En una nueva jornada de protesta popular y cuando se desplegaba un nuevo cerco represivo alrededor del Congreso de la Nación, se conoció la noticia de que el gobierno retrocedía con la Ley Ómnibus y la enviaba de nuevo a comisiones, incapaz de aceptar los reveses que encontraban en la votación del articulado en particular.
Las y los manifestantes autoconvocados, de las asambleas barriales, de las organizaciones sociales, culturales, sindicales, de izquierda y tantos más que se encontraban en la plaza pasaron de la incredulidad al festejo.
Fotos: Nicolas Solo ((i))
Algo similar, pero a la inversa, le ocurrió a los legisladores y funcionarios del gobierno nacional, que protagonizaron un blooper sin antecedentes: creían que la vuelta a comisiones era sólo para los artículos e incisos que no habían logrado aprobar. Entre ellos, el ministro de Interior Guillermo Francos, uno de los designados negociadores del oficialismo, se enteró al aire y en vivo en La Nación+ que su Ley había vuelto a foja cero: se lo tuvieron que explicar desde el estudio televisivo.
Un nuevo bochorno que se suma al tratamiento más largo en la historia parlamentaria de la República, con un dictamen fantasmagórico que casi nadie conocía, entre acusaciones de sobornos, lobby de las corporaciones e irregularidades de todo tipo.
Derrota y crisis política del gobierno nacional.
Fotos: Mat ((i))
Llegada de asambleas. Videos: cobertura Indymedia Argentina.
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Un revés histórico
Mientras afuera, en la calle, se continuaban sumando manifestantes -la columna de asambleas era particularmente importante- dentro del palacio legislativo iba a ocurrir un hecho inédito.
“Pido una moción de orden para que el asunto vuelva a comisión”, dijo el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, pasadas las 19 y se dibujó una sonrisa en los rostros de varios legisladores de la oposición. La que realmente se opuso, no la colaboracionista.
Más temprano, la sesión del tratamiento particular de la Ley Ómnibus de saqueo y remate del patrimonio público había comenzado con buenas noticias para el gobierno de Javier Milei. Había conseguido la aprobación del artículo 1, con la declaración de emergencias después de aceptar dejar afuera lo vinculado a lo fiscal, previsional y salud, y luego de un enérgico debate, había logrado también la aprobación de facultades delegadas, uno de los puntos más rechazados por los sectores movilizados y legisladores de la oposición.
Pero pronto vendría el primer revés. Desde la oposición colaboracionista -“dialoguista”- habían propuesto que se votara inciso por inciso, tras el resultado infructuoso de largos días y días de negociaciones cruzadas sobre algunos puntos en los que no había acuerdo.
Cuáles eran esas diferencias en lo preciso y concreto, buena parte de la oposición, y de la sociedad, se iban enterando en ese momento, porque -como no nos cansamos de señalar- el dictamen no lo conocía casi nadie y se continuó reescribiendo y negociando por canales paralelos de forma tanto irregular como ilegal desde el 24 de enero, cuando hubo legisladores que aceptaron firmar un papel en blanco y llamarlo dictamen de mayoría.
Es así que vinieron las primeras votaciones en contra para el Ejecutivo, en los incisos relativos a fondos fiduciarios (142 en contra y 112 a favor), y seguridad e hidrocarburos (130 en contra y 123 a favor).
Pero luego vino el artículo 5, que detallaba a qué se facultaba a Milei, y se sucedieron una tras otra las votaciones en contra: 144 a 109 el inciso A, 154 a 98 el inciso C, 141 a 110 y dos abstenciones el inciso D, 125 a 101 el inciso E y 150 a 103 el inciso F.
Al final, al artículo 5 le quedó en pie un solo inciso: trabajar en la profesionalización de la carrera administrativa del Estado nacional. Tremendo golpe a las aspiraciones autocráticas del Ejecutivo.
A continuación venía el capítulo de privatizaciones y ante este panorama, el opo-dialoguista número 1, el incombustible y notorio racista y xenófobo Miguel Ángel Pichetto, que desplegó su oficio a favor del gobierno de Milei todo lo que pudo, convenció al novato empresario y a la sazón presidente de la Honorable Cámara, Martín Menem, de convocar a los presidentes de bloque.
Se juntaron todos en el despacho de Menem, excepto los no colaboracionistas: esto es, le cerraron la puerta en la cara a los bloques de Unión por la Patria y la izquierda. En cambio, sí estaba el asesor presidencial y “hombre fuerte” -es un decir- del gobierno nacional: el joven Santiago Caputo, que se estuvo permitiendo repartir amenazas y aprietes durante todo el tratamiento legislativo ante la pasividad de los opo-oficialistas. Un nuevo bochorno en una lista interminable de irregularidades.
De esa reunión salió Zago a plantear que “el asunto” volviera a comisión.
Afuera, en la calle, fueron todos festejos.
Ni siquiera el despliegue represivo, que esta vez se quedó en el molde, empañó la alegría popular.
Llegada de columnas y festejo popular. Fotos: Indymedia Trabajadoras/es
Festejos tras la caída de la Ley. Videos: cobertura Indymedia Argentina.
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Culpar al otro
La decisión tomada por el oficialismo, a instancias del joven Caputo, tenía dos objetivos, releva la periodista parlamentaria Gabriela Vulcano: por un lado, evitar un nuevo fracaso, esta vez en el debate de las privatizaciones de empresas públicas; y por el otro, responsabilizar a la oposición, señalada como “la casta”, de no brindarle las herramientas necesarias para gobernar al presidente Javier Milei.
En esa sintonía, en el bloque oficialista culparon a los mandatarios provinciales por no haber “cumplido con lo prometido”, lo mismo desde un comunicado de “la Oficina del Presidente”, en el que se sostiene que “los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ´Ley de Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla”.
“Rompieron con la palabra. No cumplieron nada”, dijo enfurecido uno de los integrantes de la bancada de La Libertad Avanza, tras el final abrupto de la sesión. Y concluyó: “Los gobernadores son responsables de esto”.
En la UCR, PRO y Hacemos Coalición Federal aseguraron que en ningún momento se selló un pacto con el oficialismo para votar todos los artículos del proyecto. Pasado el mediodía, hubo algunos contactos entre los gobernadores y el ministro de Economía, Luis Caputo, para destrabar las negociaciones, que no tuvieron mayor resultado. Los legisladores opositores llegaron a la sesión, que comenzó pasadas las 14, sin un acuerdo cerrado.
“Ellos creyeron que porque cedieron algunas cosas íbamos a votar todo el resto. Eso no existe”, dijo un integrante del bloque de UCR, que además remarcó que “aún con el apoyo de los gobernadores no alcanza para sacar una ley”.
No alcanzó con la colaboración abiertamente desplegada por las y los legisladores del opo-dialoguismo. Querían genuflexión total: que se humillaran y arrastraran. Y luego los acusaron de traidores. El nervio autoritario, fascistoide, del gobierno de Javier Milei, se desató presa de la más absoluta impotencia.
Fotos: Mat ((i))
¿Y ahora?
“La Ley Ómnibus quedará en el olvido”, escribió la periodista Noelia Barral Grigera. “Federico Sturzenegger deberá archivar el mamotreto que redactó para Patricia Bullrich y que se esperanzó en ver convertido en realidad con Javier Milei”.
De la misma opinión es Gabriela Vulcano: “Será muy difícil reflotar el debate de una ley más o menos parecida a la que Milei mandó al Congreso. Casi imposible. En el Gobierno están furiosos, los gobernadores enojadísimos y los legisladores opositores hartos por la poca muñeca política de los oficialistas”, consideró.
Crisis política para el gobierno ultraderechista que aún no cumplió dos meses.
