Aún con las cárceles en el centro del debate hay dimensiones de un problema complejo que nunca se tocan. ¿Qué políticas sostiene el Estado más allá de las condenas?; ¿qué pasa cuando una persona sale en libertad? El Patronato de Liberados es uno de los organismos más abandonados en presupuestos y planes de gobierno: ¿cuál es su papel hoy, atravesado por la pandemia?
La carcelaria es una emergencia largamente prolongada y con pocas políticas sostenidas para afrontarla. Cuando el conflicto estalla hay anuncios de más cárceles, cambios en las cúpulas penitenciarias, en las direcciones de los penales, declaraciones y reuniones. Un problema complejo, con frentes múltiples y todos colapsados.
En marzo la pandemia volvió a encender reclamos. Cada vez que las cárceles se vuelven visibles hay un gran ausente en las prioridades del debate: el Patronato de Liberados, la institución encargada de controlar a quienes salen de los penales bajo un régimen de libertad condicional, prisión domiciliaria y condenas en suspenso. Mediante entrevistas, seguimiento y con ayuda económica el Patronato debe asistir y acompañar el inicio de este tránsito de pre libertad.
Cuando la posibilidad de que las personas encerradas, y ahora en riesgo ante el coronavirus, pudieran acceder a prisiones domiciliarias y otras medidas morigeratorias fue centro en el debate público nadie se preguntó por la situación de este organismo tampoco. ¿Cómo trabaja el Estado el acceso a la libertad y con qué recursos?; ¿cuál es la tarea que cumple el Patronato en esta crisis que profundiza la crisis penitenciaria?
“Hemos encontrado un Patronato desfinanciado. El presupuesto que maneja actualmente es el mismo del año pasado, ya que fue prorrogado. En los últimos cuatro años hemos perdido más de un tercio de trabajadores en toda la Provincia y hoy son 900 trabajadores para atender las demandas del sistema”, explicó Anibal Hnatiuk, director de la nueva gestión del organismo. Antes de la emergencia sanitaria el Patronato, junto con la Procuración y el Servicio Penitenciario, elaboraba alrededor de unos 30.000 informes de conducta. Se monitoreaban unas 10 mil personas que habían pasado por la experiencia de la cárcel.
Anatilde Senatore es trabajadora social e ingresó al Patronato en 1998. Recorrió distintas áreas de la institución y ahora desarrolla su tarea en lo que llaman pre libertad en las unidades que alojan mujeres en la región, la 8 y la 33. Hasta la irrupción de la pandemia debía conocer y acompañar procesos de ejecución de la pena con miras a la libertad, conocer el proyecto de vida de las presas y procurar fortalecerlo con las herramientas accesibles tanto institucionales como con una red en el afuera. Su mirada sobre el trabajo es tan crítica como comprometida.
“¿Cómo contener esta población cuando hay una miseria atroz en la población que ya está en el afuera? Creo que habría que fortalecer los dispositivos de acompañamiento. Particularmente el Patronato de Liberados debería ser fortalecido en cuanto a recursos materiales y dotación de personal. El personal que tiene el patronato es uno de los peores pagos de la provincia y es uno de los que trabaja en las peores condiciones, y sólo ha podido poner un límite frente a una circunstancia atroz que ha sido el femicidio de Laura Iglesias, una compañera, que sucedió el 29 de mayo del 2013. Sólo ese evento espantoso ha sido capaz de que se empiecen a poner algunos límites a los excesos de trabajo que se nos venían exigiendo”, señala.
La muerte de Laura Iglesias hizo posible que exista un límite en la cantidad de personas asignadas a cada profesional: 30. Anatilde explica que muchas veces no se cumple pero es al menos un piso que no existe para quienes trabajan dentro de los penales, una tarea – a su entender- con escaso reconocimiento dentro del organismo. Hay sólo 30 profesionales para casi 60 unidades. “El Patronato ha tenido históricamente -al menos en los 20 años que trabajé yo- un escaso interés en el trabajo en la cárcel. Siendo que para mí es lo que le da sentido: el Patronato existe porque existe la cárcel. Entonces se trabaja muy burocráticamente, se entiende el trabajo de pre libertad como ir a hacer una entrevista. En los últimos años hemos presionado para que sea de otra manera, un trabajo más integral”, pero el escenario es adverso: sin recursos, sin presupuesto y con escasa cantidad de profesionales adjudicados a esa tarea. “Y sin bajar una línea concreta de trabajo, las últimas gestiones no han bajado líneas, documentos concretos de cómo laburar la cárcel”, agrega la trabajadora.
La trabajadora cuenta que durante gestión de Vidal se desarticularon además algunas de las bases que se venían sosteniendo con mucho esfuerzo desde los equipos; por ejemplo, la intención de cambiar la lógica del control persona a persona por un trabajo más territorial. “Venimos de ese desbarajuste y el cambio de lógica que uno espera con el cambio de gestión -uno siempre tiene expectativa- se quebró con la pandemia. Entonces nos quedamos pedaleando en el aire, a muchos integrantes de la nueva gestión no se los pudo conocer ni escuchar, así que desconocemos cuáles serán las lógicas de trabajo pos pandemia, y si se van a escuchar a las y los trabajadores para co-pensar como salimos de esta, como intervenimos y qué necesitamos para eso”.
Décadas de emergencia sin plan de respuesta
La emergencia carcelaria persiste en la Provincia desde hace décadas. La gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, la declaró tras la fuga de la cárcel de General Alvear de tres presos condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Antes lo habían hecho Ruckauf en 2001, Felipe Solá en 2004 y Scioli en el marco de la emergencia de seguridad en 2014. En diciembre pasado, el gobierno de Axel Kicillof asumió en medio de una de las huelgas de hambre más masivas en los penales de la Provincia con el hacinamiento como reclamo principal, y prorrogó emergencia convocando a una mesa de diálogo interinstitucional.
“Están abarrotadas y esa es una decisión política que se traduce en instrumentos judiciales”, define Anatilde y cuenta que se venía trabajando con un montón de situaciones que hubieran sido resueltas no con la cárcel sino con alternativas. “Los instrumentos jurídicos para habilitar las morigeratorias están pero los jueces no los utilizan. La cárcel tiene un principio jurídico que es la progresividad de la pena, que es que a medida que pasa el tiempo se debe ir accediendo a mayores estándares o niveles de libertad. Eso no se cumple desde hace años y se suma al exceso de prisiones preventivas, esos dos elementos juntos generan el embotellamiento que tenemos en las cárceles. Los instrumentos están, los jueces no los aplican”, explica.
Esos fueron los instrumentos a los que se apeló cuando el coronavirus empezó a ser una amenaza sanitaria más en el contexto de encierro. En abril, el Tribunal de Casación, presidido interinamente por el Dr. Victor Violini, resolvió la prisión domiciliaria de los grupos vulnerables privados de libertad, pero la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo. Otra vez el debate volvió a abrirse sin que se logre entrar en lo profundo del problema.
Desde el Patronato señalan que con la pandemia el número de casos que merecen atención, acompañamiento y asistencia del Estado se incrementó por cientos dado que se trabaja con personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. “En este momento estamos chequeando cada caso que nos llega y asistiendo la urgencia. No contamos con los recursos necesarios y derivamos a otros organismos provinciales”, dijo Hnatiuk.
“Cuando las personas no pueden sostener el arresto domiciliario hay que preguntarse por qué, cual es la razón que es lo que está sucediendo –dice Anatilde. Nosotros tuvimos una experiencia desde la Universidad, desde un centro de orientación para familiares de detenidos, donde acompañamos el proceso de egreso y morigeración de cerca de 60 ó 50 mujeres. Más de la mitad ha sido nuevamente detenidas: el fracaso nos habla de condiciones de vida paupérrimas que empeoraron con la privación de libertad. Esas mujeres vuelven a esas condiciones de vida con lo cual chequear o no el arresto no es una tarea administrativa o policíaca, es preguntarse por las causas de esa medida y si están dadas o no las condiciones para respetar esa pauta; es bastante más complejo”
Desde la mesa de diálogo interinstitucional, las mujeres (particularmente las encerradas con sus hijos e hijas o embarazadas) han sido una de las poblaciones a las que se buscó llegar con medidas alternativas. Es un universo mínimo dentro del encierro pero muy significativo. Anatilde es parte del equipo que trabaja en ese sentido y sabe que el acompañamiento del Estado es indispensable, pero no siempre resulta suficiente. “Llegamos a las mujeres jefas de familia con sus vidas estalladas, difícilmente se llegue a la cárcel si no se ha tenido una vida difícil, condiciones muy duras. Te puedo hablar de Cecilia que no vuelve a su casa, va a la de su papá porque en su casa había sucedido el allanamiento. Entonces está en la casa de su papá que vive con su señora con los hijos más chicos, y ella va con sus ocho hijos porque su casa no fue aceptada por el juzgado, su casa no tiene vidrios y sus hijos dormían en el piso. ¿Cómo acompañas esa situación, y en este contexto? ¿Sabés cuántas hay? –se pregunta la trabajadora social. No alcanza, le podes poner la voluntad que quieras, pero hay situaciones estructurales. Otras situaciones tienen que ver con la violencia. El abandono del Estado fue antes de caer presas, ese es el punto, el abandono estuvo antes y hoy estamos tratando de paliar”.
Por ahora, en mayo quedó conformada una mesa “de inclusión social penitenciaria y post penitenciaria” con el objetivo de implementar el programa Más Trabajo, Menos Reincidencia. EL programa readecuaría las líneas de trabajo hacia la inclusión de los y las liberadas buscando crear un ámbito interjurisdiccional e intersectorial entre el gobierno nacional, provincial y los municipios, con la participación de la Iglesia y organizaciones sociales.