Tras el último Paro General, la ministra represiva Patricia Bullrich impulsa una avanzada judicial contra los gremios. Mediante supuestas denuncias anónimas e incomprobables realizadas al número 134, su funcionario Fernando Soto denunció a la UOM, el SMATA, la UOCRA, la UF y el SGBATOS.
En el marco de la ofensiva del gobierno de ultraderecha de Javier Milei y Victoria Villarruel contra los derechos laborales, sindicales, salariales, sanitarios y democráticos de la clase trabajadora argentina, entre el 11 y el 15 de abril el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, mano derecha de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó seis denuncias penales en Comodoro Py, altar nacional a la arbitrariedad judicial. Son por supuestos “atentados”, “extorsión” y “coacción”.
En los días posteriores al último Paro General, que fue muy fuerte a pesar del carnereo de la UTA y la propaganda oficialista, el funcionario Soto se encargó de avanzar contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y la Unión Ferroviaria (UF).
El 11 de abril, al día siguiente del paro nacional, Soto –que ejerce de forma privada la defensas de policías y expolicías acusados de gatillo fácil- realizó las primeras dos presentaciones. Una fue por “coacción” y “extorsión” y quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. La segunda denuncia fue contra Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) por “amenazas” y “extorsión” y salió sorteado para tramitarla el juzgado federal Nº 12 que subroga el juez Ariel Lijo, el candidato fallido del gobierno para la Corte Suprema, detalló el portal especializado InfoGremiales.
Cuatro días más tarde, Soto volvió a denunciar a sindicatos por “amenazas” y “extorsión”. En esta jornada el ataque fue contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y la Unión Ferroviaria. Estos casos quedaron radicados en los juzgados Nº 12 (que subroga Lijo), el Nº 4 (en el que Lijo es el juez titular) y los restantes dos en el Nº 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.
No se descarta que en los próximos días se sumen al listado sindicatos ligados a las CTA Autónoma y de los Trabajadores, asegura el portal iProfesional. Uno de los dirigentes que está en la mira del gobierno de ultraderecha es el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.
Denuncias falopa
El puntapié de esta última avanzada tuvo lugar el mismo día del Paro, en el marco de una campaña de características caricaturísticamente fascistas, con anuncios y mensajes vía parlantes en las estaciones propios de escenarios distópicos –à la Half-Life-, que hablaban de “ataque a la República” y “casta sindical”.
En esa jornada Bullrich había adelantado su estrategia cuando -en declaraciones a Radio Mitre- afirmó que el ministerio recibió “más de mil llamados” para denunciar a sindicatos por supuestos “aprietes” para parar.
“Se saturó, tuvo más de mil llamados, el porcentaje más alto fue por extorsión, amenazas, así tuvimos un porcentaje grande”, señaló. También dijo que hubo “otro porcentaje grande de gente que llamó sin una denuncia concreta, pero acusando a los gremios de impedir que el país funcione”, sostuvo la ministra.
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