El Monitor de políticas represivas del IEF presentó un informe sobre el primer año del gobierno de ultraderecha de Javier Milei y Victoria Villarruel, en el que se señalan dos ejes centrales: un shock regresivo en el plano distributivo económico y social, y un shock regresivo en lo institucional que implica una reforma constitucional de facto. “La estrategia represiva que se desplegó tuvo como objetivo sostener el proceso enajenador a la vez que intentar desarmar a los sectores populares y a sus organizaciones en el plano político, moral y material”.
Esto se materializó en 41 hechos represivos con agresión física contra al menos 1146 personas que fueron heridas, entre manifestantes, diputados, periodistas y otros. El informe también registra 77 allanamientos a organizaciones.
Fotos: Nicolas Solo ((i)). Redacción: Indymedia Trabajadoras/es.
El jueves 12 de diciembre se presentó el informe del Monitor de Respuestas Represivas Estatales o Paraestatales a la Protesta Social en Argentina, del Instituto de Estudios y Formación (IEF), en la sede de la CTA Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.
El documento sistematiza con datos el plan represivo que ejecuta el Gobierno de Milei con el objetivo de desarmar la resistencia popular y “domesticar” a la sociedad argentina, una obsesión del establishment desde diciembre de 2001.
El informe establece que, en línea con los intereses de las fracciones más concentradas del capital local en alianza con el capital financiero internacional, el Gobierno llevó adelante dos medidas centrales, que se retroalimentan entre sí: “Por un lado, un shock regresivo en el plano distributivo (económico y social); por el otro, un shock regresivo en lo institucional que implica una reforma constitucional de facto”.
Más allá de la radicalidad de los cambios, las medidas aplicadas no son novedosas, añadió el equipo de investigación que coordina Jimena Frankel. “Las principales políticas del nuevo gobierno fueron una profundización llevada al extremo del programa de gobierno que intentó impulsar el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019”. “Sin ir más lejos” -recordaron- “las principales medidas implementadas durante el primer año de la gestión de Javier Milei habían sido diseñadas por los principales estudios corporativos, que brindan asesoramiento jurídico y contable a las empresas más grandes del país, para ser aplicadas luego de una eventual victoria de Patricia Bullrich en 2023”.
En ese contexto, la estrategia represiva que se desplegó tuvo como objetivos sostener el proceso enajenador a la vez que intentar desarmar a los sectores populares y a sus organizaciones en el plano político, moral y material.
La exposición estuvo a cargo de la Coordinadora del Monitor, Jimena Frankel, junto al Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en un mesa coordinada por María José Cano, Directora de Derechos Humanos de la CTA-A.
Primero, se presentó un video donde se presentaron los puntos centrales del informe y se repasaron algunos de los hechos represivos de mayor violencia contra las manifestaciones populares desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha.
“Hoy nos encontramos para compartir un informe que demuestra el compromiso y la enorme responsabilidad que significó analizar la política represiva de este Gobierno durante su primer primer año”, expresó María José Cano.
“Este trabajo nos tiene que servir para seguir pensando cómo cuidar y respaldar a nuestros compañeros y compañeras en la resistencia”, aseguró.
Luego, Hugo Godoy consideró que el informe sirve “no solo para evaluar lo que ha sido el primer año de gobierno de Milei, sino para pensar estrategias de salida para este presente macabro que estamos transitando”.
Además, sostuvo que “para nuestra Central es un orgullo que sus propios integrantes elaboren esta clase de informes, que habrá que seguir trabajando, y que ayuden a nuestro pueblo a llevar a la derrota a este gobierno en el menor tiempo posible”.
Por su parte, la Coordinadora del Monitor de Respuestas Represivas, Jimena Frankel, realizó un repaso pormenorizado de las estadísticas que registraron durante el último año sobre heridos y detenidos como consecuencia de las prácticas represivas que implementa el Gobierno.
En este sentido, apuntó que el accionar de las fuerzas de seguridad incluyó la agresión física en al menos 1146 manifestantes en represiones a la protesta. Además se registró la detención de 139 personas en represiones o allanamientos y el inicio de causas a 171 militantes o manifestantes.
“El enemigo concreto de este Gobierno es cualquier colectivo que oponga resistencia, porque el plan de gobierno no pretende margen para la organización colectiva. Las acciones de protesta, según el gobierno, impiden el libre funcionamiento del mercado”, advirtió Frankel.
Y concluyó: “La represión tiene una intencionalidad muy clara, hacer pasar el brutal ajuste económico e institucional”.
Por su parte, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, pidió analizar los nuevos sujetos que componen la protesta social a la hora de convocar y movilizar: “Las marchas por la Educación Pública y los Jubilados demostraron que las manifestaciones ahora incluyen algo más que a la clase trabajadora, y en ese sentido también creo que hay que concientizarlo”.
Además, remarcó que, brutal como ha sido, la política represiva del gobierno puede todavía empeorar. En este sentido, señaló que “hoy hay varias leyes que buscan impulsar para tener vía libre en la represión, pero que afortunadamente avanzan muy lentamente en el Congreso, y esto no es casual”. Frederic consideró que “hay otros eslabones que están funcionando para que no todo lo que pretende el Gobierno prospere”, y llamó a enfrentar a estos proyectos.
Compartimos a continuación el informe completo: