La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo ante el Juzgado de Garantías N° 2 de Moreno en amparo de todas las personas alojadas en las comisarías Moreno seccionales IV y VI. Fue a partir de una inspección en la que detectaron hacinamiento extremo y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana. La justicia hizo lugar a la acción y solicitó medidas para corregir las graves vulneraciones de derechos humanos.
En la comisaría IV se encontraron con 24 personas distribuidas en dos calabozos, uno individual y otro con cinco camastros, un patio y dos celdas de contención. Había personas durmiendo en el piso y en el corredor entre celdas, con instalaciones eléctricas expuestas, sin ventilación y en pésimas condiciones. En el caso de la seccional VI había 10 mujeres alojadas en un calabozo con cupo administrativo de 3; estaban incomunicadas sin acceso al teléfono en un calabozo sin mobiliario, húmedo y con colchones en el piso.
En el habeas corpus al que hizo lugar el juez Gabriel Castro, la CPM solicitó que se prohíba el ingreso de nuevas personas detenidas a esas dependencias hasta tanto se reduzca la cantidad de alojados dentro de los límites habitacionales permitidos, y que se ordene el traslado inmediato de las personas a ámbitos habilitados y dignos cercanos a sus domicilios.
Desde el juzgado, que ya conocía las condiciones de la comisaría VI por una visita previa y estaba tomando medidas similares a las requeridas por el organismo, reconocieron el “injusto agravamiento de las condiciones de detención que vienen sufriendo las personas alojadas en las dependencias antes mencionadas, sin el mínimo espacio vital que cualquier persona necesita para tener la comodidad que su mera condición humana impone se le brinde”.
De modo que la resolución hace lugar a la acción y ordena “trasladar en forma urgente y progresiva a las personas allí detenidas hasta tanto se llegue a los límites de plazas disponibles” en forma urgente y en un plazo de 72 horas hábiles; dispone además “la prohibición de ingreso de nuevos detenidos hasta tanto se culmine con la superpoblación carcelaria reinante en dicha dependencia policial”, e indica que esos traslados deberán realizarse a alcaidías o unidades penitenciarias de acuerdo a la situación procesal de cada persona y en establecimientos cercanos a sus domicilios y que brinden las mínimas condiciones de seguridad, higiene y espacio vital.
La resolución hace mención a situaciones particulares que requieren atención a la salud, acceso a la comunicación con sus defensores y ordena “solucionar inmediatamente el faltante de agua caliente en las duchas del calabozo, proveer de luz al baño, y arreglar y/o ordenar el cableado eléctrico de la comisaría 4ta”.
Las inspecciones fueron realizadas conjuntamente entre le CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) en el marco de las visitas de seguimiento a la provincia de Buenos Aires que realiza este organismo.