La inspección ocular al territorio donde Rafael Nahuel -joven mapuche de 22 años- fue asesinado en 2017 fue valiosa para la búsqueda de justicia. Se trató de “una persecución a los tiros montaña arriba” con al menos “130 balas con intención de matar”.
Por Denali DeGraf. Edición: María Eugenia Ludueña.
LOF LAFKEN WINKUL MAPU/Villa Mascardi (Río Negro).
El 24 de octubre se hizo una inspección ocular en el territorio donde se asentó la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu y donde en medio de un operativo fue asesinado el joven Rafael Nahuel el 25 de noviembre del 2017. En el marco del juicio por su muerte -se acusa a cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina- jueces, testigues y algunos acusados recorrieron el predio, desde la Ruta 40 hasta el lugar del disparo mortal. Un grupo de mujeres de la comunidad acompañaron, entre ellas la machi Betiana Colhuán Nahuel (prima de Rafael.) Con un enorme despliegue policial, la comitiva entró a la zona alrededor de las 11 de la mañana y estuvo seis horas recorriéndola.
La inspección tuvo lugar dos días después de las elecciones nacionales donde Patricia Bullrich fue una de las candidatas y terminó tercera, detrás de Massa y Milei. Al momento del crimen de Rafael Nahuel, Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.
Además, hace una semana, al finalizar el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se realizó en Bariloche (a 35 km de aquí) más de un centenar de personas marcharon en caravana a la Lof Winkul Mapu para un abrazo simbólico a la lucha por la defensa del territorio. Hacer el encuentro en Bariloche fue un consenso de los movimientos feministas para apoyar la lucha de las mujeres mapuche que un año antes estaban presas.
130 balas con intención de matar
Desde el Ministerio de Seguridad de Bullrich, siempre mantuvieron la teoría de que hubo un enfrentamiento armado. Y no sólo ella: hasta la acusación inicial de la Justicia era por “homicidio en exceso de legítima defensa”. Con el correr del juicio las pruebas desarman esta hipótesis.
Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos y quien representa a esta dependencia como querellante, coincidió: “Llegamos a juicio y dijimos que acá hubo una persecución a los tiros montaña arriba, con los miembros de la comunidad corriendo y cinco prefectos disparándoles por lo menos 130 balas de plomo con intención de matar. Eso llevamos al juicio. A lo largo de él, fuimos corroborando todos esos hechos. Hoy acá lo pudimos transitar. Vimos donde empezaron los primeros disparos, marcado por la recolección de las vainas, seguimos subiendo y vimos donde terminó. Lo vimos en el terreno y lo vio el tribunal”, dijo a Presentes.
Durante el recorrido, las personas que estuvieron aquel 25 de noviembre del 2017—tanto los acusados como testigues—fueron dando su relato de lo sucedido. Sólo dos de los acusados, Juan Ramón Obregón y Sergio Damián García, participaron del procedimiento. Los otros tres, Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos y Carlos Alberto Sosa, no concurrieron.
Hay tres testigos del disparo que ya declararon en el juicio, y todes participaron: Johana Colhuán Nahuel, prima de Rafael, que también recibió una bala en el hombro ese día. Y Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes bajaron a Rafael de la montaña en busca de ayuda médica (aunque falleció en el camino).
Presentes preguntó a ambos sobre la jornada. Jones Huala respondió “Áspera. Es muy duro recorrer ese camino y tener que escuchar cómo mienten los prefectos. Pero pudimos contar cómo sucedió todo.” Agregó González Curruhuinca: “Ellos se contradicen todo el tiempo”.
En la inspección del martes, al llegar al lugar donde cayó Rafael, ellos fueron los primeros en transitar ese lugar y señalarlo. Cuando terminó de llegar el resto de la comitiva que venía caminando más despacio (había que subir alrededor de un kilómetro y medio por un sendero empinado en un bosque cerrado), se corroboró: el lugar señalado coincidía perfectamente con las coordenadas geolocalizadas en la inspección inmediatamente posterior al hecho.
Al finalizar la inspección (los medios no pudieron ingresar) la parte acusatoria de este juicio que transcurre ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca/Fiske Menuco se mostró conforme. El fiscal Rafael Vehils Ruíz contó: “Lo que nosotros buscábamos es justamente lo que obtuvimos. En la fiscalía tenemos una teoría del caso y esta inspección ocular nos aportó. Para el Ministerio Público Fiscal fue un acto sumamente positivo, importante para el caso.”
“Los acusados se pisaban”
María Nahuel, tía de Rafael y madre de Johana, relató a Presentes lo que le contó su hija: “Ella dice que se pisaban mucho. Decían cosas que no eran verdad. En ese entonces cuando asesinaron a Rafita no había casas, había carpas nomás. Y decían que había casas, alambres. Las casas se hicieron después… Estaban mintiendo. Entre ellos se estaban pisando, uno decía que acá había una casa y el otro decía que no. Decían cualquier cosa”.
Respecto a las diferencias entre los testimonios, el fiscal Vehils Ruíz marcó algo importante: “Por supuesto cada uno dio su versión de los hechos. Hay que tener en cuenta que los testigos estaban bajo juramento y los imputados no, todo el mundo sabe que es un derecho de defensa, pueden decir lo que les parezca, pueden mentir y no se les puede decir nada al respecto. No así los testigos, que si mienten están bajo juramento de decir la verdad y tendría una consecuencia penal”.
Momentos de tensión
El procedimiento tuvo una fuerte presencia policial, con más de un centenar de efectivos, tanto de la Policía Federal como la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional. Se mantuvo cortada la Ruta 40 durante todo el día. Los autos que necesitaban transitar entre Bariloche y El Bolsón fueron escoltados por patrulleros en grupos que pasaban cada tanto por Villa Mascardi. Al territorio sólo se permitió el ingreso a personal judicial y policial, a los abogados de las partes, a los testigos y a los imputados.
Cuando ingresó toda la comitiva, se dio una situación de tensión, ya que había más integrantes de la comunidad que querían ingresar al predio. La comunidad fue desalojada violentamente el 4 de octubre del 2022. Allí fueron detenidas siete mujeres con sus hijes, y cuatro de ellas permanecieron con arresto domiciliario durante ocho meses.
Esa detención terminó con una mesa de diálogo con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el 1 de junio, cuando se firmó un acuerdo que las puso más cerca de la libertad, ya que finalmente fueron liberadas. También se acordó que la machi Betiana Colhuán Nahuel podría volver al rewe (lugar ceremonial), sin embargo esta parte no se ha concretado aún.
La machi reclama por el espacio ceremonial
El martes la machi Betiana junto a su madre, María Nahuel, sus dos hijos, y otras integrantes de la comunidad, solicitaban ingresar al rewe para permanecer allí mientras duraba la diligencia. Luego de media hora de tensión frente al cordón policial, finalmente el tribunal aceptó que ingresaran a ese espacio sagrado. Cuando terminó todo, la machi Betiana Colhuán Nahuel compartió: “Fue duro estar allí pero rodeada de policías. Firmamos ese acuerdo pero hasta el momento sólo nos dejan entrar de a ratos, y no podemos volver a construir nada.” En el acuerdo, figura el compromiso de construir tres casas allí, por las que fueron demolidas.
Fue una jornada valiosa para la búsqueda de justicia por la muerte de Rafael. “No podemos pensar que la justicia se va a tapar los ojos y no va a ver lo que estuvimos viendo durante todo el juicio”, dijo a Presentes el abogado querellante Przybylski. “La expectativa es que esto termine como tiene que terminar, que es con una condena por homicidio. No veo otra posibilidad”.
En la primera semana de noviembre empezarán los alegatos, y se espera una sentencia cerca de fin de mes.