El gobierno de Javier Milei busca disolver la Defensoría del Público, cuestión que inicialmente no estaba contemplada en el DNU ni en la Ley Ómnibus. A pesar de ser un organismo del Poder Legislativo, sus representantes no fueron convocados a exponer en el Congreso Nacional.
La derogación de los artículos 19 y 20 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el marco de la Ley Ómnibus busca llevarse puesta la Defensoría del Público, un organismo del Poder Legislativo que promueve, difunde y defiende el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios audiovisuales en todo el país. Su responsabilidad es canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público, para que los derechos de oyentes y televidentes sean respetados. En el marco de las negociaciones por el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”, la disolución de la Defensoría habría sido incorporada como medio de negociación a cambio de revertir el cierre de otras entidades de la cultura.
“Se trata de una maniobra extorsiva haciendo figurar que se cierra la Defensoría para financiar con esos fondos el INCAA, el Instituto del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, la CONABIP y el Fondo Nacional de las Artes. Nosotros no estábamos en el DNU ni en la Ley Ómnibus, y por eso ni siquiera tuvimos la oportunidad de ir a defender el rol que cumple la Defensoría del Público. Justamente somos un organismo que depende del Poder Legislativo y su titular es designado por acuerdo de ambas Cámaras, con lo cual aquí se daría un ataque paradójico y sin precedentes”, explicó a El Grito del Sur Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público.
Cabe destacar que Lewin fue nombrada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y tiene mandato vigente hasta el 24 de junio de este año. “La Defensoría fue creada por la Ley de Medios, ampliamente debatida en todo el país, y ha sido premiada internacionalmente por su rol de promoción de los derechos de las audiencias. Nosotros recibimos reclamos de las audiencias cuando sienten vulnerados sus derechos. No tenemos capacidad sancionatoria, pero lo que hacemos es ir por el lado del diálogo y la pedagogía. Paradójicamente, los medios que han sido objeto de reclamos por parte de las audiencias después terminan consultando respecto al abordaje de temas espinosos de coberturas, como puede ser el suicidio. Tenemos excelente relación con todos los medios de comunicación comerciales, así como desarrollamos un rol especial de acompañamiento de los medios comunitarios y sin fines de lucro que se ven perjudicados por la suspensión de la pauta oficial y de los FOMECA, que garantizan recursos para estos medios”, señaló la Defensora.
A lo largo del año 2023, la Defensoría del Público puso en marcha actividades de formación y promoción así como espacios de intercambio de experiencias que impulsan instancias de aprendizaje y construcción de saberes. De esta forma lograron capacitar a casi 50 mil personas. Asimismo, desde la creación del organismo, 338.129 periodistas, comunicadores y comunicadoras, trabajadores/as de diversos medios de gestión públicos y privados, estudiantes, docentes, campesinos, indígenas, movimientos y organizaciones sociales, civiles, sindicales, de LGBTTTIQ+, audiencias y más, participaron en las diversas propuestas pedagógicas. Entre los ejes que sobresalieron, se destaca la línea de Alfabetización Mediática e Informacional, la línea de Ambiente y Comunicación, la línea Género y Comunicación, la línea Salud Mental, la línea Trata y Comunicación, y la línea Niñez, Juventud y Medios.
En cuanto a las audiencias del año pasado, tuvieron su primer capítulo en la provincia de San Juan. Luego llegó una doble jornada -presencial y virtual- en Córdoba, después fue el turno de Posadas (NEA). Para la región NOA, se dio en San Salvador de Jujuy. Para Buenos Aires, la audiencia se realizó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El cierre de año fue en Río Gallegos, para la región Patagonia. “Nosotros tenemos una planta reducida para la cobertura de 24 provincias. Esto se demuestra en repetidos viajes a los territorios, con la realización de audiencias públicas regionales -que son un mecanismo participativo en que el público viene a plantearnos sus críticas al sistema de medios y sus propuestas o intereses- a partir de las cuales diseñamos políticas públicas”, concluyó Lewin.