Secuestrar y torturar para robar

9na audiencia del juicio unificado “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” e “Infierno”.

Con las testimoniales de concepto del periodista Horacio Verbistky, que rememoró una nota suya de 1991 donde investigó la represión en la fábrica de calefones y termo tanques SAIAR de Quilmes – donde la dictadura secuestró a 12 operarios, 2 de los cuales fueron desaparecidos y asesinados-, y del investigador Bruno Nápoli, quien desarrolló el rol de la Comisión Nacional de Valores en el secuestro, torturas y desapoderamiento de empresarios, banqueros y financistas, continuó el debate por las tres principales Brigadas de Investigaciones de la Bonaerense de Camps. La dictadura secuestró, torturó y asesinó para robar a una escala que aún no ha sido debidamente investigada y sancionada.

Por HIJOS La Plata.

El infierno de SAIAR

La anteúltima audiencia de 2020 en el juicio por las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús (Avellaneda) comenzó con la exposición del periodista kirchnerista HORACIO VERBITSKY, quien fue convocado por haber publicado en 1991 en Página 12 una nota sobre la represión de los obreros de SAIAR, con una investigación realizada un años después dela identificación de los restos del obrero Luis Jaramillo, desaparecido de esa fábrica en noviembre del ’76, visto en el CCD “Infierno”, inhumado como NN en el Cementerio de Avellaneda e identificado por el EAAF hace 30 años. Verbitsky señaló que para realizar la investigación consultó varios documentos y fuentes como ex trabajadores, la familia de Jaramillo y hasta un ex gerente de la empresa. Dijo que la nota destacaba que tanto Jaramillo como la familia de Federico Zorraquín, socia del grupo Garovaglio y juntos impulsores locales de la firma norteamericana Rheem, eran de origen chileno. Pero que el verdadero paralelo en la nota fue entre la represión dictatorial y la producción de cambios de fondo en proceso económico argentino.

Sobre Jaramillo el periodista realizó una semblanza al afirmar que “no era delegado ni militante político, pero tenía mucha influencia en sus compañeros. Era una persona muy formada, muy culta, estudiaba relojería, medicina y música. Él tenía más de 40 años y su sector los trabajadores eran mucho más jóvenes. Se preocupaba mucho por defender la dignidad de los trabajadores ante las políticas de la empresa”. Destacó que “trabajaba en lugar de ensamble de 2 líneas de producción distintas y se quejaba del ritmo, y que si no se bajaba el ritmo había riesgo de mal ensamble y que los termo tanques fueran defectuosos. Por eso enfureció al gerente Martínez Riviere y fue otro de los despedidos”. Los secuestros de operarios de SAIAR comenzaron en mayo del ’76 y continuaron durante todo el año. Las mayoría de las detenciones ilegales se produjeron en un edificio que la fábrica había destinado a los obreros, ubicado en Corrientes y Urquiza, Quilmes.

En su testimonial en Juicio por la Verdad de junio de 2003 el sobreviviente y ex operario de SAIAR Raúl Horacio Codesal reconoció al teniente coronel Guillermo Antonio Minicucci –por entonces ya fallecido- como uno de sus torturadores en el centro clandestino “El Banco” en junio del ’76 y como uno de los militares que frecuentemente concurrían a la fábrica para reunirse con el gerente general de relaciones laborales, Juan Manuel Martínez Riviere. Minicucci es un represor distinto al imputado en esta causa Federico Minicucci, teniente coronel jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada entre octubre del ‘75 y diciembre del ’77, que en ese caso está procesado por más de 200 secuestros y tormentos, 4 homicidios, 2 violaciones y 5 apropiaciones ourridos en el “Pozo de Banfield”. Aun así la presencia de Guillermo Minicucci en las instalaciones de SAIAR viene a confirmar el aceitado esquema represivo que se vivía en las plantas fabriles en dictadura y reafirma la total connivencia de los empresarios líderes del país con el genocidio.

“El día del golpe el Ejército ingresó en SAIAR. Los militares estuvieron reunidos con Martínez Riviere. El jefe era rubio, de ojos celestes. Fue el que luego me hizo las preguntas en la sala de torturas (en la picana). Lo vi desde abajo de la bolsa que tenía en la cabeza, lo reconocí entre el humo y reconocí su voz, mientras yo estaba atado de pies y manos. Si tuviéramos una foto les digo: ‘es ese'”, dijo Codesal en 2003 ante los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo, que le hicieron exhibir el álbum de fotos de represores. “¡Así se llamaba. Ya va a pagar!”, gritó el sobreviviente al ver la foto de Minicucci, sindicado en el libro “Culpables para la sociedad” como el jefe del centro clandestino “El Banco”.

Sobre el gerente Juan Manuel Martínez Riviere, Codesal dijo que era “un personaje ejemplar de SAIAR. Fue contratado seis meses antes del golpe para destrozar y perseguir. Quería que hiciéramos la vista gorda a las malas condiciones laborales. Como nos negamos, comenzó la persecución”.

Codesal fue secuestrado en su casa de Quilmes en junio del ’76, fue llevado a la Brigada de Quilmes unas horas, luego al “Pozo de Banfield” por dos semanas, luego 3 días en “El Banco” y de regreso a Banfield hasta mediados de julio de aquel año. Luego pasó por la comisaría 2° de Lanús hasta fin de agosto del ’76, a Devoto y a la Unidad 9 hasta mayo del ‘79. Allí fue interrogado “ideológicamente” por el coronel Carlos Sánchez Toranzo. En la cárcel, Codesal firmó la renuncia a SAIAR porque, según afirmó ante la Cámara Federal platense “le dijeron a mi esposa que lo hiciera”.
Minicucci actuó bajo el apodo de “Rolando”, en los ’80 estuvo procesado por más de 105 delitos y fue amnistiado con las leyes de impunidad. Según Verbitsky “dirigió la represión en la fábrica. Era un hombre especializado en la racionalización de personal, lo había hecho antes y lo hizo después en otras empresas. Después de la dictadura la empresa lo sacó del país ante las denuncias que comenzaron a circular sobre su accionar”. El periodista del Cohete a la Luna señaló que tanto el militar como la gerencia amenazaban a los trabajadores hasta límites y recordó el episodio con un obrero italiano al cual Martínez Riviere llamó para exigirle “se corta la barba”, y aunque el trabajador cumplió la coacción lo despidió igual.

Verbistky contó que pudo entrevistar al gerente de la fábrica, al que curiosamente definió como “una personalidad escindida, un hombre de dos mundos, porque era un gerente muy comprometido con la política de la empresa, pero a la vez con mucha simpatía por mundo laboral”. Agregó que le contó que en el año ’75 se hizo una reunión entre un grupo de empresarios bonaerense citado en la sede del Comando del Ejército y en una sala con mesa grande y luces bajas, donde los militares pidieron que se les suministraran datos para la represión. Allí se acordó que cada empresa entregaría al área y zona represivas datos de los principales activistas gremiales.

Además el periodista analizó que si bien el despido era por entonces una medida arbitraria, en verdad se usaba para encubrir el secuestro de la persona y la captura del botín de guerra: citaban a los trabajadores despedidos a la empresa para cobrar el cheque y lo llevaban a ser secuestrado. Fue lo que sucedió con Jaramillo, a quien siguieron autos operativos desde la fábrica que luego lo secuestraron. Cuando familia averiguaba le decían “ya cobró” y se robaban la indemnización. “Así funcionó el sistema con complicidad activa de la empresa”, dijo Verbitsky.

Preguntado sobre otros detalles de su investigación, Verbistky dijo no recordar mucho más y se remitió al texto original de la nota. El artículo sobre los crímenes de Saiar, titulado “Vale todo”, fue publicado en Página 12 el 5 de mayo de 1991, y 29 años después recién se comienzan a desentrañar los delitos del grupo Garovaglio – Zorraquín que por los favores ofrecidos a la dictadura recibió 340 millones de dólares, y fue el décimo responsable del endeudamiento externo privado” durante los años de plomo.

La cueva de la CNV

La audiencia continuó con una extensa y esmerada exposición del historiador BRUNO NÁPOLI, autor del volumen “La dictadura del Capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil”, en conjunto con Celeste Perosino y Walter Bosisio. El especialista ayudó a comprender la trama que hubo detrás de la represión financiera desplegada por la dictadura militar con el secuestro y torturas a 143 empresarios y financistas que fueron desapoderados de sus bienes, 11 de los cuales se encuentran desaparecidos.

Varios de ellos son caso en este debate por haber sido confinados en los CCD de las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús-Avellaneda, como ser Martín Aberg Cobo, Ricardo Bertoldi, Gustavo Caraballo, Alberto José Choren, Oscar Corradini, Ernesto De Estrada, Rodolfo Deza, Juan Ricardo Elizondo, Silvia Fanjul, Lidia Gesualdi, Juan Graiver, Flora Gurevich, los hermanos Rodolfo, Alejandro y Carlos Iaccarino, Rafael Ianover, Juan María Magdalena Juan de Troncelliti, Eduardo Kimlat, Lidia Papaleo, Luis y Benjamín Taub y Valentín Surpín. Todos ellos fueron sobrevivientes, salvo el caso de Juan Elizondo que fue asesinado en cautiverio en el “Pozo de Banfield” en febrero del ’78.

Nápoli señaló que su trabajo se centró en investigar sobre el paralelo que existe entre las leyes económicas y las leyes de seguridad nacional, elemento que estableció las pautas de la represión política en nuestro país en los últimos 50 años. Así destacó un informe de la Comisión Nacional de Valores sobre sistema financiero en dictadura, al que definió como una temática que tardó mucho en estudiarse como materia específica y agregó que “a veces uno se pregunta por qué no se conoció antes este archivo habiendo tantas menciones del sistema financiero y de la Comisión de Valores. Y bueno, sigue siendo algo poco conocido en Argentina”. Contó que en 2011 el economista y ex presidente de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central, Alejandro Vanoli, creó una oficina para estudiar el archivo de la institución y su fruto fue un libro que se publicó en 2013 bajo el título “Economía, política y sistema financiero. La última dictadura cívico.militar en la CNV” (dedicado a la memoria de Gustavo Cortiñas, hijo de Nora Morales), que puede verse en https://apm.gov.ar/periplosdememorias/materiales/1-4/Documentos/EconomiPoliticaySistemaFianciero/INFORME_ECONOMIA_POLITICA_Y_SISTEM_FINANCIERO-DDHH.pdf

La Comisión Nacional de Valores es un organismo autárquico creado bajo la dictadura de Onganía que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y es el encargado de la promoción, supervisión y control del mercado de capitales para supuestamente fomentar el federalismo, la transparencia y la sustentabilidad de ahorro hacia la inversión.  Lejos de esa tarea, según Nápoli en dictadura el organismo “se dedicó a aportar información precisa a las fuerzas represivas como la Policía Bancaria de la Federal o el Ejército para secuestrar o desapoderar a empresarios, banqueros y financistas”.

Uno de los cuerpos legales centrales en el esquema de represión económica fue la Ley de Actividades Subversivas, donde se establecía lo que se denominó “subversión económica”, uno de las bases formales para armar causas penales truchas a operadores del sistema financiero.

El centro del esquema represivo financiero fue Juan Alfredo Etchebarne, presidente de la CNV por siete años, que está procesado en una causa ante el TOF 5 de Caba y deberá ir a juicio próximamente. El civil logró posponer el inicio del debate unas 10 veces y está procesado junto a Raúl Guglieminetti por 28 secuestros y tormentos de integrantes de los grupos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (industria siderúrgica). Este último caso fue el que Nápoli desarrolló para mostrar la relación de la CNV con agentes represivos: allí la supuesta verificación contable de la empresa coincidió temporalmente con intercambios de información entre la Comisión y el Ejército, que posibilitaron el secuestro de casi treinta personas ligadas al grupo Grassi en septiembre de 1978. Esto lo relacionó con la intervención de la CNV en Campo de Mayo en noviembre del ’78, ya que se designaron peritos del organismo para trabajar asesorando a los interrogadores de esas personas secuestradas un mes antes.

Nápoli destacó la reestructuración que se dio en la CNV luego del golpe del ’76, lo que derivó en el control total de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones del organismo. Puntualizó que el ministro de economía de la dictadura José Alfredo Martinez de Hoz, era amigo de Etchebarne, y a la sazón presidente del Consejo Empresario Argentino y de la empresa siderúrgica ACINDAR de Villa Constitución, donde se practicó el genocidio desde el año ’74 en pleno tercer gobierno peronista y con la complicidad de la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica.

Así para Nápoli “la ocupación de los principales organismos financieros- Ministerio de economía, BCRA, BNA y CNV- es central para un plan sistemático de represión y de financiamiento de esa represión. Por esa razón, los funcionarios que dirigieron estas instituciones debían ser funcionales a esos objetivos”.

En el caso de la familia Taub, caso en la causa 13 del juicio a las Juntas en los ’80 y cuyas actividades en una casa de cambio no cotizaban en bolsa, en septiembre del ‘77 fueron secuestrados Luis Guillermo Taub y sus padres Flora Gurevich y Benjamín Froim Taub. Llevados primero dos semanas al “Pozo de Quilmes” y luego 5 meses al “Pozo de Banfield”, más un tiempo en el COT 1 de Martínez. Además se llevaron a los socios de la empresa como Surpin, Kimlat, Deza,  Juan da Troncheleti, Choren y empleados de seguridad de las financieras como Elizondo, Corradini y Horacio Carquio. La excusa de la tragedia que vivieron los Taub fue el supuesto manejo de dinero del movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, a raíz de que habían alojado en el hotel de su propiedad al senador uruguayo de izquierda exiliado Zelmar Michelini.

Nápoli ha sintetizado con maestría los orígenes de la legislación represiva y sus ribetes económico-ideológicos en su artículo de 2018 “Desaparición y Deuda”, que puede verse en https://www.elcohetealaluna.com/desaparicion-y-deuda/

Allí afirma que “desde que Argentina entró al FMI en 1956, nunca se retiró; y cada préstamo fue acompañado por la sanción de leyes represivas que multiplicaron, como los intereses contraídos, la cantidad de detenidos, secuestrados y desaparecidos por razones políticas. En 1958, ‘Plan de Austeridad y Sacrificio’ fue el nombre de estas medidas” en el gobierno de Frondizi. Luego “la primera medida del dictador Juan Carlos Onganía fue retomar las negociaciones. Para esto ordenó la casa: en octubre de 1966 sancionó el Decreto-Ley N°16.970, que reemplazaba al CONINTES; establecía represión de cualquier actividad ‘contraria al Estado’, castigando no solo a quien se rebelase contra los ‘intereses nacionales’, sino también a quien no colaborase en la identificación de los ‘delincuentes’, además de facultar a las Fuerzas Armadas para tomar cualquier propiedad y disponer de ella como centro de operaciones represivas, entre tantas otras atribuciones punitorias. A los seis meses y con el patio ordenado se destrabaron los préstamos stand-by con cláusulas de control por parte del Fondo Monetario hacia las cuentas públicas argentinas, más duras que las acordadas por Frondizi”.

El profesor Nápoli reconstruyó y presentó en Powerpoint el esquema de funcionarios de la CNV, con el Comando del Primer Cuerpo del Ejército en el centro, rodeado de los grupos económicos perseguidos e investigados en función de la famosa Ley 20.840 de “Subversión económica” sancionada en el tercer gobierno peronista.

Un hecho trascendente hasta hoy como consecuencia de la represión económica fue para Nápoli el aumento exponencial de la deuda externa, que a finales del ’83 rondaba los 45 mil millones de dólares, además del enriquecimiento de todos los grupos económicos aliados al poder militar: “gracias a este trabajo sistemático que hicieron, el sistema financiero tomar deuda en dólares y luego no devolverla, benefician a estos grupos económicos con los seguros de cambio”, sentenció el especialista.

Una reflexión final de la nota de Nápoli de 2018 ilustra casi inmejorablemente las consecuencias actuales, pese a la alternancia de gobiernos más o menos populistas y más o menos liberales, del proceso de secuestrar y matar para robar que puso en práctica la dictadura genocida: “(…) en estos 60 años los cuerpos sensibles al par mencionado, han soportado dos destinos excluyentes: la desaparición o la deuda. Y en la ‘segunda supervivencia’, los que no desaparecimos fuimos re-endeudados. La actual financierización de nuestros cuerpos (y por ende su novedosa politización) está dada en cada gesto cotidiano: la bancarización en todas sus formas, la compra electrónica, el préstamo personal inmediato, la carga en la SUBE como aporte a un fideicomiso del Banco Nación, la gestión crediticia —personal/prendaria/hipotecaria— duplicada en los dos últimos años, una expansión monetaria visible en los bancos (…) Aún hay dinero circulando en el sistema. Y esto no estalla cuando lo decidimos nosotros. Lo decide el capital. Y lo decide cuando los instrumentos financieros inventados no se condicen con el número de personas (número finito) para financierizar y las formas de la economía real”.