El juzgado federal de Pehuajó exigió al Estado nacional que asegure la continuidad de las obras financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) en barrios populares. Fue a partir de una acción de amparo colectiva y una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con vecinas y vecinos de 37 barrios de todo el país.
La justicia federal de Pehuajó le ordenó al Estado nacional reactivar el FISU, luego del abandono del gobierno de Javier Milei de las políticas de integración socio urbana en los barrios populares. El FISU es el fondo fiduciario con el que se realizaban las obras que proveían servicio básicos a 850.000 familias en todo el país.
La decisión judicial fue en respuesta a una medida cautelar que presentó el CELS en representación de personas que viven en barrios populares y que demandan que se reinicien los trabajos de infraestructura de servicios, desarrollo de equipamiento comunitario y mejoramientos habitacionales interrumpidos en diciembre.
“El fallo es claro: le exige al gobierno que en tres meses presente un plan -que deberá articular junto a los gobiernos provinciales- con plazos y detalles para continuar con la política de integración socio urbana suspendida”, señalaron desde el CELS. De esa forma, cada mes el Ejecutivo debe presentar un informe sobre los avances y el financiamiento de esas políticas. Además, el juzgado le indica al Congreso Nacional que asegure los mecanismos de financiamiento y que se incluyan en la discusión sobre el presupuesto del año que viene.
Asimismo, el Juzgado Federal designó al CELS como “representante adecuado” de quienes viven en los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
“Ante el aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida, la situación de las personas que viven en los barrios populares se volvió cada vez más frágil”, apuntaron desde el organismo. “A eso se sumó el desmantelamiento de las políticas destinadas a mejorar sus condiciones habitacionales. Los programas que garantizaban el acceso al agua potable, energía eléctrica o redes cloacales se interrumpieron”.
“Por eso acompañamos la demanda inicial de 11 barrios de Pehuajó, Moreno y Mercedes a la que luego se sumaron otros 26 barrios, que iniciaron sus propias demandas. Son barrios de distintos distritos del conurbano bonaerense, de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut”.
En la Argentina, más de 20 millones de personas, el 47% de la población, no tienen conexión a la red de gas. Una cantidad similar vive en casas sin cloacas y un 7% no tiene acceso al agua potable. Para mejorar estas condiciones el FISU disponía de un financiamiento que surgía del Impuesto País, que el gobierno redujo drásticamente del 9% al 0,3%. Esto generó que en distintos barrios quedaran por la mitad miles de construcciones que iban a resolver problemas concretos para mejorar allí la calidad de vida.
El derecho a la Integración Socio Urbana en los 6.467 barrios populares de todo el país está reconocido por la Ley N°27.453, que creó el Programa de Integración Socio-Urbana y los mecanismos para garantizar su financiamiento. Esta norma fue aprobada con amplio consenso parlamentario de las diferentes fuerzas políticas y fue reconocida por organismos locales e internacionales. Sus políticas fueron implementadas durante la presidencia de Mauricio Macri y continuaron luego con Alberto Fernández.