Medios cooperativos, redes de carreras de Comunicación Social y sindicatos elaboraron un documento dirigido a legisladores nacionales sobre las implicancias de la “Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” en torno a la comunicación, específicamente la vulneración de los derechos a la libertad de expresión y a la información.
En el escrito, se detalla artículo por artículo cómo la nueva norma afectaría a
- los medios de comunicación sin fines de lucro;
- a los derechos resguardados por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual;
- las consecuencias en esta materia que significaría la delegación de facultades al Poder Ejecutivo;
- así como los impactos sobre el sistema de medios públicos.
En el caso de los medios sin fines de lucro, se derogarían los fondos del FOMECA, que es un fondo que surge de los gravámenes que pagan todos los servicios de comunicación audiovisual y están dirigidos al desarrollo de los medios locales, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios de todo el país, gestionados por cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones. A partir de estos fondos se generan miles de puestos de trabajo.
Es una política absolutamente federal que se autofinancia, y que llega a todas las provincias del país con fondos nacionales. En 10 años (2013-2023) se financiaron más de 3 mil proyectos, por un total de casi 3 billones de pesos. Además, cuenta con mecanismos de transparencia ya que son concursos abiertos evaluados por jurados independientes (especialistas, academia, periodistas, técnicos), que luego deben ser aprobados por el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo que tiene representación del oficialismo y la oposición.
Además se auditan las rendiciones para ser aprobadas y el mismo Enacom realiza las inspecciones. La política del FOMECA se sostiene desde 2013. Incluso en 2016, el Enacom solicitó una auditoría a la SIGEN de todo lo actuado, que resultó positiva. Por todo esto, el FOMECA es reconocido por organismos internacionales como la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH y la UNESCO.
Las producciones financiadas obtuvieron premios, entre ellos: Martín Fierro Federal a la mejor serie de ficción de 2022; selección para el Festival Internacional Canneseries; el Premio Obrar del Consejo Publicitario Argentino; el premio Lola Mora en televisión digital; el premio TAL para producciones de televisión en América Latina.
A diferencia de lo que intenta argumentarse desde el oficialismo, el Fomeca no compite con los fondos que van al INCAA, o a las bibliotecas populares (CONABIP) o a la música (INAMU): cada una de estas actividades tiene asegurados sus propios fondos. Todos surgen de los gravámenes que pagan los medios de comunicación, y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual estipula su distribución (Art. 97).
No es cierto que lo que se quite a los FOMECA o a la Defensoría vaya a ir al cine. Según lo dispuesto por la Ley Ómnibus va a “Rentas Generales”, sin un destino específico lo que aumenta la posibilidad de un manejo discrecional.
En el segundo caso, significaría el cierre de la Defensoría del Público, que depende del Poder Legislativo. Su función es canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de los oyentes y televidentes sean respetados.
El organismo promueve el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. Con su cierre el acceso a la información y el derecho de las audiencias quedarían desprotegidos, lo que genera preocupación a nivel internacional, como la expresada por la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, y por Margot Smit, presidenta de la Organization of News Ombudsmen (ONO), organización internacional que integran defensores y defensoras de medios.
Un tercer aspecto configura la delegación de facultades especiales al Ejecutivo para, entre otras cosas, el manejo discrecional de los fondos, cuyas asignaciones específicas son el destino que se le da a los gravámenes que pagan los servicios de comunicación y van dirigidos a INCAA, INAMU, CONABIP, FOMECA, RTA, Defensoría del Público.
En cuarto y último lugar, el documento hace referencia al sistema de medios públicos. Los artículos previstos en la Ley Bases dejan sujetas a privatización y/o intervención empresas del Estado, entre ellas los medios públicos (Télam S.E y Radio y Televisión Argentina S.E), la empresa estatal Contenidos S.E. (que conduce la señales de televisión Encuentro, Paka Paka, Deportv y Cont.ar), Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A. y Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.Además se deja sujeta a privatización parcial la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (Arsat).
La privatización y/o intervención del sistema de medios públicos implicaría una grave lesión al derecho de acceso a la información de las audiencias a nivel federal y una grave pérdida en la soberanía comunicacional. Lo que a su vez importaría el incumplimiento por parte del Estado argentino de compromisos internacionales consagrados constitucionalmente en materia de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información.
Su pérdida, determinaría la formación de desiertos informativos en áreas significativas del país y asestaría un golpe a la industria cultural argentina, al impedir su utilización para la difusión de productos culturales que no tienen espacio en el sistema de medios privado.
De la misma manera, configuraría una mella a la soberanía estratégica, al enajenar las frecuencias de mayor alcance del país, que permiten la cobertura de cada rincón de la Argentina. Representaría una significativa pérdida de fuentes de trabajo altamente especializadas.