Un amplio arco gremial, de organizaciones de abogados y referentes políticos se manifestó contra el avasallamiento del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a los derechos laborales.
Fotos: Nicolas Solo ((i))
El pasado jueves la alianza Juntos por el Cambio, cuyo jefe político en la Ciudad de Buenos Aires es el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, aprobó en la Legislatura porteña -la cual controla por completo- una ampliación de facultades según la cual el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se constituiría en tercera instancia en causas civiles, comerciales y laborales resueltas por tribunales nacionales, materias sobre las cuales los tribunales de CABA no tienen jurisdicción.
De inmediato se alzaron voces de un amplio arco judicial, gremial y político denunciando que la ley aprobada por la Legislatura es inconstitucional, dilatará y encarecerá todos los procesos judiciales y permitirá garantizar la impunidad al PRO y otros sectores de poder afines al contar con un tribunal acorde a sus intereses.
En este sentido, uno de los efectos de la reforma introducida por Juntos por el Cambio será que las causas laborales tengan una nueva instancia, previa a la extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que las sentencias que dicten jueces laborales nacionales sean revisadas por los ministros de “la Corte porteña”. La misma está integrada por personalidades pública y notoriamente ligadas a Juntos por el Cambio, incluyendo ex funcionarios de Mauricio Macri, que ya ha demostrado con varios fallos su parcialidad a favor de la alianza macrista, los grandes grupos económicos y contra los trabajadores.
“Se pretende que tan solo con una mayoría automática de la Legislatura porteña se viole la Constitución nacional”
La convocatoria en rechazo fue a las 11 de la mañana del miércoles ante la sede del Tribunal Superior de Justicia porteño, donde se montó un escenario en la calle Cerrito con una amplia participación de dirigentes sindicales, referentes de agrupaciones de abogados y políticos. Debajo del escenario una amplia militancia de gremios del ámbito judicial, de la Corriente Federal de Trabajadores, de la CTA de los Trabajadores junto a abogadas y abogadas de diferentes vertientes.
Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) denunciaron que “es inocultable la estrategia de los grandes grupos económicos que operan detrás y que se montan en la línea de un proyecto político que pretende eliminar derechos de los trabajadores, como ya se ha manifestado el Jefe Porteño Horacio Rodríguez Larreta, en contra de los derechos de los trabajadores de no verse privado del empleo injustamente. Ahora, avanzan para controlar también la decisiones judiciales del fuero especializado en derecho del trabajo, sometiendo al juez natural a una jurisdicción ajena y sin conocimiento del derecho laboral, pisoteando los derechos de las personas que trabajan, que judicializaron su reclamo, porque ya fueron avasallados y recurren a la justicia como última soga de vida”.
📷 Vanesa Siley –@Vsiley– desde la marcha al TSJ de CABA
▶️ “Para traspasar competencias hay que votar en el Congreso nacional una norma. Con una mayoría automática en la Legislatura se termina violando la Constitución. Se desprestigia a la política y al Poder Judicial”. pic.twitter.com/EYcPZ4PNnA
— Radio Gráfica 📻 ✒️ (@RadioGrafica893) October 6, 2021
Por su parte, una de las referentes gremiales convocantes, Vanesa Siley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Sitraju) y diputada nacional por el Frente de Todos, en declaraciones a Radio Gráfica denunció que “Horacio Rodríguez Larreta, después de ganar las elecciones en la Ciudad, envía un proyecto de Ley que viola absolutamente toda la Constitución Nacional, que viola la Ley Cafiero, no porque esté preestablecido que la Justicia nacional ordinaria no va a pasar a la CABA, sino porque no son los mecanismos. Hay que establecer un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo nacional y además de ello, para traspasar competencias, hay que votar en el Congreso nacional una norma”.
“Se pretende que tan solo con una mayoría automática de la Legislatura porteña se viole la Constitución nacional y se traspasen competencias desprestigiando a la política y al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló la referente judicial.