Desguace del Estado: más de 100 despidos en la Defensoría del Público

Peligra la continuidad del organismo protector de los derechos de las audiencias. “La quieren desmantelar”, denuncian los trabajadores. “Pretenden allanar el camino para tener sus propios ensobrados”, denunciaron desde ATE.

El gobierno despidió a a 104 de los 144 trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, dejando al organismo al borde del cierre.

El multiprocesado por delitos económicos -pero aún impune- Federico Sturzenegger, que cumple funciones como ministro de “Desregulación”, celebró los despidos y elogió por la medida a la interventora nombrada por el gobierno, Soher El Sukaria.

Mediante la Resolución 107 de la cartera de Sturzenegger, se redujo en dos tercios la planta del organismo poniendo en peligro su pleno funcionamiento.

Se trata de una nueva expresión de la sistemática destrucción de puestos de trabajo, tanto estatales como en el sector privado, que se viene ejecutando con las políticas antiobreras del gobierno de ultraderecha de Javier Milei.

El funcionario aseguró, sin preocuparse por presentar ninguna prueba que lo respalde, que el organismo fue creado “por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente”.

Figurita repetida: el múltiples veces funcionario y múltiple veces procesado celebró la destrucción de los puestos de trabajo.

La Defensoría del Público busca defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios audiovisuales en todo el territorio nacional, garantizando la libertad de expresión de quienes producen contenidos, determinando facultades y obligaciones de quienes emiten y son receptores de medios. También tiene el objetivo de intermediar entre ambos extremos en representación de los intereses y derechos de las audiencias.

La motorizó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios.

Entre sus funciones, la Defensoría recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados. Sin la dotación adecuada de personal, esta función no podría realizarse correctamente.

En declaraciones a Informativo FARCO, el delegado de los trabajadores del organismo por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcos Ocampo, aseguró que el ataque a la Defensoría del Público es similar a lo que hace el gobierno con otros organismos protectores de derechos.

“Están cumpliendo lo que realmente venían a hacer. Esta mujer (la interventora de la Defensoría) dijo que venía a hacer una auditoria y elaborar un informe. No sacaron ningún informe y comenzaron a vender el mobiliario de la Defensoría y a producir bajas de los puestos de trabajo, que en este momento somos 50”.

En ese marco, alertó que los despidos dejaron al organismo “casi sobre la línea de flotación. Estamos en una Defensoría que está en peligro porque la están queriendo cerrar. Ellos dicen abiertamente que la quieren desmantelar”.

Por eso, Ocampo pidió “una reacción” ante el avance del gobierno de Javier Milei sobre áreas claves protectoras de derechos que no pueden quedar a merced del mercado y los empresarios. “Nosotros la estamos teniendo. En general los trabajadores estamos resistiendo en todos los espacios de trabajo”, agregó.

El delegado de los trabajadores de la Defensoría del Público desmintió a Sturzenegger, quien había dicho que el organismo se dedicaba a perseguir a quienes se oponían al kirchnerismo: “La Defensoría es un organismo que representa a las audiencias. Por eso no es gubernamentalizado, por eso se aleja del Ejecutivo. Representa a las audiencias y para eso lo hace a través de audiencias públicas, recibir reclamos, denuncias y observaciones por parte de la ciudadanía, que después se traducían en distintas estrategias de incidencia para ampliar la pluralidad y robustecer el derecho a la comunicación”, respondió Ocampo.

Luego remarcó que “lejos de lo que dicen ellos” la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual “no tiene capacidad sancionatoria, o sea no puede perseguir porque no puede amenazar a nadie de hacerle algo. Con lo cual es falsa la premisa”.

La Defensoría realiza “recomendaciones respecto al estándar mínimo de respeto a los derechos humanos. Esto suena abstracto pero hay que tener muy en claro que son cuestiones muy concretas, desde el respeto al acto para todo público, los eventos de interés relevante, que no se pasen imágenes de niños sin brulear”, entre otras.

“Pretenden allanar el camino para tener sus propios ensobrados”

“Con esta medida, el Gobierno aniquila el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales”, aseguró por su parte Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

Luego de que Federico Sturzenegger celebrara el despido de 104 trabajadores de la Defensoría del Público, Rodolfo Aguiar respondió: “Rechazamos este centenar de cesantías ilegales que le pone fin a la comunicación democrática en el país y allana el camino para los propios ensobrados que el Gobierno quiere tener”.

“Con esta medida, terminan de aniquilar el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales. Se quiere evitar que los medios y periodistas oficialistas sean denunciados. Quieren impedir todo tipo de reclamo de parte de las audiencias. Se trata de un verdadero ataque a la democracia”, indicó el dirigente estatal.

En este marco, el Secretario General de ATE apuntó: “Sin lugar a dudas esta es una decisión que está orientada a fortalecer el relato fantasioso de un Gobierno que pretende hacernos creer que es el mejor de la historia, pero con sus políticas en tan solo 12 meses deterioró de manera grave las condiciones de vida de toda la gente”.

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