Agosto 2021. Resistencia obrera al ajuste
Mario Hernandez
Sancor, municipales de Rosario, estatales, trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas, trabajadores de Just, docentes de Salta, CABA, Chubut y Neuquén y trabajadores de Radio Nacional, marcan el ritmo de la resistencia obrera. Al mismo tiempo la protesta es criminalizada. Buen ejemplo de ello la operación mediática-judicial contra movimientos sociales opositores, las detenciones de trabajadores municipales en Jujuy y la intimidación policial a los estatales de ATE-Sur. Bonus track : la radiografía de los dueños de la Argentina.
“La empresa SanCor Coop. Unidas Ltda., manifestando apoyo del Gobierno Nacional, asumió el compromiso de concretar soluciones de fondo que restablezcan la producción y el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Pese al enorme esfuerzo desplegado a lo largo del tiempo por parte de los propios compañeros y compañeras, el compromiso asumido por la empresa en la práctica no se concretó”.
Así comienza el comunicado difundido en la noche del jueves 19 por ATILRA, la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina.
La empresa se encuentra en una situación compleja. Aunque los precios de los lácteos han subido, así como la exportación de algunos productos, la crisis hizo caer el consumo interno. Las ventas mostraron una caída en volumen de 3,6% en comparación a 2020, y casi un 5% respecto al promedio de los últimos 5 años.
Según El Cronista, “en su proceso de reestructuración, SanCor se achicó desde 2017. Se desprendió de siete plantas industriales, vendió su participación en Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima y su capacidad instalada se redujo desde los cuatro millones de litros diarios que llegó a alcanzar. Su plantel, de 5.100 empleados a fin de 2016, ronda los 1.800 empleados”. 3.300 puestos de trabajo menos.
Evidentemente los empresarios no cumplieron con sus promesas, como dice ATILRA. El tema es qué hizo la conducción del gremio para que esos miles de trabajadores no queden en la calle. Si bien hubo paros en distintos momentos, no se realizó un plan de lucha a la altura del ataque que emprendió la empresa y permitieron los distintos gobiernos.
En el comunicado apuntan a “la responsabilidad que le cabe asumir no solo a los directivos de la empresa, sino también a las Cámaras Empresarias del sector como a nuestro Gobierno Nacional”. Entonces plantean la convocatoria, aunque sin dar detalles. “Marcharemos en defensa de la fuente de trabajo y la subsistencia del vasto tejido social en riesgo que de ella depende”. Según trascendió en medios zonales, se trataría de una movilización de delegados y trabajadores de alguna de las empresas en la localidad de Sunchales, donde es el “corazón” de la compañía.
Trabajadores y trabajadoras del municipio de Rosario desarrollaron un paro por 24 horas en reclamo de recomposición salarial, pago de salarios adeudados y pase a planta permanente. De esta manera no hubo actividad en la administración pública de Rosario pero siguieron normalmente en la vacunación y áreas de salud esenciales.
Desde el Refugio Municipal ubicado en Grandoli 3450, delegados de la Junta Interna de ATE Rosario junto al sindicato de trabajadores municipales brindaron una conferencia de prensa donde explicaron que el impulso para realizar el paro tiene que ver con lograr una recomposición salarial real y explicaron la situación que vive el sector: «No solamente reclamamos la última cuota de la última paritaria sino también la reapertura paritaria porque el sueldo del trabajador municipal quedó muy desfasado de la inflación interanual. Creemos que esto es injusto porque el trabajador municipal fue uno de los primeros que salió a cubrir sus puestos de trabajo durante la pandemia».
Durante la conferencia de prensa los representantes de los trabajadores además explicaron que el reclamo se centra en el pase a planta de compañeras y compañeros de distintas dependencias de la Municipalidad que se encuentran subcontratados y tercerizados aunque cumplen tareas como cualquier trabajador municipal.
«Desde el día uno de la pandemia estamos poniendo el pecho en la primera línea, siempre tuvimos contratos malos pero ahora pasamos a ser tercerizados a una ONG, explicó Leonardo Pérez, trabajador en acompañamiento convivencial en el hostal municipal. «Nosotros pertenecemos a un equipo interdisciplinario, trabajamos con personas en situación de calle, delicadas de salud, en los cuales hacemos planes de egreso con esas personas, nuestro contrato se termina en septiembre y no sabemos noticias de qué va a pasar con el lugar, es decir, no solo pedimos pase a planta por nuestra continuidad sino para que el proyecto pueda seguir en pie, ni hablar que desde hace varios meses se nos adeuda el sueldo, es una situación desesperante».
En la conferencia de prensa remarcaron que el paro tiene un alto acatamiento y de no haber respuestas continuarán con medidas de fuerza esta semana.
El Gobierno y UPCN acordaron adelantar las cuotas del acuerdo paritario nacional y agregar una de 5%, acumulando un 40% anual. Dejan fuera del acuerdo a los monotributistas.
El 35% firmado originalmente se pagará íntegramente en tres tramos: agosto, septiembre y octubre.
Se le sumará un 5%, llegando al 40% anual y recién llegará al 50% el año que viene.
Dejaron afuera a los monotributistas y acrecientan la desigualdad salarial según las distintas categorías.
En enero de 2022 habrá una nueva reunión.
Lo cierto es que la “reapertura” que encabezan Claudio Moroni y Andrés Rodríguez, con el acompañamiento de ATE, sigue golpeando el bolsillo de las y los estatales. Según ATE Indec, la pérdida del poder adquisitivo en el convenio SINEP (el mayoritario entre los estatales nacionales) respecto a noviembre de 2015 alcanzaba el 40,2% en junio de este año. Con el nuevo aumento la pérdida se va a moderar pero seguirá por encima del 30 %.
La paritaria estatal fue una de las primeras en acogerse a la “cláusula FMI”, que se regía por la proyección inflacionaria del 29% que había incluido Martín Guzmán en el Presupuesto 2021. Ahora se acomoda a la “cláusula electoral”, que es mantener el ajuste a los salarios pero aflojar un poco la soga para no perder votos.
Ninguna de las cúpulas gremiales pelea por una verdadera recomposición salarial, que ayude a cubrir la canasta familiar cercana a 100.000 pesos. Tampoco por “recuperar lo perdido con Macri”. Desde las Juntas Internas opositoras se viene rechazando el acuerdo. Para el jueves 19, día en que se firmó oficialmente, convocaron una movilización al ministerio de Trabajo, reclamando un 50 % de recomposición, un mínimo de 103.000 pesos y cláusula gatillo, entre otros planteos.
Las y los trabajadores de GPS que prestan servicio para Aerolíneas Argentinas en Aeroparque y Ezeiza reclamaron con un corte en Avenida Costanera por aumento salarial y pase a planta permanente para las y los 1.400 tercerizados. «Nos encontramos con las paritarias vencidas hace más de 4 meses en el marco de una inflación que avanza rápido y donde los salarios no llegan a cubrir la canasta básica familiar», expresa la Comisión Interna de GPS a través de un comunicado.
«Exigimos un 50% de aumento en una sola cuota y los retroactivos correspondientes a los años 2020 y 2021. Durante todo el año pasado nuestros salarios estuvieron congelados más de 10 meses», afirman y apuntan a la responsabilidad tanto del sindicato como a los funcionarios de Aerolíneas Argentinas.
«Nuestro sindicato UPADEP y el resto de los sindicatos aeronáuticos dejaron pasar el ajuste sin ningún tipo de resistencia. El gobierno que conduce Aerolíneas Argentinas tiene que tomar cartas en el asunto y dejar de mirar para el costado ante la delicada situación entre los miles de tercerizados que hay en los aeropuertos, como así también dar soluciones de fondo a los trabajadores despedidos en pandemia que reclaman continuidad laboral de LATAM y a los cientos de suspendidos de las distintas empresas de los aeropuertos como catering y maestranza que cobran sueldos de miseria y no les dan tareas».
El trabajo aeronáutico se vio afectado de lleno durante la pandemia de covid 19. A raíz del decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio anunciado en marzo de 2020, las y los tercerizados fueron incluidos dentro del grupo «esencial» que debía seguir trabajando pese al confinamiento obligatorio. En ese momento la Comisión Interna de GPS comenzó a denunciar la falta de condiciones sanitarias y realización de testeos de Covid-19 para los y las trabajadores que comenzaron a sufrir contagios.
Además, en esta fase de propagación del virus, atravesaron despidos por reclamar condiciones sanitarias básicas, como la entrega de guantes y alcohol en gel; el rechazo de la empresa a garantizar la licencia por factores de riesgo o padres y madres de hijos e hijas en edad escolar contemplados en un decreto del ministerio de Trabajo. Otros trabajadores del sector también sufrieron ataques por parte de las patronales y precarización. Bajo un decreto que impedía los despidos en pandemia, Latam Airlines despidió a miles de trabajadores que siguen en pie de lucha y denuncian que la empresa tuvo el aval del gobierno y sus pares tercerizados de Aerolíneas Argentinas.
Luego del amague de represión del 12 de agosto, a partir de la presencia y provocación de las fuerzas de seguridad del gobierno provincial, las y los docentes salteños continúan la medida de fuerza –que incluye el cese de actividades más piquetes y acampes– y se encamina hacia su tercera semana. El martes 17 las y los trabajadores redoblaron la apuesta y marcharon nuevamente por el centro de la ciudad capital, donde se suscitó otro encontronazo con la policía. Sus demandas incluyen principalmente el reclamo por aumento salarial y por condiciones dignas de trabajo en el marco de la pandemia. Si bien los gremios tradicionales no adhieren a la medida, se estima que el paro ronda el 70% de acatamiento.
La docencia de Salta pide un incremento escalonado del 25% para lo que resta del año. Además, reclaman un bono de $10.000. El pliego de demandas, a su vez, incluye la extensión de los insuficientes recursos para la copa de leche de los alumnos y la regularización de los trabajadores ordenanzas de las escuelas. Otro reclamo central es que se complete el proceso de titularizaciones y se termine con el trabajo precarizado de muchos docentes.
En la actualidad, en la provincia, el salario de un docente que recién se inicia ronda los $28.370. Para una o un maestro con cuatro años de antigüedad, que a su vez percibe el máximo por zona desfavorable, la remuneración es de $57.521. La medición oficial realizada por el INDEC, marca que la canasta de pobreza para una pareja con dos hijos menores es de $66.488. Es decir, los sueldos docentes se encuentran por debajo del consumo mínimo para no ser pobre.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, convocó a paritarias en julio para tratar estos temas. Allí se anunció el adelanto para julio y agosto de la cuota que corresponde a septiembre en el marco del acuerdo con la Mesa Intergremial (ATE, ADP, UPCN, UDA, AMET, SADOP y CTA)en febrero pasado, a espaldas de las bases, que consiste en un 36 % en cuotas. Algo que las y los educadores consideran escaso tras la incesante crecida del costo de vida y la inflación, que se proyecta superior al 50 % este año.
Fue así que a través de asambleas por fuera de la representación gremial oficial se decidió desde algunos sectores la realización de un paro por tiempo indeterminado hasta que los representantes del estado provincial reabran las paritarias.
La lucha está siendo sostenida por las agrupaciones Movimiento Docente y Docentes Autoconvocados de Salta, a las que se sumó luego el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa).
Desde el comienzo, se produjeron piquetes en Aunor (ex peaje ubicado en la entrada a Salta Capital), Cafayate, Orán y Cachi, entre otros puntos urbanos. También se colocaron carpas y acampes en Rosario de la Frontera y en la Plaza 9 de Julio, la principal de Salta Capital. Las movilizaciones estuvieron a la orden del día, caracterizadas por nutridas columnas en protesta de hasta 10 cuadras. Muchos de los piquetes se convirtieron en permanentes, conforme pasaron los días.
Luego de la jornada electoral provincial del domingo 15, un gran contingente de docentes se manifestó por las calles céntricas de la capital, partiendo luego hasta el Centro Cívico Grand Bourg, donde hubo forcejeos con la policía, que les impidió el paso y valló el acceso y salida del lugar. La determinación tuvo sus réplicas en distintos puntos de la provincia, lo que indica que el paro docente se encuentra activo y con las pretensiones intactas para continuar en la conquista de sus demandas.
✊ #Ahora#Corte parcial en Acoyte y Rivadavia
📢 JORNADA DE #PROTESTA 🔥✖No a la eliminación del #distanciamiento en las aulas
✖No a la #presencialidad mientras no haya condiciones epidemiológicas+ info enhttps://t.co/9zrYfus4XL#Ademys #educaciónCABA pic.twitter.com/AWpaZj6JL0
— Ademys (@AdemysPrensa) August 23, 2021
El gremio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) realizó hasta el viernes 20 jornadas de lucha contra la decisión del Gobierno de Larreta de volver a la presencialidad plena en las aulas.
Desde la organización gremial, sumado el gremio Ademys, informaron que se realizaron clases públicas, semaforazos y abrazos a las escuelas y hubo asambleas para continuar con «la conformación de comités de autocuidado» conformados por docentes, estudiantes y familias.
«El negacionismo sanitario de Larreta, Quirós y Acuña suprime el distanciamiento social para todas las actividades dentro de las escuelas, a su vez no garantiza espacios con ventilación cruzada ni elementos de protección e higiene suficientes. Exigimos la compra de medidores de dióxido de carbono para todas las escuelas de la Ciudad para monitorear la ventilación de las aulas mientras se dictan clases», señaló el gremio a través de un comunicado.
El secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, consideró que «hay datos que no acompañan» la decisión del Gobierno porteño de retornar a la presencialidad plena en las aulas, al ratificar el paro de actividades que realizaron.
Durante la licitación de inicio de obra de plan de viviendas realizado el 11 de agosto en Casa de Gobierno, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni manifestó que “las paritarias se pueden abrir no solo para salarios, pero lo salarial será antes de fin de año”. Agregó que “ya desde octubre del año anterior venimos pagando en tiempo y forma, pagando todos los compromisos que tenemos”.
Los referentes sindicales, el jueves 12 se presentaron en el ministerio de Educación, pero los ministros del gobierno no se hicieron presentes, por lo que fracasó la negociación paritaria.
Ante el fracaso de la negociación, los dirigentes de ATECh convocaron a paro de 48 horas, para el martes 17 y miércoles 18, conforme a lo que había decidido el Consejo Directivo del sindicato junto con UDA, AMET y SADOP.
Recordemos que Mariano Arcioni, por decreto, otorgó un bono por tres meses a las y los trabajadores y jubilados de $6.113 mensuales, es decir, $203 por día, anulando las paritarias como volvió a manifestar en el acto de licitación de viviendas.
Así también, las paritarias están congeladas desde 2019, y el último aumento salarial acordado en ese año, fue en marzo del 2020, por lo cual, hace 17 meses que no hay aumentos salariales mientras la inflación según del IPC de la Patagonia se incrementó más de un 55% y la canasta básica familiar, según el INDeC para una familia tipo, supera los $100.000.
No podemos no mencionar, que Arcioni, mientras ajusta a las y los trabajadores y a los jubilados de la provincia, paga mes a mes la fraudulenta deuda externa provincial a los acreedores internacionales.
A 30 días de la explosión de la escuela Aguada San Roque y los fallecimientos de Mónica Jara, Mariano Spinedi y Nicolás Francés, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizó una nueva jornada de protesta en pedido de justicia. La misma estuvo enmarcada en un paro por 24 horas y una movilización por las calles céntricas de la ciudad capital de la provincia, que concluyó en un acto frente a la Casa de gobierno. A su vez, el reclamo fue replicado en distintas ciudades de la provincia. Se trata de la tercera medida de fuerza que encabeza la organización sindical en relación con el nefasto hecho ocurrido el 29 de junio.
Otras consignas se sumaron al reclamo. Entre ellas se encuentran la solicitud del gremio en ser parte de la querella y el no inicio de clases presenciales en las escuelas que, según el relevamiento realizado por el mismo sindicato, no están en condiciones edilicias para recibir ni alumnos ni docentes. A su vez, otro de los focos del reclamo es que se completen los esquemas de vacunación al personal de la educación y se prorroguen las licencias de las y los trabajadores que son grupos de riesgo ante el Covid-19.
“Marchamos en este día de paro y movilización porque estamos reclamando justicia y la renuncia de Storioni y Deza, los principales responsables políticos y principales funcionarios del gobierno provincial por la situación de infraestructura de las escuelas. Vino esta situación y vendrán más. No queremos escuelas bombas”, exclamó Patricia Jure, deTribuna docente, una de las organizaciones gremiales opositoras al oficialismo en ATEN.
“Necesitamos un plan de lucha para enfrentar esta catástrofe económica, social, educativa y sanitaria que se lleva la vida de miles de personas, ya sea por la pandemia o por las malas condiciones laborales”, también puntualizó.
Actualmente, la causa judicial investiga las muertes de las tres personas e intenta determinar de dónde y por qué se produjo la explosión. Además, en este contexto, muchas escuelas de la provincia sufrieron otros inconvenientes edilicios, por lo que hay más de 100 establecimientos que no iniciaron sus clases presenciales.
Atravesados por un contexto inflacionario y devaluatorio, los salarios de las y los trabajadores de Radio Nacional no han dejado de deteriorarse y perder poder adquisitivo. Con un incremento del costo de vida superior al 50% y con una pauta de aumento salarial que hasta el momento solo contempla un 34 % anual. Ante ello, el Plenario de trabajadorxs de prensa y delegadxs de Radio Nacional convocado por FATPREN resolvió reclamar:
Incorporación a los básicos del bono de $ 10.000 a partir del mes de agosto.
Adelantar el pago de las cuotas que restan para completar el porcentaje fijado en la paritaria próxima a reabrirse.
Exigir que este aumento incluya a todxs lxs trabajadorxs de la radio pública. Incluso a lxs precarizadxs cuyos salarios están congelados desde principio de año.
Regularización de todas y todos lxs trabajadorxs precarizadxs.
Actualización y ampliación del pago de zona patagónica o desfavorable.
Exigimos reapertura de la mesa salarial con #SiPreBaEnParitarias#SiPreBA2021
En un comunicado reciente la agrupación La Naranja del Subte denunció que la conducción de su sindicato, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), se subordinó a la decisión del Gobierno, que ordena la vuelta a sus puestos de trabajo de manera presencial a las y los empleados exceptuados en el marco de la pandemia que ya cuenten con, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus. A la vez señaló “un giro de 180 grados” respecto a la decisión de la cúpula gremial, dado que, anteriormente, se habían opuesto a la misma. Finalmente, instó a otras organizaciones de base a tomar “todas las medidas legales y las acciones gremiales que correspondan” en defensa “de la salud y la vida de los trabajadores”.
Bajo el modelo denominado “Presencialidad Programada”, la resolución del Gobierno establece que retomen la presencialidad aquellos y aquellas que hayan recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas aplicadas en el país, “independientemente de su edad y la condición de riesgo”. Plantea la excepción del personal que presente alguna inmunodeficiencia (como pacientes oncológicos, con HIV, o trasplantados) y embarazadas.
La misma plantea su puesta en marcha a partir del 1° de septiembre, luego de las necesarias “adecuaciones del protocolo general a las especificidades de cada lugar de trabajo”. Aunque no hay información cierta sobre el estado general de las oficinas y dependencias estatales, o las reformas necesarias para su acondicionamiento.
Lorena Itabel, delegada gremial en la Junta Interna ATE del ministerio de Economía y parte de la Marrón Clasista plantea que “en el año y medio que llevamos de pandemia no invirtieron en nada de infraestructura para tener las condiciones adecuadas, como tampoco se hizo en los colegios de los pibes que hoy volvieron a las jornadas completas”. Además advierte que “con la modalidad del teletrabajo también se garantizaron todas las tareas, que recayeron con más fuerza sobre quienes somos madres. Lo hicimos costeando los gastos desde nuestros bolsillos, siendo que la mayoría de los trabajadores nos encontramos por debajo de la línea de pobreza”.
En la normativa, el artículo 10 establece la posibilidad de sanciones de acuerdo al régimen disciplinario correspondiente, a “las y los agentes que habiendo sido convocados fehacientemente no cumplieran con la presencialidad requerida”.
Respecto a las sanciones, Lorena Itabel explica que “si bien la Resolución indica que la puesta en marcha de la nueva modalidad debe ser anunciada con 72 horas de antelación, ya hubo denuncias de trabajadores y trabajadoras estatales de distintas dependencias que, por ejemplo, han sido llamados por sus jefes durante el feriado del lunes 16 de agosto, indicando que debían presentarse a partir del día siguiente. Los sindicatos no deben permitir este tipo de aprietes ni las sanciones”.
Por último, agregó: “Planteamos la necesidad de poner en pie Comisiones de Higiene y Seguridad independientes de la Cymat, que estén conformadas por referentes, delegados de los diferentes oficinas y sectores. Porque somos los trabajadores los únicos que sabemos cuidarnos porque ni el gobierno, ni las patronales lo hacen. Y exigimos a las direcciones tanto de UPCN como ATE que rompan la tregua con el Gobierno y convoquen a plenarios, asambleas e instancias abiertas y democráticas para exigir todas nuestras demandas: por nuestras condiciones laborales y también salariales”.
Juntas internas combativas, delegados de base y trabajadores de distintas reparticiones de la provincia de Buenos Aires se manifestaron frente a la sede del ministerio de Economía ante la convocatoria a una nueva reunión de la paritaria salarial para aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran enmarcados en la Ley 10.430.
La acción se llevó a cabo en la tarde del martes 17, convocada por las Juntas internas de ATE de los ministerios de Desarrollo Agrario, Desarrollo de la Comunidad, Educación, Legislatura y IOMA, delegados de los ministerios de Producción, Salud, Economía, Lotería, Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y trabajadores y trabajadoras de Vialidad, quienes vienen manifestándose por aumento salarial acorde a la canasta familiar y cláusula gatillo para no perder con la inflación, contra el cambio al régimen de 40 horas y el pase a planta de trabajadores y trabajadoras que están bajo distintas formas de precarización.
Se realizó una radio abierta, donde Luana Simioni, secretaria general de la Junta Interna IOMA-ATE, manifestó que “mientras el conjunto de los trabajadores estuvimos haciendo un esfuerzo enorme en pandemia por sostener nuestro trabajo con salarios de hambre, la burocracia sindical miró para otro lado, se sentó, pactó y acordó con el gobierno. Hoy van a firmar en tiempo récord nuestro salario a la baja”.
Agregó que la acción es también en repudio al avance de una reforma laboral de hecho con la extensión de la jornada de trabajo: “Nos dicen que para tener mejor salario hay que trabajar más. El verdadero debate es rebajar la jornada laboral. Frente a la desocupación, la precarización, el fraude de las tercerizaciones la salida es rebajar la jornada laboral, 6 horas 5 días con un salario al menos equivalente a la canasta familiar. Para poder vivir con un solo trabajo, para generar trabajo genuino, para que la crisis no siga cayendo sobre nuestras espaldas mientras la plata se la fugan para la deuda y los grandes empresarios.”
Entrevista a Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA
A 200 de su fundación la UBA no se podría sostener sin el trabajo ad honorem de miles de docentes
Mario Hernandez
M.H.: Ileana Celotto compañera de la Asociación Gremial Docente de la UBA que cumple 200 años. Se desarrolló un acto en la Facultad de Derecho con la presencia del presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta. Que a su vez fueron parte de los distinguidos por la institución. ¿Qué nos podés decir acerca de estos 200 años de la Universidad de Buenos Aires?
I.C.: Nosotros también queremos saludar y reivindicar estos 200 años de la UBA pero desde un ángulo completamente diferente al que se llevó en ese acto que acabás de mencionar. Un acto que coronó un proceso que viene de años, de avance en la mercantilización y privatización del sistema universitario.
Por supuesto que no es excluyente de la UBA. Desde el menemismo al día de hoy la han mantenido todos los gobiernos que han seguido. Tenemos la Ley de educación superior que ha mantenido esta gloria que nosotros defendemos de universidad estatal y pública, solamente para las carreras de grado. Porque ha avanzado en la privatización del sistema de toda la formación de posgrado de una manera muy marcada.
Hoy hay posgrados carísimos en la UBA, quizás sean de los posgrados más caros de todas las universidades del país. Y es una universidad que hoy se sostiene gracias al trabajo de miles de docentes ad honorem.
Hay facultades enteras, Derecho, Medicina, por ejemplo, donde sin el trabajo ad honorem de miles de docentes habría que cerrar las puertas porque no se podría ni siquiera sostener.
Nosotros rechazamos que sea un “honor” trabajar de manera gratuita, por el contrario, venimos reivindicando que esto tiene que terminar, que todo el mundo que trabaja tiene que cobrar y como trabajadores de un Convenio colectivo de trabajo que está negado en la UBA.
En el 2015 la docencia universitaria del país conquistó un Convenio colectivo nacional que se aplica en todas las universidades nacionales menos en la UBA. Esto provoca no solo el trabajo gratuito sino una inestabilidad laboral permanente, con interinatos y precarización laboral. Estamos en una campaña porque este año hubo seis despidos en el CBC.
M.H.: De la Cátedra Marchini.
I.C.: Cuatro de Marchini y dos compañeras de otro sector. Por suerte esas dos compañeras fueron reintegradas y otros dos de la ex cátedra Marchini de Economía también.
M.H.: Hubo un twitazo al respecto.
I.C.: Se hizo paralelamente a los festejos oficiales de Derecho.
Pero es una universidad en la que si bien la autonomía y el cogobierno es un lema que todos defendemos, es muy importante que se sepa, que la inmensa mayoría de los que trabajamos en la UBA, los docentes auxiliares, no tenemos representación en el gobierno de la Universidad, dado que no existe el claustro único docente y que los compañeros trabajadores no docentes están excluidos de tener voto en la Universidad de Buenos Aires. Por lo tanto, nosotros planteamos que hay que democratizar la UBA. Esto entre algunas de las cuestiones. Se podrían nombrar muchas otras.
M.H.: Te pregunto en particular por el tema salarial.
I.C.: El tema salarial es de la UBA y de todas las universidades nacionales. Tuvimos una primera reunión convocada por el ministerio de Educación, nosotros somos trabajadores estatales, dependemos del presupuesto nacional. Tuvimos una reunión en la que Trotta nos escuchó y dijo que va a hacer una propuesta. Porque nuestro salario viene perdiendo muy fuerte con la inflación, al igual que muchos otros trabajadores.
Particularmente, nosotros venimos peleando por una recomposición salarial porque desde marzo del 2020, antes que se declare la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández nos metió la mano en el bolsillo de una manera escandalosa, porque nosotros, toda la docencia del país, habíamos firmado en una paritaria una conquista que le habíamos arrancado al gobierno de Macri, que sabemos lo terrible que fue para todos los trabajadores, una cláusula gatillo con dos aplicaciones, la primera fue durante el gobierno de Macri y la segunda, que tenía que ser durante marzo, el gobierno de Fernández la anuló.
A partir de ese momento nos comimos la devaluación respecto del mes de octubre de 2019 a febrero de 2020 y ya veníamos perdiendo anteriormente porque fueron años muy duros los de Macri y se fue agudizando.
Por lo tanto, estamos reclamando, la asamblea de AGD y el plenario de Conadu Histórica, reclaman que de inmediato se haga una reapertura de paritarias para que ningún docente esté por debajo de la canasta básica.
Hoy tenemos muchos docentes que están ganando por debajo de la línea de pobreza. Y, por lo tanto, estamos solicitando un aumento inmediato respecto de nuestro salario actual, además de los ad honorem que planteé antes.
Nosotros desde AGD queremos decir que estamos orgullosos de una UBA que ha tenido la Reforma del 18, que ha resistido a todas las dictaduras, particularmente formé parte de quienes resistimos a la última dictadura siendo estudiante.
M.H.: Considerada la mejor Universidad de América Latina.
I.C.: Completamente, y eso es gracias al esfuerzo de su personal y de sus estudiantes, en ese sentido reivindicamos la lucha que se ha dado con la quema de aranceles durante la dictadura, enfrentando a la dictadura de Onganía, la Noche de los Lápices en los colegios preuniversitarios. Por una universidad estatal, laica, gratuita, científica y anti clerical.
Quiero agregar que estamos en otra lucha en la UBA. El 11 de agosto hubo un paro en el Colegio Nacional Buenos Aires y en el Colegio Nacional C. Pellegrini, porque no estamos de acuerdo con esta cuestión que ahora se han puesto de acuerdo liderados por Larreta todos los gobernadores del país, que mientras está apareciendo la variante Delta se levantan todo tipo de restricciones.
M.H.: Y tengo casos cercanos, porque mis nietos van al Normal 8 y al Bernasconi con burbujas estalladas. Seguro esta situación se reproduce en muchos más colegios, en algunos se han tomado decisiones, como en el Mariano Acosta donde liderados por la Cooperadora de padres, no se están aplicando las medidas que propone Rodríguez Larreta, entre otras cosas porque hay aulas sin ventilación alguna.
C.I.: Aunque tengas ventilación, si ponés 35 alumnos en un aula están uno al lado del otro. Anularon la división en burbujas. Nosotros defendemos la presencialidad, pero con condiciones sanitarias, materiales, de infraestructura y epidemiológicas.
Criminalización de la resistencia al ajuste
Las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera, que protagonizaron la multitudinaria jornada de lucha nacional el pasado miércoles 18, realizaron una conferencia de prensa el viernes 20 a las 12:00 en el Obelisco, con el propósito de responder a las tergiversaciones y manipulaciones mediáticas contra el movimiento de desocupados.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, comenzó la conferencia afirmando que al término de la jornada de lucha “comenzó un operativo político de encubrimiento de los reclamos que estamos haciendo, encabezado por algunos medios, hegemónicos en algunos casos, y oficialistas”, en respuesta a las acusaciones de TN y Télam, entre otros.
El pasado miércoles, las corporaciones mediáticas buscaron deslegitimar la movilización piquetera y las reivindicaciones urgentes de los trabajadores desocupados, montando una operación que buscaba presentar a las organizaciones convocantes como responsables de supuestas prácticas punteriles.
Esta operación fue acompañada, luego, por el resto de los programas “informativos” dependientes de los grandes grupos capitalistas, y llegó incluso al lanzamiento de una persecución judicial contra las organizaciones piqueteras.
Desde la Unidad Piquetera destacaron en un comunicado que “Las prácticas punteriles, que rechazamos de plano, son las que combatimos todos los días en los barrios y que tienen como primeros actores a los punteros de los intendentes que manejan las cajas del Estado al servicio de la dominación de los barrios obreros”.
“Esto tiene el objetivo de ocultar el reclamo que estamos haciendo en un país con un 50% de pobreza; en un país que no tiene trabajo y que no discute cómo crear trabajo; en un país que tiene programas sociales de $12.000: la mitad de la canasta de indigencia y programas que están cerrados. El que da bajas es el Estado”, denunció Belliboni, trasladando la responsabilidad a los verdaderos artífices de los recortes y el ajuste.
Mientras los trabajadores de Just acompañaban en el Puente Pueyrredón a los tercerizados por Edesur de la empresa EMA que siguen peleando contra los despidos y uniéndose con los sectores en lucha, recibieron el hostigamiento policial en el depósito de Lomas del Mirador y también la noticia de un fallo favorable en unas de las cautelares presentadas contra los despidos.
“El jueves 12/08 a las 16:48 miembros de la fuerzas de seguridad se hicieron presentes en el depósito de Lomas del Mirador para notificarnos que tenemos abierta una investigación en la UFIJ N° 12 (La Matanza), lejos de buscar una solución a un conflicto netamente laboral”, publicaron en un comunicado los trabajadores de Just, quienes desde hace seis meses ocupan el depósito contra los despidos y en defensa de sus puestos de trabajo.
La criminalización hacia los trabajadores es un nuevo paso de la patronal suiza ante la decidida defensa de sus puestos de trabajo. Mientras, el Estado municipal, provincial y nacional hacen oídos sordos y sin dar respuestas aun rigiendo un decreto anti despidos.
Casi en paralelo, el viernes 13/8 recibieron otra notificación por parte de la Justicia, en respuesta a una de las cautelares presentadas, donde obligan a la reincorporación de un trabajador de Just al que despidió en el marco del lockout patronal.
La Comisión Administrativa de ATE Seccional Gran Buenos Aires Sur-Lomas de Zamora repudió el intento de intimidación policial que sufrió el viernes 13 de agosto en la sede de su seccional: «dos policías llamaron en nuestra sede solicitando hablar con un referente. Uno de ellos se presentó como comisario de la 1° de Lomas de Zamora, manifestando que tenía información sobre una movilización en reclamo de aumento salarial que realizaríamos a las 14:00. Si bien se retiraron, desde las 13:15 se apostaron nueve policías, incluyendo al comisario y a un camión de traslado enfrente de nuestro sindicato, y otros diez más en la esquina, sumados a otro camión, retirándose dos o tres horas después. No es un hecho aislado, ya que hace algunos días organizaciones sociales fueron reprimidas frente al municipio, por lo que claramente es parte de una decisión política del intendente Martín Insaurralde para tratar de evitar conflictos y movilizaciones en el distrito», sostiene el gremio.
Asimismo, llamaron a compartir y viralizar en las redes sociales el comunicado publicado en el Facebook, el Instagram y blog de ATE Sur.
Ante las detenciones de Álvaro Sandoval, Secretario de Prensa y Propaganda del sindicato de los municipales de la provincia de Jujuy y Sergio Herrera, delegado gremial del Área de Salud del municipio de San Salvador de Jujuy, compartimos el último comunicado de SEOM.
CONTINÚA LA PERSECUCIÓN HACIA EL SEOM JUJUY: ORDENAN LA DETENCIÓN DE OTRO DIRIGENTE
En el transcurso de la tarde de hoy sábado, la Justicia de Jujuy dio a conocer la orden de Detención para el compañero Álvaro Sandoval, Secretario de Prensa y Propaganda del sindicato de los municipales de la provincia. Esta avanzada judicial representa el recrudecimiento de la criminalización de la protesta sindical por parte del Gobierno de Gerardo Morales hacia el SEOM Jujuy. Recién hoy, junto a esta orden de detención, se dio a conocer la del compañero Sergio Herrera, delegado gremial que fue detenido el día de ayer sin orden judicial, en horario nocturno y en la vía pública, quien luego estuvo desaparecido durante 12 horas bajo la custodia de agentes de la Brigada de Investigaciones Especiales, tal como sucedía durante la Dictadura Militar.
Los dirigentes gremiales mencionados fueron acusados por el Gobierno Provincial a través de una campaña mediática exagerada y difamatoria, por los sucesos ocurridos en la entrada de Casa de Gobierno de Jujuy el día miércoles 18 de agosto pasado, cuando el SEOM Jujuy pretendía entregar un petitorio sobre las paritarias salariales. En ese contexto, un forcejeo menor con las fuerzas de seguridad fue la excusa para que el Gobierno de Gerardo Morales comenzara una campaña de criminalización sobre nuestro sindicato, acusándonos ridículamente de querer tomar por asalto la Casa de Gobierno y sin haber mostrado pruebas de heridos o daños iniciaron una cacería (persecución, vigilancia y hostigamiento) sobre algunos de los dirigentes que habían participado de la protesta.
El SEOM viene reclamando por un aumento salarial equivalente a la inflación, que los más de cinco mil trabajadores y trabajadoras municipales que cobran entre 12 mil y 17 mil pesos mensuales cobren el Salario Mínimo Vital y Móvil y que existan paritarias sin imposiciones.
La intención del Gobierno de Jujuy es desviar la atención sobre la política salarial y nos acusa de violentos cuando es el mismo gobierno quien violenta a miles de trabajadores a través de los salarios de hambre, cuando la violencia nace de los incumplimientos de las promesas del Gobernador o con falsas paritarias que siempre representan la pérdida del poder adquisitivo para todos los trabajadores de la administración pública, en especial, de los trabajadores del sector que representamos.
EXIGIMOS:
1) La inmediata libertad del compañero Sergio Herrera, delegado de nuestro gremio, detenido sin justificación
2) Y el fin de la criminalización de la lucha sindical
Asimismo, ratificamos la continuidad del plan de lucha provincial por una Paritaria sin imposiciones y con salarios dignos.
Sábado 21 de Agosto del 2021
Conociendo al enemigo
Reproducimos un artículo publicado por La Izquierda Diario
Radiografía de los dueños de Argentina: ¿por qué son los responsables de la decadencia nacional?
Emiliano Todler-Gastón Remy
Apenas 10 multinacionales concentran el 80 % de las exportaciones agrícolas. Los primeros 50 millonarios de Argentina acumulan una riqueza superior a las reservas del Banco Central. Un tercio de esos recursos está en manos de apenas 3 grupos económicos. Transformaciones en la cúpula empresarial, su histórica asociación –no pocas veces ilícita– con el Estado y sus negocios en la dependencia respecto del capital imperialista.
[…] Desde nuestro punto de vista, no se puede abordar la decadencia del país por fuera del comportamiento de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes que son quienes definen qué, cómo y para quién se produce la riqueza y qué destino tiene el excedente económico, así como tampoco se puede soslayar el rol de los distintos gobiernos que facilitan sus negocios.
[…]
¿Quiénes fueron los grandes ganadores de la pandemia?
[…] En Argentina el 42 % de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, pero los grandes empresarios siguieron amasando fortunas. Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, aumentó 73 % sus ventas en 2020, ganó U$S 1.709 millones y ya se encuentra en el top 3 del ranking FORBES de las personas más ricas del país. Y es que un sector altamente beneficiado durante la pandemia fue el del comercio electrónico y servicios de software, sector en el que tallan 4 grandes “unicornios” de base argentina como Mercado Libre, Globant, Auth0 y OLX (que desde 2010 pasó a ser propiedad de un holding sudafricano).
El campo mejoró sustancialmente su rentabilidad a partir de la suba del precio del maíz, el trigo y la soja y por las retenciones menores respecto al último ciclo del boom de los commodities, como explica el periodista Alfredo Zaiat. Otro tanto ocurre con los bancos que nunca dejan de ganar y esto es en parte gracias a la ayuda del Banco Central, que les paga intereses por la compra de sus letras (Leliqs), incluso más que con Macri. Solo entre enero y mayo de este año les pagaron $250.000 millones, una suma equivalente a lo que el gobierno destinará para todo el plan Argentina Contra el Hambre.
Las empresas alimenticias, declaradas esenciales entre el año pasado y los primeros meses del 2021, mejoraron sus ganancias. Es el caso de Molinos Río de La Plata ($1.746 M), Arcor ($1.229 M) o Ledesma ($5.610 M). Además sus resultados tienen mucho que ver con su capacidad de fijar los precios de los principales alimentos de consumo masivo, en un país donde la inflación no cesa, mientras la pobreza tampoco deja de crecer. La voracidad de los empresarios no tiene límites, ni ante el hambre ni en una pandemia. Para ellos, “toda crisis es una oportunidad”.
Otro sector que salió más que beneficiado de la pandemia, en todo el mundo y en la Argentina, es la industria farmacéutica. Los grandes laboratorios están haciendo usufructo de la privatización de las patentes y de la producción exclusiva las vacunas contra el Covid-19 con contratos multimillonarios con los Estados del mundo entero, generando además un problema de escasez para la mayoría de los habitantes del planeta. En Argentina, la industria en todos sus eslabones (laboratorios, droguerías, farmacias) ha multiplicado sus ingresos más del 40 % en 2020. El laboratorio Richmond acaba de cerrar un acuerdo con Gamaleya y el Estado Argentino para producir la Sputnik V, con un subsidio de $2.800 millones que irían a la inversión de infraestructuras necesarias para la producción de la vacuna. Luego el laboratorio le venderá nuevamente las vacunas al Estado. Y todo esto sin ninguna racionalidad más que la de garantizar el negocio de unos pocos. El grupo Insud (Hugo Sigman) también suele ser un contratista preferencial, como lo fue durante la Gripe A (2009), o ahora con la fabricación del principio activo de la vacuna AstraZeneca en su planta de Garín, con un contrato millonario para venderle las vacunas envasadas en México al Estado argentino y que no cumplió por favorecer la exportación del principio activo a los países centrales.
¿Cómo está configurada la cúpula empresarial?
En Argentina las 500 empresas más grandes generan casi el 20 % del PBI. Pero dentro de estas 500 empresas, apenas 50 firmas controlan cerca del 60 % del total de las exportaciones y tienen un peso decisivo sobre la economía nacional, y un enorme poder de veto sobre los gobiernos. Dentro de esta cúpula, hay 10 empresas multinacionales y locales que controlan el agronegocio que es la principal fuente de generación de divisas del país. Hablamos de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EE UU), ADM-Toepfer (EE UU), Bunge (EE UU), AGD (Argentina), Vicentin (Argentina), Oleaginosa Moreno-Glencore (Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina). Pero también, entre las grandes empresas que operan en el país, el peso del capital extranjero es abrumador, controlan el 62 % de las principales empresas, el 80% de las exportaciones y de las ganancias del panel; y esto ha sido el resultado de un proceso de extranjerización en la cúpula empresaria, que cobró impulso durante los años 90´ y continuó avanzando hasta nuestros días. El capital de origen local se ubica como socio menor de multinacionales en el reparto de los negocios. Entre 2015 y 2019, último dato disponible (EGE), la cúpula de las empresas más grandes sextuplicó sus activos y sus patrimonios.
Un punto más a considerar es la existencia de distintos sectores o fracciones empresariales dentro de la cúpula. Una es la que reúne al sector financiero, al agropower, mineras y firmas energéticas, un polo que tuvo mayores beneficios durante el gobierno macrista y que bajo Alberto Fernández sigue encabezando el ranking de empresas líderes. La segunda fracción la componen sectores de la burguesía industrial y aquellos que dependen del mercado interno, y más padecen las políticas de apertura comercial. No obstante, las características de ambas fracciones del capital, sus propios intereses y los momentos de mayor o menor beneficio respecto a las políticas económicas de los gobiernos de turno, sus comportamientos no se diferencian entre sí, sobre todo en materia de la baja inversión productiva de las ganancias obtenidas en contraste con las inversiones financieras -incluso en la misma deuda pública del Estado argentino- o en apostar por la denominada fuga de capitales.
¿Cuáles son las empresas que más facturan en el país?
De esta forma entre las 50 empresas que más facturan en argentina (2019), encontramos importantes agroexportadoras como Cargill, Dreyfus, Monsanto, Bunge Argentina, ADM Agro; bancos como el Santander Río, Galicia, Macro, BBVA, ICBC, HSBC; petroleras como YPF, Shell, PAE, Axxion, automotrices, como Toyota, VW, GM, PSA, Ford; empresas privatizadas del entramado energético como Pampa Energía (Edenor, Transener), Distrilec, Edesur; de telecomunicaciones como Telefónica, Telecom, Claro, Cablevisión; industrias de exportación con base local como Siderca, Siderar, Acindar; alimenticias como Arcor, ADG, Molinos Río de la Plata; empresas de retail como Carrefour, Wall Mart, Coto, Supermercados Día; energéticas como Pampa Energía, Edenor, Edesur, y de comercio online como Mercado Libre, entre otras. Este sector es un emergente en los últimos años, con cierta proyección regional y que rápidamente se establecen en verdaderos paraísos fiscales. El propio Marcos Galperín, de Mercado Libre, tiene gran parte de sus acciones en un fideicomiso asentado en Nueva Zelanda, que a su vez está controlado por otro fideicomiso asentado en Suiza. Globant, otro “unicornio” argentino de ingeniería de software, que el año pasado vio crecer un 102 % la cotización de sus acciones en Wall Street, tiene su base en Luxemburgo. ¡Qué no nos vendan el cuento del empresario argentino que con el crecimiento de sus negocios empuja el desarrollo nacional!
¿Quiénes son los más ricos de la Argentina?
La revista FORBES publicó en 2020 que la fortuna personal de los 50 millonarios más importantes de Argentina sumó la escalofriante cifra de U$S 46.440 millones; más recursos que la totalidad de las reservas internacionales del BCRA. Por sus manos pasa el 14 % del PBI de Argentina, según la misma revista. Son los verdaderos dueños del país y tienen nombre y apellido. Solamente Alejandro Bulgheroni (PAE), Marcos Galperín (ML) y Paolo Rocca (Techint), concentran una riqueza de U$S 13.000 millones, casi el 30 % del monto que reúnen los 50 miembros de la lista. Integran esa lista empresarios como Hugo Sigman (Grupo Insud), Enrique Eskenazi (Grupo Petersen), Gregorio Pérez Companc, Aberto Roemmers (Laboratorio Roemmers), familia Werthein (TGS, La Caja ART, agronegocios, etc.), Eduardo Eurnekian (Cable Visión, Corporación América), Luis Pagani (Arcor), Francisco De Narváez, familia Fortabat, entre otros.
Dentro de la gran burguesía local también hay que incluir a los grandes terratenientes de la Argentina, donde el 1 % de los propietarios concentra más del 34 % de las tierras productivas. Hablamos en gran medida de las familias tradicionales que hace más de un siglo siguen heredando la propiedad ultra concentrada de los recursos naturales. De las 35 familias tradicionales que en el censo de 1913 concentraban la mayor parte de la tierra, 30 siguen siendo grandes propietarios en pleno siglo XXI. Hablamos de familias como Bunge, Bemberg, Werthein, Blaquier, Gómez Alzaga-Gómez, Balcarce-Rodríguez Larreta, Pereyra Iraola-Anchorena, Avellaneda-Duhau-Escalante, Menéndez Behety, Braun Menéndez, Miguens, la familia Pérez Companc, etc. También aparecen importantes terratenientes extranjeros como Benetton, Joseph Lewis, Grupo Wabrook, entre otros tantos [4].
¿Cómo se organiza la clase capitalista?
La Argentina destaca en la región por el nivel de organización de los grandes empresarios y terratenientes, no solamente por ramas (UIA, SRA y cámaras patronales de todo tipo), sino también a través de múltiples fundaciones y “think tanks”, como la Fundación Pensar (vinculada a Cambiemos), Fundación Libertad (que promueve liberales y libertarios con extensión internacional), Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la Fundación Mediterránea (creada por Arcor en 1977, de donde emergió Domingo Cavallo), entre otros, donde forman y reclutan a sus “intelectuales orgánicos”, cuadros técnicos para la función pública, economistas a sueldo y a muchos de sus voceros periodísticos con predicamento en los principales medios de comunicación. Los grandes empresarios suelen hacer lobby a través de múltiples canales, financiando las campañas electorales de los partidos tradicionales y brindando apoyo a políticos oficialistas y opositores en simultáneo. La fundación INECO, que preside Facundo Manes, apenas un candidato emergente en la interna de Cambiemos, ya cuenta con el apoyo financiero de empresarios “oficialistas” como Hugo Sigman (Grupo Insud), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), y otras importantes como Pan American Energy, Aeropuertos Argentina, Roemmers, Elea-Phoenix y Pfizer, entre otros.
El poder de lobby se ejerce por múltiples canales. El imperialismo lo hace directamente a través de funcionarios de organismos multilaterales, embajadas y cámaras de empresarios extranjeros como la Ancham (cámara de comercio de EE UU en Argentina). Recordemos las filtraciones de Wikileaks en 2010 con los informes de la embajada norteamericana de sus reuniones con Sergio Massa, Alberto Fernández y Mauricio Macri.
En el caso de la burguesía local, la organización más relevante es la Asociación de Empresarios Argentinos, cuyo directorio está conformado entre otros por Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca, Magnetto (Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorio Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens), José Cartellone (Construcciones Civiles), Alfredo Coto, Cristiano Ratazzi (Fiat) y Federico Braun (La Anónima). Reúne a los empresarios más importantes de la Argentina y es la que le marca la cancha a todos los gobiernos. Ahora junto a la UIA, que quedó en manos del abogado patronal Funes De Rioja, vienen endureciendo cada vez más sus reclamos corporativos. Actualmente son pocos los empresarios que se muestran cercanos al gobierno, a excepción de Hugo Sigman, José Luis Manzano y Daniel Vila, que se quedaron con Edenor, o Eduardo Eurnekian, pero ninguno tampoco pone las manos en el fuego por el Frente de Todos.
¿Puede la burguesía local sacarnos del atraso y la dependencia nacional?
Este tema ha dado lugar a un debate con aquellos intelectuales y gobiernos que apostaron al surgimiento de una “burguesía nacional” con interés en el desarrollo económico local. Si consideramos los grandes grupos económicos locales que propiciaron y se beneficiaron del golpe de Estado de 1976, en su mayoría se fueron desprendiendo de parte de sus empresas. Por ejemplo, Pérez Companc, se retiró del negocio petrolero y se especializó en alimentos (comprando Molinos Río de la Plata) y en los agronegocios. Hoy la gran burguesía local conserva peso en determinadas ramas como socia menor del capital financiero internacional y las grandes multinacionales que operan en el territorio nacional. Esa burguesía local está unida por uno y mil lazos de dependencia tecnológica (importación de insumos, maquinarias, patentes) y financiera (fondeo en moneda extranjera, operaciones interbancarias) al capital imperialista y participa de los ciclos de endeudamiento y fuga de capitales.
Como hemos visto, la gran burguesía local se fue forjando al amparo del Estado y a través de múltiples formas de transferencias de los recursos nacionales. Hablamos de Rocca de Techint, Pagani de Arcor, Bagó de Roemmers o Eurnekian dueño de Corporación América. Este último, logró dar un salto en sus patrimonios gracias a la concesión de los aeropuertos durante el gobierno de su amigo Carlos Menem y que los gobiernos que continuaron, le siguieron facilitando sus negocios en el sector aerocomercial. Con Eurnekian sucede algo gracioso, no por todo lo que ha recibido de arriba del Estado, sino porque él tiene a Javier Milei como economista en jefe. Se nota que el verso liberal del “mérito empresarial” es como el dicho popular, “en casa de herrero, cuchillo de palo”.
Esta es la burguesía realmente existente, algo que a su modo, reconocen espacios políticos muy dispares como sucede con el grupo Arcor que es un ejemplo de empresario modelo para José Luis Espert como para la vicepresidenta, Cristina Fernánez, quien junto a su ex ministro de Economía, Axel Kicillof, durante la campaña de 2019 le decían que le iban a devolver las ganancias que habían tenido durante los gobiernos kirchneristas y que con el macrismo habían perdido. El dueño de Arcor, Luis Pagani, que publicó hace poco un libro (“El gen empresarial”) afirma que los mejores momentos de la empresa fueron durante los años noventa hasta la “crisis del tequila” y entre el 2003 y el 2007. Y una más sobre Arcor, este ejemplo de empresario pone en ridículo el diagnóstico de Espert sobre la decadencia argentina comenzada hace setenta años, Arcor es una empresa que tuvo sus orígenes durante el primer peronismo, o sea, hace setenta años.
Es este mismo empresariado que apostó por el gobierno de los CEOS y que tras el fracaso del macrismo, se encontró con un gobierno que no es el “suyo”; pese a esto, Alberto Fernández los convocó a construir un “capitalismo sobre nuevas bases”. Este ritual también lo ensayó Néstor Kirchner, luego de la crisis del 2001, invocando a construir un “capitalismo serio” y una burguesía nacional con el sector de empresarios que apostó a la devaluación del peso, cuestión que terminó dando lugar a una suerte de nueva patria contratista de menor vuelo, con empresarios ligados a la obra pública como Cristóbal López, Cartellone, Caputo y Electroingeniería, IRSA, muchos de los cuales fueron denunciados en los escandalosos “cuadernos de Centeno” por las coimas a los funcionarios, en una operación judicial con apoyo extranjero que, sin embargo, puso al descubierto la corrupción que impregna desde siempre la relación entre gobiernos y empresarios. Pero ellos siempre tienen vía libre (casos Techint o Vicentin [5]).
Un rasgo que comparten todas las fracciones burguesas del empresariado local es su baja “propensión inversora” en capital productivo y la fuga de sus ganancias a paraísos fiscales, un fenómeno que se da a escala global y que en países atrasados, dependientes y semicoloniales como la Argentina, con una estructura productiva altamente dependiente de las importaciones de insumos para la producción, maquinarias y tecnologías del exterior, suele ir de la mano de ciclos de endeudamiento externo y crisis de deuda recurrentes. Si en los años 50´ existía alguna corriente industrializadora, “mercado internista”, que apostaba a una burguesía nacional que se pusiera al frente de un proyecto de desarrollo económico “inclusivo” que dispute la soberanía de los recursos nacionales al imperialismo, hoy es mucho más evidente que eso no es más que una quimera. El programa “neodesarrollista” de los gobiernos kirchneristas más bien se ha limitado a administrar la herencia neoliberal, que se mantiene intacta en sus pilares fundamentales.
En síntesis, bajo la epopeya de los gobiernos que se propusieron ayudar a constituir una burguesía nacional, en los hechos este slogan les sirvió para continuar con las ayudas desde el Estado a los principales grupos económicos más concentrados. Desde una perspectiva de largo plazo, la burguesía local no ha demostrado ningún interés en cortar los lazos de la dependencia y el atraso. Por el contrario, como hemos desarrollado antes, la misma se ha ido configurando en una posición subordinada al capital extranjero, a las finanzas internacionales y al imperialismo. Una postura de la cual saca un rédito más que considerable. De aquí que romper con el círculo vicioso de la decadencia es una tarea que necesariamente recae en la clase trabajadora, aquella que mueve con su trabajo los engranajes de la economía y que junto a sus familias constituyen la inmensa mayoría de la población. Para ello se necesita conquistar un gobierno de ruptura con el capital, que expropie los principales resortes de la economía nacional y los reorganice en función de un plan racional y democrático conforme a las necesidades de las amplias mayorías. Solo así se puede iniciar un camino que apunte a terminar de una vez por todas con las penurias que engendra el sistema capitalista.
[4] Esteban Mercatante, La economía argentina en su laberinto, Bs. As., Ed IPS, 2015.
[5] Recientemente la Justicia sobreseyó a los directivos de Techint, a pesar de que el propio Paolo Rocca había admitido el pago de coimas. Otro ejemplo de la impunidad de estos empresarios es el de Vicentin, un consorcio de empresas asociadas a capitales extranjeros para la exportación de alimentos a gran escala, con una deuda multimillonaria contraída durante el macrismo en un proceso de vaciamiento y fuga de divisas a paraísos fiscales. Después de amenazar con estatizarla, el gobierno de Alberto Fernández retrocedió y ahora se debate entre aceptar la quiebra y su desguace o salvarla a través de una sociedad mixta.