Coronavirus y Derechos Humanos

Mario Hernandez

 

Los consejos que emanan de la OMS y que se imponen, a través de variadas formas de Estado de Excepción son todas limitaciones de diversas libertades individuales: desplazamiento, comercio, reunión, manifestación, trabajo y educación. También entorpece algunos calendarios electorales y preelectorales afectando la libertad política relacionada con ellos.

 

Además, ¿cuáles son las condiciones sociales para enfrentar una cuarentena que, para ser efectiva y posible, requiere el acceso a derechos sociales que no están mundialmente garantizados? La inactividad impacta a una población mundial que habita un sistema caracterizado por los recortes en los servicios sociales y la precarización del empleo.

Al respecto, Ana Cristina Bracho, en “Pensar el COVID-19 desde la perspectiva de los derechos”, enumera:

• Según la ONU, 1.600 millones de personas habitan en casas inadecuadas, 900 millones en asentamientos informales o campamentos. En estas estadísticas no se incluye a las personas que viven sin casa o en la calle.
• Según la UNICEF, 2.200 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso a agua potable de forma segura, 4.200 no tienen servicios de saneamiento y 3.000 millones no tienen las instalaciones básicas para el lavado de manos.
• En el mundo existen miles de personas privadas de libertad y la condición de hacinamiento se encuentra expandida en la mayor parte de los países, conllevando con ella un precario acceso a las instalaciones sanitarias indispensables para la mayor parte de las personas en esta condición.
• Según la OMC, al menos el 5% de la población del mundo se encuentra desempleada y según el Banco Mundial casi la mitad de la población mundial está dentro de los parámetros internacionales de la pobreza.
• Según las oficinas que miden la migración de la ONU, en el mundo existen 272 millones de personas en condición de migrantes y éstas se enfrentan a ambientes cada vez más difíciles que incluyen precariedad y confinamientos.

 

Es decir, que la situación no es tan sólo un problema macroeconómico donde se evidencian pérdidas de mercados, reducción de ingreso público o posibles colapsos que se producirán con el paso de los días sino que cada día que pasa constituye un apremio para millones de personas que se encuentran en distintas partes del mundo, ante el reto de una situación particularmente grave y sistemas públicos precarizados.

Mientras estas diferencias existan, se darán grandes desigualdades entre las personas que en un caso como el actual son de vida o muerte, así como la posibilidad de acatar o no las recomendaciones de la OMS convertidas hoy en normas de excepción.

El caso del COVID-19 merece una lectura desde la perspectiva de los Derechos Humanos y las realidades concretas de la población, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que en el presente existen y que enfrentan las personas que reciben las recomendaciones.

 

El coronavirus en Argentina

 

Hacemos propio el análisis publicado por La Izquierda Diario: Desde hace días decenas de ciudades y barrios del país están viviendo virtuales militarizaciones. Móviles de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y de las policías provinciales patrullan las calles lanzando mensajes amenazadores por altavoz.

El mensaje es calcado en todos lados: “Vecinos y vecinas, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación informa que para prevenir la propagación del coronavirus se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, evitando aglomeraciones de personas y limitando la circulación. Recordá que cuidarse es cuidar a todos”.

Parece que el único objetivo de estas acciones es engendrar temor e imponer un férreo control social, apoyándose en medidas excepcionales por parte del Gobierno. Más aún contra manifestaciones o protestas populares por las nefastas consecuencias de la crisis que la pandemia profundiza exponencialmente. Se busca naturalizar que policías y gendarmes especializados en el gatillo fácil, el gerenciamiento del crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, desarmaderos, etc.) son capaces de “cuidarnos” y aconsejarnos cómo estar a salvo de la pandemia.

Mientras tanto, en hospitales, centros de salud y hasta en el Instituto Malbrán sale a la luz la decadencia estructural y presupuestaria que lleva décadas, que el macrismo profundizó y que el Frente de Todos, con el objetivo de pagar la deuda externa, mantiene sin mayores contradicciones y aplica frente a la crisis un aumento a todas luces insuficiente de partidas para el área de salud. Peor aún, las trabajadoras y los trabajadores de la salud están precarizados y no hay ningún anuncio que disponga que les van a aumentar el salario por el trabajo de riesgo que están realizando.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad creó un “Comando Unificado” en el que se enmarca la flamante Línea 134, para recibir denuncias sobre gente que presuntamente haya violado la cuarentena obligatoria. Según ha señalado la ministra Sabina Frederic, las fuerzas federales, luego de recibir la denuncia, comprueban la veracidad y, de ser necesario, obligan a la persona a permanecer en su casa y eventualmente es procesada de acuerdo al Código Penal.

En un país con un larguísimo historial de represión policial, de crímenes de Estado, de torturas, muertes y desapariciones, es grave que la crisis la pretendan “resolver” con la saturación de fuerzas represivas. Hay sobradas muestras en la historia reciente de nuestro país de que eso solo puede devenir en más persecución y represión.

El Gobierno aprovecha la pandemia para reforzar el control social generando la sensación de pánico propicia para este tipo de acciones y naturalizando la virtual militarización de las calles de todo el país al igual que vemos en Italia, Francia, el Estado Español o China.

Y como si fuera poco, en el marco de un sistema de transporte público decadente y sobresaturado, las medidas que se tomaron para sostener el “distanciamiento social” en trenes, subtes y colectivos solo generan largas filas en las estaciones, porque los medios de transporte no se detienen en muchas estaciones y solo se puede viajar sentado. Una resolución demagógica (y violenta) en el marco de que el 40 % de la clase trabajadora se encuentra en la precariedad y debe, aunque no quiera y corra peligro de contagiarse, ir a trabajar.

Cuando Alberto Fernández dice “que salgan los que tienen que cuidar la salud de los otros, los que tienen que producir alimentos para que los otros tengan, los que tengan que generar remedios para que todos estemos sanos”, omite de su relato a ese 40 % que hace changas, pedalea todo el día en sus bicicletas, pasa doce horas en un supermercado, en un taller, en una imprenta, vende ropa, atiende un kiosco y un millón de etcéteras. Y ninguno de los grandes medios de comunicación se lo recuerda.

¿Qué medidas se han tomado hacia los bancos, los que “se la fugaron toda”, las mineras, las energéticas, los grandes especuladores de precios? ¿Qué “patrullaje” o línea telefónica hay para denunciar a los patrones que obligan a sus trabajadores y trabajadoras que son población de riesgo a ir a trabajar, o hacia los dueños de call centers que son verdaderos centros de hacinamiento? ¿Qué medida tomó el gobierno ante el reclamo de los aeronáuticos? ¿Qué medidas hacia los trabajadores de la salud para protegerlos de contagios, para brindar todos los insumos necesarios para estar preparados para el agudizamiento de la pandemia? Ninguna.

Mientras las grandes empresas periodísticas, oficialistas y opositoras, replican una y otra vez cómo se detuvo a una persona que violó la cuarentena, ni una palabra sobre estos ejemplos que describimos, mucho más graves frente al peligro de contagio. Tampoco, por supuesto, ni un comentario sobre las protestas de empleadas y empleados de los shoppings de todo el país, ni la denuncia de obreros y obreras de La Virginia o los recolectores de Jujuy.

Países como Francia, Italia, el Estado Español, China y ahora Chile, declaran estados de excepción y despliegan fuerzas de seguridad y armadas generando más temor entre la población. Las imágenes son desoladoras. Hombres armados en calles desiertas, golpeando y amenazando los pocos que asoman la nariz generan también una bronca en ebullición entre los trabajadores y la juventud más precarizada.

Esa bronca puede convertirse en lucha contra un Estado policíaco que no resuelve ninguno de los problemas estructurales que salen al desnudo frente al panorama desolador de la pandemia.

 

Las medidas que faltan

 

El Presidente y 24 gobernadores decidieron la cuarentena obligatoria a nivel nacional, en principio hasta fin de mes. El Congreso suspendió sus sesiones ordinarias y se reunirá solo en caso que el Poder Ejecutivo lo requiera cerrando toda posibilidad de debate público y dejando la toma de decisiones en manos de un pequeño grupo de funcionarios.

El “resguardo” queda en manos de Gendarmería, Prefectura y las policías provinciales como la de CABA que reprimió salvajemente la protesta por el pedido de justicia por la muerte de una vendedora ambulante, Beatriz Flores, atropellada en medio de un operativo de la Policía porteña.

Además, faltan la prohibición de despidos y suspensiones, que ejecutan las patronales aprovechando cada crisis económica o social; la aplicación de un subsidio especial a trabajadoras y trabajadores no registrados (ambulantes, de changas, trabajadores “en negro”, domésticos y demás cuentapropistas); la unificación y centralización de todo el sistema de salud, pública y privada, como parte de una planificación integral general; la reconversión de la industria farmacéutica, de insumos sanitarios y demás áreas sensibles en esta crisis en función de esa planificación integral (como ya lo están planteando varias empresas recuperadas, para lo que están solicitando una ayuda del Estado).

Y, por supuesto, nada de eso puede ir desligado de la necesidad de que cada dólar que se pretenda destinar al pago de la deuda externa ilegítima sea destinado para aplicar esas medidas.

El desplome de las Bolsas significa que acumularán pérdidas los fondos de inversión y otros grandes inversores, que son los “buitres” de Wall Street que tienen en sus manos gran parte de los títulos que se apresta a negociar la Argentina.

A nivel mundial se hace imperiosa la condonación de las deudas de países como Argentina, como ya lo están planteando Alfredo Serrano, Rafael Correa, Alvaro García Linera y Gustavo Petro. No obstante, debería ser una decisión soberana del país. Si lo era antes de la pandemia, mucho más lo es hoy.

 

Reclamo de cooperativas autogestionadas

 

El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadorxs Autogestionadxs (FACTA) y vicepresidente del recuperado Hotel Bauen, Federico Tonarelli,  reclamó un marco regulatorio que proteja a las cooperativas y autogestionados con medidas acordes a sus necesidades surgidas a partir de la crisis económica que trajo aparejado el aislamiento preventivo para frenar el avance del coronavirus.

Si bien algunas cooperativas de trabajo se verán beneficiadas, por ejemplo, por la construcción de obra pública, para la que se anunció el aumento de 100.000 millones de pesos, Tonarelli especificó: «Si el gobierno nacional sigue sin registrarnos, nuestras Cooperativas van a ir desapareciendo una tras otra».

Además, reclamó que «si se refuerza la ayuda por AUH, AF y tarjeta alimentaria, debe ampliarse a los asociados de las cooperativas de trabajo» y argumentó: «También somos monotributistas pero al estar inscriptos en las categorías menores, estamos eternamente afuera de estas ayudas».

Luego apuntó que “si hay nuevas moratorias para comercios y pymes, se debe incluir expresamente a las cooperativas de trabajo en las mismas”.

«Cuando se habla de moratoria, la personería jurídica de la cooperativa de trabajo es un problema. Cuando se habla de Repro, se asiste a los empleadores. Como en nuestro caso la relación laboral es asociativa y no hay empleador, no hay asistencia para nuestras empresas. Cuando se habla de exenciones impositivas, hablan de pymes, la interpretación de cada agencia de la AFIP vuelve arbitraria la política pública. Siempre nos termina pasando lo mismo», ejemplificó Tonarelli.

«Somos un eslabón más de la cadena productiva. Comercializamos nuestros bienes y servicios en el mercado interno», indicó y recordó: «Reinvertimos nuestros excedentes en nuestras propias cooperativas para generar más y mejores puestos de trabajo, pero SIEMPRE estamos fuera del ‘radar’ de las políticas públicas«.

 

Reclamo de Organizaciones Sociales a Rodríguez Larreta

 

Personas, redes y organizaciones sociales, educativas, políticas, sindicales, de Derechos Humanos y religiosas exigieron medidas de emergencia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires.

Denuncian que el Gobierno de la Ciudad dispuso que a través de las Escuelas se organice y garantice “la entrega del refrigerio o vianda” (res. 2020/1482 CABA) y luego una carta de la Dirección General de Servicios a las Escuelas redujo el servicio a refrigerios. Lo que se proveyó es un refrigerio (dos panes y una feta de fiambre y otra de queso) lo cual no cumple el mínimo requisito nutricional para enfrentar el problema, menos en un contexto de cuarentena que reduce los ingresos de las familias de los barrios.

“De acuerdo a la normativa de la Ciudad (Ley 3704) y la emergencia sanitaria (que en nuestros barrios involucra coronavirus, dengue y sarampión) el objetivo del servicio alimentario debe ser brindar una alimentación que mejore la calidad de vida y provea condiciones para prevenir y transitar las posibles afecciones. La provisión de alimentos deben ser suficientes, nutricionalmente adecuadas para la situación de emergencia y la población a la que están destinadas, teniendo en consideración que ese es el principal o único plato de comida que reciben muchas familias. Si se trata de viandas, deben proveerse en bandejas con tapa y utensilios; y contemplarse la adecuada distribución, y no adicionarse requisitos, como los que se verificaron, para su entrega, tales como que sean les estudiantes quienes las retiren”, sostienen.

Y agregan: “También, deben contemplarse la alimentación y refuerzos vitamínicos necesarios para primera infancia de nuestros barrios, y vincular las medidas a las características y perfiles sanitarios de nuestra población, que suele presentar problemas respiratorios (incluidas las altas tasas de tuberculosis) y de inmunidad, vinculados a las condiciones edilicias de sus viviendas, la falta de ventilación, las carencias nutricionales y, en general, la falta de acceso al derecho a la salud.

Otro aspecto gravísimo que observamos, es la falta de suministro de artículos de higiene y limpieza, alcohol en gel y repelente, y exigimos su provisión y estrategias de distribución para garantizar su llegada a todas las familias, acompañado de instrucciones claras sobre su uso.

Consideramos imprescindible elaborar un plan de contingencia para la violencia de género, ya que la suspensión y reducción de circuitos donde habitualmente se canalizan estas situaciones expone más aún a mujeres y niñxs.

Las medidas de aislamiento, sin un sostén material para las familias que viven de trabajos en negro, precarizados y de la economía popular, en la mayoría inquilinos y con niñxs y adultxs mayores a su cargo, algunxs sin requisitos para el acceso a planes sociales y sin acceso a la red de gas y saneamiento, implican confinarlas no sólo a la pandemia, sino también al hambre y la imposibilidad de afrontar gastos mínimos de su vida cotidiana.

Mientras las instituciones del barrio se van desmontando por la cuarentena, las medidas son percibidas por nuestxs vecinxs como un abandono, más que “de cuidado”.

Exigimos al Gobierno de la Ciudad y de la Nación que se dé respuesta urgente a nuestras demandas y exhortamos a que: se provean alimentos suficientes y adecuados, concretamente que se implemente la entrega a las familias de bolsones de comida suficiente y de calidad nutricional adecuada y se garantice su distribución; que se les facilite elementos de prevención e higiene; que se provean garrafas y se contemple la situación de personas sin acceso a planes sociales; que se garanticen los servicios esenciales (agua, luz, gas); que se haga entrega urgente de materiales de trabajo para el sector de salud de los barrios más carenciados; que se instruya y dote de recursos a las organizaciones territoriales, especialmente a comedores comunitarios y personas que, pese a la grave situación y riesgo, permanecen solidariamente colaborando con quienes más lo necesitan.

Entendemos la importancia del auto cuidado para enfrentar esta crisis, pero mientras hay quienes entienden esto como un “sálvese quien pueda” y montan una campaña de pánico que paraliza y abandona, nosotrxs resistimos y persistimos con nuestra cultura barrial, que ha tejido y sostiene redes de cuidado comunitario y la elaboración y circulación de información veraz y accesible que nos movilice y nos mantenga activxs en la lucha y la organización colectiva”.

El comunicado está firmado por: Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, Red Lugano, MP La Dignidad en UTEP; Corriente Villera Independiente; Jardines Comunitarios Populares MPLD; “Paso al Frente” de Radio Presente; La Simón Bolívar; Club Malvinas Argentinas, Vacantes para todos; La Casa de Juana Comuna 13; UTE; Grupo de Litigio estratégico; Familiares y amigxs de Luciano Arruga; Colectivo Juguete Rabioso; Bachillerato Popular Bajo Flores; Somos Barrios de Pie; Fundación Che Pibe; Laura Marrone Legisladora CABA (MC); Florencia Gentile (UBA).

Por otro lado, agentes de prevención porteños denunciaron que los mandan a operativos por Coronavirus sin barbijos ni alcohol. Son 900 agentes de Prevención que reclaman mejores condiciones laborales. Dependen del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Aseguran que los están enviando a operativos en hoteles céntricos para invitar a los turistas extranjeros a cumplir con los protocolos por el coronavirus dispuesto por las autoridades nacionales, sin condiciones de seguridad.

La mayoría son monotributistas y un 75% son mujeres. Sus ingresos que oscilan entre los 24.142 y 30.000, por debajo de la línea de la pobreza.

 

Por los hospitales

 

El jueves, los médicos y enfermeras del Hospital de Niños de la provincia de Tucumán se plantaron en las puertas desenmascarando los dichos de la ministra de Salud, Rosanna Chahla, quien por todos los medios de comunicación a su alcance señalaba que el sistema de salud provincial es de excelencia.

Los médicos denunciaron que falta de todo y que gran parte del personal administrativo ha abandonado el Hospital.

Reclaman urgentemente que se incorporen más profesionales. “Somos dos médicos, tendríamos que ser cinco”, expresa una de las pancartas pegadas en las ventanas.

“Ahora más que nunca necesitamos más médicos de guardia”, reclaman en otro cartel.

Luego trabajadores del Hospital de Niños decidieron marchar por las calles al grito de “Siprosa, Siprosa, no estamos preparados, si viene el Corona estamos hasta las manos “

La ministra Chahla, en vez de solucionar las demandas se limita a señalar que «la protesta de los médicos autoconvocados es irresponsable» y que ese tipo de medidas se debe canalizar por vías internas y no sacarlas a la calle.

No es de extrañar este accionar de quien en una entrevista brindada a LG Play, tras la confirmación del primer infectado por COVID-19 en Tucumán, afirmó que los pacientes sin síntomas «no pueden contagiar». Un dato que no fue aún corroborado y es cuestionado por la comunidad científica mundial.

Trabajadores del Hospital Garrahan junto a delegados de la Junta Interna de ATE, han exigido a las autoridades una respuesta para la compra urgente de barbijos, camisolines, respiradores y la contratación de personal.

A medida que avanza la crisis sanitaria, los trabajadores de la salud ponen de manifiesto la falta de insumos, infraestructura y personal tras años de vaciamiento del sistema público que hacen muy difícil poder dar respuesta al crecimiento de la pandemia sin que todo colapse. La partida presupuestaria extraordinaria de 1.700 millones, es la mitad del presupuesto del Hospital Garrahan y la mitad de lo que se destina a diario al pago de la deuda.

A esto se suma el incumplimiento de normas básicas que plantea la Organización Mundial de la Salud en el protocolo necesario para afrontar, en el que se detalla cuál es el personal de riesgo que se debe resguardar y qué tipo de insumos e instrumentales deben emplearse para la atención y prevención de contagios de coronavirus. Esto es lo que denuncian desde la Junta Interna de ATE en el Hospital mediante un comunicado de prensa.

En el Hospital Garrahan, el otorgamiento de licencias al personal de riesgo fue una odisea. Durante varios días, el peregrinaje de trabajadores entre las oficinas de Medicina laboral, Recursos humanos y la dirección del Hospital fue incesante debido a las trabas que se ponían para conseguir las licencias. Como cuentan compañeras del área de laboratorio del hospital a las que siendo madres jefas de hogar con hijos adolescentes querían negarles su derecho a quedarse cuidándolos ante la ausencia de alguien más que pueda hacerlo.

Hoy los servicios están trabajando con un 40% menos del personal de Enfermería. Es necesario y urgente que se contrate más personal para suplir las ausencias y evitar la sobreexplotación, garantizando todos los derechos laborales. Para eso, se puede contratar al personal despedido injustamente en los últimos años, a los cientos de profesionales de la salud que hoy están desocupados, a los 1.400 residentes que están por completar su formación en la residencia y que podrían incluirse en la planta de los hospitales. Y de ser necesario, los miles de profesionales de la salud que se anotaron para rendir el examen de residencia en este año. Podrían ingresar directamente al sistema de salud a trabajar y formarse, para cubrir las necesidades de atención e incluso capacitarse en forma paga a los estudiantes de los últimos años de carreras de Medicina, Enfermería, Psicología y afines. Son muchas las opciones posibles antes que contratar enfermeras jubiladas e impedir las licencias a quienes la necesiten exponiendo a la población de riesgo. Desde la Junta Interna vienen exigiendo que las autoridades den respuestas en este sentido.

Además las gafas y camisolines entregados no respetan las recomendaciones de la OMS. En el anexo del CIM 74, donde ya hubo casos sospechosos de coronavirus que dieron negativo hay batas sin esas características. Los trabajadores tercerizados aún no recibieron ningún elemento de protección salvo uno guantes muy finos que no son resistentes.

Las autoridades no han resuelto esta grave situación, como tampoco instalar en todos los baños y rincones del hospital jabón líquido o alcohol en gel.

 

Rosario: protestan asistentes escolares y reclaman movimientos sociales

 

La Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón, detalló la situación en la que siguen realizando tareas en cuarentena las y los asistentes escolares. Falta de información, de insumos de sanidad y limpieza, de elementos para la entrega segura de alimentos, se suman a la ya histórica deficiente partida que Nación y Provincia otorgan a comedores escolares y copa de leche. “Los compañeros y compañeras se sienten desprotegidos”, aseguró. El jueves dispusieron un paro sanitario.

Son alrededor de 132.000 pibes y pibas que acuden en la provincia a copa de leche y 64.000 se alimentan en los comedores.  Este fin de semana será el primero en la historia en cuarentena. Son unas 30 las escuelas que entregan comida en la ciudad y el sábado van a funcionar normalmente. El lunes que es feriado está garantizado que todos los comedores funcionen como un día normal. “Las y los compañeros están divididos por turno para cumplir con las normas que nos piden por la emergencia sanitaria, así que está garantizada la partida para esos dos días también”, dijo Almirón.

“Ahora esto depende pura y exclusivamente del gobierno, si ellos cumplen en mandar los insumos necesarios, garantizar la partida -nosotros ya habíamos pedido que se incremente el valor de la partida para dar mejor comida-, si cumplen con todos estos requisitos, el trabajo de nosotros y los directivos está garantizado”, adelantó.

En el supermercado La Gallega de Rosario, los trabajadores piden barbijos y alcohol en gel ya que miles de personas pasan por las instalaciones.

Los trabajadores y trabajadoras desocupados y de la Economía popular, vecinos de barrios populares, agricultores, familiares y militantes sociales, agrupados en diversas organizaciones sociales, y en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular de Rosario propusieron:

• Generar un comité de crisis en articulación con los tres poderes del ejecutivo, las organizaciones sociales y de la sociedad civil para monitorear la situación y actuar eficazmente allí donde sea necesario.
• Relevar las necesidades alimentarias allí donde sean necesarios los refuerzos y garantizar materiales de protección para quienes tienen esta tarea.
• Garantizar elementos de higiene y seguridad para las instituciones que tengan que seguir funcionando en los barrios por estar éstas  afectadas a la atención de los sectores más vulnerables.
• Coordinar con el Ministerio de Seguridad salvoconductos para quienes deban movilizarse por cuestiones de atención comunitaria.
• Adelantar el calendario de vacunas para la gripe y neumonía para evitar mayores afecciones y colapsos en el sistema de salud. Reforzar el sistema de salud en el territorio. Es fundamental que los centros de salud barriales permanezcan abiertos, en buenas condiciones de funcionamiento y con los insumos necesarios para la atención primaria.
• Posponer los pagos de servicios sin mora para los beneficiarios de las últimas medidas impuestas por el gobierno nacional, para evitar cortes en los servicios que impliquen mayores complicaciones en la cuarentena.
• Acondicionar espacios para terapia intensiva (camas, instalaciones, respiradores) en la magnitud necesaria. Relevamiento urgente de todos los respiradores (públicos y privados) y compra en cantidad suficiente para afrontar los picos de la emergencia.
• Sostener los comedores comunitarios y ollas populares existentes, y crear nuevas donde se necesiten, en las barriadas populares, para alimentar a las familias de los desocupados, personas sin hogar, changarines, trabajadores en negro, monotributistas, etc., garantizando para ello la provisión regular de carne, leche, harina, verdura y alimentos secos.
• Cubas de agua potable en los lugares donde no haya agua corriente.
• Teléfonos de emergencias de los MPA y juzgados de familia en cada localidad, donde poder denunciar y atender las situaciones de violencia de género. Garantizarles a las mujeres en situación de emergencia techo (de ser necesario), alimentos y apoyo durante la cuarentena.
• Distribución en los barrios de jabón líquido, toallas descartables, alcohol en gel, barbijos, guantes. Es fundamental la higiene, y muchos de nuestros compañeros no cuentan con el recurso del agua potable como medio para la higiene de manos y de los ambientes.

 

Mar del Plata: “Váyanse o llamamos a la policía”

 

Movimientos sociales denuncian que las partidas de alimentos que llegaron son insuficientes para abastecer las necesidades de los barrios más pobres de la ciudad de Mar del Plata. Por este motivo se presentaron en las oficinas de Calidad de Vida, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la ciudad, la cual permanece cerrada. Afuera había personas en situación de calle, solicitando ayuda, pero les dijeron que estaba cerrado y la respuesta detrás de una reja con candado fue «váyanse o llamamos a la policía».

 

Mendoza

 

Los empresarios bodegueros lograron por intermedio del Gobernador Rodolfo Suárez que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dejara exentos de la cuarentena obligatoria a miles de trabajadores vitivinícolas del país.

Con la “avivada” de considerar al vino un producto alimenticio, los grandes bodegueros se aseguraron poder proseguir con la cosecha y molienda de uvas, pese al enorme riesgo de contagio al que exponen a los miles de trabajadores de bodega y de viña y el riesgo de contagio de coronavirus a sus familias.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura publicó a fines de enero un informe sobre los stocks vínicos existentes en bodegas que revelaba que solo en Mendoza el stock técnico de vinos era de entre 13 y 16 meses.

Además, la industria vitivinícola de Mendoza tiene potencial para la elaboración de un insumo esencial: vino posteriormente desnaturalizado, para la fabricación de alcohol etílico y sus derivados sanitarios, como el alcohol en gel. En la actualidad, este es un producto escaso, y sujeto a grandes especulaciones en el precio en el comercio.

Diversos informes científicos revelan la conveniencia de la utilización del alcohol etílico diluido al 70% en agua, como un potente desinfectante que combate el virus de Covid19 así como otros patógenos. Una extendida utilización de estos productos, distribuida masiva y gratuitamente a toda la población, podría derivar en una reducción de la tasa de contagio.

Durante el gobierno de Cornejo se le negó la asistencia necesaria a los trabajadores de Tarcol (una de las fábricas emblemáticas de la provincia en la fabricación de ácido tartárico y alcohol etílico) cuando ante el vaciamiento de la patronal, buscaron poner a producir bajo su control esa fábrica, que se encontraba en condiciones de seguir funcionando. Hoy esta empresa recuperada, podría jugar un rol decisivo en la fabricación de alcohol. Como el laboratorio recuperado por sus trabajadores Farma Coop, que empezó a elaborar alcohol en gel a gran escala para abastecer al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. O las obreras de la textil recuperada Traful Newen, que ya están fabricando barbijos destinados al sistema de salud de la provincia de Neuquén.

 

Chubut

 

El gobierno de Mariano Arcioni finalmente tuvo que ceder a las presiones del sector y decretó la emergencia en Salud para toda la provincia de Chubut. La presentación de las renuncias de los directivos de los hospitales de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia desembocó en la firma del DNU 232 que estableció medidas excepcionales por los próximos 180 días en el territorio provincial. Ahora deberán pagarse los sueldos juntos en el primer rango y destinarse partidas especiales para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Ese mismo coronavirus que lo ayudó para que se desarticulen los paros, protestas y movilizaciones por los reclamos salariales, ahora lo obliga a un DNU que pone los fondos del Estado prioritariamente al servicio de la sociedad y el sistema de Salud pública.

Los médicos, personal hospitalario y directores de nosocomios reclamaban el famoso DNU que hasta ayer no había aparecido y se producía una enorme contradicción con medidas de prevención extremas y la Salud pública sin partidas especiales y los empleados sin cobrar sus salarios.

Los empleados públicos terminaron de cobrar sus salarios de enero la semana pasada y anunció que «casi seguramente» cobrarán el primer rango de febrero el viernes venidero.

“La deuda «odiosa» que tomó Chubut en los últimos años se come como un pacman buena parte de los ingresos de la provincia, por eso se ha planteado desde El Extremo Sur que la alternativa está planteada entre el default con los bonistas o el default social con el conjunto de los habitantes chubutenses”, señala Marcelo García.

No obstante en DNU 232 expresa en el artículo segundo: «suspéndase durante el tiempo de que dure la emergencia las paritarias salariales del personal del Ministerio de Salud».

Asimismo, en los considerandos del mismo, la gestión arcionista agregó que «resulta necesario establecer, durante el tiempo que dure la emergencia, que configura falta grave cualquier acto u omisión que, de manera directa o indirecta, afecte el funcionamiento de los servicios asistenciales esenciales que el Ministerio de Salud determine, con los efectos disciplinarios según sea la situación de revista del agente».

Ese párrafo bloquea hasta con sanciones cualquier tipo de reclamos o acciones que puedan efectuar los trabajadores del sector en medio de una provincia que se desmorona por una crisis generada por la clase política gobernante que endeudó irresponsablemente a Chubut durante casi diez años.

 

Trabajadores independientes

 

Según los datos del INDEC, son 5.259.000 los trabajadores no asalariados o por cuenta propia. Se trata del 25% de los 20.685.000 de ocupados en todo el país. Vendedores ambulantes, los que tienen un oficio, trabajadores en relación de dependencia encubierta (monotributistas), entre muchos otros. Todos verán disminuir sus ingresos o directamente no obtendrán ni un sólo peso mientras dure la cuarentena.

Si para la mayoría de ellos (y sus familias) poder comer todos los días ya era un desafío por el estado de la economía en los últimos años, la situación actual los está llevando a la imposibilidad de mantenerse.

El trabajo “independiente” tiene dos categorías ante la Seguridad Social: los monotributistas, que hasta diciembre eran 1.635.000 personas, y los autónomos, que según el último dato oficial eran 398.000. Esos son los registrados, los demás ni siquiera pueden pagarse los aportes y constituyen el 61% restante. Junto a los trabajadores en negro y tercerizados que están sufriendo despidos, son los más afectados por la cuarentena total. Una medida que se toma sin haber realizado antes un testeo masivo a la población, lo que podría haber dado una mejor visión de la situación de contagio.

Según la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia realizada por el Ministerio de Trabajo, en los casos en que el trabajo se realice en aislamiento fuera del lugar habitual “las sumas percibidas tendrán carácter no remunerativo, excepto para los aportes y contribuciones de Salud” (obras sociales, PAMI). Esto quiere decir que el empleador no deberá pagar el aporte del trabajador para la jubilación (que normalmente está incluido en el sueldo bruto) y tampoco deberá pagar la contribución previsional patronal.

El monotributo viene de aumentar el 51% a comienzos de año y la inflación no deja de destruir el poder de compra de los sectores de menores ingresos. Alberto Fernández prometió nuevas medidas en la conferencia de prensa del miércoles, pero hasta ahora sólo el empleador no deberá pagar el aporte del trabajador para la jubilación y tampoco la contribución previsional patronal.

¿Por qué el Estado en vez de pagar por los empresarios los aportes jubilatorios no destina ese dinero a los trabajadores que vean recortados sus ingresos durante la cuarentena?

Desde el colectivo “Monotributistas organizados” piden que les bonifiquen los pagos durante la emergencia y les habiliten un seguro de desempleo. Ya juntaron más de 65 mil firmas.

Los monotributistas ya habían encarado sus primeras protestas este año cuando pidieron que se diera marcha atrás con el aumento de más del 50% en el tributo. Incluso encararon algunas negociaciones con funcionarios del Gobierno Nacional en ese sentido.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) apoya la iniciativa de trabajadores y trabajadoras monotributistas que reclaman, en este contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social, la suspensión del pago de sus obligaciones fiscales tal como se manifestó también el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Son más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de prensa bajo esa modalidad contractual, que se esconde bajo la figura de “colaboradores”.

En esa misma línea, la FATPREN exige medidas concretas para el sector cooperativista en el cual los medios autogestionados han surgido, en su mayoría, como herramientas para resguardar las fuentes laborales. Para garantizar que estos trabajadores puedan atravesar la crisis se deberá activar los programas de trabajo y subsidios, como también potenciar la comunicación oficial a través de esos medios cooperativos.

También los prestadores de Salud y Educación elevaron la voz. Casi todos ellos son monotributistas y tienen serios problemas para cobrar sus consultas.

«Estamos en una situación crítica ya que logramos que la Superintendencia de Servicio de Salud cubra las prestaciones de discapacidad, pero quedan por fuera las obras sociales provinciales o prepagas que no están reguladas en ese paraguas», explicaron.

«La información que nos llega es que los prestadores no cubrirían los tratamientos en estas dos semanas de emergencia», advirtieron.

«Nosotros lanzamos un petitorio para que se cubran todas las prestaciones porque creemos que no tenemos que pagar con nuestros honorarios y nuestros ingresos estas situaciones», concluyeron.

La suspensión de las actividades culturales, a partir de las medidas tomadas frente al coronavirus, pone en estado de emergencia a muchísimos músicos y artistas que dependen de los ingresos de los espectáculos para subsistir. Por este motivo desde la agrupación Músicos Organizados, Lista Naranja del SADEM (sindicato de Músicos) realizan un empadronamiento virtual para reclamar en las diversas gobernaciones que se disponga una partida especial y medidas para poder garantizar la manutención de las familias. Coronavirus, empadronamiento músicxs para la compensación ingresos caídos

 

CGT colabora con hoteles y reclama el pago de deuda a obras sociales

 

El jueves se llevó adelante un encuentro entre funcionarios del área Salud del Gobierno nacional, referentes de la Confederación General del Trabajo y directores médicos de las obras sociales sindicales en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para avanzar en un plan de coordinación de trabajo para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

Las partes se comprometieron a elaborar un protocolo en el que se formaliza la oferta por parte de los gremios de sus hoteles en todo el país, para que puedan ser utilizados como espacios de aislamiento para personas sospechosas de haberse contagiado, descomprimiendo el sistema de salud. Para estos casos, se evaluó la posibilidad de que los sindicatos que pongan sus instalaciones hoteleras a disposición puedan recibir un aporte estatal que se utilizaría para la compra de insumos, más un posible aporte adicional de la Superintendencia de Seguros de Salud.

Durante la reunión, desde la CGT se remarcó la necesidad de que el Gobierno habilite el pago de los 4.800 millones de pesos adeudados a las obras sociales sindicales en concepto de reintegros (un tercio de la deuda total), que serían liberados este mes por la SSS, más otros $2.200 millones que se aprobarían el próximo mes.

 

Senasa y Malbrán

El Senasa informó, a través de su cuenta de Twitter, que sus profesionales del laboratorio en Martínez se encuentran a disposición «para ampliar la red de diagnóstico que la Argentina requiere por el Coronavirus». El organismo señaló que estos trabajadores «serán capacitados por el Instituto Malbrán».

Con relación al Malbrán, el Gobierno confirmó una modificación del Presupuesto nacional para autorizar 1.500 millones de pesos extra para el Instituto. La decisión se confirmó este jueves al publicarse la Resolución Administrativa 403/2020 del Ministerio de Salud en el Boletín Oficial. Si bien el presidente Alberto Fernández anticipó la apertura de centros de análisis en distintas provincias, por el momento el Malbrán es el único Instituto encargado del tema, procesando más de cien muestras por día. Según aseguran desde la institución, más allá de la sobrecarga de trabajo, se está logrando procesar todas las muestras que llegan. Los resultados de los análisis pueden demorar entre 24 y 48 horas.

 

Para los call centers no rige la cuarentena

 

Hay denuncias que distintas empresas de call center están presionando a su personal para que se presente a trabajar o a buscar los insumos necesarios para el home office, a como dé lugar. Mediante salvoconductos totalmente truchos, atribuyéndose el carácter de servicios esenciales, les exigen que se desplacen y se presenten en sus puestos.

ACC Group (Av. Paseo Colón 669, CABA) se auto encuadra en telecomunicaciones aunque se promociona como call center. Y obliga a su personal a ir a trabajar, sino lo considera abandono de trabajo. Si los trabajadores toman la licencia por progenitor/a con hijos a cargo les informan que será con descuento.

“Somos aproximadamente 300 personas. La empresa siempre está esperando ver qué anuncia el Presidente para empezar a tomar una medida. El lunes se reincorporaron una compañera de Chile y otro de Brasil. Les preguntaron si tenían síntomas y obvio que recién llegaban, por ende no iban a tener. Se presentaron a trabajar. Como el lunes a la tarde se decretó que Chile y Brasil también eran zonas de riesgo, recién el martes les dieron licencia. No tomaron recaudos. Pusieron alcohol en gel tarde, jabón líquido hay momentos en los que ni hay”, cuenta un trabajador.

En Cat Technologies los supervisores y supervisoras mandan el Decreto que sacó Alberto Fernández y dicen que los telecomunicadores están excluidos de la cuarentena, pero los contratos y el recibo de sueldo dicen que son administrativos y pertenecen al área de Comercio.

La empresa Mera Solutions SA se jacta de que brinda “servicios esenciales”, cuando los operadores y operadoras aseguran que solo realizan tareas de atención al cliente y ventas telefónicas, las cuales no son imprescindibles, según lo establecido en el decreto brindado por el Gobierno nacional.

Ya el jueves, el personal hizo saber su disconformidad con la empresa parando el servicio de Atención al Cliente de Visa. Quieren trabajar desde sus casas, con las herramientas necesarias, pero lo único que recibieron fue una sanción totalmente persecutoria a quienes defienden sus derechos.

Las trabajadoras y los trabajadores denuncian que la empresa no está brindando ni siquiera los requerimientos mínimos frente a esta pandemia. Le brindan únicamente alcohol rebajado al ingresar a las oficinas para “rociar” sus manos, pero sus boxes y herramientas de trabajo, como las “vinchas” y teclados, no son higienizadas cuando son utilizadas por el personal en varios turnos.

Telemark (Telecentro) fue otra empresa denunciada por sus trabajadores.

 

Para estos empresarios tampoco hay cuarentena

 

Los trabajadores de correo y logística denuncian que la empresa privada La Postal no contempla las licencias para los grupos de riesgo, ni provee de elementos de sanidad para prevenir el contagio del covid-19. Frente a los reclamos, responde con amenazas de despidos y de suspensiones.

“El sindicato actúa como vocero de la patronal y hasta ahora no se viene poniendo a la cabeza de nuestros reclamos. Nos encontramos en alerta, organizándonos y preparando medidas para hacer oír nuestras demandas”, dijeron los mensajeros de La Postal.

Durante el mediodía del viernes se impulsó un paro entre los trabajadores del sector de especias de La Virginia para exigir a la empresa que refuerce las medidas de higiene. Reclaman producir en condiciones seguras. Esta acción se suma a la denuncia realizada el miércoles por la Comisión Interna donde plantearon que la empresa incumplía con las recomendaciones sanitarias indispensables para evitar la propagación del virus. Si bien luego de esta exigencia se distribuyeron barbijos y alcohol en gel al personal, no se reforzó un plan de limpieza para las líneas donde circulan unos 1.500 trabajadores diariamente.

Tras la cuarentena obligatoria decretada por el presidente Alberto Fernández, hay sectores de trabajadores en la provincia de Neuquén que no tienen precisión de los alcances para su sector. Este es el caso de los obreros de la Uocra de la obra 502 de la zona petrolera de Planicie Banderita de Lindero Atravesado.

Reclaman por el transporte que los traslada a la zona de la obra por no respetar la distancia mínima de prevención por el coronavirus.

Trabajadores y trabajadoras del gremio Sitosplad, que representa al personal de la Obra Social Osplad, realizaron una marcha el miércoles pasado exigiendo el pago de salarios adeudados.

En medio de la pandemia de Coronavirus, y en un momento en que nuestro país necesita de la labor y el compromiso de las y los trabajadores de la salud, la patronal de la obra social docente (integrada por CTERA, AMET Y SAEOEP) les adeuda los salarios del mes de febrero.

«En el marco de la emergencia sanitaria y sin sueldos, las y los 1.500 trabajadores de OSPLAD no podemos garantizar la atención médica de nuestros 170.000 afiliados», afirman en un comunicado.

«La situación no amerita ninguna dilación porque se trata de una cuestión alimentaria para lxs trabajadores, y de vida para la población en riesgo frente a la pandemia del coronavirus. Para poder cuidar a lxs enfermxs tenemos que cobrar nuestros sueldos», argumentan.

La Asociación Argentina de Actores afirma que la productora Pol-ka convocó a grabaciones de sus tiras, sin tener en cuenta la cuarentena nacional ni la medida gremial de suspender las actividades temporalmente hasta el 31 de marzo.

Horas antes de los anuncios presidenciales, los trabajadores y trabajadoras de LATAM reunidos con su Cuerpo de Delegados de APA, resolvieron ponerse a disposición para promover vuelos humanitarios. Paralelamente, la CEO de LATAM Argentina transmitió a todo el personal la intención del Holding de rebajar el salario de los trabajadores en un 50%.

Swiss Medical busca no pagar los días de licencia que otorgó el gobierno. La empresa prepaga emitió un comunicado interno que circula en las redes anunciando que las inasistencias serán «justificadas pero no remuneradas». El secretario gremial del Sindicato del Seguro aseguró que ya hizo la denuncia en el Ministerio de Trabajo quienes se comprometieron a intervenir.

Trabajadores de la Sanidad de distintos laboratorios del país denunciaron en las últimas jornadas que las firmas los están obligando a trabajar. No respetan las licencias otorgadas a los grupos de riesgo, ni las licencias para aquellos que tienen menores a cargo.

Pero la avanzada no queda sólo en la práctica. La Cámara que los nuclea, CILFA, ya inició contactos con el gremio del sector para llevar los hechos al derecho. Le pidieron a Héctor Daer trabajar en conjunto para determinar servicio esencial al trabajo en las farmacéuticas.

Frente a la pandemia por Covid-19, la empresa Fibertel envía a sus instaladores a casas dentro de barrios privados, en donde se está cumpliendo con cuarentena preventiva. Los trabajadores fueron encontrándose con estas situaciones y ante el miedo de contraer el virus decidieron pedir la suspensión de servicios.

El Gobierno porteño decidió mantener abiertos los shoppings de la Ciudad con la restricción de que «no haya más de una persona por cada 16 metros cuadrados», según dijo jefe de Gabinete de la ciudad, Felipe Miguel. A pesar de las protestas de muchos de los empleados exigiendo el cierre de los shoppings, éstos continúan abiertos.

«No quieren cerrar y obligan a los locales a abrir y no hay ninguna medida de seguridad para los trabajadores. No hay alcohol en gel en los baños. En el patio de comidas entra gente y turistas. Ayer, por ejemplo entraron unos brasileros que estaban tocando todo. Había una chica en el McDonald’s que tenía que hacer cuarentena y se fue a trabajar igual, después de que hicimos varias denuncias en la fiscalía la chica se retiró.» Comentaba una de las empleadas del Abasto Shopping.

Por su parte el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) no da respuestas a los reclamos. «Llamé al sindicato de comercio y el gremio nos cerró las puertas, está en cuarentena mientras nosotros estamos trabajando«, denunciaba la empleada del Abasto.

«No hay gremio que nos represente. Estamos solos. Algunos locales cerraron en el Abasto Shopping porque los empleados se organizaron y lograron el cierre del lugar, pero otros locales siguen abiertos y la verdad es que estamos bastante asustados porque nadie nos da una respuesta. Estamos muy solos, nadie nos escucha, los medios tampoco difunden el problema. Muchos empleados tienen familiares con factores de riesgo».

En Avellaneda la metalúrgica SIAT de Valentín Alsina, parte de la multinacional TENARIS, que opera en todo el mundo en la industria del acero, en las últimas horas tomó la decisión de rebajar el salario a sus trabajadores, quitando una conquista el “premio a la producción”. El premio representa el 45% del salario de los trabajadores.

Muchas empresas empezaron a otorgar a sus empleados una licencia por «fuerza mayor» y se niegan a pagar los salarios.

Las suspensiones rigen para todo el personal no comprendido en las situaciones previstas por el Gobierno Nacional para las licencias (grupos de riesgo y adultos con menores a cargo) y les especifican que no les abonarán los jornales hasta el 31 de marzo inclusive.

Alegan que «por fuerza mayor, como es de público conocimiento por la pandemia del coronavirus» y «por la ostensible disminución de trabajo no imputable a la empresa, le comunicamos la suspensión de sus tareas desde el 17 de marzo al 31 de marzo, inclusive».

Como si fuera poco les advierten que «de resultar necesario la misma podrá ser prorrogada dentro de los límites legales», invocando los artículos 218 a 224 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, condenó esa decisión y señaló que «las suspensiones por causas económicas o fuerza mayor sin goce de haberes no son una facultad unilateral del empleador».

El laboralista remarcó que: «Dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados, de manera previa debe iniciarse un Procedimiento Preventivo de Crisis tal como lo establece el art. 98 de la Ley Nacional de Empleo. Y en caso de dotaciones de personal más bajas, debe informarse al sindicato y al Ministerio de Trabajo en los términos del Decreto 328/88, y el Estado tiene facultades para evitarlas».

Por último Cremonte agregó que «más allá de eso, las eventuales consecuencias sobre las empresas de esta emergencia sanitaria no pueden recaer en los trabajadores. Al contrario, son los más vulnerables y por eso están expresamente protegidos. Por eso el Ministerio de Trabajo dispuso la justificación de las ausencias y el pago de las remuneraciones. En todo caso, el Ministerio de Producción o el de Economía deberán abordar esa problemática de las empresas, sin afectar a los trabajadores».

 

Fuentes: Red Eco Alternativo, Anred, argentina.indymedia, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Canal Abierto.