“Hemos detectado con profunda preocupación la ausencia de una mirada con perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tanto en los discursos públicos como en las propuestas, así como un incremento de la estigmatización de las infancias y adolescencias”, señala el pronunciamiento conjunto emitido por las Defensorías de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al que adhirieron organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH).
En el pronunciamiento, desde las Defensorías nacional y provinciales de niñas, niños y adolescentes alertan que ellas y ellos son “las principales víctimas de las violencias, desde las institucionales hasta las intrafamiliares”.
“En este sentido, las políticas de Estado, lejos de profundizar medidas punitivas sobre las y los más chicos, deben promover acciones que garanticen una vida digna libre de todo tipo de violencias”, afirman.
“No obstante, vemos con preocupación que, ante la ausencia de propuestas de campaña electoral para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la educación, la salud, el deporte, el juego, el cuidado, entre otros, lo que toma estado público son discursos restrictivos, que proponen desconocer derechos como el de la seguridad social, la vida en familia, y la propia integridad física de las y los más chicos”.
Por su parte, en su adhesión, la APDH considera que los derechos de la niñez y adolescencia parecieran “no estar instalada” en la agenda de las y los candidatos, en un año donde celebramos el 40 aniversario de nuestra democracia. “No tenerlos presentes es, sin duda, una omisión que se acerca claramente a una nueva vulneración”, agregan.
Compartimos el Pronunciamiento Conjunto:
A 40 años de democracia: La deuda es con las infancias y adolescencias
Agosto de 2023
Durante el presente año se están realizando elecciones democráticas en todos los niveles del Estado, para cargos ejecutivos y legislativos. En este contexto, la Defensora Nacional y los Defensores Provinciales de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, instamos a las fuerzas políticas, a los poderes ejecutivos y legislativos actualmente en ejercicio y a los que quedarán conformados una vez haya culminado el proceso electoral, a otorgarle absoluta centralidad y prioridad a la protección de la niñez y la adolescencia en todas las políticas y planes de gobierno, consolidando los pisos de garantía de derechos ya alcanzados para quienes representan un tercio de la población que vive en nuestro país.
Hemos detectado con profunda preocupación la ausencia de una mirada con perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tanto en los discursos públicos como en las propuestas, así como un incremento de la estigmatización de las infancias y adolescencias.
La Defensoría Nacional y las Defensorías Provinciales, en el marco de nuestras competencias, velando por la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional, venimos advirtiendo la necesidad de avanzar en la identificación y resolución de los temas cruciales que vulneran los derechos de infancias y adolescencias ratificados por nuestro país en la Convención sobre los Derechos del Niño y garantizados en nuestro cuerpo normativo, destacando la necesidad de bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema, garantizar el acceso a la salud equitativa y oportuna, prevenir las violencias desplegadas sobre las y los más chicos, sostener la garantía del derecho a la educación para todas y todos, y avanzar en una justicia juvenil acorde a estándares de derechos, entre otros temas centrales.
Alertamos, además, que son las niñas, niños y adolescentes las principales víctimas de las violencias, desde las institucionales hasta las intrafamiliares. En este sentido, las políticas de Estado, lejos de profundizar medidas punitivas sobre las y los más chicos, deben promover acciones que garanticen una vida digna libre de todo tipo de violencias.
No obstante, vemos con preocupación que, ante la ausencia de propuestas de campaña electoral para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la educación, la salud, el deporte, el juego, el cuidado, entre otros, lo que toma estado público son discursos restrictivos, que proponen desconocer derechos como el de la seguridad social, la vida en familia, y la propia integridad física de las y los más chicos.
Existe un Acuerdo suscripto por organismos públicos especializados, Asociación de Magistrados, Ministerio Públicos de la Defensa, UNICEF, entre otros, y un amplio consenso con organismos de niñez, académicas y académicos sobre la necesidad de la derogación del Decreto-Ley 22.278 y de la sanción de una Ley de Justicia Juvenil que tal como lo dispone el Comité de los Derechos del Niño en su Recomendación al Estado Argentino en 2018, no debe reducir la edad mínima de punibilidad, ni endurecer las penas, debe garantizar que la privación de libertad sea la última ratio y por el menor tiempo posible, y promover alternativas a las medidas judiciales.
Alcanzar la garantía universal de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes implica reconocer, mantener y profundizar decisiones que alcanzaron resultados positivos, así como identificar lo que aún falta por hacer y diseñar políticas en ese sentido.
Es un avance que el gasto público dirigido a las infancias y adolescencias sea mirado de forma transversal en el presupuesto nacional. No obstante, se debe aumentar el presupuesto destinado a políticas que impactan de forma directa e indirecta en la niñez y adolescencia para garantizar la efectividad de las acciones positivas del Estado, en cumplimiento con el Art. 4 de la Convención sobre los Derechos del niño.
Nuestro país ha logrado cubrir al 95% de la población infantil y adolescente con el derecho a la Seguridad Social, especialmente a través la Asignación Universal por Hijo vigente desde 2009, que se sumó a las Asignaciones Familiares a trabajadores registrados, monotributistas, pensiones, y deducciones de impuestos a las ganancias, y que en 2020 -a partir de recepcionar sugerencias específicas de las Defensoras y Defensores- sumó a 1.200.000 chicas y chicos.
En Seguridad Alimentaria la profundización de las políticas (específicamente la Tarjeta Alimentar) posibilitó sostener los ingresos en las familias con niñas, niños y adolescentes, disminuyendo incluso los niveles de pobreza extrema. Ahora bien, para sostener la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria en cada hogar, según lo solicitado por las y los Defensores, la Tarjeta Alimentar debe incluir a todas las familias con adolescentes hasta los 17 años y establecer un mecanismo automático de actualización que garantice la suficiencia de los ingresos y condiciones materiales dignas de vida.
Tanto la seguridad alimentaria como la salud requieren del acceso al agua segura, el cual es un bien básico al que no acceden todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, especialmente los que viven en contextos de ruralidad y las comunidades indígenas.
En Salud (donde el 45% de las niñas, niños y adolescentes acceden exclusivamente al sistema de gestión estatal) y especialmente en contexto de pos-pandemia, se visibilizaron los padecimientos subjetivos, promoviendo intervenciones de los gobiernos nacionales y provinciales para incluir la perspectiva de niñez y adolescencia en la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental, el Consejo Federal de Salud y el Consejo Federal de Salud Mental. Es imprescindible profundizar las políticas públicas destinadas a trabajar la salud mental en las escuelas, en los espacios comunitarios y garantizar la oferta en el nivel primario de la salud, en especial a quienes quedan bajo los cuidados del Estado.
Sobre violencias institucionales contra niñas, niños y adolescentes las Defensorías, tanto nacional como provinciales, advertimos la necesidad de que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratifiquen y apliquen el Protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en caso de presencia de niñas, niños y adolescentes.
El abuso sexual infantil requiere una atención especial por ser una de las formas más aberrantes de avasallamiento del cuerpo de las y los chicas y chicos. Los poderes del Estado, en todos sus niveles, deben multiplicar esfuerzos para erradicar las violencias buscando recomponer los lazos sociales que se han roto y que tienen a niñas, niños y adolescentes como principales víctimas. En este sentido deben promoverse políticas preventivas y de detección temprana como las previstas en la Educación Sexual Integral, que es ley en nuestro país.
En educación (donde el 74% de las niñas, niños y adolescentes asisten al sistema educativo de gestión estatal) las acciones nacionales y provinciales lograron mantener la matrícula de la escuela primaria y secundaria en los niveles pre-pandémicos. En la escuela secundaria, en particular, se logró mejorar la cantidad de adolescentes escolarizados y la terminalidad educativa. No obstante, vemos con inquietud la desigualdad en calidad y pertinencia educativa.
En este sentido, deben sostenerse y profundizarse los acuerdos como el logrado en el Consejo Federal de Educación sobre el calendario de 190 días de clases que es un imperativo garantizar y la conectividad. La ampliación de las Becas Progresar a adolescentes de 16 y 17 sostiene las trayectorias educativas de más de 500.000 adolescentes en nuestro país, lo cual indica que debe mantenerse como política de Estado y ampliarse hasta incluir a las y los adolescentes de 15 años.
En primera infancia se ha convertido en ley el Programa de Acompañamiento de los 1000 Días y se han llevado a cabo numerosas obras de infraestructura, tanto para centros de cuidado comunitarios como instituciones educativas, siendo aun una deuda la falta de vacantes en escuelas de nivel inicial, fundamentalmente en salas de 2 y 3 años.
En ambiente y cambio climático es muy importante el proceso de participación y protagonismo que tuvieron las niñas, niños y adolescentes en la Consulta Regional que realizó el Comité de los Derechos del Niño, que se llevó a cabo en Argentina con la organización de la Defensoría Nacional y las Defensoría provinciales. El documento elevado a las autoridades del Comité se verá reflejado en la Observación General Nro. 26, que incluye los desafíos de adaptación y mitigación de los efectos nocivos del cambio climático, que tienen como principales víctimas a las niñas, niños y adolescentes, especialmente en los países afectados por altos niveles de pobreza y desigualdad.
La agenda de temas de un plan de gobierno debería incorporar también cuestiones vinculadas a la inclusión de las niñas y niños con discapacidad, aquellos que se encuentran en condición de movilidad humana, la interculturalidad y la diversidad étnica.
Es indispensable que el Estado Nacional, los Estados Provinciales y el Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generen condiciones para que se designen defensoras y defensores de derechos de niñas, niños y adolescentes en todas las jurisdicciones del país donde aún no exista tal institución, independientes, autónomas y autárquicas.
La democracia es con las chicas y los chicos. Todas estas acciones deben implementarse con la participación y el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes. No hay democracia plena sin ellas y ellos ejerciendo su ciudadanía, enriqueciendo con sus miradas y saberes los procesos en los que se toman decisiones que atañen a sus vidas.