Ezequiel Moscoso, el tío de Katherine Moscoso, se reunió con Conte Grand en la Procuración de la Provincia acompañado por la directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM. Los familiares de la joven asesinada en Monte Hermoso en el 2015 aún buscan que la causa avance.
Por la cantidad de fiscales que fueron recusados la causa por el crimen de Katherine Moscoso salió del departamento judicial de Bahía Blanca y fue asignada al de Azul. Recién en ese momento se recabaron testimonios omitidos en las primeras instrucciones, tomando declaraciones ofrecidas por el particular damnificado. Luego la investigación volvió a detenerse a pesar de que esas medidas derivaron en la producción de más pruebas y abrieron líneas de deberían continuarse.
Con esta preocupación es que Ezequiel Moscoso se reunió con el Procurador a los fines de plantearle su preocupación y su reclamo de justicia, como ya había hecho en abril del 2020 cuando la familia de la víctima denunció a 21 personas, entre ellos fiscales, ex Instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Recién después de pasar por las UFI Nº 10 y N° 5 de Bahía Blanca, y por la UFI N° 3 de Tandil la causa llegó a la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional de Azul, a cargo de Ignacio Calonje, quien activó la toma de pruebas en un primer momento y luego volvió a dejar la instrucción sin movimientos desde un año a esta parte.
Suman siete los años de una investigación deficiente, lenta y plagada de irregularidades. Se perdieron pruebas, no se cumplió con el carácter reservado de algunos testigos, se siguieron pistas inverosímiles, amenazaron a testigos clave que no tienen protección alguna y se difundió información para generar confusión.
Frente a este panorama, incluso la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el organismo analice el encubrimiento judicial y la trama alrededor de la investigación del caso.