Este jueves, luego de que la fiscal de juicio desistiera de la acusación, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Morón absolvió a Santiago Almirón y ordenó su inmediata libertad. Santiago estaba imputado por un homicidio durante un robo ocurrido el 27 de julio de 2018 y estuvo más de dos años en cárcel por un crimen que no cometió. Desde el principio la familia denunció que había sido víctima de una causa armada: un jefe de calle de la Policía Bonaerense que lo habría identificado a partir del testimonio de una persona de identidad reservada y realizando tareas de encubierto sin orden fiscal. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fue convocada como veedora del juicio. La Coordinadora contra la impunidad policial, que integra la Red de familiares, estuvo con la familia desde el principio.
“Estoy feliz porque voy a tener a mi hijo nuevamente conmigo, pero todavía siento el dolor de este tiempo, fue muy duro. En un primer momento nos sentimos solos, pero seguimos caminando, golpeando puertas y peleando para demostrar que era inocente, hoy la justicia nos dio la razón”, dice Stella Maris, la mamá de Santiago Almirón, pocas horas después de ser absuelto.
Este jueves, durante la segunda audiencia del debate oral y público, la fiscal de juicio Carolina Rodríguez reconoció que no había pruebas para incriminar a Santiago y desistió de la acusación. Luego de escuchar los alegatos, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Morón, integrado por Alejandro Rodríguez Rey, Diego Bonnano, Mariela Moralejo Rivera, dictó la absolución y ordenó la libertad inmediata de Almirón que estaba detenido desde el 30 de agosto de 2018.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, fue convocada como veedora del juicio por pedido del abogado defensor Alejandro Bois. Además, durante todos estos años, la Coordinadora contra la impunidad policial, que interviene en causas armadas y es una de las decenas de organizaciones que integran la Red de familiares de la CPM, estuvieron detrás del caso y acompañando a la familia.
“Nos encontramos frente un caso que reúne todos los componentes de una causa armada: una persona inocente, detenida sin razón, sin pruebas que sostuvieran ni la imputación y mucho menos la elevación a juicio. Una justicia selectiva y apurada para resolver un caso sin ningún tipo de sustento probatorio ni criterio jurídico. El comportamiento del fiscal de primera instancia debe revisarse, pero este caso expone una matriz que lo trasciende. Es cada vez más necesario que el rol del Ministerio Público Fiscal sea auditado; vemos con el caso de Úrsula Bahillo que eso forma parte incluso de un fuerte reclamo social”, expresaron desde el programa de Litigio Estratégico de la CPM, que realizó la veeduría de la audiencia del jueves.
Santiago Almirón estaba imputado por un homicidio durante un robo ocurrido el 27 de julio de 2018 en un local de comidas de Morón; desde el primer momento, la familia defendió su inocencia y denunció que se trataba de una causa armada. Durante las audiencias del juicio quedaron de manifiesto las enormes irregularidades en la investigación, que estuvo a cargo del fiscal Mario Alberto Ferrario.
Santiago fue vinculado al crimen fueron por un agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el jefe de calle Matías Barca. A los pocos días de ocurrido el hecho, el policía se presentó ante el fiscal y declaró que un testigo, que “prefirió mantener su identidad reservada”, indicó a Santiago y otro joven como responsables del hecho. Y que realizando “tareas de encubierto” consiguió conocer cuáles eran sus domicilios.
El fiscal Ferrario nunca ordenó a Barca que realizara tareas de encubierto, ni se molestó en llamar al testigo bajo “identidad reservada”; la sola declaración policial le bastó para ordenar los allanamientos.
Durante el allanamiento en la casa de Santiago, secuestraron una Pietro Beretta Storm 9mm, el arma reglamentaria de la hermana del joven, que era agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El 22 de agosto de 2018 se realiza la pericia balística de cotejo: los peritos oficiales concluyen que la vaina y el proyectil encontrados en el lugar del crimen fue disparada por el arma encontrada en el domicilio de los Almirón. Una semana después Santiago es detenido.
Sin embargo, los resultados de esa pericia fueron cuestionados de manera contundente y decisiva por el perito de parte, propuesto por el abogado de la familia Alejandro Bois. En un detallado informe, el Técnico superior en balística forense Omar Esteban Britez enuncia una larga cadena de errores e imprecisiones que echan por tierra la pericia ordenada por el fiscal.
En este informe, Britez detalla que los sobres que contenían el material para la pericia fueron recibidos ya abiertos. Además no se consignó si tenían alguna inscripción ni de quien era la rúbrica. Lo más grave, sostiene, es la falta total de la planilla de cadena de custodia de los elementos a analizar.
Los errores en la pericia son tan graves que, a modo de ejemplo, basta con citar uno: el nombre asignado al arma de fuego peritada no se corresponde con el del arma incautada. En el informe oficial, se coloca el nombre de “PISTOLA D.G.F.M-BROWNING CALIBRE 09X19 M.M”, cuando en los hechos se trata de una Pistola Pietro Beretta Storm 9mm. Es decir, un arma de distinta producción, distinto modelo y con distinto nombre.
Ninguna de esas irregularidades llamó la atención del fiscal que decidió, en su momento, elevar a juicio la investigación desestimando, a su vez, las muchas pruebas que sostenían la inocencia de Santiago.
El hecho ocurrió en una franja horario en la que Santiago estaba trabajando, su fisonomía no se condice con las declaraciones de los testigos del robo y asesinato: Las cuatro personas coinciden en que el autor del hecho tenía unos 30 años y medía aproximadamente 1,65 mts; Santiago mide más de 1,80 mts y en ese momento tenía 22 años.
Pero, además, no fue identificado por ninguno de los testigos en las cuatro ruedas de reconocimiento que se realizaron. Uno de ellos incluso afirmó que no era ninguna de esas personas, mientras que la dueña del local dijo que si bien no era ninguno de ellos, era parecido al número 2 de la rueda. Ese número 2 no solo no era Santiago Almirón sino que era una persona mucho más baja.
A pesar de todo, el fiscal defendió la versión del policía Barca y se negó a investigar cualquier otra hipótesis, incluso desestimó la sospecha que tenía la dueña del local, que podía tratarse del marido de una ex empleada, que la había amenazado en varias oportunidades.
Santiago estuvo imputado por un crimen con una expectativa de pena de prisión perpetua y detenido casi tres años por un crimen que no cometió. “La familia fue importante para sostener esta lucha, para estar pendientes de él, todos viajamos a verlo. Es muy duro, te marca económica y psicológicamente. Era levantarse todos los días pensando qué podemos hacer para llegar a su inocencia”, recuerda su mamá Stella Maris.
Durante el alegato de la defensa, luego de pedir la absolución, el abogado Alejandro Bois expresó: “La propia fiscal está asegurando que no hay elementos para condenar, no tendríamos que haber llegado a esta instancia y no lo hubiésemos hecho si se aceptaba el pedido de nulidad de la elevación a juicio que sostuvimos en su momento. Fueron casi tres años, nos hubiésemos ahorrado muchos recursos judiciales, pero fundamentalmente le hubiésemos ahorrado gastos y dolor a la familia y a Santiago. Se podría haber evitado si el fiscal de instrucción actuaba con criterio”.