La familia López pertenece a la comunidad Pluma Blanca, del pueblo Comechingón, y vive en esa zona hace décadas dedicándose a tareas del campo. Denuncian que un empresario tiene intereses inmobiliarios y extractivistas para esas tierras.
Escuchar el reporte de Vanesa Ozán desde Radio Pueblo de Dean Funes, Córdoba.
La Justicia de Córdoba emitió un pedido de desalojo a una familia campesina indígena que vive en tierras que rodean al río Chavascate, entre las localidades de Candonga y El Manzano, de la región de Sierras Chicas.
La familia López pertenece a la comunidad Pluma Blanca, del pueblo Comechingón, y vive en esa zona hace décadas dedicándose a tareas del campo, donde también abunda el monte nativo y se encontraron objetos y restos óseos de alto valor cultural y arqueológico.
“Carlos López, el nawan de la comunidad, nació ahí y su padre ya vivía ahí, igual que sus abuelos, que provenían de la zona. Viven de los animales que tienen, carnean, venden leña y hacen changas para vivir”, explicó Nélida Herrador, de la comunidad Indígena Chavascate de Villa Cerro Azul, que acompaña la resistencia de la familia.
Herrador dijo, en diálogo con Radio Pueblo, que se trata de “una familia descendiente de indígenas, campesinas, de origen humilde que no tiene acceso a recursos económicos” y que se encuentra en “una lucha totalmente desigual” contra los empresarios que quieren quedarse con esas tierras. “Lo que está en disputa es el territorio por una cuestión de intereses inmobiliarios y extractivistas”, señaló.
El principal señalado es el empresario Luis Ernesto Remonda, ex dueño del diario La Voz del interior, al que apuntan por haber manifestado intereses inmobiliarios y mineros en la zona, que se encuentra en litigio desde hace años.
Natalia Bilbao, abogada de la Comunidad Pluma Blanca, explicó que la Justicia no admitió la aplicación de la Ley 26.160 que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes”.
“La comunidad está tramitando su personería jurídica en el INAI y lo más seguro es que representantes de esa institución acompañen para dar cuenta de esta situación de que la aplicación de la ley es inexcusable”, resaltó.
Este jueves 21 habrá una nueva audiencia pública en los Tribunales de Jesús María. Comunidades indígenas y asambleas socioambientales convocan a una concentración para exigir la suspensión del desalojo a la Comunidad Pluma Blanca.
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