“Pedidos desmedidos”
Mario Hernandez
El presidente Alberto Fernández se pronunció el lunes en contra de la cláusula gatillo para la actualización de los salarios, al considerar que se trata de un «mecanismo de indexación» que perjudica la normalización de la economía.
Suma fija para los empleados públicos
Luego de muchas idas y vueltas el Gobierno firmó el Decreto que otorga una suma fija al salario de los empleados públicos. Será de $ 4.000, y en dos tramos ($3.000 y $1.000), en febrero y marzo, a cuenta de la paritaria 2020.
Aquellos que cobren un salario mayor a los $ 60.000 en bruto, no percibirán la suma fija.
Durante los últimos cuatro años, la pérdida del bolsillo de las y los trabajadores estatales fue del 21 %, para quienes están en planta permanente, o en las modalidades de contrataciones anuales dentro del SINEP.
El Decreto cuenta con el visto bueno de las conducciones de los dos principales sindicatos del sector: UPCN y ATE. En el caso de UPCN, continúan fieles a su política de acompañamiento a todo oficialismo, sea del color político que sea. En el caso de ATE, si bien su práctica tradicional es la de firmar en disconformidad los acuerdos paritarios que cierra UPCN, Daniel Catalano, dirigente de ATE Capital, aseguró que los estatales estaban “muy conformes” con el anuncio de la suma fija.
En este contexto, el aumento del decreto gubernamental es bienvenido. Para el trabajador/a que tiene ingresos muy bajos, el hecho de tener $ 4.000 brutos, obviamente viene bien. Pero, tal como está redactado el Decreto, el aumento se va a compensar con los incrementos que surjan de las revisiones salariales de 2019, con lo cual, más temprano que tarde, los trabajadores/as van a verlo absorbido por las paritarias que no llegarán a compensar la inflación del año pasado. El Decreto otorga un paliativo especialmente para quienes no tenían previsto aumentos en el corto plazo, pero para la mayoría se va a absorber rápidamente y el efecto a mediano plazo será muy limitado.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aspira a obtener un financiamiento de Nación para cumplir con el pago del aumento salarial de 4.000 pesos, a cuenta de paritarias, del mismo modo que se hará a nivel nacional.
Kicillof se enfrenta a una situación provincial con un grave déficit financiero, con una serie de importantes vencimientos de deuda para las próximas semanas, escenario agravado por los cambios que la oposición logró imponer en la Ley de reforma impositiva impulsada por el oficialismo, que implicaron un millonario recorte recaudatorio para la provincia.
Uno de los frentes de resistencia a las medidas de Kicillof para sumar recursos provino de las cable-operadoras (la del Grupo Clarín es la más importante en ese negocio). Esas firmas contaron con la colaboración del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, que consiguió frenar la propuesta de aumento de la alícuota de Ingresos Brutos (de 2 a 3 %), perdiendo la provincia de recaudar 600 millones de pesos anuales. En contrapartida es el monto que se ahorran de pagar esas empresas.
Otros beneficiarios de las modificaciones introducidas por la oposición en el paquete impositivo fueron los importadores y exportadores y los propietarios más grandes de la provincia de Buenos Aires.
Luego de aprobada la Ley Impositiva en la Legislatura bonaerense, Oscar de Isasi, secretario General de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, expresó su conformidad ante una «ley con carácter progresivo, aunque estamos preocupados porque los representantes de los grupos económicos en la bancada de Juntos por el Cambio, lograron proteger algunos de sus recursos concentrados, teniendo como consecuencia una menor recaudación de lo que preveía el proyecto de ley original».
En cuanto al bono otorgado a los trabajadores y trabajadoras privados y del Estado Nacional, de Isasi manifestó que: «Insistimos en la necesidad que se instrumente el bono a nivel provincial y municipal, y reabrir las paritarias para recuperar los salarios tan fuertemente lesionados durante el gobierno de Vidal. Recuperar el poder adquisitivo es un eje en el que debemos poner el foco rápidamente».
«Se nos ha dicho por intermedio de funcionarios, que desde el gobierno está la voluntad de implementarlo y aunque algunos medios ya lo dan por cierto, no tenemos la comunicación oficial», añadió.
A fines de mes Kicillof debiera pagar vencimientos por 725 millones de dólares. El monto forma parte de los 2.700 millones que la provincia debe afrontar en 2020. El 85% en moneda extranjera; unos 2.100 millones de dólares, se acumulan en el primer semestre.
La Conadu y la Conadu Histórica advirtieron que los docentes universitarios fueron excluidos del aumento salarial de 4.000 pesos para estatales. «Constituye esta exclusión, una forma de discriminación hacia quienes trabajamos en las Universidades nacionales», remarcaron.
Salarios
Camioneros paralizaron el lunes la planta de YPF en Montecristo, Córdoba. Reclaman el pago del bono de 20.000 pesos para los trabajadores de la actividad. La protesta se levantó al mediodía.
Desde el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano ya habían anunciado que tomarían medidas en todo el país y no descartan que el reclamo se traslade a otros rubros vinculados a Camioneros, como bebidas y correo.
Sobre las paritarias que llevarán adelante en su sindicato, Pablo Moyano planteó: «Sabemos hasta dónde pedir, no queremos ser desestabilizadores. Estamos reclamando un aumento paritario del 33% semestral».
De esa forma salió al cruce de las versiones de que el Gobierno estaría preocupado ante un posible conflicto de Camioneros con las empresas del sector por su pedido de aumento, que podría complicar la estrategia oficial de postergar las paritarias luego de los aumentos a privados y estatales dispuestos por decreto.
Desde hace aproximadamente seis meses, el call center ACC Group viene pagando el 50% del sueldo y no pagó el bono del decreto de fin de año. El Ministerio de Trabajo le impuso una multa por no cumplir. Prefirieron pagar la multa antes que el bono. El presidente del directorio, Rodolfo Fernández Floriani, dijo que él no acata los decretos, entiende que por paritarias y acuerdo homologados sí paga, pero que no tienen que pagar nada que provenga de un decreto, ni los de Macri en su momento, ni los de Alberto Fernández ahora, prefiere directamente pagar las multas por no cumplir con los decretos.
En diciembre pagaron el 6 un 35% del salario y luego otro 50% restando un 15% y el aguinaldo que se pagó bastante más tarde.
El salario real registró una caída del 8% en 2019, producto de una inflación mayor a la esperada. Asimismo, en el caso de los no registrados la caída fue del 13%, según un informe de la consultora Ecolatina.
El deterioro no fue homogéneo: el poder de compra promedio de los trabajadores registrados (-6,2% en 2018 y -8% en 2019) fue menor que el de los informales (-6,3% y -13%), quienes no son alcanzados por paritarias y encuentran dificultades para mejorar sus condiciones en un contexto recesivo e inflacionario.
Por su parte, menos deteriorados fueron los ingresos de los perceptores de la AUH y de los jubilados (en torno al 5% en 2018 y casi 2% en 2019), quienes lograron acotar la caída del poder adquisitivo gracias a la fórmula de movilidad, que otorgaba ajustes trimestrales.
La pérdida de los ingresos reales fue generalizada y tuvo su correlato en el consumo, el cual acumula una caída superior al 10% desde el primer trimestre de 2018.
Empleo joven
La Fundación SES (Sustentabilidad, Educación, Solidaridad) y el Centro de Estudios Atenea publicaron un estudio sobre la juventud utilizando como base las estadísticas del INDEC del segundo trimestre de 2019. Allí informan que seis de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años están desempleados o con empleos informales.
El desempleo, a su vez, es del 20,7 %, casi el triple que en los adultos. Pero la desocupación de los jóvenes de hogares de ingresos bajos es tres veces mayor a la de ingresos altos.
Además, el 40 % de los jóvenes de 16 a 29 años relevados se encuentra en situación de pobreza y la indigencia se duplicó entre 2018 y 2019, llegando al 10 %.
En cuanto a la educación, un 35 % de quienes tienen entre 18 y 24 años no completó la escuela secundaria. Seis de cada diez jóvenes no estudia actualmente, mientras que el 10 % de adolescentes (16 y 17 años) no asiste a la escuela.
Respecto del acceso a la Universidad, entre los más pobres (del primer al cuarto decil) sólo llegan el 27,4 %. La cifra crece al 33,9 % en sectores medios (quinto al octavo decil) y al 47% entre las familias más ricas (noveno y décimo decil). En cuanto a permanencia y finalización de los estudios, solo uno de cada cuatro que empiezan una carrera universitaria se recibe.
Precarizados en lucha contra el monotributo
Este martes 14/1 Monotributistas Organizados convocaron a una asamblea en Chile 2181 (sede de AGD-UBA) para debatir cómo continuar organizándose con el fin de suspender el aumento del monotributo y contra la precarizacion laboral que implica este modo de contratación.
La semana pasada se movilizaron estos trabajadores que comparten la falta de derechos laborales, siendo monotributistas, tercerizados y sin ningún respaldo de un Convenio colectivo de trabajo.
La mayoría tienen trabajos de dependencia encubiertos como contratos de servicio, que no cuentan con los derechos laborales mínimos, como ART, aguinaldo, vacaciones, etc. Además, las contribuciones y aportes a la seguridad social quedan a cargo del trabajador, cuando deberían estar a cargo del empleador. Se suma que en general estos trabajadores tienen salarios miserables, por lo que el aumento del 51 % del monotributo es un golpe muy grande en sus ingresos. Se calcula que un trabajador de Rappi o Glovo tiene que pedalear un fin de semana entero para poder pagar este aumento.
Mientras tanto, el Gobierno analiza impulsar una reforma laboral que contemple a las personas que hoy facturan por sus servicios, como médicos a clínicas privadas o aquellas que actúan en Uber, Rappi o PedidosYa. Aunque desde la cartera laboral todavía no han adelantado qué tipo de legislación piensan elaborar al respecto.
Esta modalidad va más allá del sector privado, ya que el Estado es uno de los principales precarizadores con estos tipos de contratación. Los gobiernos de distintos signos políticos mantienen a miles de trabajadores con contratos de locación durante años. A esto se suma la complicidad de los sindicatos, que ignoran a los contratados o incluso niegan que son trabajadores en relación de dependencia.
A partir de la movilización del jueves 9, el Gobierno se excusó planteando que el aumento se da porque muchos ocultan sus ingresos en categorías menores. En concreto significa que miles de trabajadores con salarios bajísimos una vez más “sean solidarios”. El mismo argumento se utilizó con los jubilados y pensionados que cobran $ 20.000 que tuvieron un congelamiento en los aumentos de sus haberes, o con los trabajadores a los que se les pidió que “no se hagan pedidos desmedidos” en las próximas paritarias. Mientras tanto, en este mes del nuevo gobierno nacional, ya se vieron beneficiadas las petroleras y las mineras con bajas de retenciones y ninguna medida tocó los intereses de los Bancos, por mencionar algunos de los sectores que más se beneficiaron en los últimos años.
Empleo
Comenzó el lunes la firma de los convenios de reincorporación de casi más de 100 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) despedidos durante la presidencia del organismo en manos de Javier Ibáñez, durante la gestión de Mauricio Macri.
Esos 100 empleados se suman a los que ya están cumpliendo tareas vía amparos judiciales. En total se calculan unos 170 reincorporados de los 258 despedidos por la gestión Cambiemos.
Hace cuatro meses comenzó el conflicto entre SanCor y ARSA, en la planta de Arenaza, por los 21 trabajadores de Mendicrim, quienes trabajaban para una empresa pero dentro de otra. Finalmente, fueron despedidos y comenzaron la lucha por la reincorporación. A pesar de que la Justicia había fallado a su favor, el empleador les seguía negando el ingreso. El martes 7, al fin, pudieron volver a desarrollar sus tareas.
La empresa de monopatines eléctricos Lime informó el cierre de operaciones de su servicio en Buenos Aires, donde desembarcó hace tan solo tres meses. Implica el despido de unos 100 trabajadores.
Tenaris/Techint sigue sin acatar la conciliación obligatoria del conflicto que se inició con los 191 despidos del pasado lunes 6. El miércoles 15 hubo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo.
El conflicto comenzó en diciembre por las negociaciones por un nuevo acta de suspensiones para el año 2020. La propuesta de la empresa comprendía la suspensión de los operarios con el 75 % del salario (55 % al bolsillo) y el despido de 300 trabajadores de planta y 100 trabajadores de contratistas. En la planta trabajan más de 4.000 operarios de los cuales 1.000 lo hacen por contratistas tercerizadas (la mayoría bajo convenio de la UOCRA y UOM) y unos 500 bajo contrato de Siderca de plazo fijo con renovaciones mensuales hasta con duración de 5 años para la “posterior” efectivización.
En Campana también el empresario Rubén Cherñajovsky de Newsan-Atma amplía su negocio millonario a costa de despidos discriminatorios de mujeres. Y en otra metalúrgica más, la ex Titania, también se están repitiendo despidos.
Los trabajadores despedidos de TSU Cosméticos del partido de San Martín, se están concentrando en las puertas del establecimiento desde fin de año para reclamar las indemnizaciones adeudadas correspondientes a los más de 400 despidos efectuados a largo del año pasado.
El pasado 10 de enero, el Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles en el conflicto por despidos en la Municipalidad de La Plata. Esto significa que la Municipalidad se encuentra obligada a acatarla y retrotraer los despidos al 31 de Diciembre.
El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén García, rechazó «los despidos producidos en varios distritos» hacia «fines de diciembre» último y explicó que «los trabajadores comunales con más de un año de antigüedad no son contratados sino efectivos luego de un año».
“El contrato es una carátula mentirosa que utilizaron los Intendentes -a veces durante varios años- como un fraude laboral, al considerar a ese personal mensualizado. El Jefe comunal decreta, renueva o no esa figura según quiera», señaló.
A modo de ejemplo, en la ciudad bonaerense de Carlos Tejedor hay, por ahora, 64 despidos. Hay rumores de que la cifra podría llegar a 120. La medida sorprende porque contradice lo prometido en campaña por la Intendenta, María Celia Gianini (FdT).
El Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT) y la empresa Alliance One Tobacco arribaron a un acuerdo respecto de la desvinculación de 266 trabajadores cíclicos de la planta de procesamiento de la localidad de El Carril.
En ese marco y a través de las negociaciones que la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Tucumán llevó adelante con las partes, se acordó que la empresa abone la liquidación final y una doble indemnización a los trabajadores. En el acta figura también un plazo específico de cobertura médica para el grupo familiar del obrero.
Los gremios petroleros expresaron su preocupación por la falta de avances en la paritaria y los más de 1.800 trabajadores suspendidos en Vaca Muerta y no descartan lanzar medidas de fuerza ante el vencimiento de la conciliación obligatoria prevista para el próximo 28 de enero.
Mientras, aceptaron adelantar a enero el 9% de la última cuota del aumento salarial previsto en la paritaria de 2019. Pero a cambio, no percibirán nuevos incrementos hasta abril del 2020 y los 4.000 pesos por decreto serán absorbidos por este adelantamiento.
En los últimos días la cadena de electrodomésticos Garbarino logró cerrar un acuerdo para reestructurar pasivos por más de 4.400 millones de pesos, deuda que en un 85% se encuentra en manos de los Bancos Galicia y Santander. Ahora el fondo Inverlat, integrado por directivos del Banco Macro, apareció como el principal interesado en adquirir esas acciones.
La empresa de los hermanos Daniel y Omar Garbarino, que entró en una profunda crisis financiera por el aumento de costos locales y la histórica caída de ventas durante el macrismo, hoy tiene una participación del 20% en el mercado de electrodomésticos, cuenta con 200 locales (entre los propios y los de la marca Compumundo), emplea a unos 4.500 trabajadores y posee una planta de ensamblado de Samsung en Tierra del Fuego.
Los trabajadores de la empresa viven esta transición con una gran incertidumbre, esperando que en el inicio de esta semana se lleven adelante algunas reuniones que les clarifiquen el escenario al que se enfrentarán con los cambios accionarios. Por el momento, sólo se informó que la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios se reunirá con representantes de la empresa para tratar de aclarar la situación.
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio se mantienen en alerta y no descartan que la empresa avance hacia la presentación de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), que podría implicar recortes o despidos.
El presidente Alberto Fernández presentó el jueves 9 el programa «Argentina Hace» con el que el Gobierno espera crear 20.000 empleos en los próximos meses. Según detalló el mandatario esta iniciativa busca llevar a los barrios obras de infraestructura básica que estarán a cargo de cooperativas de trabajadores.
Con una inversión inmediata de 9.000 millones de pesos en los próximos 3 meses se espera poder atender las necesidades más urgentes, crear empleo en las cooperativas y dar un paso adelante en el camino hacia la igualdad de género ya que la mitad de los empleos que se crearán deberán ser ocupados por mujeres.
La caída del empleo asalariado registrado afectó a la casi totalidad del país el año pasado, con excepción de las provincias de Neuquén y Santa Cruz, según un análisis realizado por la Unión Industrial Argentina (UIA) a partir de los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al mes de octubre.
El estudio destaca en particular el caso de Neuquén, con un incremento interanual de 4.400 puestos de trabajo (3,8% frente a 12 meses atrás), «impulsado por el aumento de la actividad vinculada a Vaca Muerta».
La otra provincia con mejora en el empleo (2,4%) fue la de Santa Cruz, con una economía fuertemente vinculada con las explotaciones petroleras y mineras.
Frente a esos repuntes, «las provincias más afectadas fueron las de Tierra del Fuego (-10,3% interanual), La Rioja (-6,2%) y San Juan (-5,5%)», precisó el informe de la UIA.
En tanto, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fueron hasta octubre pasado las jurisdicciones más afectadas por la caída en la actividad en niveles absolutos (con caídas de 52.800 y 41.400 puestos de trabajo, respectivamente).
El retroceso del empleo asalariado formal en todo el país fue de 0,5% interanual (61.644 puestos menos), pese al crecimiento de 3% de los monotributistas (46.642 más que en octubre de 2018) y de los empleados públicos (1,3%, 42.362 puestos más).
Piden que Subterráneos informe el número de trabajadores expuestos a asbesto en los últimos 40 años
El pedido fue presentado ante la jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad, Patricia López Vergara, quien decidió habilitar la feria judicial para continuar el trámite durante este mes de la acción de amparo interpuesta para lograr la desasbestización del Subterráneo y el Premetro.
La demanda por el derecho a la salud contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA], Subterráneos de Buenos Aires y la empresa Metrovías S.A., fue promovida semanas atrás por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretarios generales y adjunto respectivamente, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP).
El «amparo ambiental» también fue firmado, entre otros, por Ramón de Jesús Acuña como trabajador de Metrovías y Fernando Otto Rossi, en su carácter de usuario del servicio.
Los demandantes pidieron la «recomposición ambiental» y que se garantice al subte como un lugar «libre de asbesto», además de la realización de estudios médicos periódicos y un resarcimiento a quienes padecieron daños en su salud.
El asbesto es el nombre de un grupo de minerales que, por su resistencia y flexibilidad, ha sido utilizado en la construcción de diversos materiales. La cercanía con ese material supone que, al respirar, las fibras de asbesto pueden alojarse y acumularse en los pulmones y causar lesiones y enfermedades como el cáncer.
Por eso, los demandantes pidieron que se ordene a las codemandadas Metrovías SA y Sbase que en el plazo de diez días informen al tribunal el listado de trabajadores que se desempeñó en el ámbito del subte, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda.
Reclamaron que se condene a las demandadas a financiar la instalación, a la dotación en recursos materiales, personal profesional capacitado y la puesta en marcha de un «Instituto para la Prevención, Capacitación y Tratamiento del Asbesto», con sede en esta Ciudad, cuya administración estará a cargo de un Consejo designado por los accionantes.
Todavía seguimos esperando los estudios médicos específicos para el conjunto de los trabajadores y sus familias, los proyectos de cambio de las flotas contaminadas y la desabestización integral de los ambientes de trabajo, reclama la agrupación Bordó de Subterráneos.
“Lamentablemente, y producto de la línea política de la dirección mayoritaria del sindicato, no existió, ni existe, un verdadero plan de lucha sostenido en el tiempo que nos permita presionar a Metrovías y a SBASE a dar respuestas concretas a nuestro pliego de reclamos”, agregan.
“El resultado fue que en las últimas semanas del 2019 SBASE salió a hacer publicidad en los diarios de su plan, que en lugar de ser recambio de la flota Mitsubishi (infestada de asbesto en toda su estructura), iniciaría una “desabestización parcial” para que continúen en servicio. Este plan además de sumamente irresponsable es extremadamente peligroso y totalmente contrario a las indicaciones del equipo técnico de AGTSyP. A pesar de que este plan es de conocimiento público y ya se ha puesto en marcha, ni la dirección del sindicato ni la Secretaria de Salud Laboral han dicho, ni han hecho, ni han propuesto nada en su contra ni a favor de defender lo recomendado por los técnicos que fue refrendado en diferentes plenarios y asambleas”, denuncian.
Frente a este panorama los trabajadores que integran la Agrupación Bordó han propuesto poner en marcha un proceso para comenzar a realizar retención de tareas sobre la flota Mitsubishi, para que se inicie un recambio de flota en lo inmediato.
Por otro lado, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto Pianelli, se manifestó a favor de «estatizar» el servicio de subtes y también el de colectivos, a fin de «desarrollar» ambos sistemas de transporte.
Pianelli justificó su postura al criticar duramente la situación actual del subte, responsabilizando al SBASE (Subterráneos de Buenos Aires), propietaria legal de la red de subtes de la Ciudad, y a Metrovías, la actual concesionaria del servicio.
«Es la primera vez en la historia que no tiene programado hacer ni un metro de subte. Es una empresa que no se sabe para qué está. Si cambiamos la estructura y lógica de SBASE, yo estoy a favor de que una empresa estatal opere los subtes y los colectivos», afirmó el sindicalista.
Chubut contra la megaminería
A pesar de la reciente crisis social que generó el tema en Mendoza y la marcha atrás que debió dar Rodolfo Suárez, su gobernador, el gobierno de Mariano Arcioni confirmó que intentará habilitar la minería en Chubut, en un intento desesperado por conseguir fondos para salir de la crisis económica.
Así lo afirmó el secretario General de Gobierno chubutense, Carlos Relly, en una declaración que ya generó rechazo de parte de los grupos ambientalistas que convocaron a movilizaciones en toda la provincia.
El viernes 10, en Trelew, una multitud se concentró frente a las puertas de municipio y luego se inició una movilización que superaba las ocho cuadras. Unas 3.500 personas salieron a expresarse en defensa de la Ley 5001. «El pueblo de Trelew con esta movilización le dijo no a la megaminería y exige al intendente Maderna que dé la cara y entienda la voluntad popular», comentó una vecina.
Además de la necesidad de conseguir fondos, Arcioni también se ve presionado por la idea de Alberto Fernández de empujar la actividad minera para reactivar la economía. «En Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia», declaró el Presidente apenas asumió.
Se refería al Proyecto Navidad de la compañía canadiense Pan American Silver, que promete inversiones por 1.000 millones de dólares y miles de puestos de trabajo. Se estima que podría tener una producción de 16.5 millones de onzas anuales de plata-cobre y plata-plomo. Mauricio Macri ya intentó, sin éxito, que Chubut lo habilite.
Fuentes: www.infogremiales.com.ar, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, La Izquierda Diario, Clarín, El Destape Radio, Ambito Financiero, Página12, argentina.indymedia, Red Eco Alternativo.