Esta semana se prevé la ocupación pacífica de los ministerios y dependencias oficiales, a lo que se sumará un paro nacional en el primer día hábil del mes de abril.
Por Mario Hernandez.
Para llevar a cabo la medida, se espera que tanto los empleados de planta permanente, como los contratados temporalmente y los despedidos entren al mismo tiempo a sus lugares de trabajo. Al respecto, se prevé que en los ministerios donde hubo más recortes se den los reclamos más calientes, como es el caso de la secretaría de Trabajo, donde hubo 523 cesantías en un mes.
“Los primeros ingresos serán a las 7:00. Si hay violencia será ordenada desde la Casa Rosada. Todos tenemos derecho a entrar a las dependencias públicas como trabajadores o ciudadanos”, manifestó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En paralelo, el dirigente sindical convocó ese mismo día a los delegados de todas las provincias para darle continuidad al plan de lucha. Sumado a esto, no se descarta que se llame a una movilización callejera para el viernes en la que la consigna sería no acatar el protocolo antipiquetes que impone el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
“Ratificamos un plan de lucha creciente con medidas de acción directa que se vayan profundizando en todo el país. Frente a la masividad de las cesantías y los oscuros y clandestinos mecanismos para instrumentarlas, necesitamos enfrentarlas de manera coordinada”, concluyó.
Jornadas de asambleas, paros y movilizaciones por los despidos en el Estado
Superada la etapa de mera estigmatización e iniciada la de despidos y destrucción lisa y llana de políticas públicas, las trabajadoras y trabajadores del Estado levantan la guardia y se disponen a resistir. Mientras UPCN analiza la posibilidad de tomar medidas en organismos puntuales y la CGT demora la convocatoria a un nuevo paro general, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció para el miércoles, tras el fin de semana largo, una jornada nacional de lucha con paros, asambleas, movilizaciones y la convocatoria a un “ingreso masivo y simultáneo a todos los organismos de la Administración Pública Nacional”. “Si hacen eso cometerán un delito que seguramente el presidente no va a dejar pasar”, expresó uno de los adláteres de Javier Milei, que le dio su aprobación en la red X. “Delito es gobernar en contra de la Constitución Nacional, a espaldas del Congreso y perjudicando al pueblo”, le respondió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y lo invitó a pensar “cómo terminaron los gobiernos que optaron por reprimir al pueblo”.
Alrededor de 5.000 empleados públicos recibieron durante la última semana comunicaciones vía mail o WhatsApp para notificarles que habían sido despedidos, mientras varios miles más se encuentran expectantes ante el vaciamiento de las áreas donde de desempeñan y las bravuconadas de Milei y los suyos ufanándose del trabajo “extremadamente quirúrgico para que se pueda depurar (sic) la planta pública”, en términos del cínico vocero Manuel Adorni. En medio de la tensión creciente en distintas dependencias, se conoció un decreto fechado el jueves para renovar por tres meses distintos tipos de contrataciones.
“Vamos a hacer medidas de fuerza por organismos y de acuerdo a la realidad de cada organismo. Veremos hasta dónde llegamos”, declaró Andrés Rodríguez, de UPCN. “Los planes de lucha comienzan a gestarse con asambleas, después con batucadas y paros parciales en cada turno, y si la cuestión continúa puede seguir con una medida más generalizada”, agregó, y ante la insistencia sobre la necesidad de llamar a un paro, Rodríguez dijo que “no hay un planteo de paro general en el horizonte. No entiendo por qué me insisten tanto. ¿Se es combativo porque mandemos un paro general o porque solucionemos los problemas?”.
ATE, por su parte, notificó el miércoles a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la jornada de lucha del 3 de abril, no sólo para reclamar que cesen los despidos y las políticas de ajuste sino también un aumento salarial que supere la inflación, pases a planta, rechazo a intentos de privatización y anulación del protocolo anti-movilizaciones, entre otros.
“Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un Gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, le advirtió Aguiar desde su cuenta en X. Exigió que “no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los Ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar”. Le recordó que está violando el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público, que cada cesantía implica “un calvario para el trabajador y la familia que la sufre” pero que detrás hay “una política pública que se desmantela”, y le avisó que “frente a esta tragedia social que está provocando nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos y que será ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión”. “Y, por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”, concluyó.
Entre las previsibles reacciones de trolls y simpatizantes libertarios, Milei eligió para expresarse la del consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi, devenido en estos días en tuitero prolífico con propuestas tan republicanas como tirar abajo el edificio de Desarrollo Social con la imagen de Evita. Ante el anuncio del “ingreso masivo y simultáneo” a los organismos públicos, el abogado difundió la noticia reinterpretada por la señal TN, que agregó “por la fuerza”, y advirtió: “Si hacen eso, cometerán un delito que seguramente el presidente Milei no va a dejar pasar, como hicieron todos desde 1983”. “Cooooooorecto”, lo aplaudió el libertario en la misma red X.
“Delito es gobernar en contra de la Constitución Nacional, a espaldas del Congreso y perjudicando al pueblo. Se eligió un presidente constitucional, no un dictador”, le respondió Aguiar. “El derecho de huelga, de reunión, de manifestación, y la libertad de expresión siguen garantizados por la Constitución. Presidente Milei, ¿en serio cree que es correcto reprimir trabajadores? Ejercemos nuestras libertades democráticas, aunque a los golpistas no les guste”, advirtió. “¿Recuerda cómo terminaron los gobiernos que optaron por reprimir al pueblo? Y si habla de después de 1983 debería pensarlo bien, porque yo recuerdo a varios que estando en el lugar que hoy está usted, no les fue muy bien”, concluyó.
Más tarde difundió la información sobre una reunión extraordinaria del colectivo de abogadas y abogados de ATE de todo el país. “Realizamos una reunión federal con el objetivo de evaluar la inédita y compleja situación política que estamos atravesando en el país respecto del empleo público y hemos resuelto acciones para fortalecer la coordinación jurídica permanente, de manera de dar respuesta inmediata a las diversas situaciones que se vayan generando a partir de los despidos masivos en Estado”, manifestó Mariana Amartino, que junto a Matías Cremonte y Alexis Barraza coordinan el equipo jurídico de ATE. “No sólo despiden personas que trabajan, también desmantelan políticas públicas y además hay un goce en anunciarlo, la lógica de la crueldad a pleno”, agregó. Anunció que resolvieron hacer presentaciones por los servicios esenciales que el Estado está obligado a prestar, de las que ahora se desentiende, y ante organismos internacionales de Derechos Humanos por la violación de tratados que señalan al trabajo estatal como fundamental para garantizar derechos fundamentales.
“El nivel de ataque sobre los derechos de los estatales es muy grave e inédito. El Gobierno ha decidido quebrantar en su parte medular el sistema jurídico vigente en nuestro país. La vulneración de garantías consagradas constitucionalmente (artículo 14 bis) demuestra que el accionar del Poder Ejecutivo en este momento no se corresponde con un período democrático”, advirtió Aguiar. “La conflictividad en el Estado se va a agudizar rápidamente y frente a un Gobierno peligroso y violento como el que encabeza el presidente Milei los delegados y dirigentes sindicales serán perseguidos y criminalizados”, anunció, y ratificó el “plan de lucha creciente con medidas de acción directa que se vayan profundizando en todo el país”.
Fuente: Página/12
El mapa de los despidos en el Estado
La ola de despidos desatada por el gobierno de Javier Milei cayó hasta el momento sobre al menos 7.000 trabajadores de ministerios, secretarías, distintas dependencias y áreas descentralizadas del Estado. No obstante, el número es provisorio y no se descarta que para mediados de esta semana pueda duplicarse, tal como lo prometió la administración de La Libertad Avanza (LLA).
La cifra de los despidos que ayer sacudieron a toda la administración pública nacional fue precisada por el monitor de despidos que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elabora minuto a minuto sobre la base de la información que remiten delegados y delegadas de las distintas reparticiones del Gobierno.
Los 7.000 casos provisorios se tratan de despidos fehacientes, es decir, de personas que fueron notificadas a través de las vías informales que el Gobierno eligió para decirles que quedaron en la calle: whatsapp y mails.
Según el monitoreo, los que recibieron esos mensajes en los últimos días fueron 4.969 trabajadores. Otros 2.000 se encuentran en transición de despido, es decir que serían notificados en breve porque el cierre de las áreas donde se desempeñan ya fue anunciado, según aclaró el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
La razón por la que el gremio interpreta que esos números son provisorios tiene que ver con la aclaración que hizo el vocero Manuel Adorni cuando corrigió la cifra de 70.000 despidos arrojada por el presidente Javier Milei.
El portavoz aclaró que, en rigor, los despidos serían el 20 % de lo dicho por el mandatario y estimó que se despedirán a alrededor de 15.000 trabajadores. O sea que, si hasta ahora hubo 7.000 despidos, la faena del Estado estaría a mitad de tránsito.
Pero la duda no está tanto en el número de despidos como en el porcentaje. “Al parecer, ese 20 % es la ‘pauta’. Esta es la versión que está cobrando fuerza porque el Gobierno habría ordenado elaborar listados con una reducción de personal de entre el 20 y 30 %. Si ese número de referencia fuera la premisa, sufriríamos entre 14.000 y 21.000 despidos”, alertó Aguiar.
Según el monitoreo provisorio hecho por ATE, algunas de las notificaciones que se produjeron hasta el momento son las siguientes:
- Anses: 1.200
- Secretaría de Agricultura Familiar: 900
- Ministerio de Capital Humano: 800
- Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR): 600
- Secretaría de Trabajo: 517
- Agencia Nacional de Discapacidad: 332
- Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia(Senaf): 300
- Personal Civil de las Fuerzas Armadas: 280
- Secretaría de Comercio: 225
- Secretaría de Cultura: 208
- Nación ART: 200
- INCAA: 170
- Acumar: 120
- Cenard(Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo): 120
- Subsecretaría de la Mujer: 150
- Indec: 100
- Secretaría de Derechos Humanos: 12
- Administración General de Puertos: 185
- Agencia Nacional de Seguridad Vial(ANSV): 89
- Conicet: 87
- Servicio Meteorológico Nacional: 80
- Parques Nacionales: 79
- Vialidad: 67
- Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero(INIDEP): 40
- Ministerio de Economía: 26
- COPREC(Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo): 25
- Secretaría de Energía: 21
- CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte): 2
En esa lista, hay algunas particularidades. Por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos, su titular Alberto Baños niega la información, pero se conoce que tiene tomada la decisión.
En el Ministerio de Capital Humano hubo 800 despidos, pero prácticamente se da por hecho que para la semana próxima habrá otros 1.000 más.
En la Agencia Nacional de Discapacidad, entre los despedidos hay una veintena que son personas con distintas discapacidades, lo cual viola la ley de cupo que obliga al Estado a su contratación.
Los 900 despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar son parte de los 2.000 que están en transición de despidos, porque la efectivización del vaciamiento –según el decreto que lo ordena- es dentro de 90 días.
El Gobierno dijo que las bajas de contratos alcanzarán a personas incorporadas durante el último año. Sin embargo, esto no fue así. “Analizamos que no existió un patrón de antigüedad. No despidieron solo a quienes ingresaron en el gobierno anterior sino a personas con más de 20 años de antigüedad, es decir, que ingresaron en la gestión de (Carlos) Menem”, subrayó Aguiar.
Pero la estrategia del gobierno de Milei para su achique del Estado no se detiene en los despidos. La licuación del salario, la magra paritaria y el congelamiento de sueldos es una forma indirecta de despidos de la que el Estado hace gala y que, inclusive, inspira a algunas empresas.
“El recorte del salario, que a marzo superará el 20 %” equivaldría a (el costo de) 14.000 mil puestos de trabajo”, reveló Flavio Vergara, director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE. Este ajuste también suma “al listado de trabajadores injusta y brutalmente despedidos”, añadió.
En total, la administración pública nacional tiene 140.000 trabajadores, 70.000 de los cuales son contratados. Esta es la cantidad que planea echar Javier Milei, tal como se ufanó el martes en su discurso en el IEFA Latam Forum.
Se trata de la tercera “reforma del Estado” neoliberal en los últimos 40 años de democracia. La primera fue durante el gobierno de Carlos Menem, con las devastadoras consecuencias que ya se conocen. La segunda fue con Mauricio Macri, con la insolvencia y el daño que ya se conoce.
Pero, como se sabe, reestructurar el Estado no es gratis ni es fácil. El entramado de leyes que lo sustentan y las estructuras que sostienen la administración son tantas que lo único que se logra es un daño temporal que a largo plazo le cuesta al Estado más de lo que un gobierno quiso “ahorrar” en el corto plazo.
Exigen que se respete la ley de cupo laboral trans
Daniel Catalano, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires, informó a los medios de comunicación que alrededor de 11.000 despidos de trabajadores estatales ocurrieron durante la última semana. A esa cifra además deben agregarse los 7.000 contabilizados por ATE desde que Milei asumió la presidencia, por lo que el total de despedidos en el Estado alcanzaría los 18.000 trabajadores en tres meses y medio.
En este contexto de continuos despidos que amenazan a llegar a 70.000, la Liga Federal LGTTTBIQ+ de las provincias denunciaron mediante un comunicado el despido de más de 20 personas travestis trans de distintas dependencias del sector público nacional.
«Ya ha anunciado más de 20 despidos en distintas dependencias, y no sabemos si esta cifra aumentará con el correr de los días» expresaron.
La Ley «Diana Sacayán – Lohana Berkins» fue impulsada por la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans, integrada por más de 250 organizaciones, encabezada por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTTTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina. Esta Ley descansa en la urgencia por responder a la injusticia, la discriminación y la desigualdad históricas del Estado y la sociedad hacia identidades cuyos derechos han sido vulnerados sistemáticamente.
Desde las organizaciones tran travestista están en alerta y exigen el cese de los despidos y la inmediata reincorporación de las personas despedidas.
Siguen los despidos en la línea 137 de atención a víctimas de violencias
Entre la ola de despidos de trabajadoras y trabajadores del Estado, se produjeron las cesantías de 9 integrantes de la Línea 137, que atiende a víctimas de violencias. Se enteraron a través de un listado que circuló por WhatsApp, algunas de ellas mientras se encontraban atendiendo llamadas.
Compartimos un escrito que nos hizo llegar una de las trabajadoras despedidas.
¿Qué es la Línea 137? Es la Línea de atención gratuita del Programa “Las Víctimas Contra las Violencias” que funciona las 24 horas los 365 días del año. Depende de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia de la Nación.
Realiza atención a víctimas de violencia familiar y sexual (incluyendo explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes; y grooming) y a consultantes por problemas de acceso a la justicia. Lxs profesionales realizan guardias en la Central de Llamadas y en Equipos Móviles. Son parte de un equipo interdisciplinario que se acerca al lugar donde se encuentre la víctima al momento de realizar la denuncia, acompaña, asesora, e incluso asiste a una guardia de hospital. Realizan evaluaciones de riesgo, contención, articulación institucional, armado de redes y acompañamiento telefónico y territorial en la urgencia, durante las 24 horas, todos los días del año, para todo el país (NO ES lo mismo que el 911).
En paralelo a ellos, se confeccionan informes que luego son elevados a fiscalías, juzgados u otros organismos intervinientes, lo que implica una potencia específica para el sostén subjetivo de las víctimas y un aporte para el curso de la investigación. De esta forma, los operadores judiciales cuentan así con un registro inicial, presencial, en el momento de la emergencia, que brinda el relato en el marco del evento traumático. Los profesionales del programa tienen formación académica, capacitaciones, cursos constantes.
La Línea y el Programa son parte de una Política Pública, un servicio que se le brinda a la comunidad, vinculada a las necesidades específicas del entorno social, cultural, político, económico, psicológico e institucional, es decir la posibilidad de lxs ciudadanxs de acceder a sus derechos. Históricamente las luchas sociales conquistaron derechos, teniendo los Estados la obligación de garantizarlos y restablecerlos, como también promocionarlos y llevar a cabo políticas públicas que atiendan problemáticas sociales tan significativas como la violencia machista, la violencia familiar y la violencia sexual.
En el año 2023 ocurrió un femicidio o travesticidio-transfemicidio cada 28 horas en el año 2023. Un total de 256 niñes que quedaron sin su madre. La violencia familiar está presente en muchos hogares.
Las cifras de abuso sexual en las infancias, según datos de la OMS, arrojan que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultxs declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Sabemos que muches lo callan, que aún no pueden hablar a pesar de los años que han transcurrido, y que esta cifra es mucho mayor en realidad.
La Educación Sexual Integral permite que los diferentes tipos de violencias, y en especial la violencia sexual, puedan ser visibilizados y denunciados, y se puedan realizar acciones para proteger la integridad psicofísica de niñes y adolescentes.
Para eso está nuestra Línea… ¿Qué haces vos si tu hijx te cuenta que fue abusadx? ¿o llega tu hija golpeada por la pareja?, ¿Qué haces si tu familia te violenta o si sos adultx y tus hijxs ya grandes te maltratan?
Estas problemáticas no tienen horario, no suceden de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Nosotrxs estamos ahí, las 24 horas los 365 días del año.
En diciembre de 2023 compañeras que en Navidad estaban acompañando a una joven que fue víctima de abuso sexual y luego a una mujer embarazada que fue golpeada por su pareja, fueron despedidas por correo electrónico. Los primeros despidos en la Secretaría de Justicia fueron informados vía GDE (Sistema de Gestión Documental Electrónica). Llegaron sin ningún contacto personal el viernes 29 de diciembre por la tarde, cuando terminaba el último día laboral del año.
A esas 7 profesionales de la línea dadas de baja, 1 de la línea de acceso a la justicia y 4 de los centros de acceso a la justicia (motivados por el decreto 84/2003) se suman 9 profesionales que fueron informadas hoy que sus contratos no serían renovados. Ellas engrosan la lista inmensa de trabajadoras y trabajadores del Estado que se encuentran en estado de conmoción.
La información de los nuevos despidos llegó a cada funcionaria/o por WhatsApp o por correo, esta mañana. No se presentaron interlocutores oficiales, nadie dio la cara; la importante cuota de humanidad, esa ternura en los términos de Ulloa que te salva, la brindó la red de profesionales que sigue sosteniendo y conteniéndose mutuamente.
Este recorte, además de poner en peligro las fuentes de trabajo, deja en suspenso las políticas públicas que brindan acompañamiento y contención a víctimas de la violencia familiar y sexual. Tanto a nivel nacional como local, los despidos representan menor calidad de atención a las personas que se contacten con la Línea, ya sobrecargada. Sabemos que peligra la continuidad del programa Las Víctimas contra las Violencias, ya que más del 90% de las y los profesionales son contrataciones bajo la modalidad de Artículo 9, que renuevan año a año su contrato, desde el año 2006; en este momento quienes tengan la posibilidad de renovar, será por tres meses con la posibilidad de nuevos despidos. Esto implica un vaciamiento de las Políticas Públicas.
Las personas no pueden estar esperando horas a ser atendidas luego de pasar un hecho tan traumático, deben ser asistidas en la emergencia por profesionales idónexs en una temática que es tan compleja. Nosotrxs estamos ahí, pero cada vez somos menos. EN EL ESTADO NO SOBRA NADIE.
Luis Petri desmanteló el área de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura
Por Luciana Bertoia
La pelea por el botín después de cada secuestro. Los abusos sexuales a las prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La comisión que armó la Marina para borrar los rastros de sus crímenes. Los aviones que se usaron para tirar personas vivas al mar. Estos son algunos de los aportes que hicieron en los últimos trece años los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas. El miércoles, al filo del fin de semana largo, funcionarios del Ministerio de Defensa –que responden al radical Luis Petri– anunciaron que dejarán sin efecto esa política y que despedirán a diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en el área.
Los equipos se crearon en 2010, cuando los juicios por crímenes contra la humanidad ya llevaban cuatro años reabiertos. Fue en respuesta al decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner que desclasificaba la información sobre las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983. Los ERyA funcionan dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
Desde su creación, los equipos produjeron más de 170 informes para que la justicia investigue y juzgue el accionar de integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y relevaron más de 17.000 legajos. Los principales interesados en su desmantelamiento son justamente quienes se sientan en el banquillo por secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robo de bebés. En la red social X, defensores de acusados por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado festejaron la decisión de Petri.
Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los despidos en el Ministerio de Defensa estuvieron enfocados en los equipos de relevamiento y análisis. La decisión de desmantelar el área provino –según el gremio– de Petri y de Claudio Pasqualini, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Pasqualini fue el jefe del ejército durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde allí, fogoneó actos por la “memoria completa”. Está casado con Laura Renés, hija de Athos Renés –condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.
El director nacional de Derechos Humanos Lucas Miles Erbes y el asesor legal Jerónimo Pèrés Vieyra fueron quienes comunicaron la decisión de derogar todas las resoluciones que rigen el accionar de los equipos y de despedir al grueso de sus integrantes. Erbes fue quien visitó a genocidas presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo semanas atrás en una situación insólita para un área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Según pudo reconstruir este diario, no se reunió únicamente con militares sino también con policías que están condenados por crímenes contra la humanidad.
La decisión de desmantelar el área generó preocupación entre actores claves del proceso de verdad y justicia en la Argentina. Después de que trascendiera la noticia, el fiscal Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Asistencia para las causas de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Neuquén, le envió un oficio a Petri para que tenga “a bien evitar cualquier decisión que pueda poner en peligro el acervo documental que conforma y gestiona el archivo de Defensa”.
Palazzani invocó un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenaba preservar la prueba de lo que surge en los juicios. Uno de los camaristas que firmó esa resolución fue Alejandro Slokar, quien también expresó su preocupación ante la consulta de este diario. “Dinamitar gubernamentalmente las estructuras y los equipos orientados a la reparación de las víctimas de los crímenes de la dictadura, de modo de no facilitar el acceso a la verdad y así evitar la repetición de lo perpetrado, desatiende las exigencias internacionales y acarrea consecuencias. Tanto más desde la ejemplaridad argentina en este plano, cuyo reconocimiento nos ubica en un rango diferencial en la región y hasta el mundo”, remarcó Slokar.
Preocupación entre fiscales y querellantes
La decisión de desarmar el área implica que quienes tengan que responder a los requerimientos de la Justicia serán las propias Fuerzas Armadas, muchas veces integradas por hijos, sobrinos o nietos de los imputados. “Me preocupa que estas medidas puedan generar un obstáculo para avanzar con las investigaciones en curso”, dice la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). “Los equipos que venían trabajando realizan un aporte importante y necesario en el relevamiento, análisis e interpretación de documentación histórica para los casos que aún hoy estamos investigando”, añade.
“Los equipos de relevamiento documental del Ministerio de Defensa vienen haciendo, desde hace años, un trabajo fundamental para las investigaciones por los crímenes contra la humanidad –suma Pablo Parenti, jefe de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante)–. Para todos los fiscales, el aporte de estos equipos es una herramienta imprescindible para acceder a información, vincularla con distintas fuentes documentales y, a partir de eso, identificar autores, probar hechos, entender ciertas lógicas represivas. Son equipos que están integrados por personas altamente capacitadas y que fueron sostenidos, desde su creación, por todas las gestiones del Ministerio de Defensa. Sería un gran retroceso si se confirma la disolución”.
Desde Tucumán, el fiscal Pablo Camuña destaca que el trabajo de los equipos fue muy importante para investigar el Operativo Independencia y el accionar del Destacamento 142. “En ambos casos fue un trabajo muy meticuloso sobre una cantidad de documentación gigantesca, que ayudó a fundamentar la acusación y después las sentencias”, explica.
Lo mismo dice Mercedes Soiza Reilly, que integró las fiscalías que tanto en la ESMA como en Campo de Mayo lograron las condenas por vuelos de la muerte. “Sin el trabajo de los equipos de relevamiento sería imposible acceder al material secreto que documentó cómo funcionaron las estructuras de las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado. No es solo una cuestión de acceso nada más, necesitamos especialistas que conserven, protejan, releven y analicen el caudal documental que aún hoy contiene información valiosa para los juicios. Si no fuera por el trabajo de las personas que conforman los equipos no habría sido posible probar el sistema de eliminación de prisioneros políticos mediante los vuelos de la muerte”, afirma.
“Éste es otro golpe directo a una obligación del Estado”, opina Pablo Llonto, abogado querellante en los juicios de lesa humanidad. “Existe una obligación estatal de cumplir con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que implica que los países donde se cometieron crímenes de lesa humanidad tienen la obligación de investigar, juzgar y castigar a quienes cometieron estos crímenes. Desarmando estos equipos, dejándolos en mínima expresión, lo que hacen es poner obstáculos. Espero que la justicia actúe removiendo esos obstáculos”, dice.
La abogada Guadalupe Godoy, también querellante en los juicios, recuerda que, cuando se reabrieron los juicios por crímenes durante la dictadura, había quienes decían que era como cazar en el zoológico. “Lo que esta pasando, y esto en particular nos muestra que, 20 años después, hay sectores activos del genocidio que intentan sostener su impunidad”, asevera.
Diputados también en alerta
Desde el Congreso nacional, se pronunciaron Hugo Yasky y Myriam Bregman. “Destruir la política de archivos y derechos humanos del Ministerio de Defensa es una variante de negacionismo que pone en peligro décadas de fortalecimiento del carácter democrático de las Fuerzas Armadas”, tuiteó el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Bregman, por su parte, sostuvo: “Nuestra exigencia es la contraria a la decisión que toma Petri: que se le dé máxima jerarquía al relevamiento de archivos y avanzar en la apertura de los archivos de la represión”.
Desde la Legislatura porteña también expresó su preocupación la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Montenegro y se puso a disposición de los trabajadores despedidos.
Obstaculizar es la tarea
“Esta decisión de cerrar los equipos de relevamiento pertenece a una serie de acciones del Ministerio de Defensa que implican una obstaculización directa al proceso de justicia y a la averiguación de la verdad y que está en línea con las posiciones que se conocieron del ministro Petri en estos días en su valoración sobre el rol de las Fuerzas Armadas en dictadura”, denuncia Marcela Perelman, directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) “Habiendo tomado esta decisión, lo que consideramos urgente y fundamental es que se tomen medidas de preservación de la documentación que ahora queda directamente a cargo de las Fuerzas Armadas, que están además bajo un Ministerio de Defensa en gran parte también militarizado“, agrega Perelman.
Petri viene llevando adelante lo que desde los organismos de derechos humanos se percibe como una política regresiva. Sus principales funcionarios –como Pasqualini– son militares retirados. En los días previos a la conmemoración de los 48 años del último golpe de Estado, el ministro dijo que las Fuerzas Armadas habían sido “demonizadas” por su accionar durante los años ‘70 y se fotografió junto a la activista pro-impunidad Cecilia Pando.
La política de restringir el acceso a los archivos ya había sido festejada en un editorial de La Nación. En la práctica, esto implicará dificultades para controlar los ascensos –tarea con la que cumple el CELS, por ejemplo, desde hace 30 años– y los nombramientos de retirados tanto en Defensa como en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Desde el Ministerio de Defensa, tampoco hubo explicaciones ante el homenaje que le hicieron en el regimiento de Apóstoles a Horacio Losito, condenado a perpetua por crímenes contra la humanidad. La Unión de Personal Militar Asociación Civil (UPMAC) también comunicó que el Ejército había modificado sus protocolos para despedir con honores a los represores que mueran y no tengan sentencia firme. A esto se suma, la visita a la cárcel de Campo de Mayo de funcionarios de Petri para tomar nota de los reclamos de los represores que están ahí presos, revelada por este diario el domingo último.
520 despidos en Trabajo
En las últimas horas del miércoles pasado llegaron correos notificando al menos 520 despidos en el ex Ministerio de Trabajo de la Nación, degradado a Secretaría por el gobierno de Javier Milei. La decisión de los despidos quedó a cargo del funcionario dependiente del grupo empresarial Techint y Secretario de la cartera, Julio Cordero.
Más temprano durante el miércoles, las y los trabajadores realizaron una asamblea en el salón de ingreso a la sede central de Trabajo en Alem 650 reclamando la renovación de todos los contratos que vencen el próximo 31 de marzo.
El dato destacado de dicha asamblea fue que se construyó en unidad entre las distintas organizaciones gremiales que tienen representación en la cartera laboral. “Nos sumamos activamente a la concentración en el hall de Alem 650, construyendo en la práctica una enorme muestra de unidad en la lucha de los sindicatos que intervenimos en el organismo, en sintonía con las resoluciones de nuestra última Asamblea General, claramente orientadas a promover la más amplia unidad de acción en Trabajo, en defensa de todos los puestos de trabajo de nuestro organismo”, habían comunicado desde la Junta Interna de ATE Trabajo en horas de la tarde.
Imágenes de los delegados de ATE y UPCN lado a lado en dicha asamblea circularon profusamente por las redes.
Luego, al caer la noche y poco antes del inicio del feriado extra-largo de seis días, las autoridades empezaron a enviar las notificaciones de despido que afectaron tanto a contratados como a planta permanente.
Compartimos a continuación el comunicado de la Junta Interna de ATE Trabajo tras la llegada de los despidos:
520 despidos en Trabajo: desguazan el organismo porque van por los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras
Unos 520 despidos de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Trabajo se produjeron ayer miércoles 27, como parte de la política de desguace y despido masivo de trabajadores estatales que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
En la cartera laboral la decisión de los despidos quedó a cargo del funcionario dependiente del grupo empresarial Techint y Secretario de la cartera, Julio Cordero, y afectó a trabajadores y trabajadoras de las modalidades Artículo 9 y monotributistas de todo el país.
Los despidos no hicieron distinciones: trabajadores de más de 20 años de antigüedad en el organismo (algunos a meses de su jubilación), ingresos mediante el cupo laboral travesti-trans, personas con discapacidad, trabajadores con problemáticas de salud, entre otros cuadros críticos, y afectó severamente a las Agencias Territoriales de todo el país y áreas como Formación Profesional, Encuesta de Indicadores Laborales, Igualdad Laboral, Discapacidad, entre otras.
Las cesantías fueron informadas mediante mails institucionales enviados en las últimas horas del día, previo al feriado extendido, con el fin de desalentar a los trabajadores afectados a llevar adelante la lucha por su reincorporación.
El próximo miércoles 3 desde la Junta Interna de ATE – Trabajo se convoca a un ingreso masivo en la puerta del organismo, ubicado en Alem 650 (CABA), a las 9:30 horas, para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan ingresar a sus sectores de trabajo y definir en Asamblea General las medidas de lucha a llevar adelante para enfrentar a los despidos y por la reincorporación de todos los despedidos y despedidas.
Junta Interna ATE-Trabajo
Anuncian un centenar de despidos en Parques Nacionales
El recorte de cerca de 100 trabajadores de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN) anunciado el pasado miércoles por las autoridades del organismo promete diezmar el funcionamiento de las áreas protegidas en la Argentina, denunciaron delegados gremiales.
“Nos entregaron una lista con aproximadamente 100 despidos, la mayoría de la Casa Central pero también hay muchos parques de todo el país afectados a modo goteo. Inclusive una veintena de compañeros y compañeras que trabajaban en proyectos aprobados y en ejecución por el Banco Mundial. También cesaron a dos delegados”, aseguró a Somos Télam Juan Ignacio Martínez Losardo, secretario general de ATE en APN Casa Central.
El miércoles 27 al mediodía los trabajadores de APN se congregaron en la puerta de la Casa Central del organismo a pocos metros del Congreso, en el centro porteño, donde realizaron una olla popular para visibilizar la situación tras meses de incertidumbre.
Por la tarde y en el último día hábil del mes, delegados gremiales recibieron de parte de las nuevas autoridades, encabezadas por el vicepresidente Marcelo Forgione, una lista con los nombres de los trabajadores a quienes no se les extenderá el contrato que finaliza el 31 de marzo.
Según se desprende de la lista, el ajuste afecta a administrativos, pero también a personal técnico especializado en conservación de flora y fauna, infraestructura, recursos humanos, prensa y jurídico de todo el país.
Las nuevas autoridades
Hace dos semanas, el presidente Javier Milei oficializó a varios integrantes del Directorio de APN. El vicepresidente es el empresario ganadero Marcelo Forgione junto a los vocales María Haure y Walter Scibilia. A pesar de que las firmas están a cargo del vicepresidente Forgione, en diferentes reuniones participa activamente Cristian Larsen, exauditor de la TV Pública en la gestión de Hernán Lombardi durante el macrismo. Larsen ejerce el rol de presidente de APN, sin embargo, su designación continúa sin ser notificada en el Boletín Oficial.
Los cesanteados prestaban servicios principalmente en Casa Central y en el Parque Nacional Lanín (Neuquén), pero también se ven afectados los Parques El Palmar (Entre Ríos), El Impenetrable (Chaco), Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), Islas de Santa Fe (Santa Fe), Leoncito (San Juan), Bosques Petrificados de Jaramillo (Santa Cruz), Arrayanes (Neuquén) y Los Alerces (Chubut), entre otros.
El Parque Nacional más afectado es el tercero más extenso del país, el neuquino Lanín. Para el control de sus 412.000 hectáreas el parque cuenta con poco más de 200 trabajadores (un tercio de ellos brigradistas), que cumplen funciones en diversos sectores y áreas, con asiento de sus tareas en las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé.
En la actualidad, los más de 2.000 trabajadores de la APN gestionan 55 áreas protegidas en 21 provincias y el Mar Argentino, un total de 18.275.722 hectáreas, lo que equivale a poco más que la superficie de la provincia de Córdoba, detallan los trabajadores de la APN en el sitio Defendamos Parques Nacionales.
Cacerolazo y protesta en Aeroparque
El miércoles, en vísperas de Semana Santa, las y los trabajadores de la empresa GPS, la principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas, protestaron desde las 19:00 frente al Aeroparque.
Hasta el momento hay más de 60 despidos, incluyendo madres sostén de hogar y compañeros de licencia médica por dengue. La empresa ya ha adelantado que va a continuar con más despidos, que son completamente ilegales ya que para no pagar las indemnizaciones completas aducen una baja en las tareas laborales, cuando las mismas se vienen incrementando y faltan trabajadores. Vale recordar que los trabajadores aeronáuticos han estado en la primera línea durante la pandemia, se han contagiado COVID y llevado el virus a sus casas, trabajando siempre a la intemperie en invierno y verano. Ahora los quieren dejar en la calle junto a sus familias.
Mediante un comunicado, los trabajadores expresaron que “sabemos que este es el primer paso en el intento ya anunciado por el gobierno de privatización de nuestra aerolínea de bandera. Ante esto no nos dejan más opción que salir a las calles a manifestarnos por nuestro futuro y el de nuestras familias. Estaremos acompañados por asambleas barriales, centros de estudiantes y otros sectores en lucha con quienes venimos peleando juntos”.
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Trabajadores de la Secretaría de DDHH denuncian amedrentamiento con armas de fuego en la ex ESMA
El pasado miércoles a la mañana, en el predio de la ex ESMA y en el marco de una acción de denuncia por los despidos en el Estado, custodios del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, amedrentaron con un arma de fuego a las y los trabajadores que exigían la reincorporación de los despedidos y la renovación de los contratados.
Alberto Baños es un ex juez que comenzó su carrera durante la dictadura y es cuestionado por su actuación en el caso de la desaparición de Ashark Karhanya, agente de la policía de la Ciudad.
Reproducimos a continuación el comunicado de la Junta Interna:
Buenos Aires, 27 de marzo de 2024
Desde el cuerpo de delegadxs de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos denunciamos que en la jornada de lucha realizada hoy, uno de los custodios del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, intentó sacar su arma de fuego delante de lxs trabajadorxs, lo que fue impedido por una trabajadora que logró frenarlo.
Vemos con extrema preocupación que en nuestro espacio de trabajo sucedan hechos de esta índole. Somos trabajadorxs y estamos reclamando por los despidos de nuestrxs compañerxs. De ninguna manera vamos a permitir hechos de amedrentamiento contra lxs trabajadorxs. Esto, además, sucedió en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
Estamos atravesando la incertidumbre acerca de los casi cien contratos que vencen hoy y con compañerxs que fueron despedidxs y todavía no han sido reincorporadxs, reclamo que seguimos sosteniendo. Nosotrxs no recurrimos a la violencia para ejercer nuestro derecho a manifestar nuestra disconformidad y esperamos que los funcionarios estén a la altura de las circunstancias y arbitren las medidas necesarias para que nunca más personal de seguridad intente desenfundar su arma frente a trabajadorxs.
Nuestros reclamos son dos: contar con información sobre la continuidad de lxs trabajadorxs despedidxs y quiénes están a la espera de la firma de contratos ya que detrás de cada trabajador/a hay una familia que padece y hay una política pública que se desmantela.
Jornada de lucha contra los despidos en Mar del Plata
El martes 26 se organizó una concentración de los trabajadores de organismos públicos en la sede de la Secretaría de Trabajo, en el marco de la Jornada Nacional de lucha de ATE contra los despidos.
Desde la asamblea de trabajadores de Ciencia y Técnica de Mar del Plata comenzaron con una sentada en el INHUS, luego se hicieron presentes en el acto en el ex ministerio de Trabajo convocado por ATE y, posteriormente, continuaron con una movilización hacia el CCT Mar del Plata junto a docentes, trabajadores del INIDEP y de otros sectores estatales.
Se expresó en las calles la necesidad de unificar las luchas y la exigencia de reincorporación inmediata de los despidos. Al finalizar el recorrido realizaron una radio abierta.
Desde la asamblea de trabajadores de Ciencia y Técnica plantearon: “Estamos convencidxs que, para lograr un desarrollo económico, el país necesita de innovaciones tecnológicas y socio técnicas que permitan mejoramiento en las industrias, una transformación de la matriz energética. Es por ello que, desde toda la comunidad de Ciencia y Técnica, estamos en situación de alerta por el desfinanciamiento y la incertidumbre que están atravesando los organismos científicos y las universidades a nivel nacional, evidenciada recientemente en la pérdida de puestos de trabajo que ya se han efectivizado y que pretendemos recuperar convocando a movilizarnos”.
“Consideramos que es de capital importancia lograr instancias de debate y trabajo conjunto con el objetivo de mejorar la situación actual de lxs trabajadorxs del sector y las instituciones que garantizan el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Creemos que es necesario que todos los sectores, que vemos comprometidas tanto la continuidad de nuestro trabajo como el desarrollo científico nacional, nos unamos y articulemos acciones conjuntas para defender la ciencia y la técnica como un bien público y estratégico para el desarrollo soberano e inclusivo de nuestra sociedad.”
Despidos y Permanencia en Secretaría de Trabajo de La Plata
Trabajadores de la Agencia Territorial La Plata perteneciente a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de Nación, recibieron durante la tarde del miércoles pasado notificaciones de despidos de trabajadores bajo contrato.
Durante las primeras horas del día se esperaba que llegaran las notificaciones y por eso un grupo de trabajadores se quedó en la Agencia hasta que por la tarde comenzaron a llegar.
Entre los despedidos están quienes ingresaron por el cupo laboral travesti/trans, así como otros trabajadores que hace 20 años se encontraban bajo contrato que se renovaba periódicamente.
Ante la noticia esperada de los despidos, que viene siendo anunciada por distintos representantes del gobierno de Javier Milei, las y los trabajadores se auto convocaron en el edificio para realizar una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo.
Reproducimos, a continuación, la declaración de las y los trabajadores:
¡¡¡Trabajadoras y Trabajadores de la Agencia Territorial La Plata DESPEDIDXS!!!
Informamos que alrededor de las 18:00 del día de hoy comenzaron a llegar las notificaciones de despidos de cientos de compañeros/as en todo el país contratados por el artículo 9 de la Ley Nº 25164 y monotributistas. Se trata en muchos casos de trabajadores y trabajadoras con hasta 25 años de antigüedad en la Administración Pública Nacional, entre otras situaciones. Somos empleados/as del Ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, actual Secretaría. Entre las muchas tareas que realizamos en la Agencia Territorial se encuentran las de brindar asistencia y orientación laboral a personas desocupadas, a emprendedores/as, promover el acceso a cursos de formación, intermediamos con empresas para generar nuevos puestos de trabajo y empleos de calidad. Llevamos adelante el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, realizamos veedurías gremiales. Atendemos a personas con discapacidad, a personas en estado de vulnerabilidad social y económica, a PyMES, organizaciones y cooperativas. Frente a la concreción de los despidos que se venían anunciando, totalmente arbitrarios, como parte de una brutal política de desguace del Estado, informamos que nos vamos a quedar a defender nuestros puestos de trabajo. Llamamos a todos nuestros compañeros y compañeras a redoblar la lucha en defensa del conjunto de los/as trabajadores/as que están siendo despedidos en distintas reparticiones del estado. Ya somos miles de familias en la calle. Por tal motivo estamos realizando una permanencia pacífica en nuestro espacio de trabajo. ¡Si tocan a unx, tocan a todxs! ¡Reincorporación inmediata de los/as compañeros/as despedidos!
#NoSomosCasta
#SomosTrabajadores
#NoSomosÑoquis
Milei hundió los ingresos de los estatales un 22 % en tan solo dos meses
Según el informe del Indec publicado el miércoles 27 entre diciembre y enero los trabajadores estatales perdieron un 21,9 % de sus ingresos frente a la inflación y en comparación con enero de 2023 la caída es del 24,3 %. La Secretaria de Trabajo publicó un informe con números más concretos que llegan hasta fin del año pasado, allí marcan que los salarios de los trabajadores registrados (públicos y privados) crecieron un 165 % en 2023 contra una inflación del 211.4%, consolidando una pérdida del 15% que profundiza la caída de los últimos años.
Como explicó el especialista e investigador de la CTA, Luis Campos: “El ingreso de los trabajadores registrados del sector privado creció un 20% en el mes y casi le empata a la inflación (20,6%). En el sector público sólo creció un 12,1% y se profundizó el derrape de diciembre. En el sector público la caída de enero se sumó a la de diciembre.”
El informe de la Secretaría de Trabajo permite tener una noción más palpable de la situación de los salarios, teniendo en cuenta que es de hace tres meses y los ingresos se deterioran día a día. Según el mismo, la remuneración bruta de la mitad de los trabajadores registrados fue menor a $ 449.193. La cifra se encontraba un 10% por debajo de la línea de la pobreza de diciembre que se ubicó en $ 495.798,32. Siendo una de las principales causas del agravamiento de la crisis social.
La pobreza alcanzó al 41,7% de las personas y el 31,8% de los hogares en el segundo semestre de 2023, de acuerdo al informe publicado, también, el miércoles por la tarde por el Indec. Aplicado a una población total de unos 46 millones de personas, significa que más de 19 millones de personas vivían bajo la línea de pobreza a fines del año pasado. De conjunto, desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a tener tutela sobre la economía argentina luego del acuerdo stand by de Mauricio Macri con el organismo, en junio de 2018, la pobreza creció 14,4 puntos porcentuales pasando de 27,3% a 41,7%.
A nivel nacional, a los recortes y despidos se suman ahora los techos que el Gobierno de Milei quiere imponer en las negociaciones paritarias. Es lo que está ocurriendo en negociaciones salariales de sectores como Camioneros, Comercio o la Uocra; allí el Poder Ejecutivo se niega a homologar acuerdos que impliquen subas superiores al 14% en marzo y al 9% en abril.
Mientras en el Estado recortan puestos de trabajo, cae el poder adquisitivo de la clase trabajadora, el pueblo pobre y las clases medias arruinadas, la CGT sigue a la espera de un llamado a negociar por parte del Gobierno nacional. Al mismo tiempo, anuncian que están dispuestos a discutir una eventual reforma laboral “consensuada”. Es decir, que están abiertos a negociar nuevas quitas de derechos para la clase trabajadora.
Ante la pulverización de los ingresos y el fuerte deterioro de las condiciones de vida de las mayorías sociales, es urgente una suba de emergencia para los trabajadores formales, informales, desocupados y jubilaciones y por la actualización automática frente a la inflación. Junto a pelear por la reincorporación de todos los despedidos. La CGT y la CTA deberían ponerse a la cabeza de un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Milei, el FMI y los gobernadores, y tirar abajo los DNU.
Fuentes: La Retaguardia, Anred, Perfil, Página 12, Indymedia Trabajadoras/es. Somos Télam, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano