El oficialismo trabaja a contrarreloj para lograr que este miércoles 24 la Cámara de Diputados dé media sanción al Presupuesto 2019, que responde a los dictados del FMI. El directorio del organismo se reunirá el viernes para tratar el nuevo acuerdo con el gobierno argentino.
Los partidos del Frente de Izquierda y los gremios, seccionales y agrupaciones nucleadas en el Plenario del Sindicalismo Combativo se movilizarán al Congreso en rechazo, con una vigilia desde el martes 23 (arrancando a las 17hs) y concentración el 24, desde las 11hs en Sáenz Peña y Avenida de Mayo. Iniciativas comunes se debatían en estas horas con otras organizaciones.
El proyecto que van a tratar los diputados implica un nuevo salto en la entrega del país al capital financiero y una avanzada de proporciones sobre la población trabajadora. La legislación prevé un aumento del 50% en los fondos destinados a pagar intereses de deuda pública (que alcanzarán los casi 600 mil millones de pesos) y un recorte del gasto público de 500 mil millones. Esta guía de ataques contra la clase obrera incluye la liquidación de los regímenes especiales jubilatorios, nuevos tarifazos en energía y transporte de al menos el 40% y fuertes ajustes en términos reales en educación, obra pública y salud –en donde “las áreas más afectadas son la de prevención y control de enfermedades tropicales, con el riesgo de epidemias que conlleva, la detección del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual y la capacitación de profesionales” (Página12, 19/10)
La llegada del proyecto al recinto está sujeta a que obtenga dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto, que se reúne el martes. El PJ maniobra para disimular su compromiso: primero protestaron por las dibujadas metas de inflación y valor del peso, sin cuestionar la confiscación antiobrera que supone el Presupuesto; ahora coquetean con pedir su postergación para “estudiar mejor el proyecto”. Pero los gobernadores vienen de ratificar su acuerdo, firmando una adenda al Pacto Fiscal que complementa el plan de ajuste, y –al igual que el Bloque Justicialista de Bossio- comprometieron el quórum de sus diputados. El acuerdo del gobierno con la oposición vendría con un blindaje extorsivo: aprobado el proyecto en la Comisión, “no se permitirán cambios en el recinto” (Clarín, 22/10).
El peronismo, una vez más, se divide tareas. A sabiendas de que sus votos no son necesarios, el kirchnerismo votaría en contra. Sin embargo, los K no repudiaron los acuerdos con el FMI, sino que declararon su pretensión de “renegociarlos” en caso de retornar al gobierno. Curiosamente –o no– el gobierno también incluye en el Presupuesto una cláusula de renegociación.
La perspectiva de tarifazos, mayor recesión y despidos y nuevas caídas salariales no mereció convocatoria alguna por parte de la cúpula de la CGT -que llamaría a un paro autodefensivo recién en la segunda quincena de noviembre, cuando el gobierno espera tener el presupuesto ya aprobado. Camioneros, que llama a marchar, lo hace sin paro, mientras que La Bancaria limita el paro total a la Seccional Buenos Aires del Banco Nación –y a un cese parcial de actividades en el resto del sistema financiero. Ctera, Conadu y ATE convocaron paro de 24 horas con movilización para el miércoles, mientras que las organizaciones sociales ligadas al Vaticano mantendrían un acampe desde el martes y marcharían al día siguiente.
Es necesario luchar en todas las organizaciones de trabajadores por un inmediato paro activo nacional de 36 horas, con abandono de tareas, por la reapertura de paritarias y el conjunto de las reivindicaciones planteadas; por la derrota del Presupuesto de ajuste del gobierno, la oposición y el FMI; que se vaya Macri y asuma el poder una Asamblea Constituyente que reorganice al país sobre nuevas bases sociales.