Se conocieron este sábado los anuncios del Gobierno sobre el cierre de paritarias con la Intergremial Docente, sin embargo, continuaron los reclamos, y según se conoció desde la Asamblea de los Docentes Autoconvocados la negociación a la que arribaron los gremios fue rechazada.
Boletín de informaciones educativas actualizado al 28.5.2023
Las y los docentes autoconvocados de Salta rechazan el acuerdo salarial pactado a sus espaldas
Por Mario Hernandez.
El punto que generó mayor malestar fue el anuncio de los descuentos por los días no trabajados por parte del Gobierno provincial.
Las manifestaciones comenzaron durante la noche del jueves y se extendieron durante la jornada del viernes tanto en la ciudad de Salta como en otros puntos del interior, con un acampe incluido insistiendo en el diálogo con autoridades, más allá de las reiteradas aclaratorias del Gobierno, sobre la falta de legitimidad de los autoconvocados para formar parte de las negociaciones paritarias.
Cabe recordar que, en ese contexto, también reclamaron por los violentos episodios del jueves 25 de mayo en el acceso este a la ciudad que cobró como saldo, la detención de 19 docentes, que finalmente fueron liberados.
Al respecto, desde la oficina de prensa del Ministerio Público Fiscal informaron que el fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, imputó provisionalmente por la presunta comisión del delito de entorpecimiento de las vías de transporte y desobediencia judicial, en concurso real, en el marco de los arts. 194 y 239 en función del 55 del Código Penal a 19 personas que protagonizaron incidentes en el acceso a la ciudad de Salta. No obstante, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 1, la libertad con medidas sustitutivas para los imputados.
Según prosigue la información oficial, “un grupo de personas desoyó las instrucciones y el apercibimiento de la Jueza de Garantías 1, Ada Zunino, y comenzó a quemar neumáticos, persistiendo en su intento de avanzar y obstruir nuevamente el libre tránsito de los vehículos en la ruta, a pesar de los reiterados llamados a cesar su actitud”.
Frente a la información oficial, desde el sector de los Autoconvocados docentes insistieron en que se encontraban a la vera de la ruta, y en que no tenían intenciones de obstruir la ruta, tomando intervención en el reclamo inclusive, el Comité para la Prevención de la Tortura, que puso un abogado a disposición de los detenidos.
Asimismo, la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, informó que se produjo la detención de un hombre de 45 años quien, durante la tarde del viernes, cuando conducía su automóvil, agredió a un grupo de docentes que se manifestaba en la intersección de rutas nacionales 68 y 40.
Según consta en las actuaciones, pese a la advertencia de personal policial que se encontraba apostado en el lugar, el conductor intentó sobrepasar a los manifestantes y arremetió contra el grupo humano, hiriendo a tres maestras.
Aumento del 34% y un bono de $ 60.000
Los ministros Ricardo Villada, Roberto Dib Ashur y Matías Cánepa anunciaron que alcanzaron un acuerdo para la suba de salarios por los próximos tres meses.
“Hace unos años, cuando iniciamos la gestión, el gobernador nos encomendó que los sueldos de los trabajadores del Estado no pierdan contra la inflación”, aseguró el ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur.
De este modo se anunció un incremento escalonado que será distribuido de la siguiente manera: 12% en mayo, 11% en junio y 11% en julio. Además, se otorgará un bono de $60.000 dividido en dos partes: $30.000 en junio y $30.000 en julio y alcanza a toda la administración pública provincial. Además, el básico de alguien que recién inicia será paritado a nivel nacional, y depende de esos números de referencia para definir su valor. Actualmente es de $137.000.
Asimismo, se confirmaron los descuentos por días no trabajados: “eso marca la ley, y queda claro que habilitamos el diálogo por todas las vías que corresponden”, remarcó Villada.
En cuanto a la aceptación o no por parte de la disidencia docente: “escuchamos a todos los sectores docentes”, aseguró el ministro de Educación y reivindicó el trabajo de la mesa paritaria. “Se puede entender el reclamo, pero también están los derechos a recibir educación y salud”, señaló Cánepa
Repudio
Tanto las represiones del miércoles como la del jueves, fueron repudiadas por un gran arco político y sindical a nivel nacional. Además, decenas de escuelas, colegios e incluso la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) se negaron a participar de los actos conmemorativos del 25 de mayo, por lo que el gobernador tuvo que suspender los mismos.
Con tres semanas de conflicto, docentes y trabajadores de la Salud han sufrido dos represiones en dos días. La policía actuó disparando balas de goma y gases lacrimógenos el miércoles y jueves para disolver un corte de ruta en el ingreso de Salta zona norte, ex peaje de AUNOR.
Actuaron unos 300 policías y personal de Infantería con armas de fuego y escudos golpearon, detuvieron y corrieron a los trabajadores convocados desde tempranas horas. El día anterior la protesta también había sido reprimida en el mismo lugar y con una metodología parecida.
Los trabajadores de la Educación dicen que desde el gobierno de Sáenz «no quiere escuchar sus pedidos y en ninguna de las reuniones de negociación quisieron acordar paritarias, advirtiendo que si seguían con cortes habría descuentos».
Un conjunto de organismos de Derechos Humanos de la provincia repudió el trato contra la protesta. La Mesa de Derechos Humanos de Salta integrada por: “Comisión de Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y gremiales”, “Asociación de DDHH Lucrecia Barquet”, “Asociación de DDHH Coca Gallardo”, “H.I.J.O.S. Salta en la Red Nacional”, expresó «su repudio a la represión y detenciones sufridas por lxs trabajadores de la salud y educación, que se encontraban ejerciendo su legítimo derecho a protestar y a reclamar por salarios dignos. Nos solidarizamos con ellxs y exigimos la Inmediata liberación de lxs detenidxs, una solución real por parte del Gobierno de Gustavo Sáenz, a quien responsabilizamos por la integridad de lxs mismxs, como así también la derogación del Decreto 91/23 que atenta contra derechos respaldados en nuestra Constitución Nacional».
En la noche del jueves, las protestas exigiendo la libertad tras la represión brutal de Sáenz y la jueza Ada Zunino tuvieron tres puntos de concentración. La más importante fue en la Alcaidía de Ciudad Judicial, hasta horas de la madrugada.
Desde las primeras horas del viernes, cientos de docentes y organizaciones solidarias se fueron concentrando en las puertas de Ciudad Judicial a la espera de que los manifestantes declararan ante la Jueza Ada Zunino, quien dio la orden de detención por “desobediencia a la justicia”.
El llamado a concurrir a Ciudad Judicial, tanto a docentes como a las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y políticas fue de vital importancia porque restaba saber si la cuestionada jueza Zunino, ligada al encubrimiento del poder político y judicial y con antecedentes represivos, determinaría o no la continuidad de las detenciones.
Además, familias de la escuela pública se concentraban en la Plaza 9 de Julio.
La brutal represión desatada en la tarde del jueves dejó maestras desmayadas a la vera de la ruta, incluyó una cacería contra las y los trabajadores de la educación con corridas y detenciones hasta el cementerio de la Divina Misericordia. Pero, como cantan en las calles y cortes las combativas maestras salteñas “la docencia no baja las banderas”, continúa la lucha y multiplica la unidad en las calles contra la intransigencia del gobierno provincial y contra la entrega de la dirigencia sindical burocrática, mostrando un ejemplo de cómo enfrentar el ajuste que los gobiernos descargan sobre el conjunto de la clase trabajadora, vía inflación y tarifazos, siguiendo los designios del FMI.
Larreta y Acuña se mostraron junto a la directora denunciada por golpear estudiantes
Por Martín Suárez
Se trata de quien comanda el equipo de conducción de la Escuela la Banderita de Retiro que tiene varias denuncias penales por violencia física y psicológica contra alumnos y alumnas.
Una vez debe ser casualidad, dos, hasta podría pensarse que es una coincidencia, pero tres encuentros con una persona denunciada en la justicia por golpear, insultar y agredir psicológicamente a estudiantes y docentes, ya es una decisión concreta. Una vez más, la ministra Soledad Acuña y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, utilizaron como escenario electoral a la Escuela Primaria N° 25 DE 1 «La Banderita» de Retiro. Esta vez para presentar “las mejoras en lectura y comprensión de textos en las escuelas” que, según datos oficiales, los resultados fueron positivos en el 70% de los alumnos que participaron. Allí, el jefe de gobierno, estuvo acompañado por la ministra de Educación; el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff; el diputado Maximiliano Ferraro; y la polémica directora de la escuela, Mónica Casalini que cuenta con varias denuncias por agresión física a estudiantes.
En la misma jornada que se difundió un relevamiento que confirmó que la Ciudad es el distrito que menor presupuesto invierte en educación, el ejecutivo porteño organizó una rueda de prensa para presentar los resultados del “programa de Fluidez y Comprensión Lectora. Más allá de esta nueva movida mediática, lo grave fue el lugar elegido para anunciar las cifras oficiales de la cartera educativa. El plano de la transmisión oficial y el vestuario no dejaban dudas: la ministra Acuña con un tapado verde y Mónica Casalini con un pantalón del mismo color; en el medio el jefe de gobierno y en los extremos Waldo Wolff y Maximiliano Ferraro. Aunque no es la primera vez, la comunidad educativa se vio sorprendida que ahora la cúpula del ejecutivo porteño se muestre al lado de una persona que tiene varias denuncias por violencia física y psicológica contra estudiantes y docentes.
“Cuando vamos llegando a la escuela nos encontramos con un despliegue de policías, cámaras de televisión, varios empleados del gobierno de la Ciudad, incluso a Fabián Capponi, el Director General de Educación de Gestión Estatal, corriendo de un lado a otro”, cuenta la docente de la Escuela La Banderita, Florencia Diasprosti. La delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (Ute-Ctera) mostró su preocupación por el hecho, dado que “una vez más el gobierno se muestra al lado de una directora que está acusada de golpear a niños, niñas y maltrata a docentes y familias.
Tiempo se hizo eco de las denuncias penales que presentaron varias familias contra la directora Mónica Casalini, hechos que salieron a la luz en julio del año pasado, e incluyen la desaparición por varias horas de un estudiante que fue golpeado por la directora. Tras la publicación del primer informe, más familias se animaron a presentar recursos legales contra Casalini y a los pocos días la ministra Soledad Acuña se acercó a la escuela y se mostró al lado de la denunciada.
La comunidad educativa se movilizó en varias ocasiones para exigir la renuncia de Casalini, que cumple sus funciones dentro del edificio acompañada de un patovica y de su marido, que no tiene ningún cargo pedagógico ni auxiliar dentro del establecimiento educativo y que intentó golpear a una docente que finalmente renunció por temor a volver a ser agredida.
“No es la primera vez que Acuña muestra su apoyo a Casalini”, refuerza Diasprosti. “En vez de escuchar los reclamos de la comunidad educativa arman una conferencia de prensa para mostrarse en cámaras. A pocos metros de la Banderita se encuentra el Polo Educativo Walsh que desde hace varios meses tiene una invasión de ratas y que inclusos los bebés del lactario, no podían dormir en las cunas porque tenía caca de roedores”, agrega la docente y termina, “lejos de poder darle respuestas a los reclamos de las y los docentes, usan a las escuelas que tienen miles de problemas de infraestructura, para sus campañas electorales”.
Apoyo y protección
La directora de La Banderita cuenta con protección política. Así lo denuncia la comunidad educativa y ella misma hace alarde de esa situación frente a familias, docentes y estudiantes. En varias ocasiones la abogada que representa a las familias que denunciaron a Casalini por violencia física y agresión psicológica sostuvo: “En primer lugar lo que pido es la separación del cargo de Mónica Casalini. Hice una ampliación de una denuncia penal, porque las torturas psicológicas y violencia física que hace esta mujer tienen un agravante: es la persona encargada de la guarda del niño, por eso son delitos agravados”, explicó Raquel Saravia, abogada de la familia de A., el niño de 10 años golpeado, y de varios integrantes de la escuela La Banderita. Los delitos que varios testigos le atribuyen a la directora están contenidos en el artículo 91 del Código Penal. “Esta mujer podría recibir una pena que va de los 3 a 10 años de prisión efectiva”, advierte la abogada. La letrada, además, denuncia que a su representado legal le están ofreciendo una vacante en otra escuela. “En estos casos el Ministerio de Educación de la Ciudad debe separar al docente violento, no al alumno, como quieren hacer con el niño”.
Patovicas propios
Desde que asumió Casalini a la dirección de la Escuela hace dos años, pasaron 24 personas por el equipo de conducción, entre vicedirectores y secretarias, todos renunciaron. Uno de ellos era Patricio Inostrosa, secretario de la escuela que murió atropellado cruzando la avenida a dos cuadras de La Banderita, mientras lo llamaban insistentemente porque estaba demorando en llegar de una capacitación a la que había ido citado por la supervisión, recuerda Violeta (nombre que eligió para resguardar su privacidad). Él murió un viernes y el martes se casaba. Varias veces iba enfermo a trabajar para que Casalini no se enojara. Violeta integraba el equipo de conducción con Casalini y, luego de que el marido de la directora intentara golpearla renunció a su cargo. Osvaldo Marini, el marido de Casalini, recorre la escuela y dicta órdenes como si fuera un directivo más, pero no tiene ningún cargo. Ni siquiera es docente. Según denuncian, amedrenta y hostiga al personal docente y no docente, como «guardaespalda» de la directora. En los papeles trabaja en relación de dependencia para Ecohabitat S.A., una empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad para la recolección de residuos y la higiene urbana.
De eso no se habla: escuelas porteñas tomadas… por ratas
Por Martín Massad
Desde hace varias semanas, la comunidad de alumnxs y padres de la escuela primaria N° 22 Antonio Abraham Zinny, del barrio Parque Chacabuco, se encuentra en estado de alerta por la invasión de ratas. Los primeros indicios de la presencia de los roedores en el establecimiento se conocieron a través de fotos y videos de caca de ratas en el comedor, sobre las mesas y en las ventanas. De inmediato los y las docentes evacuaron las aulas donde se desarrollan los talleres.
La primera solución que surgió desde supervisión de escuelas fue la de poner cebos en las instalaciones ante la alarma de las madres y los padres por la posible ingesta de veneno por parte de los menores. “La escuela dejó de ser un lugar seguro”, fue la frase que más se escuchó cuando la noticia empezó a tener cada vez más trascendencia entre los adultos. En tanto el ministerio de Educación de la Ciudad no permitió la suspensión de las clases.
Algunos medios de comunicación se hicieron presentes en la entrada del establecimiento, pero el sabido blindaje mediático que hoy tiene el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, impidió que la noticia tuviera la difusión necesaria. “El problema es el estado de deterioro y suciedad que tiene la escuela”, comentan las madres, que ante la desatención del ministerio de Educación de la ciudad planificaron un abrazo a la escuela, en señal de protesta. En toda CABA, el distrito más rico del país, hay más de 20 escuelas con ratas
Ante la falta de respuesta de las autoridades educativas, la cooperadora de la Zinny solicitó a la conducción ir juntos a verificar las condiciones sanitarias. A la vez que propuso una asamblea abierta a todas las familias para poder debatir las medidas a tomar. El 13 de mayo se realizó una jornada de limpieza por parte de toda la comunidad educativa pero la plaga no pudo ser combatida aún.
Para exhibir la situación de preocupación los alumnos y los padres decidieron dejar sus carteles en rejas de la escuela en señal de protesta por la negligencia del gobierno de la Ciudad y especialmente de la ministra de educación, Soledad Acuña. “Horacio Larrata, sacá a tus parientes de nuestra escuela”, reza uno de los carteles que se pueden ver a entrada del colegio.
“Desde el gobierno de la Ciudad no hacen un trabajo serio, entonces lo tenemos que hacer desde la comunidad”, aclaró, Sebastián el presidente de la cooperadora. Además, fue contundente al remarcar la proximidad y el contacto de los alumnos con los animales, “los han visto caminar por los pasillos y por los baños”.
Transcurridas varias semanas desde que se supo de la presencia de ratas en la escuela ubicada en el barrio Cafferata, los alumnos y los padres aún esperan alguna solución por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad. El mismo gobierno que en plena pandemia bregaba por la presencialidad de los alumnos hoy no cuida de los mismos y los expone a convivir en una escuela tomada por las ratas.
“Estamos desesperados; ya no sabemos más que hacer”, dicen los familiares sobre las escuelas atestadas de ratas
Por Martín Suárez @MDSuarez
Al igual que la mayoría de los establecimientos educativos, la Escuela N° 22 “Antonio Abraham Zinny”, carece de personal auxiliar. Tienen dos trabajadores de limpieza menos, que los necesarios para las dimensiones de un edificio que ocupa una manzana entera con jornada completa de primero a séptimo grado, y con el funcionamiento de dos institutos de idiomas y arte. “El problema principal de la aparición de roedores es que el ministerio de Educación no cumple con los protocolos”, afirmó a este medio Paula Galigniana, secretaria de prensa y comunicación del gremio docente UTE y referente educativo del distrito 8vo. “El protocolo es claro: hay que desratizar adentro y afuera y en los alrededores de la escuela, entre otras cosas.
Desde el Ministerio de Educación porteño que conduce Soledad Acuña, sólo enviaron un correo a la comunidad educativa informando que avanzarán con el retiro de materiales en desuso, limpieza y sellado de posibles ingresos de roedores.
Según las diferentes denuncias que conforman el “mapa de la rata”, elaborado por la diputada porteña del Frente de Todos, Laura Velasco, son casi 110 los establecimientos educativos que elevaron actas a las supervisiones escolares donde manifestaron la presencia de ratas y exigen de manera urgente una desratización profunda en todos los edificios escolares. Mientras algunas empresas tercerizadas por el ministerio de Educación, que realizan las tareas de higiene y fumigación denuncian la falta de pago en varios de sus servicios, cada día aparecen más roedores en diferentes edificios escolares. Algunas de las escuelas porteñas que elevaron las actas son: el Jardín de Infantes Común N° 03/16° Mafalda; la Escuela N° 2 D.E. 21, Eduardo Luis Vicente; la Primaria Común N° 06 Manuel Dorrego; la Escuela Primaria Común N° 16 José María Ramos Mejía y la Escuela Primaria N° 12 DE 19. Entre más de un centenar de edificios escolares se encuentran, la Escuela N° 4 D.E. 16 Álvarez Thomas; la Primaria N° 17 Blas Parera; el Normal Superior «Lenguas Vivas», Nº 1; la EEM Nº 2 DE 19 Arturo Jauretche y la Escuela Nº 3, D.E. 16.
Entrevista a Silvia Almazán, secretaria general adjunta del SUTEBA
Paritaria docente e inversión en infraestructura escolar en provincia de Buenos Aires
La secretaria general adjunta del SUTEBA, Silvia Almazán, se refirió al desarrollo de las negociaciones salariales con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, destacando la aplicación de la cláusula de actualización frente a la inflación. Valoró además la actual inversión en infraestructura escolar. “Salimos de la etapa del ajuste de (María Eugenia) Vidal”, aseguró.
¿Cómo analizás el desarrollo de las paritarias?
SA: Para las trabajadoras y trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires ha sido muy importante que después de nuestra larga lucha hayamos podido consolidar el ámbito de paritaria con un funcionamiento periódico, como un espacio de construcción de derechos, particularmente en un tiempo de mucha complejidad política, económica y social. Ante el crecimiento de la inflación, es central para el SUTEBA tener el reaseguro del ámbito de la paritaria, para garantizar que el poder adquisitivo del salario docente siempre esté por arriba de la inflación.
En ese contexto, a los acuerdos por incrementos salariales en estos últimos años les incorporamos desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) una cláusula de monitoreo, de revisión y actualización del salario. Cuando la inflación supera al aumento salarial se activa inmediatamente esta cláusula. Este año, desde el FUDB pedimos su aplicación en abril y fuimos convocados en mayo. Como consecuencia, el incremento salarial para 2023 previsto en el acuerdo inicial, que se iba a otorgar en tres tramos, se va a percibir en dos tramos, ya que se adelanta el aumento de julio a mayo. Además, la reapertura de la negociación salarial se adelanta de agosto a junio, siempre manteniendo la vigencia de la cláusula de actualización.
Yendo a lo concreto, esto va a representar, para una maestra o maestro de grado de jornada simple que recién se inicia, un salario de 164.000 pesos; con una antigüedad de 15 años, 192.000 pesos; y para una maestra o maestro de grado que está finalizando su carrera, casi 221.000 pesos. Este incremento también será percibido por los docentes jubilados.
Asimismo, otra instancia que estamos esperando, y que está planteando la CTERA, es que se convoque en forma urgente a la paritaria nacional. Allí se define el piso salarial docente para todo el país, pero también estamos demandando que se aumente el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y la bonificación por conectividad, que son los dos ítems que cobramos los docentes de la provincia. Esto significará un aumento adicional para las y los docentes bonaerenses. Además, hay un compromiso de aplicar en la provincia de Buenos Aires, en mayo, retroactivo a enero, lo logrado en la paritaria nacional respecto de la modificación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, en el marco de las paritarias se firmó un acuerdo de resguardo y reparación ante las manifestaciones del conflicto social en la escuela, que se expresa a través de diferentes tipos de violencias. Un avance importante en la defensa de los derechos de docentes y estudiantes y para reafirmar que la escuela es un territorio de paz.
¿Cómo fue evolucionando en los últimos años la inversión en infraestructura por parte del gobierno provincial?
La infraestructura es un objetivo prioritario para nuestra organización. Estamos muy próximos a cumplir un nuevo aniversario de la explosión de la Escuela 49 de Moreno, donde nos arrebataron la vida de Sandra y de Rubén. Creemos que hemos salido de la etapa del ajuste del gobierno de María Eugenia Vidal, caracterizada por la desidia y el abandono de los edificios escolares. Y ahora estamos en un proceso en el que hay una inversión muy importante. Un dato muy ilustrativo: el presupuesto destinado a infraestructura que Vidal dejó aprobado en diciembre de 2019, para ejecutar en 2020, fue de 700 millones de pesos; a partir de 2021 se fue incrementando, hasta llegar hoy a una inversión en torno a los 50.000 millones de pesos.
Esto está destinado a construcciones de escuelas (ya se superaron los 150 edificios nuevos); ampliaciones, a través de la construcción de nuevas aulas y la provisión de los servicios correspondientes; refacciones de techos, con las que se solucionaron numerosos problemas de filtraciones; inversión en sanitarios y sistemas eléctricos. Recientemente se anunció una partida de 3.000 millones de pesos para gas y calefacción. Este crecimiento de la inversión va acompañado de una dinámica en obras, en una provincia que tiene una matrícula escolar en expansión. Por eso, para el SUTEBA el tema de la inversión en infraestructura continúa siendo una agenda prioritaria.
Seguimos realizando relevamientos de la situación edilicia, reclamando más edificios escolares nuevos y más obras de refacciones, ya que para nosotros la escuela tiene que ser un espacio habitable, que albergue todas las propuestas pedagógicas, con condiciones dignas y seguras para enseñar y para aprender.
Fuente: El Cohete a la Luna
Milei y la educación: un “copión” autoritario y retrógrado
Laura Marrone
En el marco de su plan de gobierno Milei ha propuesto para la educación la liquidación del sistema educativo público como tal y su reemplazo por un sistema de vouchers universales que se entregarían a cada familia para que elija la escuela que quiere para sus hijos.
En primer lugar, digamos que, como en toda su propuesta de gobierno, Milei no es original sino un “copión” de ideas ya viejas. El sistema de vouchers fue propuesto por Milton Friedman en 1955 y luego sostenido en La libertad de elegir, libro escrito con su esposa Rose Friedman en 1980. Conocido como el promotor de la Escuela de Chicago, de corte netamente monetarista, Friedman inspiró los planes neoliberales del gobierno del dictador Pinochet, y otros gobiernos, como el de Reagan en los EE UU y Thatcher en el Reino Unido. Durante la década del 80-90 estos planes condujeron a la privatización de los servicios públicos, de las jubilaciones y la destrucción de derechos sociales en numerosos países del mundo.
A la fecha, sin embargo, luego casi 70 años de la propuesta del voucher universal ningún país del mundo la ha aplicado. Solo hay experiencias puntuales de vouchers focalizados por razones económicas o de discapacidades, por ejemplo, en el distrito de Columbia en los EE UU que, en 4 años habría beneficiado a 4.000 estudiantes en total. Una experiencia que está, por el momento, congelada y en observación.
Milei afirma que mantendría el presupuesto de 6% del PBI para la educación, lo que es una mentira dado que su plan económico consiste en una reducción drástica de impuestos y retenciones a los grandes empresarios y bancos (no así del IVA al consumo masivo) en el marco de su propuesta de destrucción del Estado como regulador de políticas sociales. O sea que, de aplicarse el voucher universal, les trabajadores se verían privados del acceso a educación gratuita de sus hijos en todos los niveles de enseñanza hasta la universidad y solo los ricos o más acomodados podrían terminar estudios superiores.
Otro argumento de Milei es que el voucher provocaría una mejora de la calidad de la educación a partir de la libre competencia entre escuelas por conquistar matrícula. Esto es falso. En CABA, el 50% de la matrícula asiste a escuelas privadas, el 60% de ellas subsidiadas por el Estado, y la “libre competencia” entre privadas y públicas no ha mejorado la educación. Ésta es desigual y no escapa a los problemas de crisis educativa que vive el país, siendo los resultados menos malos las de aquellas instituciones que segregan matrícula de mayor nivel socioeconómico a partir de los aranceles que cobran. Lo que Milei esconde es que, al ser universal el voucher, el Estado pasaría a subsidiar a toda la matricula, no solo al 60% del 50%, sino también a los hijos de los ricos y sectores acomodados que hoy pagan hasta 200.000$ por mes de aranceles. La fragmentación social se profundizaría ya que las escuelas que hoy cobran aranceles altos lo seguirían haciendo, pero con más ingresos por los vouchers y se reduciría los fondos para educación que van a las poblaciones más carenciadas.
Otro argumento de Milei, y ahí está una de sus grandes preocupaciones, es que la escuela pública le “lava el cerebro con marxismo a la juventud”, que la educación tiene que dejar de ser portadora de ideologías políticas y que hay que defender la libertad de los padres de elegir la escuela de sus hijos. Estas acusaciones las ha repetido con la furia de loco que lo caracteriza en no pocos medios de prensa. Un verdadero farsante autoritario. La escuela pública, es uno de los pocos espacios donde puede hacer pie el ejercicio de “la educación para la libertad” como decía el maestro Freire. Esto es así porque su sistema de designación de docentes por concurso en base a puntajes por mérito (cursos, carreras, concepto, antigüedad), favorece el ingreso de docentes sin distinción de ideologías. Esto permite un ámbito donde se puede pasar de la socialización primaria, que es la familia, a una socialización secundaria donde les estudiantes pueden contrastar las ideologías, costumbres de su ámbito familiar a un ámbito social y desarrollar el pensamiento crítico, a partir de que no ha habido una selección sesgada de la docencia. La escuela privada, recortada por sectores socioeconómicos, religiones, nacionalidades y peor aún el Homeschooling (la educación por les padres en la casa) que promueve Milei, es un abuso de poder de los padres sobre sus hijos ya que les niegan el derecho a conocer otras culturas, y formas de pensamiento. Pobre niñez aquella que teniendo una familia que lo desampara, no tiene acceso a un espacio público como la escuela. Pero, además, es una fuente de violencia social. El desconocimiento de la realidad del conjunto de la sociedad hoy tremendamente fragmentada aumenta la violencia hacia el otro que se desconoce y se teme. El patio de la escuela, la hora de la comida o del juego, la clase con diferentes, subjetiva a las futuras generaciones en la comprensión de la humanidad del otro, excluido o no de la sociedad por razones que le son ajenas y que podemos cambiar.
Sin duda a Milei, defensor de la dictadura militar le debe molestar que en las escuelas le hablemos a les niñes de que en nuestro país hubo terrorismo de Estado que mató y desapareció a 30.000 personas y niñes. Que los pueblos originarios fueron despojados por un imperio colonizador y tienen derecho a tierras que fueron ancestrales. O que las Malvinas son argentinas y no de su admirada Sra. Thatcher.
Finalmente señalemos que también ha despotricado contra la Educación Sexual en las escuelas y el derecho al aborto. Una propuesta retrógrada que desampara a la niñez. No lo hemos visto preocupado por combatir el abuso sexual, sicológico o físico contra les niñes, la violencia contra la mujer y las disidencias o la necesidad de presupuesto para la prevención y erradicación de la misma. Sepa la opinión pública que la lenta pero segura educación sexual que está asumiendo la escuela pública, está permitiendo a la niñez abusada poner en palabras su desamparo y dar paso a la intervención de equipos de salud, hoy insuficientes. Pero, además, prepararla para el difrute de su sexualidad como parte de su vida integral y de la felicidad humana.
Abramos el debate en nuestras escuelas con las familias y estudiantes, explicando sin pausa que no puede volver atrás el reloj de la historia.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2023
Resistencia, rebelión y contrarrevolución en el movimiento estudiantil de la UBA (1966-1976)
Gabriel Piro
En este artículo comentamos el libro Resistencia, rebelión y contrarrevolución. El movimiento estudiantil de la UBA, 1966-1976, de Juan Sebastián Califa y Mariano Millán, publicado recientemente por la editorial Edhasa.
Hacer una historia del movimiento estudiantil tiene tantas potencialidades como dificultades y problemas metodológicos a resolver. Por un lado, al tratarse de un sujeto social heterogéneo, poli clasista, generalmente más politizado que el promedio social y vinculado con otros actores sociales, políticos y económicos, permite pararse desde aquel para observar el conjunto del entramado sociopolítico de una época. Tomando aquella vieja metáfora de la “caja de resonancia” [1], se podría decir que estudiar al movimiento estudiantil es como escuchar el primer eco de las tensiones que atraviesa una sociedad en un momento dado. Por otro lado, y por las mismas razones, esta relación intrínsecamente vincular del movimiento estudiantil implica el riesgo de desatender las particularidades de sus reglas, códigos, trayectorias y debates específicos que fueron tallando en su desenvolvimiento, siendo estos los que en muchos casos explican más certeramente los sentidos de su acción.
Desde este punto de vista, uno de los méritos del libro de Califa y Millán es lograr un fino equilibrio entre ambas dimensiones. Basado en una extensa investigación de más de una década, que incluye análisis cuantitativos y cualitativos sobre el movimiento estudiantil en los 60 y 70 (sus tipos de acciones, las organizaciones políticas que intervienen en él, sus adversarios, sus aliados, etc.) el libro nos desafía con un dato que parece obvio pero que no lo fue para la historiografía y la sociología durante varias décadas: existió en aquellos años revolucionarios un movimiento estudiantil en la Universidad de Buenos Aires con una dinámica específica que no puede asimilarse mecánicamente ni a la “juventud” en general (y su inscripción en los sesentas globales), ni al derrotero de las corrientes políticas que intervinieron en él, ni al proceso más amplio de politización que vivía la sociedad en aquel periodo.
Esta definición estructura, a su vez, varias de las hipótesis y debates del libro. Una de ellas, tal vez la central, es la que enfrenta a una de las interpretaciones tradicionales [2] sobre el periodo: aquella que enuncia una relación directa entre el incremento de la radicalización del movimiento estudiantil y una supuesta “peronización” de la Universidad. Según esta interpretación, la adhesión que recibió el gobierno de Héctor Cámpora en 1973 por parte del movimiento estudiantil habría sido la culminación de un proceso de “resistencia” moldeado por algunas organizaciones peronistas a la dictadura de Onganía en los seis años previos. A su vez, aquella “peronización” habría implicado un desplazamiento de la tradición reformista (o sea, aquella que desde distintas vertientes reivindicaba a la Reforma Universitaria de 1918) que por su pasado “gorila” y su desfasaje respecto del proceso de politización más general que atravesaba al país, habría quedado con el “pie cambiado” sosteniendo reivindicaciones estrictamente universitarias que ya no eran el motor movilizador de los estudiantes.
Los autores diseccionan a lo largo del libro esta interpretación y ofrecen una mirada alternativa. Para ello parten de una consideración metodológica: si se busca comprender la radicalización de un movimiento no basta con leer sus discursos o interpretar sus declaraciones, sino que es necesario analizar su práctica concreta, sus acciones de lucha y su confrontación con otros sujetos sociales. Desde esta perspectiva es que sostienen que, en aquel conteo, son las organizaciones de izquierda (e incluso de “izquierda tradicional” más que de la llamada “nueva izquierda”), adscriptos a la tradición del reformismo universitario desde las ideas del marxismo, del maoísmo o del trotskismo, las que protagonizan algunos de los procesos más destacados de la lucha estudiantil en aquellos años. Como contracara, señalan que el ascenso de las organizaciones peronistas a la conducción de centros y federaciones (particularmente durante el año 1973) no se correspondió con una radicalización en las acciones estudiantiles sino con un proceso de institucionalización y confianza en que sus demandas se resolverían por la voluntad estatal o por la incorporación de militantes en los cargos de gobierno. Más que una “peronización” de la izquierda, los autores ven un impacto de la radicalización de la izquierda en el peronismo. Esto se refuerza con la observación de que durante el periodo del Onganiato las organizaciones peronistas, pese haber incrementado su incidencia, o bien seguían siendo poco numerosas o bien expresaban todo lo contrario a la radicalización estudiantil, desarrollándose sus alas conservadoras y derechistas.
Vinculado a estas dos constataciones, el libro argumenta que ese proceso de politización general que explica, en parte, los vaivenes en las representaciones del movimiento estudiantil en esta etapa, no debe obnubilar la centralidad que continuaron teniendo los reclamos de tipo académico o estrictamente universitarios: “cualquier grupo que quisiera crecer en el ámbito estudiantil debía ofrecer vías de solución a los problemas académicos usuales”. Esto no quiere decir, sin embargo, que esos debates estuvieran menos atravesados por la dinámica de conjunto. Por ejemplo, pese a tratarse de asuntos “académicos”, los cursos de ingreso, las matriculaciones, los requisitos para la permanencia o las reformas de los planes de estudio estuvieron estrechamente vinculados a las políticas gubernamentales de cada período, justificadas en gran medida en los proyectos más globales que las representaban. Tanto la dictadura de Onganía, como la “primavera camporista” y luego la “misión Ivanissevich” (en referencia al ministro de Isabel Perón desde 1974, cuyo programa educativo era “destruir la conjura internacional subversiva y marxista”) tuvieron políticas universitarias que partían de discursos generales (acompasar la universidad al “tiempo político” de la “revolución argentina”, “hacer una universidad nacional y popular”, “terminar con la subversión”) pero que luego se tradujeron en intervenciones más quirúrgicas referidas a la designación de profesores, cambios en los reglamentos universitarios, modificaciones de los programas o asignaciones presupuestarias.
Este ida y vuelta entre lo específico del medio universitario y la realidad política general se vuelve más complejo cuando entran en juego los conceptos de “rebelión y contrarrevolución” que titulan el libro.
Efectivamente en esos años comienza una etapa de creciente actividad de la clase obrera, protagonizando acciones históricas independientes como el Cordobazo (junto con los otros “azos” que sucedieron en aquellos años) y que implicaron primero la caída de la dictadura de Onganía y luego un amplio proceso de radicalización de amplias franjas de trabajadores y trabajadoras, con desigualdades y destiempos en todo el país, que sólo pudo ser barrido por la dictadura genocida de 1976. En aquel proceso el movimiento estudiantil se mostró como un potencial aliado y dinamizador de la acción obrera. No sólo con el Cordobazo y el resto de los “azos”, sino con decenas de vasos comunicantes que lo vincularon a aquella experiencia, desde la propia “proletarización” de algunos estudiantes (particularmente los militantes de corrientes de izquierda) hasta la acción conjunta con las centrales sindicales, como fue el caso de la CGT de los Argentinos, pasando por la presencia estudiantil en decenas de huelgas, marchas y acciones de lucha de la vanguardia obrera y en proyectos intelectuales que buscaban una “universidad al servicio de los trabajadores”.
Pero decimos que este proceso se vuelve más complejo cuando se observa lo que pasa dentro de las universidades, porque los momentos políticos y los ejes de debate que la atraviesan no siempre se correspondieron con la dinámica general. En algunos casos los hechos se anticipan. La represión y las persecuciones contrarrevolucionarias que se expresaron con fuerza ya en el año 1974 con la Triple A y las bandas paramilitares lideradas por López Rega tuvieron su precedente y su laboratorio en las casas de estudio. Como señala el libro, ya en la dictadura de Onganía los militares se valieron de métodos ilegales de represión para los cuales contaron con el apoyo de sectores peronistas-colaboracionistas de la dictadura, algunos de los cuales fueron estudiantes-delatores encargados de denunciar a los activistas de izquierda. El espiral de radicalización y fragmentación del propio peronismo entre 1973 y 1975 con el desarrollo de sus tendencias de “izquierda y de derecha” dio paso a un salto represivo que se tradujo en números concretos: la medida semanal de detenciones estudiantiles en la UBA pasó de 1,38 bajo los gobiernos de Cámpora y Lastiri a 20,27 durante la presidencia de Perón. A su vez, entre agosto y diciembre de 1974 se registraron 859 detenciones de universitarios y 23 asesinatos parapoliciales, la mayoría precedidos por el secuestro. Finalmente, dentro de este plano de análisis, se destaca el hecho de que la creciente moderación e institucionalización a la que se adaptaron corrientes como el PC (MOR), la Franja Morada o el FAUDI (PCR), fueron dando paso a un centro político que anticipó la “teoría de los dos demonios” por su denuncia indistinta a los “extremismos de izquierda y derecha”, apoyándose en un diálogo institucional obsecuente o sumiso respecto de las autoridades de turno.
Si desde el punto de vista represivo el movimiento estudiantil vivió con anticipación algunas de las tendencias que se presentarían en los años más duros de las acciones contrarrevolucionarias (incluyendo acciones como la implantación de bombas en casas de dirigentes estudiantiles o los secuestros intimidatorios) se podría decir que estuvo a “destiempo”, al menos en Buenos Aires, del proceso de radicalización que vivió el movimiento obrero entre 1974 y particularmente en 1975. A diferencia del Cordobazo, las principales organizaciones del movimiento estudiantil porteño tuvieron escasa o nula participación en las luchas contra el “Rodrigazo” y la incipiente formación de coordinadoras fabriles en Buenos Aires y La Plata, las cuales tuvieron su punto álgido en las jornadas de junio y julio de 1975. Para los autores este desencuentro tuvo que ver tanto con la represión que hacía años sufría el activismo universitario como con el hecho de que algunos de sus miembros, particularmente los militantes de corrientes como el PRT-ERP [3], participaron de aquellos hechos ya desde una previa proletarización y no como estudiantes o intentando impulsar al movimiento estudiantil.
Este desencuentro explica, en parte, el hecho de que el movimiento estudiantil haya llegado al golpe del ’76 en un pesado silencio. Las sucesivas derrotas fueron llevando a su extrema pasividad y la obturación de cualquier respuesta radicalizada. Pero estas derrotas no estaban inscriptas de antemano. Fueron producto de un más extenso proceso de institucionalización, moderación y represión de sus alas más radicalizadas. Algunas de sus experiencias más avanzadas, novedosas y creativas, como las experiencias del “doble poder” o los cuerpos de delegados en las facultades de Filosofía y Letras y Arquitectura, sus vínculos con las vanguardias artísticas como las del Tucumán Arde, sus cuestionamientos al conocimiento al servicio de los empresarios o las luchas por el castigo a los dictadores del onganiato, fueron cediendo paso, de la mano de la JUP (y su confianza en el camporismo, ante el cual, vale decirlo, se replegaron la casi totalidad de las agrupaciones universitarias) y también del MOR (que fue inclinándose hacia un reformismo cada vez menos subversivo e inclinado a ubicarse como “garante del orden”) a una regimentación del conflicto universitario. Esta tendencia ató de pies y manos al movimiento estudiantil para ligarse a las vanguardias obreras que enfrentaban al gobierno de Isabel Perón, pero también a los rectores y decanos que buscaban acallar las ideas revolucionarias dentro de las aulas. El rol del peronismo “de izquierda”, a su vez, al depositar su confianza en un gobierno que estaba gestando a la Triple A, dejó totalmente desarmados políticamente a los estudiantes ante la represión. La ausencia de una alternativa política revolucionaria tanto al peronismo como al reformismo moderado completa el panorama de aquella coyuntura crítica que se cerraría fatalmente el 24 de marzo del 76.
El libro termina con una reflexión de la cual nos apropiamos: pensar esta experiencia como una inspiración y un aprendizaje para nuevos proyectos transformadores de la sociedad. La derrota no puede ser un límite sino un punto de partida para repensar aquellos años. La disputa entre revolución y contrarrevolución durante los 70 abre la pregunta sobre el rol del movimiento estudiantil en escenarios de este tipo. Sin dudas su composición fragmentaria hace que no podamos hablar de una única ubicación sino de tendencias que tienden a radicalizarse al calor de los acontecimientos generales. Así como pueden surgir fracciones alineadas con los represores, pueden emerger alternativas aliadas al movimiento obrero. Mientras algunas facciones pueden ser heterónomas respecto del Estado, las autoridades y las instituciones universitarias, pueden surgir otras autónomas, reactivas a la institucionalización e impulsoras de la autoorganización estudiantil. La primacía de una o de otra depende (y dependerá), en definitiva, de la relación de fuerzas, de la capacidad para intervenir en las distintas coyunturas y de la influencia política alcanzada por las organizaciones estudiantiles de la izquierda revolucionaria.
En este sentido, el libro es un testimonio valioso que, frente al avance de las políticas reaccionarias y represivas, las salidas “intermedias”, moderadas o dependientes del Estado tendieron a ser impotentes o directamente cómplices de obturar cualquier respuesta masiva y efectiva del movimiento estudiantil ante aquella avanzada. Los futuros combates podrán ser la oportunidad de oponer a aquellas políticas contrarrevolucionarias una rebelión estudiantil que se fusione con las alternativas revolucionarias de la sociedad, rescatando las tradiciones más avanzadas de la Reforma Universitaria, de los años 60, y transformando los dolores que nos quedan en la lucha por las libertades que nos faltan. Para eso no se puede pensar al “puro universitario” (una “cosa monstruosa”) como decía Deodoro Roca, sino al pasaje que reclamaban los sesentaiochistas de la crítica de la universidad de clases a la crítica de la sociedad de clases.
NOTAS AL PIE
[1] Trotsky, León, “Apéndice. Textos sobre arte, cultura y literatura: La Intelligentsia y el socialismo” en Literatura y Revolución, disponible en www.ceip.org.ar.
[2] Los autores mencionan algunos trabajos que de una u otra manera reproducen estas lecturas, los cuales van desde tesis más amplias como las de Silvia Sigal, Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, hasta estudios más específicos y recientes como los de Nicolás Dip y Valeria Manzano.
[3] Los autores mencionan el hecho de que fueron varias las organizaciones de izquierda que apostaron por esta “proletarización” de sus militantes universitarios, pero valdría agregar que la misma adoptó contornos diversos en función de la estrategia política de cada uno. En el caso del PRT esto se combinó con la “militarización” de muchos de sus militantes obreros. Sobre este debate nos remitimos a Insurgencia Obrera en Argentina (1969-1976) de Ruth Werner y Facundo Aguirre.
Fuentes: Infogremiales, Anred, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Tiempo Ar, rebelion.org, APU