La Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus colectivo al conocer que en la comisaría sexta de Quilmes decenas de mujeres se encontraban hacinadas y sin acceso a la salud ni condiciones mínimas de habitabilidad. Entre ellas había dos mujeres embarazadas y otra con diagnóstico de cáncer de mama, pese a la prohibición expresa de alojamiento de estas poblaciones en comisarías. Cuando podía alojar personas tenía capacidad física para 8 personas. La justicia hizo lugar al trámite y pidió informes que respondieron de la misma dependencia policial confirmando los hechos denunciados. En abril de este año el porcentaje de sobrepoblación en comisarías ascendía a 234%.
La comisaría sexta de Ezpeleta, Quilmes, está clausurada judicial y administrativamente. Esto quiere decir que tanto la justicia como el Ministerio de Seguridad de la Provincia dispusieron que no puede alojarse personas en ese lugar por las malas condiciones en que se encuentra. Sin embargo, en la última semana la Comisión Provincial por la Memoria recibió una serie de denuncias en el marco de sus tareas como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura a partir de las cuales pudo constatar que había 30 mujeres detenidas en el lugar, en un espacio que cuando estaba habilitado sólo tenia capacidad para 8.
El organismo presentó inmediatamente un habeas corpus colectivo y la justicia ordenó que las detenidas sean redistribuidas de inmediato en calabozos de otras dependencias policiales o bien en alcaidías o unidades del Servicio Penitenciario. Como parte del trámite se pidió un informe a la comisaría y desde la misma dependencia se confirmaron las graves vulneraciones a los derechos de las mujeres allí alojadas.
El informe policial describe que la comisaría sólo cuenta con 4 celdas con 2 camastros cada una, cuatro baños y que los calabozos no tienen conexión de agua caliente. Menciona problemas eléctricos, de agua y de cloacas que se desbordan con olor fétido, y agrega que “la sobrepoblación de las celdas que componen los calabozos genera la carencia de exposición a la luz solar y la apropiada ventilación, como así también la imposibilidad de las internas de movilizarse en su interior”.
La misma situación había sido descripta por la CPM en el habeas corpus, donde señaló que las condiciones de detención implicaban un riesgo para la integridad y la vida: la mayoría de las mujeres detenidas dormían sobre frazadas en los pasillos por falta de espacio en las celdas, y no todas tienen colchones. Además señalaron que el suelo donde deben acostarse está húmedo ya que se encuentra permanentemente mojado por las pérdidas de agua y falta de mantenimiento. Dos de las mujeres en esas condiciones están embarazadas y una tercera con diagnóstico de cáncer de mama. Ellas, y todas, están sin acceso a ningún tipo de atención médica, sin poder alimentarse adecuadamente ya que no tienen permitido ingresar elementos para cocinar ni cómo mantener los alimentos refrigerados, ni acceso al agua potable.
En la resolución del Tribunal en lo Criminal 2 de Quilmes se define la situación de las detenidas como “insostenible”. “Tanto la superpoblación, como la insuficiencia de colchones, de espacio físico, la falta de acceso de las internas a agua caliente y a condiciones mínimas de salubridad, son razones más que suficientes para considerar violados la Constitución Nacional, y las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, detalla.
Según los datos difundidos por la CPM en su sitio web Datos abiertos, en base a partes oficiales de población detenida, del total de comisarías con personas detenidas solo el 51% tiene calabozos habilitados para alojar personas. Esto sucede a pesar de que en octubre del 2020 la justicia bonaerense condenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia a proceder al traslado inmediato de las personas privadas de su libertad que alojadas en dependencias policiales inhabilitadas o clausuradas y reiteró la prohibición de alojamiento de jóvenes y enfermos en el ámbito de las comisarías haciendo extensiva la medida a mujeres embarazadas. De acuerdo a Datos Abiertos, entre 2016 y 2020, 2.725 personas -en promedio- han estado detenidas pese a no tener ni siquiera lugar para dormir.