En su visita a San Juan, el presidente volvió a hablar de “minería responsable”, cuando está en discusión un proyecto que funcionará sobre el glaciar El Potro, violentando la Ley de Glaciares. Además, envió un mensaje al gobernador de La Rioja para ver “cómo ayudan al desarrollo minero”. Las asambleas socioambientales rechazaron los dichos del presidente, recordaron el peligro que corren las fuentes de agua y la explotación para la exportación.
El presidente Alberto Fernández volvió a respaldar la megaminería y la gestión en materia ambiental de Sergio Uñac en San Juan. El mandatario visitó la provincia cuyana y se expresó en relación al proyecto minero Josemaría, al tiempo que tomó postura en la disputa sobre las regalías por el desarrollo de esa explotación que mantiene esa provincia con La Rioja. En este sentido, habló una de “minería responsable” y consideró que, si La Rioja quiere regalías por los proyectos mineros, “debe revisar su política crítica a la minería”. Asambleas de ambas provincias manifestaron su repudio por estos dichos.
Josemaría es el proyecto de megaminería con mayor avance en el país: se estima que comenzará a operar en 2022. Es gerenciado por la firma Josemaria Resource, subsidiaria de la firma canadiense Lundin. Está ubicado sobre la Reserva de Biósfera San Guillermo, un sitio de preservación declarado como tal en 1980, por la Unesco. En esta reserva hay una zona glacial que se alimenta el sistema acuífero de la zona. El proyecto se emplaza en el departamento Iglesia, a 410 kilómetros de la capital sanjuanina y a diez de la frontera con Chile. En él, se planifica explotar cobre, oro y plata. La mina es a cielo abierto y está a 4295 metros sobre el nivel del mar.
Lundin estima una producción de 2000 toneladas diarias de concentrado de cobre. De acuerdo a los trabajos de exploración, Josemaría cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre; 7 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata, que planea sacar por el puerto de Rosario directo a los mercados de Europa y Asia. La campaña de perforación inicial en la zona fue en 2004 y ya se realizaron diez en total.
Según el estudio de factibilidad hecho por la firma minera de capitales canadienses, Josemaría se trata de un “un proyecto rentable, con una rápida recuperación y bajo riesgo” en el que, a través de una explotación convencional a cielo abierto, se alimentará una planta de procesamiento con capacidad de tratar 152.000 toneladas de roca triturada por día durante 19 años. Cada año, Josemaría Resources espera llevarse del país 136,000 toneladas de cobre, 231,000 onzas de oro y 1, 164,000 onzas de plata.
El proyecto megaminero es impulsado por el Gobierno desde el inicio de su mandato, cuando el 16 de enero de 2020, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, fue recibido por el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. En aquel encuentro estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y directivos de la compañía canadiense Josemaría Resources del Grupo Lundin.
Una disputa con La Rioja por el proyecto Josemaría
La zona en que se ubica la mina Josemaría, en el límite entre San Juan y La Rioja, generó una polémica entre el gobierno de Sergio Uñac y el de Ricardo Quintela. Esto se debe a que la empresa utilizó rutas y caminos riojanos durante toda la etapa de exploración del emprendimiento, ya que no hay acceso directo del lado sanjuanino. Por este motivo, el gobierno de Quintela reclama un porcentaje de las regalías por el proyecto minero. “La Constitución dice que las provincias son dueñas de sus recursos naturales y el proyecto está en San Juan. No hay más que hablar”, se posicionó Fernández, según declaraciones realizadas a Diario de Cuyo.
Además, Fernández afirmó: “Soy un hombre del derecho y amo la Constitución, la cual es muy clara sobre los recursos naturales”. En el mismo sentido, dijo que “la minería tiene sentido cuando se explota responsablemente y con acuerdo social. El tema es llevarla adelante con responsabilidad política y acuerdo social, como se hace en San Juan. La Constitución es muy clara y no forcemos las interpretaciones”.
El presidente aprovechó el acto de gobierno para enviarle un mensaje al gobernador riojano: “Lo que tienen que ver los hermanos riojanos es analizar cómo ayudan al desarrollo minero porque, tal vez, puedan ganar algo y hasta puedan revisar su política, que ha sido constante de mucho tiempo, de ser críticos con la minería”.
“La riqueza de nuestros pueblos es preservar las fuentes de agua”
En diálogo con Tierra Viva, María Pía Silva, de la Asamblea de Chilecito en La Rioja, sostuvo: “Denunciamos el mensaje mafioso de Fernández al gobernador de La Rioja diciendo que si quiere obtener algún beneficio de las regalías mineras nuestra provincia debe revisar las políticas críticas hacia la minería”. “Nos parece lamentable porque es desconocer la decisión de los pueblos y una historia de lucha que se viene llevando hace más de 15 años. Venimos manifestando que no vamos a otorgarle licencia social a ningún tipo de emprendimiento minero, que no vamos a discutir regalías ni números porque la riqueza de nuestros pueblos es que las fuentes de agua estén preservadas”, valoró.
El argumento de preservar las fuentes de agua está relacionado con el hecho de que Josemaría se emplaza sobre el glaciar El Potro, en incumplimiento de la Ley Nacional de Glaciares. Dicha norma exhorta al Estado a defender zonas glaciares y periglaciares como fuente de agua dulce. El Potro abastece la cuenca hídrica de la zona, incluso la Laguna Brava, ubicada en suelo riojano. Además, el proyecto se ubica aguas arriba del río Blanco, que si bien nace en la provincia de San Juan, durante su recorrido ingresa a La Rioja. Las afectaciones hídricas superficiales, sub-superficiales y subterráneas de la cuenca del río Blanco podrían impactar en los sistemas hídricos de la provincia vecina.
Para Silva, el pedido del gobernador Quintela demuestra que “no está en discusión el modelo minero”. “Pelear por las regalías lo único que expresa es el apoyo a este modelo”, consideró. Además de la mina Josemaría, la asamblea riojana está luchando contra la instalación de la minera Tres Elementos S.A. Se trata de un proyecto de oro y cobalto ubicado en la localidad de Valle Hermoso, cerca del límite con Catamarca y en la misma zona que Famatina.
El proyecto Josemaría forma parte de un megaplan donde hay otros 22 proyectos mineros en el departamento Iglesia. “Josemaría es apenas el inicio de un gran plan que pretende convertir toda esa zona en zona de sacrificio”, alerta la activista. En enero pasado, el presidente ya había alentado al de La Rioja para que avance sobre los proyectos megamineros en el Famatina. Las asambleas le respondieron con una propuesta alternativa a la megaminería.
Sobre la utilización de los caminos riojanos, la empresa que explotará Josemaría manifestó en declaraciones de prensa que va a construir un camino en la jurisdicción de San Juan para no tener que pasar por La Rioja; los costos de esa obra serán descontados de las regalías. “Los sanjuaninos van a terminar pagando el camino que la empresa necesita para llegar al emprendimiento y lograr sus objetivos de explotación. Terminamos pagando para que se lleven los recursos”, cuestionó Silva.
La “opereta” para esquivar el debate de fondo sobre megaminería
Tanto para la Asamblea de Chilecito como para la Asamblea de Jáchal en San Juan, la discusión sobre el extractivismo minero cierra filas de un lado y del otro de la grieta. Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández apoyaron emprendimientos de este tipo. “En las últimas décadas, cada presidente que visita San Juan hace lo mismo: ratifica como política de estado la megaminería. Eso no es casualidad, es el fin de la grieta”, señalaron desde la Asamblea Jáchal no se Toca, a través de un comunicado tras la visita de Fernández.
“La actividad está claramente mal vista en todo el mundo, y eso tampoco es casualidad, es producto del saqueo, contaminación y destrucción que provoca. Pero los sucesivos gobernantes no lo ven, o no quieren verlo. Y tampoco quieren escuchar a quienes se lo quieren demostrar”, manifestaron.
Para las y los activistas de Jáchal, Fernández “se hizo parte de la opereta montada por las megamineras para distraer a la población con aquello de centrar la discusión en reclamos de derechos entre riojanos y sanjuaninos”. “En realidad lo que debiera discutirse es la naturaleza destructiva del proyecto y sus violaciones a la ley”, sostuvieron.
“Desde las asambleas venimos sosteniendo una consigna que es ‘gane quien gane, aquí no habrá minería’, porque entendemos que no hay grietas en este punto. A lo largo de los diferentes gobiernos, la política de defensa, legitimación y apoyo al modelo extractivista ha sido una política de continuidad”, insistió Silva.
“Los pasivos ambientales son de nosotros, pero los lingotes son ajenos”
En febrero, la firma de capitales canadienses presentó el informe de impacto ambiental de la mina que pretende poner en marcha sobre el glaciar El Potro. El gobierno de San Juan aún lo mantiene en análisis, aunque desde las asambleas descartan el perjuicio que generará el emprendimiento a la cuenca hídrica de la zona. Desde Chilecito denuncian que la empresa “no se apega en su presentación a la Ley de Glaciares”.
“Por otro lado, para las instancias de consulta pública que se deberían haber garantizado, no se consideró la legislación vigente de acceso a la información pública ambiental. Se dieron muy pocos días para el estudio del informe”, advierten. También señalan que no se tuvo en cuenta la legislación vigente en materia de derechos indígenas.
“Fernández habla de una minería y de una explotación responsable y con acuerdo social. Le respondemos que no hay minería y explotación responsable. Los ejemplos de la megaminería en nuestro país son nefastos en este sentido. Es desconocer no solo las resistencias que existen en las diferentes comunidades sino también los daños que provoca el modelo minero en las provincias”, responde Silva.
“La megaminería no es responsable, no es sustentable y no la queremos en nuestros territorios. Y cuando lo decimos somos criminalizados y judicializados, como ocurrió en Andalgalá“, enfatiza la asambleís riojana. Desde Jáchal, sostienen que, aunque Fernández “se declare enamorado de la Constitución”, ratifica “el segundo gran saqueo americano”.
“Algún día alguien parará esto y pedirá disculpas por el daño irreparable, seguiremos esperando. De la misma forma que esperamos que se haga justicia, con la verdad atada a nuestra lucha, cada vez más sedientos, y una enorme corporación enfrente”, esperan los asambleístas de Jáchal. “Los pasivos ambientales son de nosotros, pero los lingotes son ajenos”, sentencian.