Las comunidades de toda la provincia marcharon a Viedma para oponerse y desde ayer sostienen un acampe frente a la Legislatura que sesionó a puertas cerradas. Tras la aprobación por 33 votos a favor y 12 en contra, el referente mapuche Hugo Aranea aseguró que la aprobación significa “ceder ante las exigencias de las grandes mineras, inmobiliarias, grupos petroleros, para darles garantía total y absoluta para que vengan a producir el saqueo”.
En Río Negro se aprobó la reforma de la ley de tierras en medio de la protesta del pueblo mapuche que se manifestaba en contra de la ley impulsada por el gobierno provincial que permite la venta de tierras fiscales a privados y el desarrollo de actividades como la minera y la petrolera.
Las comunidades de toda la provincia marcharon a Viedma para oponerse y desde ayer sostienen un acampe frente a la Legislatura que sesionó a puertas cerradas. Tras la aprobación por 33 votos a favor y 12 en contra, el referente mapuche Hugo Aranea aseguró que la aprobación significa “ceder ante las exigencias de las grandes mineras, inmobiliarias, grupos petroleros, para darles garantía total y absoluta para que vengan a producir el saqueo”.
“Acá hay una decisión que es la que han expresado durante estos dos días las comunidades de lucha, resistencia, y que más tarde o más temprano esto se revertirá”, agregó en diálogo al móvil de Radio Encuentro.
Además, repudió y rechazó la ley aprobada por la Legislatura rionegrina de espaldas al pueblo. “Era un final anunciado, por los números que tenían para votar esto y la forma en que se hizo. Estaba todo preparado para que fuera así”, señaló.
Por último, aseguró que la decisión de las comunidades mapuches es continuar la lucha y resistencia. “Más tarde o más temprano, esto se revertirá”, concluyó.
Mientras tanto, la legisladora María Eugenia Martini, del Frente de Todos, que votó contra la reforma, aseguró que la ley aprobada busca “desterrar los derechos de las comunidades originarias, los antiguos pobladores, productores rurales, sin darle ningún respaldo ni garantías”.
Además, la diputada criticó que se haya suspendido la aplicación de la ley de propiedad comunitaria indígena. “Hoy no sabemos cuáles son las propiedades comunitarias de las comunidades originarias y cuáles son las que le corresponden al Estado rionegrino para poder vender a distintos desarrollos privados”.
“Es una jornada triste, digo, porque ha sido además de espaldas a la comunidad, y creo que eso es lo triste”, remarcó.