Luego de la condena de los dos policías bonaerenses que asesinaron al joven de 18 años durante la noche del 10 de julio de 2020 en plena cuarentena por el Covid 19, la justicia condenó ahora a otros tres policías por ser responsables en distintos grados de amenazas, privación ilegal de la libertad, falso testimonio y falsedad ideológica. Los agentes recibieron condenas a través de un juicio abreviado y cumplirán penas de prisión de entre 2 y 3 años con modalidad de ejecución condicional. La condena abre nuevas posibilidades para otra causa derivada que investiga al fiscal que dirigió inicialmente la instrucción por el asesinato de Verón, Juan Pablo Tahtagian, quien fuera denunciado por la familia de la víctima junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El último día hábil de abril se conoció la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional 4 de La Matanza –interinamente a cargo del magistrado Diego Sebastián Burgueño- por la cual fueron condenados tres agentes de la Comisaría 2 de González Catán por una serie de delitos que entorpecieron las primeras jornadas de la investigación penal por el homicidio de Lucas Verón.
Se trata de una causa derivada de la principal y por la cual se ventilaron los delitos de amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad, falso testimonio y falsedad ideológica, cometidos con el objeto de dificultar el comienzo de la causa mediante engaño y la detención ilegal del amigo de Lucas Verón, Marcos Gonzalo Aguirre, la creación de un testimonio falso del joven –su segundo y ya en sede policial- para que no aparecieran en la escena los policías del homicidio, y el hostigamiento a los familiares de las víctimas, entre otras acciones.
En este sentido, el juez Burgueño consideró probado que el 10 de julio de 2020, en el marco de las tareas investigativas por la muerte de Lucas Verón, el comisario inspector Diego Adrián Ocampos expresó amenazas contra Marcos Aguirre con el propósito de que declarara falsamente y contra su voluntad.
De hecho el joven ya había realizado una primera declaración en la que mencionaba el choque intencional del patrullero contra la moto en el que él se trasladaba con Lucas Verón, por lo que la segunda deposición debía plantar la hipótesis de un robo frustrado y sin presencia policial.
En el marco de esa extorsión, el comisario lo llevó al joven (junto al padre de Lucas, Cristian, y al padrino de Marcos, Mario Brandan) a la Comisaría 2 de González Catán y lo encerró en un calabozo, donde permaneció ilegalmente durante horas.
Esa detención fue ejecutada por el policía Daniel Emilio Quinteros, mientras que la suboficial de la dependencia María Giselle Genez fue la responsable de firmar y avalar la declaración falsa y obtenida mediante amenazas al joven Aguirre.
A casi cuatro años del homicidio de Lucas Verón, ahora la justicia correccional de La Matanza resolvió aceptar la propuesta de condena acordada en juicio abreviado entre la acusación (de la que la CPM actúa patrocinando a la familia de las víctimas y también como particular damnificado institucional) y las defensas, quedando una pena de 3 años de ejecución condicional para Diego Ocampos, y de 2 años para Quinteros y Genez, también bajo modalidad de ejecución condicional.
Esta condena viene a fortalecer el curso de otra investigación penal que corre paralela a la principal, y que tiene como único imputado al fiscal Juan Pablo Tahtagian, quien fuera denunciado por la familia de la víctima junto a la CPM por su actuación en las primeras jornadas luego del asesinato policial de Lucas Verón.
Cabe recordar que en septiembre de 2021 la titular de la fiscalía de delitos complejos de San Martín, Andrea Andoniades, había ordenado la reapertura de esa causa y el llamado a indagatoria a Tahtagian a raíz de nuevas pruebas obtenidas sobre su mal desempeño en la causa por Lucas Verón.
El cuestionado fiscal está imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otras cosas, por no aplicar la resolución 1390 y delegar en la fuerza involucrada las tareas investigativas del crimen. Por su mala actuación y estando presente en la comisaría, los policías imputados fraguaron actas y amenazaron al sobreviviente del ataque y principal testigo del homicidio, lo encerraron a él de manera ilegal en calabozos policiales y pretendieron que se autoincriminara.