La crisis no es una peculiaridad argentina, pero presenta un alcance catastrófico y reaviva la contraposición entre el ajuste y la redistribución. Los modelos de retracción salarial y torniquete monetario contrastan con las iniciativas para recuperar los ingresos populares y reactivar la producción interna. Vicentin es el caso testigo de esa disyuntiva. Imponer normas de utilidad pública en el sistema financiero ante bancos que ahogan el crédito es otra encrucijada. La misma batalla se procesa en el demorado impuesto a las grandes fortunas. El canje de la deuda es innecesario, nocivo y obstruye esa perspectiva. Confirma las vacilaciones de un gobierno con intenciones progresistas, pero ingenuas reivindicaciones del capitalismo.
La enorme dimensión de la crisis económica argentina salta a la vista y no es consecuencia de la cuarentena. Es un efecto de la pandemia que ha desencadenado en todo el mundo una impactante crisis capitalista. El virus se ha expandido en forma dramática bajo un sistema social regido por la desigualdad, la miseria y la explotación.
Este diagnóstico contrasta con la presentación derechista de la crisis como una desgracia argentina, provocada por el “populismo” y la “dictadura de sanitaristas”. Los voceros de la anticuarentena ocultan que la economía se desploma en todo el planeta junto a un dramático número de muertos. Las políticas negacionistas amplifican esos fallecimientos y las estrategias de protección contienen la tragedia.
Los derechistas no pueden brindar un sólo ejemplo de su mágica solución de pocas víctimas y pleno funcionamiento de la economía. Omiten que sus modelos de Brasil, Chile o Perú han conducido a catástrofes sanitarias y a desplomes de la producción.
Pero también es evidente que el cuidado de la salud priorizado en Argentina coexiste con una terrible depresión económica. Ya impera un dramático tobogán descendente del nivel de actividad.
Después de dos años de aguda recesión se avizora una nueva contracción del producto del 9,9%% y crece el peligro de cierres masivos de empresas, con la consiguiente explosión del desempleo. La pobreza podría alcanzar el 50% recreando un escenario muy semejante al 2001. Los últimos datos de abril indican una caída del 26,4% del PBI, que supera el descalabro récord de marzo de 2002 (16,7%).
El cuatrimestre acumula un declive productivo del 11% que corona 30 meses seguidos de retracción. La tasa de crecimiento requerida para compensar ese derrumbe debería superar ampliamente las previsiones de muchos analistas (3,9%-4,3% para 2021). Registrar la gravedad de este contexto es el punto de partida para elaborar un urgente plan económico. Lo peor no pasó y “el último esfuerzo” de la cuarentena para contener las infecciones será el debut de los gravísimos problemas que afrontará una economía demolida.
La reconstrucción puede transitar por dos modelos contrapuestos. Un camino está signado por la desigualdad, en un marco de precarización laboral, primarización y extractivismo. El esquema alternativo supone la revitalización del ingreso popular, la recuperación del empleo y la reindustrialización. Esta conocida disyuntiva entre el ajuste y la redistribución se dirime en varios planos.
POLÍTICAS ECONÓMICAS CONTRAPUESTAS
Desde hace varios meses la economía sobrevive con socorros estatales. Ese protagonismo de la intervención pública -que repite lo ocurrido en todas las crisis anteriores- es silenciado por los neoliberales. Disimulan la total inviabilidad de sus doctrinas de reinado del mercado en las situaciones de emergencia.
La acción del estado nacional se asemeja a las iniciativas imperantes en todo el mundo, pero con subsidios muy inferiores a las economías centrales. La continuidad del sostén estatal luego de la pandemia está fuera de discusión, pero el monto y distribución de los recursos públicos suscita grandes controversias.
La derecha exige privilegiar las subvenciones a los grupos de poder, para inducir una reactivación con alta concentración de capitales. Auspicia la quiebra de las empresas insolventes para facilitar su captura por los grandes conglomerados. Propicia una nueva versión de la “doctrina del shock”, que utilizan los sectores dominantes en la crisis para imponer atropellos neoliberales.
Ese modelo fue explicitado por la firma aérea LATAM, que condicionó su permanencia en el país al achatamiento de los salarios y a la destrucción de las normas laborales. El mismo esquema propician las empresas de servicios (Globo, Rappi) que redujeron sueldos y las compañías que exprimen a los asalariados con el teletrabajo.
Para imponer su ajuste recesivo los derechistas exigen un recorte de la emisión, reflotando los temores inflacionarios que suscita la expansión de la masa monetaria. Pero no toman en cuenta el efecto inverso que genera la depresión del consumo y omiten la insoslayable necesidad de liquidez para cualquier reactivación.
Un control efectivo de los precios -en los mercados altamente concentrados de bienes básicos- permitiría contrarrestar el peligro del rebrote inflacionario. Con la ley de abastecimiento y ciertas medidas de control vecinal se podría contrarrestar la aceleración de la carestía, que no es una inexorable desventura de Argentina.
Las mayorías populares necesitan una sólida reactivación del mercado interno asentada en la restauración del poder adquisitivo. Es el sendero contrapuesto al ajuste ansiado por los neoliberales. La unificación de los planes de asistencia en torno a un ingreso universal significativo y la recomposición del salario serían dos pilares de esa recuperación.
Es vital incrementar los sueldos en el sector formal para detener la perversa dinámica actual de redistribución de la pobreza. El ajuste de los asalariados en blanco para sostener a la paupérrima asistencia de los precarizados es una tendencia nefasta. Refuerza la igualación hacia abajo y el financiamiento de la supervivencia de los más necesitados con los recursos de otros trabajadores. Esa involución se verifica en el terreno de las jubilaciones y debe ser revertida de inmediato.
El relanzamiento de la obra pública con significativa gestión desde abajo constituye el segundo eje de un plan económico progresista. Hay muchas propuestas de organizaciones sociales para generar cuatro millones de puestos de trabajo al año, mediante programas administrados en forma coordinada por los movimientos, los sindicatos y los municipios.
El tercer basamento de un proyecto redistributivo es el reflote de la industria nacional. En la pandemia se ha demostrado que resulta factible reconvertir muchas actividades a las necesidades prioritarias del país. El ejemplo de fabricar respiradores podría extenderse a otros productos y ramas industriales.
Estas iniciativas requieren una amplia financiación con bajas tasas de interés, que presuponen un cambio radical en el sistema financiero. El planteo progresista debe ubicarse en las antípodas del ajuste y requiere mayor gasto público con mayores recursos.
Frente a estas dos grandes opciones el gobierno transita por el camino intermedio que inauguró antes de la pandemia, oscilando entre las mejoras y el torniquete. Otorgó alivios sociales (aumentos de la asignación universal y las jubilaciones mínimas, congelamiento de tarifas, tarjeta alimentaria), pero también avasalló derechos como la suspensión de la movilidad de las jubilaciones.
En la emergencia actual ha persistido con su política de quedar bien con todos. Por un lado adopta medidas de sostén a los desamparados, solventando gran parte de los salarios bloqueados por la parálisis de la producción. Dispuso un tercer tramo de las ATP que involucra montos siderales y ha otorgado con el IFE auxilios a casi 9 millones de personas. Además congeló los alquileres, las hipotecas y las ejecuciones por falta de pago y anunció créditos a tasa cero para el consumo de los monotributistas y los autónomos.
Pero el gobierno también socorre a los poderosos y facilita los subsidios a los CEO de las grandes empresas. Ese absurdo auxilio estatal a los ejecutivos fue parcialmente corregido cuando se detectó que su utilización para la compra de dólares. Los receptores de la subvención ya no pueden adquirir divisas, distribuir utilidades o realizar erogaciones con otras empresas vinculadas.
El oficialismo se comprometió formalmente a prohibir los despidos, pero en los hechos no detiene su expansión. El Ministerio de Trabajo evita las informaciones diarias que provee su par de la Salud. No esclarece cuál es el mapa real de las licencias y las suspensiones. El caso testigo fue Technit. Luego de afirmar que no aceptaría los despidos avaló su concreción.
Además, el recorte de sueldos tiende a generalizarse con el pasivo aval de las autoridades y los jubilados han sufrido otro ajuste de la movilidad, inferior al que hubiera correspondido por la inflación. El pago del aguinaldo en cuotas ya es un hecho y se extiende a muchos sectores. En síntesis: la política económica constituye la primera área de disputa entre el ajuste y la redistribución, frente a un gobierno que elude las definiciones.
EL TEST DE VICENTIN
La contraposición de modelos se verifica en la intervención del estado frente a las grandes quiebras. Por eso la cesación de pagos de Vicentin se ha transformado en un caso testigo de la política oficial.
La derecha motoriza una impúdica acción de apoyo a la firma que encabezó el financiamiento de la campaña electoral de Macri. Despliega banderazos y movilizaciones para torcer la decisión oficial de expropiar la empresa, con argumentos extraídos del Reino del Revés.
Presentan a Vicentín como una firma que desarrollaba normalmente sus actividades, hasta que desembarcó un estado obsesionado con la toma de la empresa. Sólo olvidan que la compañía quebró y ha dejado un tendal de impagos. Los cómplices de ese fraude convocan a “resguardar la propiedad privada”, omitiendo que la empresa vulnera ese principio al desconocer los contratos con sus proveedores. Tampoco explican el default de un holding que exportó más de la mitad de su producción, en un año con buena cosecha, aprovechando la megadevaluación y el aceitado financiamiento estatal.
Los directivos buscan impunidad ocultando las pruebas de su desfalco. El “stress financiero” que aducen no tiene ninguna credibilidad y las justificaciones centradas en la “mala gestión” o el “apalancamiento de operaciones comerciales” son inconsistentes. Los indicios de la estafa son abrumadores.
Ya existe un juicio en Nueva York para rastrear los activos escondidos en paraísos fiscales y se investiga el dinero obtenido por la sorpresiva venta de la principal firma del grupo (Renova) a Glencore. Esa multinacional gestiona una intrincada red off shore que habría facilitado la expatriación del dinero negado a los acreedores. Hay serias sospechas de un vaciamiento consumado mediante traspasos de recursos a las filiales de Vicentin en Paraguay y Uruguay.
El fraude es también encubierto por la justicia penal que cajonea la causa para proteger al ex presidente del Banco Nación. González Fraga autorizó un préstamo a la compañía por montos que superan las normas de la entidad, sin exigir garantías y fraguando la calificación del crédito.
El gobierno reaccionó rápidamente frente al peligro de desguace o extranjerización de la empresa. Percibió que los grandes jugadores foráneos del negocio alimentario (Dreyfuss, Glencore, Cargill) ansían la captura de la compañía. Por eso propició inicialmente una expropiación, buscando favorecer la creación de una empresa testigo del comercio exterior. Como Vicentin cuenta con instalaciones de acopio y puertos propios, su pertenencia al sector público permitiría neutralizar las conocidas maniobras de evasión fiscal (retención de divisas y subfacturación de exportaciones). Esa solución facilitaría, además, las negociaciones directas de estado a estado con el estratégico socio chino.
La estafa de Vicentin es investigada por muchos organismos. Hay una comisión bicameral en el Congreso y otra en la provincia de Santa Fe, que estudian el grotesco vaciamiento patrimonial, a través de donaciones y llamativos familiares en la lista de acreedores. Lo ocurrido en otro ámbito de la justicia penal -el desmonte de la red de espionaje ilegal montada por Macri- ilustra cómo se puede actuar con celeridad y contundencia. El esclarecimiento de lo ocurrido con Vicentin debería seguir ese antecedente.
Es vital recuperar el dinero de la estafa incorporando todos los activos ocultos de la empresa a la gestión de la quiebra. Existe el grave peligro de repetir lo sucedido con numerosas “argentinizaciones” que vaciaron el erario público (Correo, Aguas, Marsans-Aerolíneas, Repsol). Las indemnizaciones y juicios de esas estatizaciones engrosaron la fortuna de muchos capitalistas. Vicentin no debe terminar con otra socialización de pérdidas solventada por el pueblo argentino.
Se puede doblegar a la derecha y forjar una empresa pública bajo control social mediante la movilización popular. Hay grandes diferencias con el escenario de la 125. Ya no existe un bloque agrario homogéneo comandado por la Mesa de Enlace. Al contrario, hay filiales de la SRA (Córdoba) y un gran sector de la FA (Buzzi) que denuncian el desfalco de Vicentin.
Pero el gran escollo son las vacilaciones del gobierno. La iniciativa de expropiación fue sustituida por una intervención, que brindaba un extenso plazo para encubrir la estafa y negociar la venta de la compañía a los acreedores extranjeros. Como el juez afín a la empresa frenó esa intervención, los mismos directivos siguen al frente de una firma parada, que no compra granos y agrava su quebranto.
No se sabe si el oficialismo insistirá con el proyecto de expropiación. La derecha exhibe fuerza frente a la inacción de un gobierno, que aceptó el desafío del juez concursal a la autoridad presidencial. Hay muchos caminos para vencer pero la tibieza conduce al resultado opuesto.
OTRO SISTEMA FINANCIERO
En la crisis actual se ha confirmado el escollo que representa la estructura bancaria para una reactivación de la producción. La queja de la pequeña y mediana empresa ilustra cómo las entidades obstruyen el otorgamiento de créditos. No cubren los cheques rechazados, convalidan la ruptura de la cadena de pagos, niegan préstamos para pagar sueldos y mantienen altas tasas de interés.
Los bancos tampoco permiten las operaciones en descubierto y recurren a infinitas maniobras para eludir la refinanciación de las tarjetas de crédito. Esgrimen el pretexto de una baja calificación de las PYMES, para impedir la redistribución de los préstamos del estado entre sus clientes. Viven en un mundo aparte, ignorando el tremendo escenario creado por la demolición del consumo.
Frente a empresas que se hunden y entidades que demoran el financiamiento, el Banco Central responde tarde, mal y sin ninguna convicción. Sólo exhorta a los financistas a modificar su conducta y a lo sumo emite sugerencias de mayor control que tampoco implementa. Esa reacción oficial sólo profundiza el dramático escenario de una economía sin financiamiento.
Los monumentales paquetes de auxilio estatal se canalizan a través de bancos, que continúan definiendo a quién le llega el dinero. Cómo los financistas no quieren riesgos, ni afectación de sus ganancias, retacean la colocación de los auxilios. Mantienen el insólito privilegio de no perder un centavo, en medio del generalizado desplome del mercado interno.
Los bancos se han acostumbrado al parasitario negocio de prestarle al estado. Por eso ofrecen tan poco crédito al sector productivo. Bajo el macrismo perfeccionaron la práctica de utilizar el grueso de los depósitos en la intermediación con las Leliqs. Han ganado fortunas sin realizar ninguna expansión genuina del crédito y el año pasado duplicaron sus ganancias con la gran bicicleta de los bonos públicos.
El gobierno convalida esa perversa dinámica que acentúa el desplome de la economía. A lo sumo ha obstruido la distribución de utilidades entre los banqueros. Elude imponer la concesión de créditos a tasa cero para PYMES al borde del abismo, con mecanismos para financiar las eventuales pérdidas con los lucros acumulados por las entidades.
Hay muchos instrumentos para que los bancos colaboren con su propio patrimonio a la actual emergencia. Pero sería necesario declarar la utilidad pública del sistema financiero y restaurar la regulación estatal del manejo de los depósitos que regía hasta los años 70. Es insostenible un status quo de bancos públicos agobiados y entidades privadas florecientes.
Hay que actuar antes que la derecha desate su previsible campaña de terror sobre los pequeños ahorristas. Son expertos en sembrar el pánico con augurios de salida de los depósitos, brecha del dólar paralelo y derrumbe bursátil. Ese temblor es una posibilidad siempre latente en el dramático escenario económico que se avecina. Si el sistema financiero continúa operando sin ningún control estatal efectivo, volverán a irrumpir las grandes convulsiones en el circuito bancario.
UN IMPUESTO DECISIVO
Cualquier modelo económico afronta el durísimo escenario de arcas públicas agotadas. La recaudación se ha desmoronado y el déficit fiscal primario promedia 5 puntos del PBI. La cobertura con emisión de semejante agujero fiscal choca con evidentes limitaciones. Por esa razón se debate el impuesto a las grandes fortunas, que ha sido un gravamen muy corriente en las situaciones de emergencia.
La derecha se opone argumentando que “la presión tributaria es muy elevada”. Pero los datos del Banco Mundial sitúan a la Argentina en un lugar internacional intermedio, próximo a Estados Unidos y muy por debajo del promedio europeo. La imagen de un país agobiado por impuestos es otro mito del neoliberalismo. Hasta la presidenta de Alemania recordó recientemente que los ricos de Argentina tributan muy poco, en comparación a los pares de su país.
Para bloquear el gravamen a la riqueza los poderosos despliegan una campaña de engaños. Afirman que el impuesto será inconstitucional a pesar de su aprobación por el Congreso y preparan una impugnación judicial, para defender sus privilegios con la complicidad de sus socios en los tribunales.
Los derechistas también argumentan que ese impuesto “no se aplica en ninguna parte del mundo”, ignorando las incontables modalidades internacionales de tributos a la riqueza. Afirman que las “empresas no podrán afrontar ese pago en la crisis actual”, omitiendo que se gravará el patrimonio y no los beneficios corrientes de las compañías. Dicen que golpeará duramente a la clase media, cuándo afectará sólo a un puñado de la población. Ninguno de los 15.000 multimillonarios alcanzados por el tributo integra los estratos medios del país.
Los neoliberales suelen exigir la “reducción del salarios de los políticos” para evitar el nuevo impuesto. Pero salta a la vista la desconexión entre ambas propuestas. Con la disminución de esas remuneraciones se recaudaría una porción insignificante del gravamen en discusión. Difunden esa disparatada idea, porque en su imaginario la administración pública debería ser gestionada por millonarios que no necesitan retribución. Con esa misma concepción elitista pregonan el reemplazo de los impuestos al patrimonio por donaciones voluntarias de los acaudalados.
El tratamiento del impuesto no tiene grandes secretos. Desde hace meses circulan varios proyectos para tasar el 1,5% de las grandes fortunas personales, afectando al núcleo de millonarios que tributa en los escalones más altos del gravamen a los bienes personales. Otras iniciativas proponen tomar como referencia una tasa del 2% a los montos declarados en el último blanqueo del 2017. Algunos municipios -como Castelli- ya establecieron un aporte obligatorio para los vecinos con alto patrimonio. Lo recaudado se destina a reforzar la infraestructura sanitaria local.
La inmediata implementación del impuesto a la riqueza constituiría la primera advertencia de peso a los evasores del fisco. Los grandes capitalistas no sólo gozan de total impunidad para eludir sus obligaciones. Suelen exigir socorros en la crisis, olvidando su habitual práctica de evasión en la prosperidad.
La nueva gestión de la AFIP ha descubierto la gran trama de complicidades que regía en la administración macrista, para encubrir cuentas ocultas al fisco en el exterior por cifras siderales. De esa investigación surge que en el último blanqueo se transparentó sólo un tercio de los 400 mil millones de dólares radicados fuera del país.
La auditoria de esa evasión se ha tornado más sencilla, a partir de los acuerdos impositivos suscriptos con diversos organismos (como la OCDE) y resulta posible comenzar a rastrear las sumas depositadas en los paraísos fiscales. No hay impedimentos técnicos o jurídicos infranqueables, si existe la voluntad política de terminar con el fraude fiscal de los capitalistas.
El principal indicio de esa decisión sería la sanción del impuesto a la riqueza, que arrastra una inadmisible demora. En el oficialismo nadie explica por qué razón se pospone esa iniciativa. Seguramente inciden las presiones de grandes lobbies como la UIA, que ya se pronunció en contra del impuesto. Esa actitud confirma que el drama de la pandemia no conmueve a los poderosos.
El gravamen no es sólo insoslayable para afrontar la emergencia actual. Permitiría comenzar a dotar de ingresos genuinos a un modelo de reactivación asentado en la redistribución del ingreso. Además, con ese impuesto Argentina podría encabezar un giro internacional en materia impositiva. Distintos proyectos de “tasas Covid” se evalúan actualmente en España. Rusia, Italia, Suiza e Inglaterra, Alemania, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú.
El gravamen contribuiría a incentivar los proyectos internacionales de reforma fiscal, que se promueven para introducir impuestos progresivos sobre los servicios digitales y los elevados beneficios empresariales. Esa iniciativa busca eliminar los paraísos fiscales que absorben los recursos faltantes para el gasto social de los estados. En la sanción del impuesto a la riqueza se disputa quién ganará la primera partida de la puga entre modelos económicos neoliberales y progresistas.
LA DEUDA POR MAL CAMINO
El financiamiento de la reactivación también depende de los egresos del sector público y el consiguiente manejo de la deuda. Es sabido que Macri dejó un pasivo impagable que precipitó la cesación de pagos. Esa gigantesca deuda condiciona todo el devenir de la economía.
Inicialmente el gobierno propuso un drástico canje para posponer cualquier pago durante tres años. Promovió una quita de 65% y una reducción de las tasa de interés al 2,3%. Calculó que la deuda externa privada de 66.238 millones de dólares sufriría un recorte de 41.600 millones y señaló que esa disminución era acorde con la cotización de los bonos argentinos en el mercado (30-35% de su valor original). Destacó que la oferta era semejante a la solución encarada por Kirchner en el 2005 para resolver el default heredado del 2001 y anunció que era la única propuesta sustentable.
La derecha desató de inmediato una gran presión para modificar la oferta en estrecha sintonía con los acreedores. Actuó como vocera de fondos de inversión, que difieren sustancialmente de los tradicionales prestamistas de Argentina. Fidelity, BlackRock o Ashmore administran grandes carteras de inversión divorciadas de las regulaciones corrientes del sistema bancario. No gestionan depósitos, ni créditos. Sólo especulan con incontables títulos de países o empresas y por eso negocian con más brutalidad que sus antecesores.
Conformaron rápidamente varios comités con lobistas para exigir nuevas propuestas de “buena fe” con “ofertas amigables”. Sus clones repiten una y otra vez que el rechazo de esa sumisión conducirá al precipicio. Esgrimen el fantasma del default, afirmando que “nadie prestará dinero al país luego de la pandemia”. Pero omiten que esos créditos ya son negados en la actualidad. Macri dejó al país fuera del mercado crediticio y la continuada cesación de los pagos refuerza esa restricción.
Los propios derechistas reconocen que la persistencia del default no tiene grandes implicancias en el corto plazo. Además, no se sabe si la canilla de préstamos externos volverá a abrirse luego de un canje. Tampoco son relevantes los juicios en el exterior que podrían entablar los acreedores para embargar bienes del estado. El monto de esos activos es muy bajo en comparación a los pagos demandados.
La escasa incidencia financiera del default se extiende a la órbita comercial. Es muy difícil que China deje de comprar soja o carne por la cesación de pagos o que Brasil restrinja la importación de los componentes requeridos para su producción automotriz.
En lapsos más prolongados resulta imposible formular previsiones serias. Es evidente que Argentina no será el único país con problema de pagos en la tremenda crisis actual. Hay una imperiosa necesidad de utilizar todos los recursos disponibles para la reactivación interna y no se debe distraer un sólo dólar de esa prioridad
Algunos neoliberales afirman que el default recreará los juicios con los fondos buitres, que bajo el macrismo forzaron desembolsos por 15 mil millones de dólares. Pero no explican por qué razón debería repetirse esa dilapidación. La derecha presiona con amenazas retóricas y con periódicas corridas cambiarias. En esas maniobras participan intensamente los intermediarios del canje, que están apurados por cobrar sus comisiones.
Un planteo genuinamente progresista se ubica en el polo opuesto y transita por la inmediata suspensión del pago de intereses. Los acreedores no pueden quedar eximidos de los esfuerzos solicitados a toda la población durante la pandemia.
En el dramático escenario económico que se avizora, el default no es el fin del mundo y resulta preferible a un mal acuerdo. La derecha es experta en campañas de miedo, pero la experiencia enseña cuán terribles son las consecuencias de aceptar sus exigencias.
Antes de implementar cualquier pago habría que completar la auditoría de la deuda para discriminar las erogaciones. No está en debate un simple desconocimiento de la deuda, sino el esclarecimiento de su legitimidad, distinguiendo los componentes validos y fraudulentos del pasivo.
Esa investigación fue parcialmente encarada por el Banco Central, que en un reciente informe confirmó lo que ya se sabía: toda la deuda legada por el macrismo encubre una monumental fuga de capitales. En cuatro años esa salida involucró 86.200 millones de dólares, es decir el grueso del pasivo contraído. El informe no explicita los nombres de los involucrados en esa operación, pero señala una altísima concentración de empresas e individuos. Cualquier canje de la deuda desconociendo esa auditoría convalidará la estafa. Transferirá a toda la sociedad una obligación contraída el puñado de millonarios que fugó ese capital.
En este terreno crucial de la deuda gobierno ya aflojó su postura inicial y aceptó las demandas de los acreedores. Licuó especialmente el aspecto más interesante de la primera oferta que era la suspensión de todos los pagos durante tres años. Ese período se ha reducido a dos y hay versiones de giros escalonados a partir del 2021. El impostergable respiro que necesita la economía para comenzar un proceso de recuperación quedaría seriamente amenazado por esa decisión.
Con la reducción del cronograma inicial de desembolsos se mantendrá la actual corriente de pagos. En plena pandemia se concretaron dos grandes erogaciones poco difundidas (250 millones a los bonistas privados y 320 millones al FMI). Bastaría calcular cuántos respiradores y hospitales involucra ese dinero para confirmar su total inadmisibilidad.
La misma actitud de concesiones oficiales se extiende a la quita de la deuda, que se ubicaría muy lejos del 65% anunciado inicialmente. Si se acuerda un valor presente de los bonos del 50-55%, la cifra final de la oferta será incluso más “generosa” que lo auspiciado por el FMI. La reducción efectiva del pasivo también sería inferior a la obtenida en la reestructuración del 2005.
Con los acreedores se negocia también las condiciones contractuales de otro eventual default. La escasa confianza en la viabilidad del acuerdo se refleja en esa evaluación una nueva cesación de pagos. Todos aceptan la ley de Nueva York (que invariablemente opera contra del país) y tramitan el tipo de litigio (cláusulas de acción colectiva), que regiría para un canje derivado del fracaso de la versión actual.
Pero lo más grave es la atadura al FMI, que accedería a una reprogramación de sus cobranzas para asegurar su estatus de acreedor privilegiado y exceptuado de cualquier quita. Ese compromiso con el Fondo es una soga al cuello, más peligrosa que las acreencias del sector privado. Son muy conocidos los condicionamientos que impone el Fondo para forzar el cumplimiento de sus exigencias.
Ese organismo no se volvió benévolo. Como ya ocurrió en la crisis del 2008 disimula sus intenciones en medio del vendaval. Ha presionado a los fondos de inversión para que acepten el canje y despejen el terreno para su cobro de 45.000 millones de dólares que nunca ingresaron efectivamente al país.
La carga futura que implican las auditorias periódicas del FMI es ocultada mediante operaciones políticas de blanqueo. El organismo es ahora elogiado por muchos economistas antiliberales, que olvidan cómo el Fondo impuso un absurdo endeudamiento para apuntalar la fracasada reelección de Macri. A diferencia del canje del 2005 la versión actual consagra la presencia permanente del FMI, que prontamente recuperará brutal su fisonomía habitual.
La negociación del canje ha sido errónea, inoportuna y nociva. No había ninguna necesidad de implementarla en plena crisis de la pandemia. Como mínimo se podía desensillar hasta que aclare. La operación carece de la anunciada sustentabilidad, puesto que sólo despeja la situación del 20% de la deuda total. Falta resolver los pasivos pendientes con los organismos internacionales y los papeles emitidos bajo legislación nacional.
Se desaprovecha, además, la gran oportunidad que ha creado el “Gran Confinamiento Global” para introducir un drástico cambio en la carga de los pasivos que soporta el país. La presentación oficialista de Argentina como ganadora del canje disfraza las concesiones realizadas durante la negociación. Con esa operación se asumen compromisos incumplibles y se recicla el conocido trauma de nuestra historia.
BAJO EL CAPITALISMO NO GANAMOS TODOS
La derecha actúa frontalmente con delirantes argumentos de crítica a la “infodictadura”, frente a un gobierno que exhibe conductas meramente defensivas. Los discursos progresistas del oficialismo tienen pocas traducciones prácticas en el plano económico. Esa postura es muy peligrosa en un escenario de derrumbe productivo, ante un enemigo que intentará aprovechar el desastre social para apuntalar su proyecto reaccionario.
El gobierno continúa equivocando el diagnóstico. Primero supuso que un arreglo de la deuda alcanzaría para reactivar la economía. Ahora imagina un devenir semejante, sin registrar la magnitud de la crisis y la consiguiente necesidad de medidas radicales.
Por eso demora el impuesto a la riqueza, titubea en la política económica y vacila en el manejo Vicentin. Sólo postula que el fin del coronavirus facilitará la reactivación y que la única prioridad inmediata es la salud. Mientras la derecha exhibe impúdicamente su plan regresivo, el gobierno navega en un mar de indefiniciones. Por eso urge un giro hacia la redistribución del ingreso, con un programa alternativo basado en los impuestos a los acaudalados y el control estatal de las finanzas y el comercio exterior.
Esta política requiere adoptar una actitud de crítica hacia el capitalismo, para confrontar con todos los fantasmas que despliega la derecha. Hay que responder de frente, señalando que ese sistema ha causado la depresión actual y no ofrece ninguna solución al empobrecimiento en curso.
El gobierno evita esa batalla porque comparte las ilusiones en gestar un capitalismo humanizado, incluyente y productivo. Alberto Fernández repite ese imaginario en sus encuentros con el gran empresariado y ratifica con evaluaciones cambiantes su fe en el sistema. A veces crítica a los capitalistas “miserables” que despiden en plena pandemia (Techint) y en otros momentos elogia a los “empresarios que sufren con el país”. Sitúa en ese casillero a un campeón de las tropelías que amparó el macrismo (Mindlin).
El presidente piensa que “con el capitalismo ganamos todos” desconociendo la imposibilidad de ese resultado. El sistema actual genera exactamente lo opuesto: una minoría siempre lucra con el esfuerzo ajeno. La redistribución del ingreso es el punto de partida para erradicar ese régimen de miseria y opresión.
3-7-2020
Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz