Las recientes medidas de ajuste económico en Argentina han reavivado la memoria de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, marcadas por la represión indiscriminada ante el estallido social. El gobierno actual, apenas asumido, implementó medidas impopulares que afectan a las clases populares, mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anuncia un polémico protocolo de represión.
Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 marcaron un hito en la vida política argentina desde la restauración democrática. Ante una profunda crisis económica que comenzaba a expresarse en marchas, revueltas y saqueos, la respuesta del gobierno de Fernando De la Rúa ante el estallido social, fue el estado de sitio y la represión indiscriminada. Las fuerzas policiales reprimieron al pueblo argentino reunido en Plaza de Mayo y en las protestas que se multiplicaron a lo largo y ancho del país, dejando 39 muertos y más de 500 heridos. El estallido social se dió luego de un largo periodo de ajuste económico y de implantaciones de propuestas económicas neoliberales a pedido del Fondo Monetario Internacional
Este año, al conmemorarse esta fecha, vemos que se repite la lógica del ajuste y la liberalización económica. Pocos días después de haber asumido, el nuevo gobierno presentó una serie de medidas de ajuste económico, que como siempre, afectan en mayor medida a las clases populares, que son las mayorías racializadas de la patria. Desde los medios hegemónicos, se está volviendo común la promoción, la naturalización y la banalización del ajuste. Por ejemplo, hace unos pocos días un periodista indicó que el ajuste nos llega a todos, como quien habla de las estaciones del año. Luego comparó, como si fuesen situaciones equivalentes, la realidad de una familia que frente al ajuste debe dar de baja una suscripción al streaming de video, con las familias que deben elegir qué comida eliminar para comer una sola vez al día y reducir gastos.
Seguidamente a las medidas de ajuste, se anunció la implementación de un viejo/nuevo protocolo de represión. La encargada de difundir la medida fue la ministra Patricia Bullrich, protagonista de la casta política que en 2001 estaba a cargo de la cartera de Trabajo de la administración de De la Rúa, cuando se dispuso un ajuste económico del 13% sobre las pensiones jubilatorias. Fue luego protagonista durante el gobierno de Mauricio Macri, como ministra de Seguridad, cuando intentó gestionar un protocolo de represión similar al actual. Durante la gestión de Bullrich al frente de la cartera de Seguridad, según los datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), su gobierno fue, desde la última etapa democrática, el que más reprimió. CORREPI afirma que: “Como en 2016, cuando anunció un protocolo similar, Bullrich impone con esta resolución un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales. Para lograr su objetivo de prohibir todo reclamo contra medidas antipopulares, decreta la ilegalidad de toda manifestación, movilización o acto de protesta; adecua a su antojo los requisitos objetivos y subjetivos para que se configure el delito del art. 194 del Código Penal; instruye a las fuerzas federales para actuar directamente sin orden judicial o fiscal y fija la “liberación de la vía pública” como objetivo inmediato con autorización para el uso de la fuerza”.
Entre algunos casos paradigmáticos en su paso por la cartera de Seguridad de la administración macrista, se encuentran los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En este último se llegó a una sentencia de unos pocos años para sus asesinos, oficiales pertenecientes a la Gendarmería Nacional. Durante la gestión de la ministra, a su vez, se avaló el “gatillo fácil” como práctica legítima de las fuerzas de seguridad. La defensa del caso Chocobar, el agente que disparó y mató por la espalda a un delincuente, fue su emblema.
En esta nueva etapa como ministra de Seguridad de un gobierno de ultraderecha, Bullrich se propone seguir fomentando la represión con las mismas prácticas que no funcionaron anteriormente. Una de sus características principales es que se busca perseguir a las organizaciones políticas y sindicales que estén dispuestas a salir a la calle para enfrentar el ajuste que propone el gobierno. En la presentación del protocolo, indicó que se abandona la política de seguridad que regía desde 2010, que indicaba que los efectivos policiales no debían concurrir a las movilizaciones con armas con balas de plomo. Ahora se le restituye esa posibilidad de portar armas de fuego con proyectiles de plomo. Que solo van a traer muerte a los que salgan a las calles.
Los que vamos a querer salir a las calles somos las mayorías racializadas, a las que más nos está pegando el ajuste y las que estamos en la mira del gatillo fácil y la violencia institucional. La Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), en sus aportes realizados al Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, sostiene: “Los estudios de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) señalan que los indicadores de violencia de las fuerzas de seguridad han aumentado considerablemente en los últimos años. Un ejemplo son los fallecimientos en establecimientos penitenciarios federales en los últimos 10 años que, dan cuenta de un aumento hasta encontrar su pico en el 2020. Se verifica que la violencia institucional plasmada en abusos policiales, asesinatos en establecimientos penitenciarios federales, e impunidad de quienes las llevan a cabo, dan cuenta de que las fuerzas atentan, prejuzgan y actúan también con base en un perfil racializado que describe a personas sospechosas como jóvenes, negros de barrios conflictivos”.
Desde el gobierno se aplica un ajuste y se criminaliza a la protesta contra ese ajuste. Otra vez sopa.