Emilio Parodi, gerente de Recursos Humanos de la empresa durante la última dictadura, fue detenido este mediodía por orden del juez Ernesto Kreplak en una causa que investiga secuestros, torturas y desapariciones forzadas de trabajadores y trabajadoras de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda. Parodi será indagado en las próximas horas.
Redacción: Fernando Tebele. Edición: Pedro Ramírez Otero.
Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, hizo lo que pocos jueces se animan a hacer: avanzar en una causa por delitos de lesa humanidad que investiga la responsabilidad de grandes empresas, nacionales y multinacionales, que formaron parte de la persecución a sus trabajadores/as.
Se debe haber sorprendido Emilio Parodi este mediodía cuando la comisión judicial-policial arribó a su casa de Olivos. Es posible imaginarse esa escena, porque hasta aquí se pueden contar con unos pocos dedos de una sola mano las causas en las que se ha podido avanzar cuando la investigación va por el lado de las responsabilidades empresariales durante el último genocidio. Pero más allá de esa posible sorpresa, la noticia es que finalmente el exgerente de Recursos Humanos de Molinos fue detenido pocos minutos antes de la publicación de esta nota.
Kreplak avanza en la investigación de una causa por secuestros, torturas y desapariciones de trabajadores y trabajadoras de Molinos Río de la Plata. Incluso hay en la causa testimonios de personas que fueron secuestradas en la mismísima planta de Deán Funes 90, en Avellaneda.
Parodi no era uno más en Molinos. Ocupó el rol de gerente entre 1974 hasta los 90. Llegó a su situación actual como imputado, y seguramente procesado, por el testimonio de trabajadores que dicen que fue el responsable de haber confeccionado una lista de personas que luego fueron secuestradas.
Hay dos tipos de causas por crímenes de lesa humanidad en las que la Justicia camina lenta y se encapricha en no avanzar: las de delitos vinculados a las bandas parapoliciales que operaron previamente a la instalación de la dictadura, y con apoyo del gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón; y las causas que desnudan la participación de una pata empresarial en la concreción del último genocidio. En pocos casos se ha conseguido avanzar, y mucho menos aún en las causas que incluyen a las grandes empresas. Entonces, que Kreplak haya dado un paso adelante, solo puede ser recibido como una buena noticia, aunque falte mucho para llegar a juicio oral y público.