Paro y después

Cada vez mayores sectores de la sociedad, comenzando por la centrales sindicales, se dan cuenta que el proyecto Milei implica una subordinación total al capital internacional, financiero y extractivista, reduciendo el peso de la industria manufacturera y convirtiendo al país en un mero enclave exportador.

Argentina acaba de atravesar su segundo paro nacional en cinco meses. Como es costumbre los balances de la CGT y del gobierno nacional son distintos. Para la central obrera el paro fue contundente. Para el gobierno fue débil, no alcanzó la dimensión esperada y en nada altera el rumbo general ya trazado.

Un paro de alto impacto

En los medios oficialistas abundan los argumentos que afirman que el paro fue facilitado por la falta de transporte, como si los conductores de trenes, los que manejan los colectivos de media y larga distancia o el personal aeronáutico no integraran la clase trabajadora y sus sindicatos no estuvieran adheridos a la CGT. Para quitarle dimensión a la medida de fuerza alegan que algunos comercios estaban abiertos, pero nada dicen que los pocos colectivos que circularon iban casi vacíos y que las plazas y parques estaban colmados de familias enteras como si fuera un día feriado.

La convocatoria de la CGT al paro nacional fue sin movilización, sin embargo en muchas ciudades del interior del país hubo movilizaciones incluso cortes de calles y rutas que el gobierno pretende ignorar. La realidad inocultable es que las fábricas, los bancos e instituciones financieras, los colegios y universidades, muchos comercios, los distintos medios de transporte estuvieron cerrados o no operaron durante las 24hs. Contradictoriamente el gobierno calculó el costo para el país, que lleva un reconocimiento implícito de quiénes crean la riqueza del país de la que otros se apropian.

Un nuevo eslabón

El gobierno insiste en que no hay razones para el paro, que todo es cuestión de intereses propios de una dirigencia sindical muy desprestigiada ante la sociedad. Cierto grado de verdad hay en esto, pero no es explicación suficiente.

Esta medida de fuerza es por ahora un nuevo eslabón en una cadena de marchas y concentraciones, mientras que en paralelo se suceden múltiples conflictos sindicales. Las concentraciones del 8M, Día de la Mujer y del 24M, aniversario del golpe del ’76, fueron multitudinarias, superaron a las de años anteriores tanto en número como en definiciones políticas, pero son fechas ya instaladas en la agenda popular. Por el contrario la del 23A en defensa de la universidad y la educación públicas fue un hecho político de magnitud que tomó por sorpresa al gobierno. Dos movilizaciones obreras completan esta seguidilla. El 24E la central llamó a un paro nacional con movilización. Una acción inédita por la amplitud de la convocatoria, mientras que el 1° de Mayo convocó una multitud de trabajadores y trabajadoras, se estima más de 300.000, con un documento totalmente crítico del gobierno y ratificando el segundo paro nacional.

Un experimentado activista sindical precisó que estas dos medidas tuvieron un alto nivel de adhesión en las fábricas, pero sin organización. Debe entenderse que la CGT convoca sin hacer mayores esfuerzos para garantizar la contundencia de las medidas, y sin embargo la clase responde masivamente. Lo que habla de la vitalidad de nuestro movimiento obrero más allá de los cambios estructurales que todos reconocen. El Sec. Gral. de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, complementa: “Tenemos mucha más fuerza de lo que nosotros mismos pensamos. El deber es organizar esa bronca para enfrentar al gobierno”.

Las razones del paro

Con los datos oficiales conocidos hasta ahora casi todos los analistas económicos no dudan en afirmar que el consumo ha caído fuertemente, que el gasto público ha sufrido un recorte de características inéditas, que la inversión es por ahora casi nula y que las exportaciones están pendientes de una mejora en el tipo de cambio o bien de una suba del precio internacional. El afán del oficialismo por llegar al déficit cero hace que desde el 10 de diciembre no haya emitido un solo peso, el resultado no es otro que una recesión, cuya profundidad y alcance es mayor a lo que esperaba el propio gobierno, que no pocos empresarios temen que se convierta en depresión.

La caída de los salarios reales, de las jubilaciones y pensiones, de los planes asistencialistas, de la obra pública tienen su correlato en la recesión y en la pérdida de puestos de trabajo. Los registros de la Secretaría de Trabajo de la Nación, muestran un crecimiento de los pedidos empresariales por adherirse a los Procedimientos Preventivos de Crisis, un mecanismo instalado en tiempos del menemismo que permite a las patronales suspender o despedir trabajadores sin mayores costos.

Todo es producto del ajuste en curso, el más grande de la humanidad según el propio presidente Milei, pero el proyecto de la LLA va mucho más allá. Implica una reformulación completa del país en términos económicos, sociales y políticos, lo que lleva implícito un fuerte cambio en las relaciones sociales a favor del capital.

Esto es lo que está implícito en la Ley de Bases y el paquete financiero que ya tienen media sanción de Diputados y están ahora en tratamiento en el Senado. Si bien estos proyectos de leyes han sido reducidos mantienen lo esencial como un más que generoso régimen de incentivo a las inversiones, una reforma a la ley de hidrocarburos a la medida de las petroleras, una flexibilización laboral que limita las indemnizaciones y legaliza los fraudes laborales, una reducción del impuesto a la riqueza y un nuevo blanqueo más permisivo que los anteriores, junto con la privatización de una decena de empresas públicas. Son solo algunos de los puntos que contienen que como se ve no hay ninguno a favor del pueblo trabajador.

El objetivo no es otro que otorgarle un marco legal a lo que son pedidos históricos del gran empresariado. Es la explicación de porqué el bloque de las clases dominantes apoya sin fisuras a este gobierno.

Conviene registrar que hechos políticos de la magnitud de los que estamos transitando son llamados de atención para el gobierno, pero que no lo llevan a modificar su agenda. No lo hacen porque el gobierno no tiene plan “B”. Salvo pequeñas concesiones no puede conceder más a riesgo de poner en peligro su programa de largo alcance y se arriesgaría a perder el apoyo de las clases dominantes, por lo que la confrontación con las centrales sindicales y el movimiento popular va seguir hasta que se resuelvan a favor de uno u otro.

Estos hechos no pudieron hasta ahora ser capitalizados por la oposición. Es la falta de alternativas políticas las que permiten mantener expectativas de futuro que alimentan la adhesión al gobierno, que parece sigue siendo alta todavía.

Es también la explicación de porque este contundente paro nacional es un nuevo eslabón en la cadena de movilizaciones, pero no el último. Es que cada vez mayores sectores de la sociedad, comenzando por la centrales sindicales, se dan cuenta que el proyecto Milei implica una subordinación total al capital internacional, financiero y extractivista, reduciendo el peso de la industria manufacturera y convirtiendo al país en un mero enclave exportador. Un país sometido a la ley de la ganancia, donde la competencia y el individualismo resultarán dominantes ya que el mercado será la medida de valor de todos los valores, un país donde las desigualdades será mayores que lo que son ahora.

Puede que los paros de la CGT y las otras centrales operen como una plataforma para forjar las alianzas tácticas necesarias para cambiar la relación de fuerzas a favor del pueblo trabajador. Y en esto la izquierda anticapitalista está obligada a jugar un papel decisivo. Es el futuro de la Nación y de las clases subalternas lo que está en juego.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda-.