradas, la rápida articulación con la CPM, permitirá derivar y/o coordinar con mayor celeridad las presentaciones judiciales y otras estrategias de intervención.
“Desde que comenzó la pandemia nosotros logramos agilizar con la CPM los canales de comunicación con las personas privadas de la libertad. Hemos recibido unos 1200 habeas corpus que luego la CPM ha presentado, por lo tanto creemos que con el programa Punto Denuncia Torturas va a ser todo más fácil e institucionalización un trabajo de articulación que ya venimos realizando”, cuenta Andrea Casamento de ACIFAD.
El programa de la CPM parte de un trabajo previo y apunta a sostener las experiencias territoriales de estas organizaciones que, tal como lo expresa la Ley 26.827, deben ser parte del funcionamiento de los Mecanismos locales.
“Desde hace casi 10 años venimos trabajando con el Comité contra la tortura de la CPM denunciando las violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro, pensando acciones conjuntas, contando las situaciones que atraviesan las personas privadas de la libertad y las familias”, recuerda Casamento.
Desde hace varios años, la CPM desarrolla encuentros nacionales y provinciales de familiares y jornadas de capacitación que permitieron fortalecer las capacidades de intervención de estas organizaciones que no solo son víctimas sino también actores políticos fundamentales dentro del movimiento de derechos humanos con capacidad de intervención y de demanda ante los poderes del Estado.
“La formación y capacitación a través de la CPM nos permitió tener herramientas de empoderamiento que antes no teníamos, nos permitió mostrarle a los que están sufriendo la cárcel que tienen derechos. Eso que para muchos parece no existir”, sostiene Segovia. Y explica: “Tortura también es no darte los elementos necesarios cuando estas cumpliendo una condena, que no te saquen para ir a la escuela, no tener un trabajo, no acceder a sanidad, a una buena alimentación, no tener visitas”.
Noemí Santana también reconoce la importancia de las capacitaciones de la CPM en este tiempo y celebra la institucionalización de ese recorrido con la creación de Punto Denuncia Torturas. Y remarca “la importancia de organizarnos para poder viabilizar las demandas que tienen los detenidos y detenidas y sus familias”.
Los y las referentes saben de la importancia de estar cerca de las víctimas: intervenir y contener. Andrea Casamento de ACIFAD lo resume así: “Que un familiar pueda comunicarse, escuchar una voz amiga, alguien que no te va a cuestionar y entiende lo que está pasando es lo que se necesita siempre como primer paso. A veces no es solución pero si una respuesta”.
El proyecto MECHA tiene trabajo territorial con las personas privadas de la libertad y/o liberados y liberadas en Bahía Blanca y Mar del Plata. Es otra de las organizaciones que se sumará desde el comienzo al programa Punto Denuncia Torturas. “Celebramos este lanzamiento porque tenemos muchas expectativas de poder acompañar y abordar las necesidades más urgentes de las personas privadas de la libertad”, cuenta Canela Bella.
Esta semana realizaron un banderazo frente a los Tribunales de Mar del Plata por la crítica situación en las cárceles del complejo penitenciario de Batán. Comida en mal estado, falta de elementos de abrigo a las puertas del invierno, violencia sistémica, falta de atención médica e inexistencia de contención psicológica eran algunos de los reclamos que se dieron, a su vez, en el marco de dos muertes evitables durante la última semana: un joven se suicidó en una celda de aislamiento; otro detenido murió por una grave enfermedad luego de que el médico de la unidad dijera que “se hacía el tonto” para acceder a la domiciliaria.
A pesar del banderazo, el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías no los recibió. “Organizándonos, nucleándonos junto a los organismos de derechos humanos, podemos levantar la voz, hacer más fuerza para que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial nos escuches, nos vean. Ellos son responsables de la situación que estamos pasando”, cerró.