Fue este miércoles por la mañana en la ciudad del sur provincial. Dos magistrados del TOF1 estuvieron junto a la fiscalía, la defensa, las querellas y testigos en el lugar de la empresa Acindar donde se montó un centro clandestino de detención conocido como “el Albergue de Solteros”.
Por Candela Ramírez.
Pasaron cincuenta años y todavía lo repiten, lo repiten, lo repiten: en el predio de Acindar, en Villa Constitución, se torturó y mató gente. El 20 de marzo de 1975, un año antes del último golpe militar, cuatro mil efectivos policiales, militares y de la Triple A ocuparon la ciudad y se dedicaron a perseguir, secuestrar, torturar y matar a trabajadores metalúrgicos y militantes sindicales.
En noviembre de 2023 empezó en los Tribunales Federales de Rosario el juicio que investiga estos crímenes, se lo conoce como Villazo o Acindar o Pellegrini (nombre de uno de los acusados). Este miércoles 16 de abril, la Justicia visitó por primera vez el predio de la empresa metalúrgica ubicada 60 kilómetros al sur de Rosario donde, desde mediados de los setenta, se montó un centro clandestino de detención (CCD).
Fueron los jueces Germán Sutter Scheneider y Ricardo Moisés Vásquez (TOF1), dos integrantes de la Fiscalía, dos de cada una de las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el defensor de los dos acusados que trabajaban en Acindar y al menos cuatro testigos y víctimas. También fueron acompañados por una abogada de la empresa actual e integrantes de la firma, que según Fiscalía, estuvieron bien dispuestos a cumplir la inspección solicitada por el TOF1.
La visita judicial consistió en constatar parte de las declaraciones de los testigos: no es una visita ocular, de hecho el predio conocido como “el Albergue de Solteros” ya no existe más, fue demolido apenas recuperada la democracia. Ni la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) pudo hacer una visita cuando desplegó su investigación en la región en 1984.
Se podría presumir que los directivos de aquella empresa —cuya firma cambió, hoy no son los mismos dueños de aquel entonces— intuyeron que sería mejor borrar las pruebas de la represión clandestina: de hecho fue lo que hicieron militares, policías y cómplices civiles con la mayoría de los más de 800 centros clandestinos que hubo en Argentina entre 1975 y 1983. Según el caso, los demolieron, los reformaron o desaparecieron sus planos.
En el juicio hay veintidós imputados y dos de ellos son de Acindar (por eso el juicio también se conoce bajo este nombre).
Uno era el jefe de personal de la empresa, Roberto Pellegrini. El otro, Ricardo Oscar Torralvo, quien integraba la planta administrativa.
En 1975 todavía era parte del directorio José Alfredo Martínez de Hoz: al año siguiente se convirtiría en el ministro de Economía emblema de la última dictadura.
Uno de los aspectos más relevantes de la causa es justamente que por primera vez en Santa Fe se investiga la participación y responsabilidad de una empresa en la represión. El primer caso que se investigó en el país fue sobre la empresa de autos Ford, en Buenos Aires. Hubo condena en 2018.
Las víctimas y testigos no sólo señalan el lugar como espacio de secuestro y tortura, de sus testimonios también se desprende que la empresa facilitó domicilios y legajos actualizados sobre los trabajadores que serían blanco de secuestro y que desde el predio salían autos utilizados para estos operativos.
La acusación hace hincapié en el interés de Acindar en reprimir a ciertas personas por sobre otras, en disciplinar a un enorme colectivo de trabajadores que venía llevando adelante un proceso de sindicalización muy fuerte.
Para Adolfo Villatte, fiscal de la causa que estuvo presente en la mañana del miércoles, esta visita “es importante y muy significativa porque testigos y víctimas que pasaron por ahí pudieron ir a constatar que estaban en el mismo lugar que declararon”. “Por ejemplo, al menos dos de ellos mencionaron la presencia de una tanqueta de la policía federal en el predio de Acindar”, sumó.
El lugar no se ve nada parecido a lo que era: en 1975 y durante muchos años, era un predio con muchos árboles, “como un bosque”, y viviendas para los obreros. En la visita cada uno de los testigos hace referencia a cómo se veía antes el lugar y les otorga a sus testimonios un alcance más espacial, para que el tribunal pueda hacerse una mejor idea de cómo estaba emplazado el CCD en los setenta.
No se registra como testimonio lo que digan ni se considera una ampliación, sólo se da una suerte de sentido geográfico de los crímenes que se denuncian.
Retransmitir
Antes de iniciar la visita, víctimas, familiares y militantes de organismos de derechos humanos hicieron un acto para acompañar la medida judicial y, sobre todo, a los testigos que ingresaron a hacer la visita.
“Fue muy emotivo el acompañamiento de vecinos, familiares, trabajadores, hijos e hijas a los sobrevivientes que debieron ingresar a reconocer el CCD dentro de la propia Acindar. Además de la importancia judicial se sintió algo de cierta reparación y reivindicación histórica”, puntualizó Federico Pagliero, abogado querellante por Apdh.
Agregó que “a pesar que fue demolido, no fue destruida la memoria y el recuerdo de quienes pasaron por allí y no pudieron volver”. También sostuvo que tienen “muchas expectativas” sobre la sentencia de este juicio, que esperan sea a mediados de agosto.
Juan Actis, uno de los sobrevivientes de este CDD, muy conmovido por la visita judicial dijo que le parece fundamental que todas las personas que estuvieron hoy “sepan transmitir a la sociedad los que se vivió y la importancia que tiene: que después de tantos años se logró poner luz, que el poder judicial reconozca que ahí existía un campo de detención donde estuvieron compañeros y compañeras y que fue uno de los primeros centros de tortura del país. La tarea principal ahora es reproducir al resto de la sociedad lo que pasó”.
Sobre la causa
El lugar, ubicado sobre uno de los ingresos a Villa Constitución en la ruta provincial 21, fue señalizado como Sitio de Memoria recién en 2022.
Durante 2024 se hicieron inspecciones judiciales en la Policía Federal de Rosario y también en la comisaría de Villa Constitución.
El operativo de marzo del 75 se llamó Serpiente Roja del Paraná, se dio durante un gobierno constitucional, el de María Estela Martínez de Perón (Isabelita), por eso las querellas plantean que con este juicio “se rompe el piso de 1976” para pensar y juzgar el genocidio que tuvo lugar en Argentina.
Además de Sutter Scheneider y Vásquez, el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario se completa con Otmar Paulucci.
En este tramo de la causa hay 75 víctimas, el número se ampliará en las próximas elevaciones. Eran trabajadores metalúrgicos, la mayoría organizados sindicalmente. Casi todos eran empleados de Acindar.
La semana que viene termina la etapa de pruebas y empiezan las audiencias de alegatos. A mediados de agosto debería estar el veredicto.