La historia reciente de la Argentina parece escrita por manos que confunden poder con impunidad. El artículo 154 del inconstitucional DNU 70/2023 marcó el inicio de una ofensiva contra la soberanía nacional: al permitir la venta ilimitada de tierras a extranjeros, se abrió la puerta a la entrega del territorio, disfrazada de “modernización” y “libertad económica”. Fue el primer acto de una farsa institucional que hoy alcanza su clímax.
La reacción popular no tardó. Las movilizaciones ciudadanas, las organizaciones sociales y los centros de excombatientes denunciaron el atropello y lograron que la justicia declarara la inconstitucionalidad del decreto, recordando que ningún gobierno puede disponer del suelo argentino como si fuera mercancía. Ese fallo fue una victoria de la ciudadanía, un recordatorio de que la soberanía no se negocia.
Pero los intereses espurios no descansan. El siguiente intento llegó bajo otro nombre: el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una maniobra legislativa que buscaba reinstalar el mismo espíritu entreguista, esta vez con ropaje jurídico. El Senado, presionado por la movilización popular, rechazó el proyecto. Otra vez, la calle impuso su voz frente al poder.
Sin embargo, la trama no terminó allí. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras y restablecer el artículo 154 del DNU 70/2023 representa el último capítulo de esta farsacracia: un sistema donde las instituciones parecen servir más a los intereses del capital extranjero que al pueblo argentino. La Corte, escudada en tecnicismos, evitó pronunciarse sobre el fondo, pero su silencio es cómplice. Con su fallo, deja nuevamente abierta la puerta a la extranjerización del territorio.
Cada intento de entrega fue frenado por la movilización ciudadana. Cada vez, el pueblo salió a defender lo que es suyo. Pero los poderes económicos, los lobbies y los jueces funcionales al modelo de dependencia han demostrado que pueden imponerse incluso contra la voluntad popular.
Hoy, más que nunca, la soberanía está en peligro. No por invasiones externas, sino por traiciones internas. Por quienes, desde los despachos, venden el país pedazo a pedazo mientras hablan de progreso.
La historia no se repite: se profundiza. Si el pueblo no vuelve a ocupar las calles, si no defiende su tierra, su agua y su futuro, la Argentina quedará reducida a un territorio administrado por intereses ajenos. Es hora de despertar, de organizarse, de resistir. Porque la soberanía no se mendiga: se defiende.