En abril de 2020 se desató un escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos por parte del ministerio de Desarrollo de la Nación, lo que derivó en la renuncia de 14 funcionarios del área, entre ellos Carlos Montaña, subsecretario de Asistencia Crítica y un histórico del peronismo en el área. La situación generó que se frenara la entrega de alimentos a los comedores comunitarios en plena pandemia y en la cresta de las restricciones a la circulación y al trabajo. El gobierno prometió transparentar la situación y para ello ubicó en el lugar a funcionarios ligados a los intendentes del conurbano, principalmente a Juan Zabaleta, quien asumiría al frente de la cartera social un año después. Con los cambios se fue regularizando la entrega tras varias semanas de parate y se amplió la licitación de compras de productos a distintas empresas. Tras una “luna de miel” de algunos meses, la situación volvió a empeorar y el desabastecimiento volvió a ser moneda corriente en los comedores comunitarios que organizan los movimientos sociales, principalmente los opositores.
Por Nicolás Salas, para ANRed.
El jueves de la semana pasada, las organizaciones pertenecientes a la “Unidad Piquetera” volvieron a la calle cortando los accesos a la capital y realizando bloqueos en los puentes de Puerto Madero. Uno de los motivos de la protesta fue la falta de entrega de alimentos o, en algunos casos, la crítica por mandar mayormente polenta y sémola por sobre otros productos de mayor necesidad para garantizar las ollas en los barrios populares.
“La pandemia triplicó la demanda de alimentos en comedores y es algo que el gobierno debe atender por la sensibilidad del asunto. De esa comida dependen cientos de miles de personas que si no vienen a nuestros comedores no comen. Venimos con varios reclamos al gobierno nacional, entre ellos la situación alimentaria. Todos los meses hay problemas pero en septiembre, por ejemplo en nuestro caso no nos entregaron en 11 bocas nacionales que tenemos y que abastecen a cientos de comedores. La verdad es que no nos explican el por qué de estos recortes que no venían sucediendo de manera tan abrupta como está ocurriendo en los últimos meses”, aseguró Damaris Rolón, vocera una militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), organización integrante de la Coordinadora por el Cambio Social (CCS).
En ese sentido, exigió que se implementen medidas urgentes: “Sí no están desviando la mercadería a los intendentes, y el problema es que las empresas no le están vendiendo al Estado lo que tienen que hacer es aplicar la ley de Abastecimiento y garantizar ante todo el derecho a la alimentación de millones de personas que no tienen para comer”.
En la misma tónica se refirió Eduardo Belliboni del Polo Obrero, que consideró “desde hace meses sistemáticamente el gobierno nacional y también los provinciales están incumpliendo con la asistencia los comedores populares”.
“La situación social se agrava día a día con motivo de las políticas oficiales que llevan adelante desde hace décadas todos los gobiernos. En los últimos 60 días antes de las elecciones de las PASO (la problemática) se profundizó con más de 70 días de atraso y no se recibió un solo kilogramo de alimento. Es una política discriminatoria que favorece a los punteros y que coloca a millones de personas en una situación de vulnerabilidad, por eso impulsamos los planes de lucha en unidad con decenas de organizaciones que peleamos por el trabajo, pero en la emergencia necesitamos la asistencia integral a los comedores, aumento en los programas sociales, así como su universalización”, aseguró a este medio el referente del PO.
En la actualidad, el faltante se concentra sobre los movimientos sociales opositores al gobierno, pero durante varios meses de la pandemia la problemática también afectó a las organizaciones oficialistas a las que se les pidió en voz baja un “esfuerzo” ante la crisis que atravesaba el Ministerio.
Cabe mencionar que el volumen que ha tomado el servicio que brindan los comedores comunitarios durante la pandemia y la crisis en curso ha crecido sustancialmente en los últimos años. Los datos que surgen del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM) aseguran la existencia de, al menos, 12.056 establecimientos barriales que brindan viandas y meriendas para más de 11 millones de personas. Asimismo, el último informe del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) unas 444.440 personas trabajan en comedores y merenderos comunitarios.
La situación viene exasperando a las organizaciones sociales, que no consideran azarosa la situación. Para muchas, principalmente las opositoras, no sería “extraño” que los kilos que faltan se estén derivando a los municipios para que los intendentes del PJ alimenten sus redes clientelares en el marco de la campaña electoral.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que para este año el entonces ministro Arroyo había asegurado que incrementaría las partidas para la compra, vía licitación, de alimentos para los comedores comunitarios. Es decir, creció el stock pero bajó la distribución, esa es la ecuación que no cierra en los movimientos sociales y que alimenta la conflictividad en la calle.