El delirio persecutorio que se vive en Jujuy se intensificó en las últimas 48 horas con una auténtica cacería de referentes y manifestantes. Acusan de “sedición” a quienes protestan contra la reforma exprés de la Constitución provincial.
Compartimos la nota del portal regional Jujuy Dice publicada en la mañana de hoy donde detalla la situación que se vive en la provincia:
“No se criminaliza por su pertenencia política”, el intento desde el MPA para justificar las detenciones arbitrarias
14/07/2023. Los fiscales Walter Rondón y Diego Funes, del Ministerio Público de la Acusación tras las órdenes de detención libradas por el juez de control Rodolfo Fernández, detallaron que la investigación por las protestas en contra de la reforma del pasado 20 y 30 de junio se basa en el análisis de fotos públicas, cámaras de seguridad, de medios y hasta redes sociales.
En dos jornadas de cacería humana se detuvo cerca de 10 personas que estuvieron en las manifestaciones del 20 y 30 de junio pasado, donde se desataron algunas de las más terribles represiones en inmediaciones de la Legislatura y en el Concejo Deliberante de Humahuaca.
Fueron detenidos: Santiago Zamora, Walter Armando Puca, Martín Antonio Abad, José Iván Blacutt, Mayuk Nasib Mamani, Dan Leonel Liborio, Héctor Luis Gerónimo, Gabino Cruz y José Darío Donaire, quienes fueron identificados y llevados al penal del barrio Alto Comedero.
Entre los detenidos, se encuentra el abogado Alberto Nallar acusado por el delito de sedición y motín. Fue trasladado a su domicilio anoche, ya que había sido llevado al Penal de Gorriti durante la tarde. Concedieron que permanezca en su casa hasta conocer la causa de imputación y se designe oficialmente un abogado defensor.
Ante la detención del abogado penalista, fue enorme la repercusión e inmediato repudio de lo que viene sucediendo en la provincia con persecución a opositores al oficialismo. Además, circulan listas de personas a detener, allanar y ayer por la tarde circuló la supuesta detención de otros abogados.
Entre las medidas que se presentaron ayer fue un hábeas corpus preventivo de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, encabezada por Horacio Pietragalla, amparo realizado ante el Juzgado Federal de Jujuy.
Con el patrocinio letrado de Federico Efron, Director Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría de Derechos Humanos, en los términos del art. de la Constitución Nacional y Ley 23098, el hábeas corpus fue en favor de los letrados: Néstor Ariel Ruarte, René Vicente Casas, Roberto Carlos Alemán y Alicia Chalabe.
A su vez, se interpuso el mismo recurso favor de Alberto Nallar, luego que fuera privado de su libertad.
En ese sentido, el Presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, Ramiro Tizón expresó “la detención del Dr. Nallar nos preocupa y la rechazamos totalmente, organismos nacionales están sumándose al repudio por esta situación; personalmente hablé con el Fiscal General del MPA, Dr. Sergio Lello Sánchez y me ratificó que está detenido acusado de sedición a la espera de la audiencia” expresó a Radio Nacional y agregó que el fiscal general “le expresé mi preocupación respecto a los trascendidos sobre más detenciones y me negó absolutamente que existan otras órdenes de detenciones para abogados de la provincia sostuvo y anticipó que hoy realizaría presentaciones ante el Superior Tribunal de Justicia.
Por otra parte, la abogada Mariana Vargas publicó en sus redes que anoche “acabamos de salir con Alejandra Cejas del penal para ver a 5 de los imputados cuyas defensas asumimos”. “No pudimos verlos porque la condición era que nos hicieran un cacheo físico, después de haber dejado los celulares y cartera, ya que no nos dejaban ingresar con tales elementos”, escribió anticipando que hoy formulará una denuncia ante el Colegio de Abogados de Jujuy.
“El ejercicio de nuestra profesión no puede ser con humillaciones y requisas. Jujuy necesita que se reestablezcan las libertades y paz democráticas”, sentenció.
Analizan redes sociales
Ante las órdenes de detención de más de 40 personas por los hechos del 20 y 30 de junio, los fiscales Walter Rondón y Diego Funes, en conferencia de prensa dieron detalles de la investigación de la protesta basada en análisis de fotos públicas, cámaras de seguridad, de medios y hasta redes sociales.
“Hubo una gran cantidad de personas arrestadas el 20 de junio por flagrancia”, dijo uno. “A partir de entonces iniciamos una causa y con el trascurrir de la investigación fuimos haciendo un análisis de cámaras” y “se pudo identificar a 24 (en San Salvador) tirando piedras, dañando y lastimando”. Y agregó: “Debe quedar claro que no se criminaliza por su pertenencia política, se persigue cuando es identificado en un hecho delictivo”, sostuvo.
Las imputaciones son de graves a más graves: sedición contra el orden constitucional, privación ilegal de la libertad en Humahuaca y atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves, daños, estragos, estorbo funcional y entorpecimiento del transporte terrestre en San Salvador, con el agravante de ser parte de una organización. “Cada uno hizo una parte”, aclaró el fiscal lo que en verdad esconde la figura de la asociación ilícita y la certeza, entonces, de una prisión efectiva cosa que además adelantó. Hoy serán las indagatorias y la fiscalía dijo que pedirá las preventivas.
Eso sí, aclararon, no hay desaparecidos: todos están alojados en un sector especial del penal Alto Comedero.
Desmienten acusaciones
Concejales de Humahuaca, Daniel Ábalos, Manuel Tarcaya y Jordan Zerpa enviaron nota al Ministerio Público de la Acusación donde “desmienten que hayan denunciado a los manifestantes como figura en las imputaciones que hizo el fiscal. Asimismo, exigen la libertad de los detenidos”, esta nota aclaratoria tiene fecha de 12 de julio.
En la nota relatan que la sesión en el Concejo deliberante del 30 de junio, no fueron violentados y respondieron al pedido del pueblo y presentaron un proyecto en ese sentido que era rechazar la Reforma de la Constitución.
Los concejales contradicen la denuncia que realizó la presidenta del Concejo Deliberante, Quispe junto a efectivos de la policía de la provincia.