Este lunes 21 de octubre comienza el juicio por las muertes de cuatro jóvenes durante un incendio en Resiliencia San Fernando, un lugar que se presentaba como comunidad terapéutica para el tratamiento de adicciones pero no contaba con habilitación provincial ni municipal, y mantenía a los usuarios sobremedicados, en aislamiento extremo y sin tratamiento acorde a la normativa sanitaria. Seis funcionarios de la comunidad, entre ellos sus dueños, serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, homicidio, reducción a la servidumbre, estafas reiteradas y tenencia de arma de uso civil. El juicio se realiza ante el Tribunal en lo Criminal N° 5 de San Isidro.
Cuatro días pasaron entre que Rodrigo Moreno ingresó a la comunidad terapéutica Resiliencia San Fernando y el día en que murió. “Desde que lo internaron nunca se despertó, estaba con la misma ropa que cuando lo habían internado, la misma con la que se lo habían llevado”, recuerda Silvia, su mamá, de cuando fue a reconocerlo a la morgue. Las circunstancias y responsabilidad de esa muerte y la de José Nahuel Castaño, Nicolás Claudio Ortiz y Nicolás Ezequiel Bisbal serán ahora materia de un juicio que comienza la próxima semana, y en el que los dueños, directores, administradora, psiquiatra y psicóloga de la comunidad están acusados de homicidio, asociación ilícita, reducción a la servidumbre y estafas reiteradas (13 hechos).
Los imputados son el dueño y director del lugar Alan Emmanuel Cambra Sarife, la administradora Gisela Alejandra Machado, Alejandro Norberto Merenzon, director de admisión, Eliana Martín Wawrik, otra dueña, el psiquiatra Andrés Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra Flavia General.
El caso y su trágico desenlace es una muestra del desamparo que enfrentan quienes atraviesan padecimiento mental o adicciones y quedan vulnerables frente a las vacancias que deja el Estado cuando necesitan un dispositivo para su tratamiento. También muestra la falencia de controles adecuados. Los cuatro jóvenes que murieron en Resiliencia San Fernando estaban internados para tratar sus adicciones, pero el establecimiento no estaba habilitado y ellos estaban sometidos a aislamiento extremo, castigos y sobremedicación. Una comunidad terapéutica donde el tratamiento de salud mental no existía.
“Mi hijo era adicto y buscamos un lugar donde internarlo porque en otro espacio donde había ido no tenían cupo. Ahí me dan el nombre de otra persona que tenía otra casa donde podía estar”, cuenta Silvia, la mamá de Rodrigo. Cuando llegaron a buscarlo, su familia se quedó con un mal sabor. “Él no quería internarse, discutió, ellos también lo pelearon salió uno con una jeringa le inyectó en la cola, lo desmayaron y se lo llevaron en un auto. Al rato me llamaron para que nos encontremos y les pague”, recuerda Silvia. “Ahí me dijeron que estaba bien, que no me haga problema. Mi marido llamaba, llamaba todos los días por teléfono a la mañana, para saber algo, íbamos hasta ahí pero no podíamos ver nada porque estaba todo tapado con nylon negro”, agrega.
Después de un par de días les pidieron que llevaran ropa y cigarrillos. Tampoco los dejaron hablar o verlo, le aseguraron que estaba bien, que “estaba con cura de sueño”. Al día siguiente no pudieron comunicarse, pero a través de otras familias conectadas en un whatsapp supieron que una de las casas de la comunidad se había incendiado. Ahí comenzó la pesadilla.
Estuvieron el día entero sabiendo que había chicos muertos pero nadie les confirmaba si su hijo era uno de ellos. Del lugar a la comisaría, de ahí de regreso a su casa y a la comisaría otra vez hasta que uno de los referentes de la comunidad, apodado Rolo, les dio la noticia. “Estaba él con la psicóloga. ‘Tu hijo se murió -me dice- uno de los chicos prendió fuego un colchón y se murió’. Y no nos dio ninguna explicación más de nada. Y otros chicos ahí me dicen que nunca se despertó, desde que lo internaron nunca se despertó”.
Rodrigo y las otras víctimas fatales del incendio estaban encerrados en un lugar sin ningún plan de contingencia en casos de emergencia, sobremedicados, con colchones que no eran ignífugos y ventanas con rejas que impidieron las tareas de rescate que intentaron los propios usuarios. Murieron a causa de paro cardio-respiratorio traumático como consecuencia de intoxicación por monóxido de carbono. Fueron muertes violentas.
A partir de este lunes 21 se desarrollará al menos una semana de audiencias ante el Tribunal Oral Criminal N° 5 de San Isidro, integrado por María Angélica Sayago, Pablo Adrián Rolón y Silvestre Díaz -juez del TOC 2 que completa para este juicio la conformación del tribunal-. En la acusación pública, estará la fiscal Carolina Carballido. “El juicio tenemos que afrontarlo, estamos nerviosos porque no sabemos qué pasará. Jamás nos dijeron ‘lo siento mucho’ por lo que le pasó, nadie. Hasta el día de hoy”, señala Silvia.