Patricia Isorni, la mamá de Franco Nicolás, recibió el 26 de agosto de 2020, en su casa, la visita de una comisión policial con la noticia de la muerte de su hijo de 23 años causada por un accidente en moto. Dos días después, un conocido suyo, compañero de trabajo durante 9 años en un área de personal civil de la policía provincial, le advirtió que comenzara a investigar porque habían borrado registros de cámaras correspondientes al sitio del presunto accidente. Fue el inicio de otra insoportable fuente de dolor: luchar contra un aparato judicial-policial-político que manipula evidencias, ampara a los efectivos señalados por recientes asesinatos de jóvenes y hostiga y persigue a los testigos que se atreven a hablar.
El miércoles 20 de enero, en la plaza Sarmiento de la ciudad de Santiago del Estero, se realizó una jornada de homenaje y de reclamo de justicia por los niños, niñas y jóvenes que, particularmente, durante los últimos años han sido asesinados, abusados o violentados por la policía provincial.
En casi todas las causas penales con efectivos señalados o imputados se repiten las mismas denuncias de familiares y amigos de las víctimas: manipulación de registros fílmicos, autopsias fraguadas, desidia fiscal y amenazas a testigos.
“Seguimos pidiendo la intervención del Poder Judicial de la Provincia y juicio político a los fiscales Érika Leguizamón, Vanina Aguilera y Mariano Gómez”, manifestaron desde el Comité de Lucha Contra la Injusticia e Impunidad durante la jornada de visibilización, que contó con una radio abierta, grupos de canto de folclore y de danzas.
Patricia Isorni es una de las madres fundadoras del Comité, que comenzó el año pasado con seis familias y que hoy exigen no sólo justicia por sus hijos sino también que “nunca más la muerte de un santiagueño quede impune”.
Durante la mañana del 26 de agosto del año pasado recibió la desgarradora noticia: su hijo Franco Nicolás, de 23 años, había sufrido un accidente con su moto durante la madrugada al llegar a una rotonda y su cuerpo había impactado contra un guardarraíl. Su confianza en la versión de los efectivos de la Comisaría 45, tal vez, le llegaba de sus 9 años como encargada de Sistemas Informáticos en la División Antecedentes Personales de la Policía.
Sin embargo, ese mediodía, cuando tuvo que ir a reconocer el cuerpo vio detalles extraños: “Mi hijo era como yo, no soportaba usar zapatillas sin medias pero allí no las tenía; el calzado no era el que llevaba; y vi lesiones en su rostro muy puntuales, localizadas que, al igual que un corte en su cuello, no parecían haber sido ocasionadas por un impacto contra el guardarraíl”.
Dos días después ocurrió el llamado de un excompañero de trabajo de Patricia alertándola sobre la manipulación de los archivos de cámaras de seguridad: “Me dijo que corría el rumor en la policía que a mi hijo lo habían matado y que habían adulterado los registros fílmicos mediante la superposición de imágenes. A partir de allí comenzamos a investigar y a luchar frente a la desidia y los obstáculos de la fiscalía interviniente que ni siquiera conocía lo que figuraba en el expediente”.
En efecto, la madre de Franco se comunicó con un amigo de su familia, especialista en hardware y cámaras de seguridad, quien la ayudó a estudiar el material que constaba en la causa. Allí detectaron que los 15 minutos previos al presunto accidente de Franco habían sido adulterados mediante la superposición de una secuencia anterior, ocurrida 48 horas antes.
Es tan explícita la desidia fiscal que las imágenes consignan fecha y hora de grabación, lo que hace evidente el salto temporal de la secuencia del 26 de agosto antes del supuesto choque del joven. De acuerdo al informe realizado por el especialista en hardware que acompaña a la madre, la adulteración no puede haber sido realizada de forma remota sino que alguien tuvo que ingresar a la central de Comunicaciones de la policía provincial, ubicada en la sede de Jefatura.
A partir de ese momento comenzaron a aparecer llamados telefónicos de testigos que habían escuchado disparos en las cercanías de la rotonda; que habían visto pasar patrulleros en persecución; que no hubo tal accidente de moto. Una de las testigos recibió las amenazas directamente en su casa, por parte de policías que llegaron de uniforme: “Te vamos a tirar una garrafa encendida para que exploten todos”. Y no solo por el caso de Franco sino por al menos otros 5 crímenes ocurridos recientemente, las personas que aportan información reciben este tipo de advertencias.
Por otra parte, la autopsia realizada al cuerpo del joven se produjo, por orden irrevocable de la fiscal Érika Leguizamón, en el propio cementerio durante la inhumación con la participación del cuerpo forense del Ministerio Público Fiscal y bajo la advertencia de que “o es esto o no se hace”.
A la intemperie, sin material científico, sin respeto a la familia con su dolor y sin resguardo de las formalidades básicas de un procedimiento forense que hubiera resultado clave en el curso de la investigación, tal como lo señaló a Patricia Isorni la prestigiosa médica legista y cirujana Virginia Creimer, quien también actuará como perito de la querella.
La reconstrucción del supuesto accidente no fue más adecuado que la “autopsia”: la fiscal no permitió al abogado de Isorni realizar preguntas ni tomar fotografía o filmar. A Patricia no la dejaron hablar, y en un momento fue sacada del sitio por la policía quitando su derecho a participar del procedimiento como familiar de la víctima y como querellante.
Y la violencia institucional desmadrada tiene muchas otras expresiones en el caso de Franco Isorni: “Cuando fuimos a hablar con los vecinos de la rotonda, apareció la policía y sin disimulo los fue subiendo a los patrulleros. Un chico me llegó a decir: ‘Señora, la moto no estaba en el lugar del hecho, la trajeron del otro lado del paredón’, como que nunca hubiera pasado por allí mi hijo”, describe Patricia.
En su búsqueda de pruebas, la madre recibió la sugerencia de indagar sobre otros jóvenes que recientemente fueron asesinados en esa misma rotonda, o en localidades cercanas a la capital, y cuyas causas están plagadas de irregularidades, entre ellas la manipulación de cámaras de seguridad, la falta de imputación o procesamiento de los policías señalados, la pasividad de las mismas fiscalías intervinientes y las autopsias que “no abarcan ni 3 páginas cada una”.
El caso de Clara Bravo, de 19 años, embarazada al momento de su muerte, amiga de Franco Isorni, es uno de ellos: en noviembre pasado, en la localidad de Añatuya, fue víctima de una persecución policial mientras se trasladaba en moto y, de acuerdo a la versión oficial, habría sufrido un fatal accidente. Sin embargo, los padres de la joven detectaron, cuando fueron a reconocer el cuerpo, un orificio en la nuca que no quedó registrado en la autopsia ni tampoco el embarazo que cursaba la joven.
Durante los últimos años, Sergio Godoy, Leonardo Gallo y otros jóvenes de Santiago del Estero resultaron asesinados en circunstancias similares y sus familias, organizadas en el Comité de Lucha Contra la Injusticia e Impunidad, dedican sus horas para crear una estructura capaz de enfrentar a esta otra estructura policial-judicial-política en la que el elemento aglutinante sería la administración del narcotráfico regional.
“Con este Poder Judicial no podemos tener justicia. Existe una corrupción total en las fiscalías, en el cuerpo forense, en la policía, en los investigadores. Por eso planteamos que con esta justicia nunca tendremos justicia. Pedimos la intervención del Poder Judicial de la provincia y, mientras tanto, vamos a llevar todos estos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, describe Patricia.
“Este es un trabajo constante, tenemos días buenos, días malos, y sueño que mi hijo me habla, que vuelve. Todavía no puedo creer que Franco esté muerto. Han pasado 5 meses y cada día rezo a Dios para ponerme fuerte y no abandonar a mi hijo. Yo sé que descansa en paz pero necesito que tengas justicia y que yo tenga un poco de paz en mi corazón. Daría mi vida para que él esté aquí”, cerró.