Catamarca: extractivismo minero y resistencias

 

Catamarca minera / río revuelto / acampar hasta que paren

El agua vale más que todo

El extractivismo avanza con furia provocando desastres ecológicos en provincias bien lejanas a la Ciudad de Buenos Aires. Con gobiernos provinciales y nacionales cada vez más convencidos de que la solución a la falta de inversiones y la escasez de divisas pasa por entregar los recursos naturales, las resistencias chocan contra el represivo poder corporativo y los propios límites de sus estrategias.

La plaza de Andalgalá (Catamarca) tiene el típico cartel de letras enormes destinado a las fotos de los turistas. Quien llega por primera vez en primavera, es probable que se asombre de la diversidad de colores que van de los verdes intensos a los violáceos espléndidos de los jacarandás. Semanas atrás esta misma plaza se pobló de gente que viajó desde otros territorios para acompañar la caminata N°664 y la resistencia a la megaminería en el festival Puentes de Agua, que reunió a músicos, activistas, organizaciones y personas autoconvocadas. 

En esta tierra donde los membrillos y duraznos aun crecen al sol,  en plena crisis hídrica, la historia cuenta que la Asamblea El Algarrobo nació hace trece años en la zona de Chaquiago para frenar el avance del proyecto Agua Rica. Pero en la línea de tiempo es necesario ir unos años atrás, cuando el yacimiento La Alumbrera abrió sus puertas en 1997, en el departamento de Belén, para extraer cobre, oro y molibdeno. Prometió llevar progreso y prosperidad a Catamarca pero en cambio les transformó el paisaje y les dejó serios problemas ambientales. La modificación del Código de Minería durante el menemismo puso en manos de las provincias la decisión sobre la titularidad de los derechos de dominio y posibilitó el ingreso de empresas privadas como socios accionarios. Al gobierno de la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán —Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)—, se le sumaron capitales extranjeros incentivados por los beneficios que el Estado argentino les brindaba, como una baja renta minera y estabilidad fiscal por treinta años.  

Más de veinticinco años después, la  provincia tiene record de pobreza e indigencia y se ubica cuarta en la media nacional según la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). 

A través del influyente medio local El Ancasti, se anunciaba en 2021 que en la primera etapa de exploración se iban a generar 50 nuevos puestos de trabajo en Andalgalá a través de empresas contratistas, sumado a jóvenes profesionales recibidos en la Universidad de Catamarca (UNCA), como geólogos y arqueólogos. La inversión en bienes, servicios y salarios, en aquella etapa sería más de 1300 millones de pesos para Catamarca. La proyección resulta ambiciosa. En una entrevista al ejecutivo de la canadiense Yamana, Nicolás Bareta, que realizó Ámbito y difundió InfoMara, se preve una inversión en construcción de u$s2.996 millones hasta el 2026 con más de 3.500 nuevos empleos y unos u$s1.098 millones más durante la explotación, con otras 1.000 personas fijas, con el objetivo de que el 90% del personal sea local. A nivel nacional llegaría a aportar el 23% del total exportado en 2027 y un 13% sostenido durante tres décadas. 

Los números difieren según las fuentes. En el libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina” (2011), de Voces Colectivas, cuenta que en 1993 la publicidad del Gobierno auspiciaba la creación de 10.000 puestos de trabajo para ocupación de mano de obra directa en la Minera Alumbrera y que durante la fase de construcción de la mina se crearon 4.000 puestos de trabajo, según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Pero un estudio de la Universidad Nacional de San Martín aclaraba que el empleo directo había sido de 831, 795 y 894 puestos de trabajo para los años 2000, 2001, y 2002 respectivamente. Y según la empresa, en el yacimiento minero trabajaban 1.800 empleados: 800 puestos de planta permanente y un promedio de 1.000 contratistas. Por lo tanto, la cantidad de empleados en el sector minería durante este período fue de apenas el 0,8 % (Censo Nacional 2001) del total de ocupados de la provincia de Catamarca.

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Los vecinos consultados reclaman que el proyecto avanza “sin licencia social” con la connivencia del gobierno provincial de Raúl Jalil, integrante del Frente para la Victoria, y que existe una “dictadura minera” capaz de acallar las críticas, comprar voluntades y usar la represión tanto de la policía provincial como del ejército, cuando todo lo demás falla. Así lo denuncia la periodista Ana Chayle. Desde la asamblea acusan al Estado como responsable del avasallamiento de los derechos humanos básicos, que contemplan el acceso a un ambiente sano y al agua que se ha transformado en un bien cada vez más escaso y contaminado por el uso de químicos y explosivos. En megaminería, el uso de millones de litros de agua es inevitable para transportar los minerales y lavar la roca. Minera Alumbrera tiene un permiso de extracción de agua de 1100 litros por segundo. Para la primera etapa del proyecto Agua Rica, conocido como MARA (Agua Rica-Alumbre) se autorizó a la empresa a utilizar 20.000 litros de agua del río Minas por día durante un año a cambio de un canon minero anual de $3650. 

El proyecto MARA es tres veces más grande que La Alumbrera y tiene a las empresas Yamana Gold, Glencore y Newmont como accionistas principales para la extracción de cobre, oro y plata. En su web se anuncia que “no necesita construir nueva infraestructura, lo cual lo hace único para su escala. No es necesario construir caminos, líneas eléctricas, tuberías o líneas de ferrocarril a diferencia de otros proyectos. Esto significa que hay mínimos impactos ambientales adicionales por este concepto y también menos riesgos para la ejecución y para las comunidades”. 

La afirmación es fácil de comprobar. En un ascenso al Cerro Aconquija que realizaron en octubre medios independientes, junto con vecinos del pueblo de Choya, pudieron tomar registro del estado de la obra: si bien el proyecto utiliza parte de la infraestructura de la Alumbrera, que concluyó sus actividades en 2018, la exploración y la explotación se haría sobre nuevo territorio en el mismo cerro, donde ya abrieron caminos, colocaron tranqueras, y sumaron presencia policial al campamento de la empresa en donde se encuentran los empleados del proyecto. El movimiento de las máquinas perforadoras en el cerro durante 2021 fue la alarma que generó revuelo en la población. Aun en aislamiento por pandemia, el conflicto abrió un nuevo capítulo a las protestas pacíficas de todos los sábados. La movilización del 10 de abril terminó con una oficina de Agua Rica incendiada, una zona liberada por varias horas, serias sospechas de la intervención de patotas pagas, allanamientos y una decena de detenciones “ilegítimas y arbitrarias” que incluyeron torturas denunciadas por los mismos vecinos. 

El 30 de mayo quedaron detenidos por desobediencia judicial y supuestas amenazas, Enzo Brizuela, miembro de la asamblea, que mantuvo durante 9 días una huelga de hambre en protesta por la irregularidad del proceso, mientras que Aldo Flores, de 73 años, tuvo que ser hospitalizado por sufrir un infarto en medio de su declaración indagatoria. Con cerca de cien vecinos judicializados, las denuncias y las causas también se acumulan a lo largo de los años. Desde la primera gran represión de 2010, que dio origen a las “caminatas por la vida”, con una histórica pueblada, el conflicto se dirime entre el ámbito legal y las fuerzas desparejas en los territorios.

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El Estado provincial anuncia con orgullo que “Catamarca minera” es una oportunidad de inversión. Así invita a explotar su “gran potencial geológico y depósitos de clase mundial”. Primer productor de litio del país con el proyecto Fénix, hay opciones para todos los gustos: minerales metalíferos, no metalíferos, rocas de aplicación y piedras como la rodocrosita que tiene su principal yacimiento en Minas Capillitas. El vínculo entre empresas, comunidades y Estado, que se muestra transparente en las redes, en realidad es el más cuestionado. Silvina Reguera, maestra y también parte del Algarrobo, denunció que la “pseudo consulta que realizó el Estado de Catamarca a la Población de Andalgalá consistió en que durante 15 minutos los vecinos y vecinas pudieran leer 2700 páginas de la Evaluación de Impacto Ambiental que el Ministerio de Minería de la Provincia realizó sobre el Informe de Impacto presentado por la Empresa Agua Rica para la etapa de exploración avanzada”. 

La abogada Mariana Katz, del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organización que desde 2006 acompaña a los vecinos de Andalgalá, corroboró y señaló las leyes que se están violando. Además del artículo 41 de la Constitución -el derecho a un ambiente sano- y la Ley General de Ambiente, 25.675, violentan la ley nacional de glaciares por encontrarse en zona periglaciar en los Nevados del Aconquija, según datos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2016 que hacía lugar al recurso de “Sergio Martínez y otros” contra Agua Rica LLC Suc. Argentina, después de dos acampes de vecinos y vecinas, acompañados por organizaciones sociales en la puerta del máximo tribunal en Buenos Aires. El fallo reconoce el derecho a un ambiente sano y determinaba la suspensión de las tareas. También se vulnera la Ordenanza 029/2016, producto de la lucha de la población, que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto o por galería en la cuenca alta del río Andalgalá. En 2020 el Estado provincial la declaró inconstitucional, a la vez que la empresa apeló esta ordenanza por violar su derecho a la libertad de las empresas. Esta última fue, a su vez, apelada por la municipalidad y el municipio de Andalgalá, por lo que se deberían suspender las obras hasta su resolución. 

La propuesta de Catamarca, con acuerdo explícito del Estado Nacional, es clara: la empresa minera estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, (CAMYEN), busca socios inversores para los emprendimientos mineros. El costo socioambiental se minimiza y se oculta, como denuncia la Asamblea de Fiambalá, que sucedió con  la empresa china Liex Zijin, cuya planta piloto fue clausurada el 1 de noviembre por la policía minera sin dar información oficial. 

Desde Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Agua Pucara) difundieron información sobre posibles irregularidades en el manejo de residuos químicos y en las normas de seguridad e higiene, mientras que sus habitantes han sufrido fiebre, vómitos y dolores musculares por agua contaminada. Como si esto fuera poco, la empresa tenía denuncias por condiciones de explotación y precariedad de sus trabajadores. 

El 9 de noviembre se realizó una exposición sobre la situación actual de la minería en la Cámara de Diputados de la Nación. Franco Mignacco, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, habló del potencial del país y describió algunos de los trece proyectos mineros en producción. Dijo que el país se encuentra en una “etapa de maduración”, siempre con Chile y Perú como norte en cuanto a la expansión de los proyectos. “Zona de sacrificio”, así llaman los habitantes afectados a Catamarca. La comunicación oficial de MARA es que se viene realizando una “exploración avanzada” para determinar en dónde se encuentran los metales a extraer, pero esos trabajos previos a la explotación también provocaron problemas de salud en el pueblo de Choya, a 20 kilómetros de Andalgalá, que se abastece del agua de los ríos del cerro Aconquija. En el mes de enero niños y adultos se vieron afectados por cólicos y diarrea. 

Raúl Barrionuevo, de 74 años, es uno de los vecinos más activos, su ceguera no le impide estar presente en cada movilización. Cuenta que al consultar por este problema en el hospital, una médica le recomendó que no tomara agua corriente ya que había varios casos como el suyo. El consejo coincidió con el inicio de los trabajos a 3500 msnm, cerca de las vertientes del río Choya. 

La respuesta fue poner el cuerpo para obstaculizar el paso del combustible, “un corte selectivo” que implicaba dejar pasar a los empleados pero impedir el progreso de las obras. Lo que les parecía una buena idea solo funcionó por un tiempo ya que el mismo procedimiento represivo se efectuó también en la altura.

Ximena Sinchicay es un joven activista de Choya, un pequeño pueblo de 400 habitantes en el departamento de Andalgalá. Allí pueden estar varios días sin agua: “Y si baja agua, no tenemos potable para consumir. Te genera ese malestar porque cuando baja, baja sucia. Antes, cuando no estaban los caminos esos, el agua bajaba en creciente de la lluvia y en dos días ya se aclaraba. Hoy en día tenemos el agua como un mes sucia y ahí viene roja de lo que mueven tanto, no se puede tomar, no te puedes bañar”. Entonces compran bidones, la hierven, pero no es suficiente. El emprendimiento se encargó de cubrir gran parte del canal de agua, también hicieron una galería filtrante, “como para tapar un poco todo lo que pueda bajar de arriba pero es innecesario porque los minerales pasan igual”. Cada vez hay menos vida en esa tierra. Porque antes donde había agua, había mosquitos, mariposas, animales. “Y si ves el Río Minas, ahí no hay. O bien porque se van o bien porque mueren”. 

El 7 de abril era su cumpleaños 25 y sabía que un grupo de chicos ya estaba en el cerro. En lugar de pasarlo con su familia, decidió ir con la asamblea Aguas Claras como un símbolo de apoyo al corte. El campamento fue una prueba, al principio no tenían nada pero empezaron a equiparse: colchones, lonas gruesas, alimentos, una bomba para el agua. Recibieron donaciones, solidaridad de otras regiones. En la altura todo se vuelve extremo. El viento, la temperatura: el sol que abrasa, el frío bajo cero por la noche. Cuando está escarchado, llueve o nieva, el ascenso se complica en la montaña. Algunos se han vuelto expertos en el manejo de los vehículos. Con la observación aprendieron los ciclos, el movimiento de los empleados. Cada quince días se produce un recambio, entonces se incrementa la cantidad de policías. Ahí es más factible que haya represión. 

Lo que sucedió el 3 de mayo quedó registrado, no solo en la memoria de los que estuvieron ahí, también en un vídeo que circuló en las redes y que fue filmado por la propia Ximena. Se puede ver a un grupo de policías frente a hombre que se les pone en frente y cae al suelo. Se trata de Raúl Barrionuevo. Los policías continúan con su marcha y alcanzan a pisotearlo. Ella les grita que paren. Poco tiempo después fue citada por el fiscal Martín Camps para declarar, acusada de haberle tirado piedras a los camiones. Con el objetivo de demostrar su inocencia les mostró que ella estaba filmando. Le retuvieron el celular y no se lo devolvieron más. Ese mismo fiscal está en la mira por haber ocupado su puesto sin haberse presentado a concurso ni cumplir con los requisitos para hacerlo. 

Choya contiene grietas como el cerro. 

—En el pueblo éramos muchos y ahora somos muy pocos, la minera abrió puestos de trabajo y fue triste porque mis compañeros se fueron por necesidad. Y los manipulan porque los hacen ir a reuniones, les sacan fotos, los hacen hablar, dicen que ya tienen licencia social. Es muy obvio el jueguito que están haciendo. 

Están los que se cruzan al otro lado, y los que permanecen callados. Los que antes compartían salidas y ahora no le hablan más. Ximena Sestudió enfermería pero no consigue trabajo, está marcada. Sabe que cuenta con la incondicionalidad de su familia, con su hermano que estudia abogacía y con su mamá que participa en las actividades de la Asamblea de Choya. Alguna vez esa madre bajó del cerro para el pueblo, para formar una familia. Hoy le toca a Ximena hacer el movimiento contrario y subir al cerro para defenderlo. “A mí me expusieron muchísimo y me costó un montón, pero ahora no. Sé que tengo que ser cautelosa, pero no callarme, porque eso es lo que ellos quieren, callarnos, y eso hace también que a la otra persona no le llegue lo que nosotros pasamos. Si yo no subo y si yo no documento a nadie, no van a ver lo que pasa”. 

Los atentados sistemáticos pretenden quitarles la fuerza de la resistencia, tanto abajo como arriba del cerro. Antes del festival Puentes de Agua, cuando ellos no estaban, les robaron lo que tenían en el campamento. 

—Nos sacaron todo lo que medianamente nos tapaba del viento y de la lluvia. No subió más nadie, es mejor para no exponerlos, cuando yo los llamo y les digo “¿no viste?”. Para rompernos, para robarnos todos se necesitaban camionetas, porque eran dos tachos de agua, los techos eran lonas de camión pesadas; las tenían que sacar porque estaban bien atadas, porque no se volaba por el viento. Nos sacaron hasta hornos que teníamos de latas grandes. Eso lo tenías que hacer en camioneta y varios viajes. ¿Me vas a decir que no viste nada? 

Como en el cuento de los cerditos, la idea es construir un lugar mejor, más fuerte, más resistente. 

—Creo que es mucha convicción y amar tus raíces, esto es tierra. O sea, no te puede comprar nada. Es nuestro territorio, ahí me parieron, ahí crecí, ¿Cómo puede venir una empresa multinacional que ni siquiera entiende de cultura. No sé, un amanecer en Choya, un verano en Choya, meter los pies en el canal, ¿quién entiende? Y tengo que entregarle a mi pueblo. Es mucho.