La Fiscalía del Tribunal de Apelación de Gante solicita una multa de 600.000 euros y la confiscación de 12,6 millones de euros al grupo de dragado belga DEME en relación con un presunto soborno a gran escala relacionado con las obras de dragado en el puerto ruso de Sabetta.
Un tribunal inferior había dictaminado previamente que DEME no debía enfrentar sanciones por violaciones del derecho a un juicio justo. Sin embargo, la fiscalía criticó esta decisión por ser demasiado indulgente, argumentando que cualquier violación de la privacidad era insignificante en comparación con la magnitud de la presunta corrupción.
El caso se centra en una licitación de 2013 para obras de dragado en Sabetta, sede de una de las terminales de GNL más grandes del mundo. DEME obtuvo el contrato a través de su empresa conjunta rusa, Mordraga, mientras que su competidor, Jan De Nul, presentó una denuncia penal en 2016, sospechando un conflicto de intereses con un intermediario.
Pruebas obtenidas posteriormente con la ayuda del FBI describieron un plan de sobornos que presuntamente involucraba a Sofia MN, exconsultora de DEME, acusada de recibir más de 4,18 millones de euros a través de entidades offshore vinculadas a la empresa. Su homóloga en USK Most, la contratista principal rusa, supuestamente recibió una suma similar.
Los investigadores afirman que el ex director general de DEME, Alain Bernard, y otras figuras de la empresa estuvieron directamente implicados, con un total de 12,6 millones de euros transferidos a cinco empresas beneficiarias, aproximadamente el 3 por ciento del valor del contrato de 420 millones de euros.
Siete personas y tres empresas relacionadas con DEME fueron finalmente remitidas a juicio por cargos que incluían falsificación, uso de documentos falsificados y cohecho público activo. Jan De Nul se retiró posteriormente como parte civil, mientras que DEME presentó su propia denuncia, alegando que los correos electrónicos presentados como prueba se habían obtenido ilegalmente.
En 2023, el Tribunal Penal de Gante desestimó la acusación, dictaminando que una gran cantidad de correos electrónicos se había obtenido ilegalmente y criticando la investigación por su visión parcial. El tribunal halló violaciones de la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones y dictaminó que cualquier prueba derivada de los correos electrónicos en disputa era inadmisible. En consecuencia, todos los acusados fueron absueltos.
La fiscalía ha apelado, insistiendo en que el razonamiento del tribunal inferior contradice la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Casación. Rechaza la afirmación de que los correos electrónicos se obtuvieron mediante piratería informática por parte de Jan De Nul, sosteniendo que la información se utilizó únicamente con fines de inteligencia.
La fiscalía argumenta que una condena sería legalmente sólida y justa. La defensa presenta ahora sus argumentos, tras haber reservado el Tribunal de Apelación un día completo para la audiencia.
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