Luego de más de una década de reclamo de justicia y tras la sentencia en marzo del 2020 que calificó como un crimen de Genocidio a la masacre que sufrieron lxs pilagá en el pasaje de Rincón Bomba, Formosa, en el año 1947, el estado argentino aún no ha reconocido su responsabilidad.
En el juicio civil la sentencia impuso al Estado una reparación simbólica y económica que fue insuficiente. Hasta la actualidad no hubo cambios en las reparaciones económicas, por lo que hoy el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Paula Alvarado, abogada de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá resaltó que en todas las instancias, el Estado Argentino ha apelado contra la Federación negando su responsabilidad y alegando la prescripción de la causa. “Estamos a la espera de una sentencia justa equitativa y no discriminatoria. Si la respuesta es negativa vamos a tener que ir al sistema internacional”, advirtió.
En el año 2005 la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá inició una acción penal y una demanda civil contra el Estado Nacional. Entre 2010 y 2019 los testimonios de los sobrevivientes fueron valorados como prueba, se imputó al ex gendarme y juez Leandro Santos Costas por la desaparición forzada de 15 personas y se logró el procesamiento del ex piloto de la Fuerza Aérea, Carlos Smachetti, por crímenes de Lesa Humanidad.
En la acción civil, la sentencia obligó al Estado una serie de reparaciones no patrimoniales como: ordenar al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación incluir al día “10 de Octubre” en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba” y distribuir un material educativo, realizar en el lugar de los hechos un monumento conmemorativo de la Masacre y otorgar Becas Estudiantiles a estudiantes pilagá de todos los niveles educativos.
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