CUANDO NEGAR LOS DESAPARECIDOS GARPA
«No fueron 30.000 los desaparecidos, sino 8.753 (…) también los terroristas de Montoneros, del ERP, mataron gente, pusieron bombas, hicieron desastres, y también cometieron delitos de lesa humanidad (…) además, tampoco estamos de acuerdo con el curro de los derechos humanos. Aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios, o no recuerdan algo así como sueños compartidos o lo que es la propia Universidad de Madres de Plaza de Mayo».
Así abrió Milei el bloque de «Derechos Humanos y Convivencia Democrática” sin que nadie le preguntara absolutamente nada sobre ese tema y el porcentaje de sus votantes trepó inmediatamente al 39 por ciento, para luego descender y estabilizarse en un 36.
A medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones, el consenso sobre la gravedad de los crímenes de lesa humanidad y el repudio al terrorismo de Estado es cada vez más cuestionado por La Libertad Avanza, ante la mirada perpleja de Madres, Abuelas y de todos los que a partir de 1985 dijimos “Nunca Más” a las atrocidades de la dictadura militar.
En este sentido, Estela de Carlotto, expresó que «el pueblo tiene que despertar», y que «aunque pensemos distinto en algunas cosas hay que preguntarse si todos queremos que este mentiroso, que mancha la historia de nuestro país, sea presidente». «No puede ser», dijo. Además, expresó que Milei «ofende de una manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos, y a las abuelas que tenemos un doble dolor».
Amparados en la falta de un marco regulatorio que prevea sanciones contra quienes niegan el número de desaparecidos, quienes lo difunden se justifican en el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, existen países donde las expresiones negacionistas enfrentan sanciones penales establecidas por normas legales y judiciales.
Ante tanta impunidad discursiva, se han presentado varios proyectos para legislar sobre el tema. Uno de ellos fue el de la abogada Valeria Carreras, que plantea imponer multas a la negación, minimización y apología de los crímenes cometidos por el Estado entre el 24 de marzo 1976 y el 10 de diciembre de 1983. También propone abrir espacios de «debates, charlas, conferencias, talleres, de cara a instalar este tema en la sociedad».
Asimismo, el senador Alfredo Luenzo presentó un proyecto que fue girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. El mismo prevé una «sanción Penal a Conductas Negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad».
Para ello, plantea modificar el artículo 213 del Código Penal para reprimir «con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado» por violar los derechos humanos.
Entre otras sanciones, propone reprimir con «prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil» al que públicamente «negara la cantidad de desaparecidos”.
Además, el «carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito», al considerar su «destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena».
LOS DESAPARECIDOS Y LA BATALLA CULTURAL
Negar el número de desaparecidos es una ofensa a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, pero fundamentalmente es una forma de violencia simbólica que busca borrar el horror de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.
Su apología debería ser erradicada de cualquier manifestación pública a tal punto que jamás se tendría que haber permitido continuar con el debate presidencial desde el momento en que Milei comienza a negar con total desparpajo el genocidio.
No podemos permitir que el negacionismo se propague como una ideología que justifica la represión, la tortura, la desaparición y el asesinato de miles de personas. No podemos olvidar ni perdonar a los responsables de tanto dolor y sufrimiento. No podemos callar ni aceptar que se mienta sobre el pasado para manipular el presente y el futuro.
Tenemos que defender la democracia y la libertad que tanto nos costó recuperar. Tenemos que honrar a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a los organismos de derechos humanos, a los testigos y sobrevivientes, a los periodistas y artistas, a los estudiantes y trabajadores, a todos los que lucharon y siguen luchando por la verdad y la justicia.
El negacionismo es una amenaza a las instituciones democráticas, pero principalmente es un insulto a la condición humana, dado que, si bien no deja desaparecidos, muertos, violados y torturados físicamente, asegura la impunidad de los genocidas través del exterminio de la memoria, la verdad y la justicia.
Parafraseando a Videla, podemos afirmar que los genocidas del proceso no tendrían entidad. No estarían ni vivos ni muertos y que de los resultados de las próximas elecciones dependerá si los incorporamos nuevamente a la vida democrática o los desterramos definitivamente de la política nacional, no a través del genocidio, sino con la fuerza de la ley.
Alejandro Lamaisón