Catamarca y San Juan dan cuenta de las falsas promesas de la megaminería. Y, también, son epicentros de la organización y el ganar los espacios públicos en defensa del agua y la vida. Historias, voces y sueños de asambleístas de Andalgalá y Jáchal. “Nacimos en esta tierra y elegimos todos los días seguir viviendo acá. Y esa elección diaria nos hace tener esperanza”, explican.
Por Ana Chayle. Desde Andalgalá, Catamarca.
Cada 22 de julio, los pueblos que resisten a grandes proyectos mineros conmemoran algo que hacen todos los días: la lucha contra la megaminería. La fecha fue impulsada por activistas de México y Canadá en 2009, para motivar la reflexión sobre los impactos de este modelo y la necesidad de enfrentarlo. Ese año, habitantes del valle de San Luis de Potosí (México), organizados en el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, lograron que un Tribunal Federal anulara los permisos ambientales del proyecto a cielo abierto en el cerro de San Pedro.
Según un reciente estudio de la Universidad de Lincoln (Reino Unido), la minería metalífera afecta unos 479.200 kilómetros de cauces fluviales, abarca unos 164 mil kilómetros cuadrados de llanuras aluviales y afecta a más de 23 millones de personas que residen en esas llanuras, a escala mundial. Los números no tienen en cuenta las afectaciones en algunas regiones del planeta, debido a la falta de datos, por lo que el mismo estudio sostiene que serían aún mayores.
Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) señala que la minería metalífera genera más desechos tóxicos que cualquier otro sector económico. “Amputación ecológica” es la imagen y concepto con que el investigador Eduardo Gudynas ilustra y define “la remoción física de un ecosistema, que destruye no sólo el entramado biológico, como las especies vivas, sino también su base material”. Eso es, dice, la megaminería.
El mapa minero
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal) contabiliza 284 conflictos en la región. La lista es liderada por México (58 casos) y seguida por Chile (49), el mismo país que se suele ofrecer como ejemplo mundial de la actividad. Argentina ocupa el cuarto lugar, con 28 conflictos registrados por la organización.
De acuerdo con una publicación reciente de la Secretaría de Minería de la Nación, en Argentina se contabilizan 180 proyectos mineros activos, en nueve provincias, en distintas etapas. El 61 por ciento de esos proyectos corresponde a minería metalífera de oro, plata y cobre; casi el 28 por ciento a extracción de litio y el 11 por ciento restante a otros minerales tan disímiles como plomo, hierro, carbón y uranio.
Una frase de uso popular afirma que “la megaminería no entra sin represión”. Así, desde que la Ley de Inversiones Mineras, en 1993, abrió las puertas a las empresas trasnacionales para explotar a gran escala los yacimientos en nuestro país, los conflictos se han multiplicado a la par de las intenciones corporativas. A lo largo de la cordillera, las comunidades se organizan en asambleas y salen a las calles para expresar que este modelo no cuenta con su aprobación.
Las plazas de la resistencia
Cuentan los libros de historia que en una plaza, bajo la lluvia, un pueblo exigió primero y celebró después la conformación de un “primer gobierno patrio”. Callaron los diarios, un siglo y medio más tarde, que cada jueves, en la misma plaza, mujeres con pañuelos blancos hacían una ronda para denunciar la desaparición forzada de sus hijas e hijos, nietas y nietos. Incomodaron a funcionarios las carpas que en plazas instalaron los pueblos qom y kolla para demandar los derechos negados, y también la que levantaron los docentes para exponer un amplio abanico de atropellos.
Epicentros de la vida pública de los pueblos, las plazas se constituyen en espacios de encuentro, visibilización, protesta y resistencia a lo largo y ancho de nuestro país. Así sucede en Andalgalá (Catamarca) y Jáchal (San Juan), donde sus habitantes se reúnen desde hace años para denunciar un modelo que conocen bien y para declarar que no tiene licencia social para continuar: el de la megaminería a cielo abierto.
En el límite noroeste de Andalgalá la megaminería tuvo su prueba piloto con la primera explotación a cielo abierto del país. Durante 23 años, Minera Alumbrera —de las trasnacionales Goldcorp, Yamana Gold y Glencore— vació de oro, cobre, molibdeno y otros minerales las entrañas del yacimiento Bajo la Alumbrera. Promesa de desarrollo, primero; evidencia de saqueo, después.
En el norte de San Juan, los proyectos mineros se multiplicaron desde comienzos del nuevo siglo y los distintos gobiernos nacionales, sin distinción de color partidario, lo celebraron como la “minería modelo”. El epíteto contradice la realidad: la contaminación de cursos de agua determinó que el Poder Judicial de Chile ordene la paralización total de Pascua Lama (primer proyecto binacional), mientras en Argentina aún espera fecha de inicio el juicio por uno de los derrames confirmados de la mina Veladero. Ambos proyectos —Pascua Lama y Veladero— pertenecen a la trasnacional Barrick Gold.
Cientos de caminatas y una carpa
Es alrededor del mástil de la plaza central de Andalgalá donde, cada sábado, los vecinos se congregan para cumplir con un ritual ininterrumpido desde hace casi 15 años: las “Caminatas por el Agua”. Un silbato llama a ocupar la calle, frente al templo parroquial, y poco a poco se puebla de hombres y mujeres, niños y niñas, que levantan carteles coloridos o sostienen banderas, mientras los sonidos del candombe se desprenden de los tambores que acompañarán los pasos y los cantos.
“Yo pienso que las caminatas por el agua y la vida de Andalgalá son la expresión más clara y contundente de la convicción de un pueblo por sostenerse ante los embates de las corporaciones y los gobiernos corruptos que pretenden acabar con nosotros”, opina Eduardo Villagra, de la Asamblea El Algarrobo. “Son una muestra de resistencia, valor y amor por nuestro territorio”, agrega.
Para Sergio Martínez, también asambleísta de Andalgalá, la presencia en las calles es fundamental y sostiene todas las otras acciones que materializa la Asamblea. Entre ellas se cuentan jornadas de difusión y presentaciones administrativas y judiciales. Debido a la falta de respuestas del Poder Judicial, este año los vecinos denunciaron colectivamente al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, para “saltar el cerco mediático al que somos sometidos”, la Asamblea fundó su propia radio, que mantienen a pulmón con trabajo y tiempo los propios vecinos.
A casi 400 kilómetros de allí, en línea recta, una carpa azul se levanta en la plaza San Martín, de San José de Jáchal. Una bandera argentina cruza la puerta de entrada: Asamblea Jáchal No Se Toca, se lee. Cruzando la calle, está la Municipalidad y algunos metros más alejados los bancos, la iglesia y la biblioteca: todos símbolos del “poder gubernamental, económico, religioso y del saber”, enumera Carolina Caliva, mientras dibuja un mapa en la mesa que rodean una decena de mujeres y hombres, sus compañeros asambleístas, mientras rueda un mate.
“Yo diría que la carpa es el poder del pueblo. Yo así la llamaría porque acá estamos los de abajo, los que construimos día a día nuestro Jáchal, y sostenemos la resistencia y la lucha en defensa del agua, más que ‘contra de’”, expresa.
Dentro de la carpa hay mapas, dibujos, banderas y regalos que dejan visitantes atraídos por la curiosidad o la fama de la organización y salen de allí con una historia y quizás un compromiso: difundir la lucha. Afuera, a un costado de la puerta, llaman la atención decenas de fotografías de rostros de hombres y mujeres, debidamente identificados. Se trata de la “galería de verdugos”, como bautizaron los asambleístas a este desfile perpetuo de funcionarios, empresarios y empleados señalados por complicidad y corrupción para imponer el modelo megaminero. Es más que eso: es una manera de hacer justicia social mientras esperan que los engranajes artríticos del Poder Judicial activen las causas y denuncias contra el modelo y sus responsables.
De nacimientos y bautismos
Fueron primero dos vecinos los que atravesaron una bandera argentina para bloquear el tránsito de los vehículos mineros, en el camino que une los distritos de Chaquiago y El Potrero, en Andalgalá. No tardaron en sumarse, ese mismo 14 de diciembre de 2009, más personas, que se fueron multiplicando con el correr de los días. Así nació la Asamblea El Algarrobo, que tomó su nombre de “un algarrobo chiquito, que era lo único que nos daba sombra”, recuerda Sergio Martínez.
Según explica, la organización comunitaria surge “como consecuencia de la falta de respuestas de los organismos del Estado” y reúne a personas que ya venían participando en otras asambleas, formadas desde la puesta en marcha de Minera Alumbrera. “Todo surgió como una necesidad de los vecinos y vecinas de Andalgalá de ponerle un freno a esta locura de la megaminería”, señala.
Dos meses había cumplido el bloqueo cuando el 15 de febrero de 2010, policías y civiles reprimieron con balas de goma, golpes y hasta perros adiestrados a hombres y mujeres, de todas las edades. Detrás de la violencia de los uniformes y las máquinas se escondían los gobiernos nacional, provincial y municipal, y las empresas mineras.
Pero no fue el miedo la respuesta del pueblo, que volvió a ganar las calles y logró un primer triunfo: la paralización del proyecto Agua Rica (hoy llamado MARA) durante diez años. Después vendría el fallo de la Suprema Corte Justicia de la Nación que, en 2016, haría lugar al amparo del pueblo de Andalgalá y condenaría algo que no cambió: “La negación de derecho, por parte de la Justicia de Catamarca”, refiere Martínez.
Despuntaba el 2015 cuando el rumor sobre un proyecto de uranio en La Ciénaga —una reserva natural a 20 kilómetros de San José de Jáchal— comenzó a rodar por el pueblo. Cuando el rumor se confirmó, los temores y la bronca reunieron a los vecinos en la plaza. “Ahí tomamos la posta muchos de los que estamos acá, haciendo notas, reclamando. Es más, se los corrió a los ingenieros en ese momento y se les dijo claramente que no queríamos ninguna explotación de uranio”, rememora Caliva.
Comenzaron a juntarse, conversar, consensuar acciones e investigar. Este accionar colectivo develó la carta que les daría una primera victoria: Jáchal tenía, desde el año 1996, una ordenanza —la 1394— que prohíbe la minería de uranio en todas sus etapas. Esta vez, la ley se cumplió y paralizó el proyecto.
Para entonces, la lucha había parido una Asamblea. Oficialmente nacida el 27 de febrero de 2015 y bautizada colectivamente con un grito que es también un anhelo: “Jáchal No Se Toca”. Meses de vida tenía la organización cuando, en setiembre de ese año, recibió la noticia del derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro desde la mina Veladero (Barrick) sobre cinco ríos. “Era una crónica anunciada que nos iba a pasar ese derrame, o cosas peores, con la megaminería”, afirma Caliva. Esa catástrofe —la mayor producida por un proyecto minero en nuestro país— confirmó la necesidad y urgencia de la lucha colectiva.
El amor en tiempos de extractivismo
“Acá hay mucha entrega, mucha renuncia, mucho sacrificio”, expresa con la voz quebrada y los ojos anegados Carolina Caliva. De la misma forma afloró la emoción en Rosita Farías, de Andalgalá, cuando años atrás contó a una comisión evaluadora de la Universidad Nacional de Tucumán —socia de proyectos mineros— que injustamente la lucha estaba consumiendo tiempo que tendría que disfrutar con sus hijas y nietos. Con esas palabras, ellas dicen que no bastan los postes o los carteles para sostener las Asambleas: se necesita tiempo, energía, trabajo, constancia. Un poco, o mucho, cada día de sus vidas.
“Nosotros hemos sufrido muchas cosas a lo largo de esta lucha”, expresa Caliva y sus compañeras enumeran: persecuciones, amenazas, calumnias. El panorama se repite en Andalgalá, donde además contabilizan un centenar de causas iniciadas contra defensores ambientales, incluidas detenciones prolongadas.
En ambos territorios (Catamarca y San Juan), la expresión “dictadura minera” pone nombre a esta intromisión de las empresas en los poderes del gobierno, incluido el judicial, según explica Faustino Esquivel, arrestado por levantar un cartel con la leyenda “El agua vale más que el oro” en un desfile por el aniversario de Jáchal.
Con un costo humano tan alto, la pregunta cae obligada: ¿Por qué, entonces, eligen luchar? “Se lucha porque uno ama. Y tendremos que seguir amando con más fuerza y unidos”, responde Rosa Camacho y sus compañeros en la carpa asienten. Desde su casa en Andalgalá, Farías también habla del amor como sostén de la lucha: “El amor por el terruño, por el lugar, produce mucha reflexión sobre donde se vive y qué es lo que tengo a mi alrededor. Eso, amor y reflexión, provocan esto.” Se refiere a tomar una posición en la vida y defenderla.
De la mano aparece también la esperanza, que para Liliana Olivares, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, “está fundada en muchos logros”, entre los que cuenta los fallidos intentos de los gobiernos para modificar leyes. “Estamos firmes, defendiendo el agua, y eso es un logro grande”, subraya. Y Fabián Olivares, su compañero de la Asamblea, añade: “Se lucha porque se quiere transformar o cambiar” y esa fuerza transformadora, dice, “está en cada acto de rebelión”.
La construcción de lo nuevo
Los proyectos de futuro están anclados en un presente de lucha y en un pasado que los pueblos se niegan a olvidar, frente a un plan impuesto que pregona a la megaminería como única actividad posible para estos territorios. “Siento que cada gobierno va haciendo una parte de la tarea que sus patrones extranjeros les han encargado, empujándonos al vacío”, expresa Farías. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es muestra del perfeccionamiento de ese plan, lo cual habla de funcionarios que “no deben saber siquiera qué es resistir o amar el lugar donde vivís”.
Tanto en Andalgalá como en Jáchal conocen otros caminos, porque ya los transitaron. Liliana Olivares y su esposo Felipe Acevedo, agricultores, recuerdan que Jáchal producía “una de las mejores cebollas del país” y un dulce de membrillo “premiado y con certificación de origen” por su calidad. Lo mismo pasa en Andalgalá, que históricamente produjo frutas, verduras, dulces y vinos de renombre.
La megaminería, sostienen en ambos territorios, ha puesto en jaque estas actividades, entre otras razones, por el uso intensivo del agua, algo que se agravaría de ponerse en marcha los proyectos Josemaría y MARA.
Desde la desobediencia debida, andalgalenses y jachalleros se niegan a aceptar esa condena. Sostienen que con políticas públicas se pueden apuntalar y acompañar actividades económicas rentables sin destruir los territorios. Se trata de elegir, como dijo alguna vez Farías y repite hoy: “O son las mineras o somos nosotros”. Y Caliva reúne sentires y pensares de quienes resisten y luchan en Andalgalá, Jáchal y tantos pueblos: “Nosotros elegimos vivir, nacimos en esta tierra y elegimos todos los días seguir viviendo en esta tierra. Y esa elección diaria nos hace tener esperanza. Entonces justamente esa esperanza es el motor que nos tiene acá instalados, parados y no parando. Esa es la fuerza que nos sostiene.”