“Den gracias por el aire. Es muy importante concentrarse en ser positivos”, aconsejó el Ministro de Salud por televisión, mientras que ciudadanos y ciudadanas de Libertador General San Martín, se filman enterrando ellos mismos a sus familiares, víctimas del abandono estatal.
Por Juan Pablo Alba, Secretario de Comunicación y Difusión de CTA-A Jujuy.
“Es mentira lo que dicen: llamás, y a los cinco minutos está el COE en tu casa”, afirmaba Luciano Rivas, diputado provincial del radicalismo, en la prensa local. En respuesta a su discurso encubridor, fue que publicaron el doloroso video (que reproducimos al final de este artículo).
La disputa por el sentido político de lo que está sucediendo en Jujuy, se debate entre la denuncia y el ocultamiento, para lo que el Gobierno de la Provincia montó un cerco informativo local, acaparando tiempo de aire y renglones en los principales medios provinciales: salvo honrosas excepciones, las únicas voces disonantes de impacto, provienen de medios nacionales.
En medio de la desesperación de los habitantes, que ante la inoperancia de las políticas sanitarias implementadas en la zona, empiezan a optar por ni siquiera avisar al COE de su situación de contagio, Gerardo Morales junto a su ministro, se dedicaron a recomendar por redes sociales y por televisión, la automedicación como forma paleativa a la grave situación sanitaria. La respuesta social fue clara: al día siguiente las drogas prescriptas se agotaron en múltiples farmacias, y tanto el Colegio de Farmacéuticos como el Consejo de Médicos, tuvieron que salir a prevenir de semejante riesgo.
Este hecho motivó una denuncia penal en contra del Gobernador, bajo la figura de ejercicio ilegal de la medicina, impulsada por dirigentes barriales y gremiales de la CTA Autónoma de Jujuy: “esperamos que al menos, con esto le pongamos un freno”, manifestó Santiago Zamora, uno de los denunciantes, y coordinador de comedores populares. El doctor Victor Aramayo y el secretario general de la CTA-A, Matías Brizuela, impulsan también la denuncia.
“No importa si la gente consume o no lo que anunció el gobernador, el sólo hecho de hacerlo configura en sí mismo un delito”, cometa Mariana Vargas, la abogada patrocinante de la presentación.
En medio de este panorama, con el 94% de la capacidad de respiradores colmada, Gerardo Morales tomó la decisión de flexibilizar la cuarentena en la mayoría del territorio provincial, incorporando más actividades a las ya permitidas, lo que produjo una saturación de las colas en bancos y farmacias, y un aumento exponencial de la circulación en las calles jujeñas.
Mientras no se toman medidas de asistencia económica ni control que aseguren la cuarentena, el oficialismo recurre a la culpabilización de la propia población, poniendo el acento en la “responsabilidad individual”, ocultando de ese modo, su propia responsabilidad política en el desborde sanitario y social.
A la espera de asistencia urgente por parte del Gobierno Nacional, el gobernador y sus voceros inundan los espacios mediáticos negando sus responsabilidades, estigmatizando a sectores sociales, mientras permite hacer como si estuviera intencionalmente a favor de que se multipliquen los contagios, y que se salve el que pueda: una actitud criminal, impulsada por decisión política.