La Argentina es noticia en estos días por la reestructuración de su abultada deuda pública, unos 342.620 millones de dólares al tercer trimestre del 2021 (82,2% sobre el PBI), especialmente la que fuera contraída con tenedores privados, con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, organismo que desembolsó 45.000 millones de dólares en 2018, y cuyos vencimientos caían principalmente en 2022 y 2023, con evidente imposibilidad de cancelación. Esa insostenibilidad del cronograma de pagos significó que la actividad del Ministro de Economía se concentró, a más de dos años de asumido, en el proceso de renegociación. Primero con los privados, llevado adelante en simultaneidad con el proceso de la pandemia y su impacto regresivo con una caída del PBI del 9,9% durante 2020. Luego con el FMI, lo que se manifestará con nuevos desembolsos del organismo para cancelar los vencimientos hasta el pago total del préstamo del 2018, para lo cual se establecieron auditorias trimestrales del organismo para verificar la evolución económica local y la ratificación del plan de desembolsos. El acuerdo con el FMI habilita un nuevo cronograma de cancelación de unos 2.430 millones de dólares con el Club de París.
El país consolida así la hipoteca que define la lógica de acumulación del capitalismo local, en donde el trabajo social de la Argentina tiene destino en la reproducción del capital transnacional. El mecanismo de la deuda facilita la salida de divisas, obtenidas por saldo favorable de la balanza de pagos o ingresos por inversiones de riesgo o especulativas, potenciado una dinámica de acumulación global sostenida con la apropiación del excedente económico generado localmente. No se trata de un problema nuevo, ya que el crecimiento de la deuda pública, en moneda externa y local, se procesa en ascenso desde la reestructuración de la economía, del estado y de la sociedad desde el establecimiento del terrorismo de estado en 1976, hace 46 años. Los gobiernos constitucionales desde 1983 renegociaron la deuda, en una tendencia de ascenso, que transforma al mecanismo en una referencia estructural del funcionamiento del capitalismo local y su inserción subordinada a las tendencias de apropiación global del plusvalor.
La deuda constituye un dato relevante que condiciona la política económica en su conjunto. Así, el acuerdo con el FMI supone la disminución del déficit fiscal, escalonado hasta su eliminación hacia 2025. Ello implica un ajuste fiscal, especialmente en el gasto público, con previsión de menores ingresos populares, sean salarios, jubilaciones, o planes sociales de asistencia. Son cuestiones que limitan cualquier política de reducción sustancial de elevados índices de indigencia y de pobreza, superiores al 10% y al 40% respectivamente. También se restringe la capacidad de emisión monetaria sobre la confirmación de un diagnóstico coherente con el “mainstream” monetarista y liberal relativo a las causas de la elevada y prolongada inflación local.
Precios en alza
En efecto, la inflación en Argentina registra índices preocupantes de dos dígitos desde hace mucho tiempo, a contramano de una tendencia mundial de baja inflación en las últimas décadas. Es cierto que esa tendencia de control inflacionario global encontró límites luego del repunte económico del 2021, triplicando o cuadriplicando tasas de inflación reconocidas como “normales” en torno al 2%. EEUU con una inflación anualizada del 7,5% expresa la preocupación global del alza de precios y en consecuencia de las tasas de interés. Se agrava, especialmente con el encarecimiento en alimentos y energía, más aún con la situación actual de guerra en Europa, exacerbada con las sanciones desde Washington y sus asociados, tanto como las réplicas desde Rusia.
La inflación anualizada a febrero del 2022 en Argentina alcanza el 52,3% y una inflación esperada por consultoras, según el BCRA de 53,1% . Existen estimaciones superiores, especialmente si se agudizan los problemas de precios internacionales en la coyuntura de pandemia y guerra. Aun cuando mejoren las cotizaciones de las exportaciones primarias tradicionales, el impacto en precios del mercado interno es regresivo, agravado por ingresos populares deteriorados. Al mismo tiempo, ante el déficit energético y el alza del precio del petróleo, el resultado es profundamente regresivo, agravando las políticas de ajuste fiscal suscriptas en el acuerdo con el FMI, especialmente en aumento de las tarifas eléctricas. La suba de precios actúa como un mecanismo de distribución regresiva del ingreso, más aún cuando el mecanismo tributario local se asienta como principal fuente de recaudación en el Impuesto al Valor Agregado, el IVA, que incide en mayor medida en los sectores de menores ingresos.
En definitiva, la inflación es una manifestación de la lucha de clases en la apropiación del ingreso y el producto social del trabajo. Resulta verificable en el crecimiento de la desigualdad luego de la recuperación del 2021 respecto de la recesión del 2020, en el ámbito mundial y local. Lo primero que se recuperó fue la ganancia, en detrimento del conjunto de ingresos populares y del empleo. Incluso, la discriminación regresiva impacta en la menor capacidad de recomponer el empleo y los ingresos de las mujeres y diversidades. Son cometarios válidos en la economía mundial, a lo que debe sumarse la especificidad de las condiciones de la lucha de clases en la Argentina, que arrastra una disputa de años por estabilizar un bloque de poder que pueda estabilizar las luchas en su interior, y de este bloque con la resistencia popular y la búsqueda histórica de conformar una alternativa política a la lógica hegemónica de alternancia de partidos o coaliciones en el gobierno para administrar el capitalismo local.
Resistencias
El país tiene una larga trayectoria de organización sindical, social y territorial, que limita se consolide una lógica de acumulación liberalizadora, aun cuando la Argentina avanzó aceleradamente en procesos de privatizaciones del capital público y de desregulaciones en los 90 del siglo pasado. Ese proceso de luchas populares y las disputas en el poder constituyen elementos esenciales de la lucha de clases para entender la crisis del 2001, tanto como los procesos desarrollados en las últimas dos décadas. Nuevas coaliciones políticas disputan el gobierno local en este Siglo XXI, no sin matices políticos a destacr, aun cuando coinciden en los procesos de negociación y cancelación de las deudas públicas. Del mismo modo, el alza de los precios constituye un elemento común a todo el periodo, luego de la estabilización regresiva desplegada entre 1991-2001 con fuerte regresividad en la distribución del ingreso y la concentración de la riqueza.
La resistencia al acuerdo con el FMI acercó a la izquierda parlamentaria y extraparlamentaria, con amplísimas movilizaciones callejeras, que actuaron en las definiciones críticas asumidas al interior de la coalición de gobierno, con un bloque de diputados y senadores que se abstuvieron o votaron en contra el “entendimiento” con el organismo internacional. Es un dato de la realidad a considerar, ante la recurrencia de las auditorias trimestrales del FMI, que amenazan la potenciación del ajuste, condicionando las políticas públicas. Es previsible un aumento de la conflictividad social y elementos de crisis política. Será la dinámica del conflicto social de la organización popular la que puede limitar la efectividad de las políticas comprometidas con el acuerdo para el pago de la deuda, y en esa lógica de lucha y organización contra la carestía de la vida, puede emerger una propuesta política alternativa en contra de los mecanismos privilegiados de apropiación del excedente: la deuda y la inflación.
Resulta obvio que más allá de amos fenómenos, la cuestión es el orden capitalista, lo que nos lleva a pensar en procesos de confrontación local y global como desafíos históricos a sustentar desde el lado de las y los oprimidas/os y explotadas/os.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2022