La Cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), en colaboración con colegas de cátedras y programas de la Red Interuniversitaria de Educación Superior y Pueblos Indígenas de América Latina (Red ESIAL), de diez universidades nacionales, convocó a una reunión con el objetivo de intercambiar ideas sobre la urgencia en actualizar la Ley de Educación Superior (LES) para que asegure los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional y sobre el contenido del proyecto de modificación de la Ley elaborado por el equipo de abogados conformado para tal fin por integrantes de la AADI (Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena).
De la reunión participaron 85 personas, entre ellas, Delfina Veiravé, presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Francisco Tamarit, coordinador general de la CRES 2018, Alvaro Guaymás, coordinador de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de la provincia de Salta; rectores y autoridades de doce universidades nacionales; dirigentes, docentes y profesionales afrodescendientes; representantes de organizaciones indígenas así como docentes y profesionales; integrantes de la Red ESIAL y de otros equipos universitarios que trabajan junto a personas y comunidades indígenas y afrodescendientes en 15 universidades nacionales; y representantes de la Red DD.HH. del CIN y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
El director de la Cátedra Unesco de la UNTREF e investigador principal del CONICET, Daniel Mato manifestó el carácter urgente de actualizar la Ley de Educación Superior ya que vulnera los derechos humanos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas.
Mato explicó que según la última información censal disponible, el porcentaje de personas indígenas con educación superior completa es aproximadamente 40% menor al promedio nacional y que no se han producido datos en el caso de los afrodescendientes.
En esa línea argumentó que “faltan profesionales de esos pueblos y también profesionales, que aunque no formen parte de ellos, reciban una preparación que les permita desempeñar sus funciones apropiada y eficazmente”.
“Modificar la LES dará sustento jurídico a la Secretaría de Políticas Universitarias y a los ministerios de educación de las provincias para establecer políticas al respecto”, expresó Mato. También remarcó que “esto enviará un mensaje a posibles estudiantes indígenas y afrodescendientes y a quienes discriminan con sus palabras y con sus actos”.
“Tenemos la oportunidad de dar este paso hoy, en lugar de que otros dentro de unos años deban pedir perdón, no solo por los 210 años de discriminación, sino también y además por los que pasen a partir de hoy y hasta ese día”, agregó el director de la Cátedra.
Por su parte, el abogado Julio García enfatizó que “esta Ley debe ser adecuada de manera urgente a los estándares constitucionales y convencionales de pueblos indígenas y afrodescendientes” y explicó que “la Constitución Nacional desde el año 1994 quita el velo de discriminación y desigualdad en que se encontraban estos colectivos y lo mismo debe hacer la Ley Nacional de Educación Superior, como lo instan los organismos de interpretación y aplicación de los tratados internacionales ratificados por Argentina”.
Según explicó el especialista la Ley de Educación Superior no recepta los derechos de la Constitución Nacional, específicamente aquellos para los pueblos indígenas y afrodescendientes art. 75 inc. 17 y art. 75 inc. 22.
“Debe ajustarse no sólo la reforma de la Constitución Nacional de 1994, sino a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (art. 26 y 27), Declaración de Naciones Unidas del 13 de septiembre de 2007 y la Declaración de la OEA del 14 de junio de 2016 sobre los derechos de los pueblos indígenas; Convención de Durban”, aclaró el letrado.
También afirmó que “en la LES no hay recepción de los tratados internacionales” según mandan los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena.
Por su parte, Magdalena Odarda, presidenta del INAI, organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación, manifestó que resulta necesario adaptar esta Ley teniendo en cuenta que la propia Ley nacional 23302 de protección a los pueblos indígenas establece la obligación de que en todos los planes de enseñanza exista respeto a las pautas culturales de los pueblos indígenas. “El INAI como órgano de aplicación de la ley 23302 debe velar para su cumplimiento”, agregó.
La presidenta del CIN, Delfina Veiravé, valoró el encuentro como un espacio que “permitió escuchar diferentes voces y actores que piensan que es fundamental introducir cambios en las instituciones de educación superior para garantizar el derecho pleno de los pueblos indígenas y afrodescendientes y reparar exclusiones históricas”. También aseguró que “ese objetivo de política pública y de compromiso del Estado, podrá lograrse en el mediano plazo” y que “el Consejo Interuniversitario Nacional puede ser el vehículo para impulsar junto con otros actores esa modificación”. “Mientras tanto, es necesario acortar el camino, impulsando la incorporación a la Ley de Educación Superior de modificaciones parciales para que estas obligaciones sean garantizadas desde el Estado y las Instituciones.”, manifestó la rectora de la UNNE.
En la misma línea Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, coincidió en la necesidad de modificar en forma inmediata la LES “para subsanar la omisión del derecho a la educación superior de los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo cual incluye explicitar acciones afirmativas para el ingreso, la permanencia y el egreso de personas indígenas y afrodescendientes, así como establecer protocolos específicos para prevenir y sancionar la discriminación racial”.
“Si bien el sistema nacional de educación superior ha avanzado en materia de prevención de las violencias directas e indirectas de género, no lo ha hecho en materia de discriminación racial. Suelen pasar desapercibidas las prácticas discriminatorias en la educación superior, tanto en los recintos áulicos como de gestión administrativa”, expresó del Bello. A su vez resaltó que “una norma legislativa no resuelve la discriminación racial, hacen falta también establecer una política pública focalizada en la resolución de los problemas que padecen los pueblos indígenas”.
Para Francisco Tamarit, coordinador General CRES 2018, la actualización de la LES es “un inicio indispensable hacia una sociedad más justa” y las universidades deben ser “verdaderas instituciones promotoras de interculturalidad”.
En esta misma línea, y al igual que otros participantes de la reunión, Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, destacó el trabajo de las universidades para corregir todos los desfasajes que hay en cuanto a racismo, xenofobia y discriminación pero que falta mucho y que esta propuesta “podría subsanar en algo esa deuda histórica que tenemos con los afrodescendientes y pueblos indígenas”.
Representantes de pueblos indígenas como Verónica Rañileo Nahuelquir, integrante de la Cátedra Libre de pueblos originarios y afrodescendientes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Walter Barraza, miembro del Consejo de la Nación Tonokote Llutki – OPINOA Santiago del Estero y Mariela Jorgelina Tulian de la Comunidad Sanaviron Comechingon Tulian – OPINOA Córdoba, destacaron que garantizar sus derechos y garantías Constitucionales en la LES es una tarea postergada en nuestro país.
“Creo que la raíz de este cambio vendrá de esta renovación en la curricula de los profesorados e Institutos de Formación Docente, haciendo parte integrante a los pueblos originarios en la elaboración de las nuevas pautas y contenidos; ya no colonizantes ni obsoletos, sino acordes al resurgimiento y empoderamiento de la culturas ancestrales que hoy cohabitan con el Estado Argentino”, afirmó Rañileo Nahuelquir.
Walter Barraza manifestó que acompañarán la adecuación de la Ley “haciendo nuestros aportes de la Cosmovisión Ancestral Indígena”. “Ya pasaron 528 años de indiferencia, el Estado Argentino tardó 178 años en incluir nuestra preexistencia en la Constitución, entonces ya basta de dar vueltas, se necesitan leyes que con voluntad política sean llevadas a la práctica”, agregó.
“Nuestros saberes los posee el territorio, nuestros abuelos, abuelas y guías espirituales. No se trata de una disputa de conocimientos si no de perspectivas y sentidos, los pueblos podemos aportar otras perspectivas de conceptos como territorio, vida en comunidad y de Buen Vivir”, expresó Mariela Jorgelina Tulian.
Por otra parte, las intelectuales y activistas afroargentinas Miriam Gomes y María Gabriela Pérez también valoraron la realización de la reunión y calificaron como muy importante la propuesta de modificar la Ley de Educación Superior que promueva la inclusión de la población afrodescendiente e indígena e impulse su desarrollo académico y social.
Esta reunión fue la primera de otras, que se realizarán durante 2021, para poder asegurar la participación de representantes de todas las organizaciones indígenas y de afrodescendientes y de todos los rectores de universidades e Institutos de Educación Superior interesados.